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La presente queja se tramita en relación con la petición planteada para disponer de las medidas de apoyo recogidas en el convenio suscrito entre las autoridades educativas y la Federación Autismo Andalucía, que se aplicaban en el CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria) de la provincia de Málaga.

En su día esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo, se hizo eco del caso y con fecha 9 de junio de 2023 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Málaga, para conocer la situación expresada en la queja. Y así solicitamos ante dicho organismo información sobre la petición expresada en la citada queja.

Los servicios de esta Delegación han enviado informe con fecha 6 de julio. El informe señala lo siguiente:

“En respuesta a su solicitud de colaboración por parte de este organismo, de 9 de junio de 2023, remitida al Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga en torno a la reclamación, relativa a la supresión de medios de apoyo al alumnado con necesidades especiales del CEIP de Málaga, solicitado informe al Servicio de Inspección Educativa, le comunicamos que:

Atendiendo a los hechos acontecidos y las actuaciones llevadas a cabo, así como a la justificación normativa de los mismos, la Inspectora de referencia del CEIP informa de que la dirección del centro educativo no ha garantizado el cumplimiento de la norma en relación a la decisión tomada de forma unilateral sobre la no renovación de los proyectos desarrollados en el centro en virtud del convenio señalado. Asimismo, se concluye que su decisión no ha tenido en cuenta el interés superior del menor.

Con fecha 9 de junio de 2023, la dirección de dicho centro presentó su solicitud de renuncia al cargo, la cual tendrá efecto a fecha 30 de junio de 2023, procediéndose al nombramiento de la nueva dirección del C.E.I.P. a fecha 1 de julio de dicho año.

Será competencia de la nueva dirección del centro, por tanto, la tramitación de la renovación de los proyectos desarrollados en el centro en virtud del convenio firmado entre la Consejería y la Federación Autismo Andalucía, cumpliendo los trámites preceptivos establecidos en norma otorgando audiencia a los sectores implicados”.

Estudiado el informe de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, podemos deducir una actuación implicada desde la autoridad educativa en cuanto al abordaje del conflicto que se analiza en la queja.

El proceso de atención de esta petición singular para el alumnado destinatario de estas medidas singulares de refuerzo y apoyo ha seguido las pautas establecidas, al igual que se han acometido acciones de control y adecuación a cargo de la Inspección, de las que se ha dado cumplida información a las familias por las autoridades de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Así pues, aun comprendiendo la inicial preocupación de las familias, debemos aguardar a que se logre la reorganización de los responsables del CEIP. Del mismo modo, confiamos en que se extreme la gestión y finalmente se logre la mejor definición de los servicios de atención al alumnado con esta singularidad de espectro autista.

Y, además nos congratula constatar la mantenida comunicación que han ofrecido los servicios educativos ante las familias dando cumplida información del caso.

Por ello, debemos dar por concluidas nuestras actuaciones por entender en vías de solución la presente queja; en todo caso, permaneceremos atentos al proceso y los resultados concretos para garantizar la adecuada y específica atención al alumnado a sus necesidades.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa al abono de un premio escolar concedido a un grupo de alumnos Un CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria) de la provincia de Almería sobre la temática de consumo.

El 26 de enero de 2023 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Consumo en Almería trasladando dicha problemática, que ha sido respondida de la siguiente forma:

“Le comunicamos que hemos procedido al traslado de la queja a la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo como organismo responsable de la tramitación del mismo para que proceda a la emisión del informe correspondiente”.

Debimos remitir el 19 de abril de 2023 nueva petición de informe ante la Dirección General de Consumo a fin de concretar los motivos de la queja, aun a pesar de que esa Dirección General tenía constancia del asunto desde el 12 de febrero, fecha en la que la propia Delegación almeriense remitió la petición inicial de esta Institución sobre la cuestión.

Pues bien, tras tener que reiterar con fechas 12 de mayo y 15 de junio esas peticiones ante la Dirección General de Consumo, e incluso elevar la cuestión al titular de la Consejería, hemos podido merecer la respuesta del centro directivo con fecha 17 de julio. Dicho escrito señala:

“1. Con fecha 25 de febrero de 2022, se publica en BOJA la Resolución de 15 de febrero de 2022 de la Dirección General de consumo por la que se convoca la decimoséptima edición de los premios escolares Consumópolis.

2. En la convocatoria los equipos formados por grupos de cinco escolares al frente de los que se encuentra una coordinadora, deben ser inscritos por la citada persona en la web del concurso en primer lugar.

3. Con posterioridad y una vez que se finalizan las dos fases del Concurso por la página web se expide una ficha que acredita que se han finalizado la pruebas y se ha presentado en la citada página el trabajo que constituye la segunda fase correctamente. En la Resolución de convocatoria de la fase autonómica dice concretamente en su base tercera:

«Tercero. Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de las solicitudes de participación y la documentación requerida en la referida Orden de CSM/1008/2021, de 20 de septiembre, será desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de la presente resolución de convocatoria, hasta el 20 de abril de 2022, ambos inclusive.

2. La persona docente coordinadora de cada equipo inscrito en el concurso escolar Consumópolis, presentará la solicitud de participación en el en(( ¿NY el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía y será dirigida a la persona titular de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias; sin perjuicio de poder presentarla a través de cualquiera de las otras formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 9/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre). La solicitud deberá recoger, como mínimo, los datos del centro educativo, el nombre del equipo y el nivel desde el que participa, así como los datos de la persona docente coordinadora y del alumnado componente del equipo y deberá ser acompañada por la ficha virtual del equipo».

4. Por lo tanto, para que fuera posible el pago era necesario registrar la ficha junto con la solicitud como máximo antes del día 20-04-2022.

5. El trabajo del equipo fue evaluado y en el acta del jurado resultó ganador de la categoría 5º y 6º de Educación Primaria Obligatoria. Fue por esa razón por lo que se le invitó al acto de entrega de los premios y se les designo como ganadores.

6. Al realizar el procedimiento del pago del premio se advirtió que no figuraba en el expediente la solicitud de participación de acuerdo con el punto 2 de la base tercera. En ese momento, y al constatar ese fallo en el expediente, se requirió a la coordinadora esa solicitud registrada en tiempo y forma (hasta el 20 de abril de 2022) junto con la ficha de participación (notificado el 28 de octubre de 2022).

7. La documentación solicitada no fue aportada por la coordinadora por lo que se dictó resolución por la Dirección General de Consumo en la que se denegaba el pago del premio al no tener ese requisito administrativo imprescindible.

Por parte de la Dirección General de Consumo se continúan buscando soluciones legales para compensar las expectativas que se hayan levantado en los alumnos y alumnas a los que se invitó al acto y que figuraron como premiados en el acta de Consumópolis.

Por ello actualmente se ha solicitado informe al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para conocer si existe algún medio legal para realizar el citado pago.

En este sentido se ha contestado siempre a la coordinadora del equipo cada vez que ha solicitado información a la Dirección General de Consumo e incluso se ha contestado una pregunta parlamentaria”.

Tras estudiar el informe enviado, finalmente hemos podido conocer con detalle las incidencias del caso que parece depositar en los responsables del centro educativo los problemas de pago debido a la falta de formalización inicial de determinados requisitos para concurrir al premio.

Conforme a la información ofrecida, creemos, pues, que el caso parece quedar adecuadamente encauzado a través de las gestiones para facilitar una solución para “compensar las expectativas que se hayan levantado en los alumnos y alumnas a los que se les invitó al acto y que figuran como premiados”.

Por ello, procede concluir nuestras actuaciones y, como acostumbramos a señalar en este tipo de situaciones, entendemos que el asunto acarreará nuevas oportunidades para añadir un análisis y un seguimiento. En todo caso, dejamos solicitado el envío de cualquier nueva información relevante que se produzca en la resolución del asunto.

Tras examinar la información que se nos ha remitido por el Servicio Andaluz de empleo y consta incorporada al presente expediente de queja, podemos concluir que, en efecto, los criterios de ordenación para las ofertas que se gestionan con difusión por ese organismo, y que han sido plasmados en la instrucción 3/2020, por la que se establecen los criterios para la selección de las candidaturas, modificada por la Instrucción 2/2021 y la adenda a ésta, tratan de establecer criterios objetivos que se ajusten al perfil del puesto que solicita la entidad empleadora.

Pues bien, en cuanto a los dos primeros criterios selectivos que se determinan en las instrucciones señaladas responden a criterios objetivos que tratan de ajustar el perfil del candidato al perfil del puesto ofertado, y que están íntimamente relacionadas con los requisitos del puesto, las funciones y tareas a desempeñar, y que la entidad empleadora ha fijado como evaluables.

En segundo lugar, para acotar más la candidatura, se atiende a un criterio que igualmente resulta objetivo, cual es la disponibilidad, que se valorará en atención al número de rechazos a las ofertas de empleo.

Por último, y es aquí donde surge la controversia que ha motivado la presente queja, se fija un tercer criterio de desempate.

Es cierto, que este criterio, responde a razones ajenas al puesto ofertado, que ciertamente no tienen en cuenta las mejores cualidades de los candidatos ni ninguna otra circunstancia que les otorgue un mejor derecho.

No obstante, no podemos obviar que con carácter previo y antes de llegar a aplicar este criterio de desempate, y como ya hemos apuntado, se han utilizado todos aquellos criterios que de manera objetiva y en relación con el puesto ofertado pueden decidir quienes son aquellas personas candidatas que se ajustan más al perfil del puesto. De manera que la utilización en último caso, y tras la eliminación de todos los criterios objetivos que pudieran utilizase, de un criterio aleatorio para concluir la selección, no nos puede llevar a concluir que la selección se ha realizado vulnerando nuestro ordenamiento jurídico.

En todo caso, hemos informado al Servicio Andaluz de Empleo sobre la oportunidad de revisar los referidos criterios de selección y darle mayor protagonismo, antes de aplicar el criterio de desempate aleatorio basado en la numeración del DNI, a algún otro criterio que prime las circunstancias subjetivas de las personas demandantes de empleo.

Con ello hemos dado por concluidas nuestras actuaciones en la presente actuación de oficio.

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera nos traslada la previsión de incorporar en los presupuestos municipales la dotación necesaria para acometer las obras de arreglo de un tramo de vía pecuaria por el que transitan camiones que generan ruidos a las viviendas más cercanas, para dar solución a la problemática de contaminación acústica denunciada.

Se recibía en esta Institución escrito de una vecina de Morón de la Frontera formulando queja por el ruido que percibía en su casa, que colinda a escasos metros con una vía pecuaria, por la que transitaban con frecuencia camiones que daban servicio a varias explotaciones de la zona. Había denunciado estos ruidos tanto en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera como en la Delegación Territorial de Medio Ambiente.

Nos aportaba una comunicación de la Delegación Territorial con la que se le comunicaba a la reclamante que se había comprobado la veracidad del problema denunciado y que para darle solución se estaba: "procediendo a la tramitación de la solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Morón (Exp VP … /2021) con fecha de entrada ... de abril en el que nos solicitaba Autorización para mejoras en un tramo de 250 m del Cordel de la Escoba o Cabriza".

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde dicha respuesta, y antes desde la solicitud del Ayuntamiento, el tramo de Cordel seguía sin mejorarse y, por lo tanto, esta vecina de Morón seguía sufriendo la problemática de ruidos y otras incidencias por el tránsito de vehículos pesados en el entorno de su vivienda.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, que nos informó de que el 25 de agosto de 2021, desde la Delegación Territorial se había enviado al Ayuntamiento Informe Técnico y dos copias de Pliego de Condiciones "con indicación de que debe devolverlos una vez firmados en todas sus páginas o bien presentar alegaciones para poder continuar con la Resolución del expediente". Sin embargo, también nos informaban que hasta la fecha no se había remitido nada por parte del Ayuntamiento.

Nos dirigimos después al Ayuntamiento de Morón de la Frontera para conocer qué tenía previsto hacer en relación con el asunto planteado, habida cuenta que había sido el propio Consistorio el que con fecha de 5 de abril de 2021 solicitó a la Delegación Territorial autorización para la intervención de mejoras en un tramo de 250 metros en la denominada como Colada de la Alcoba, en ese término municipal.

Recibimos respuesta a nuestra solicitud mediante informe del Concejal Delegado de Obras, Planificación, Vivienda y Medio Ambiente, según el cual se había previsto “incorporar en los próximos presupuestos la cantidad necesaria para acometer estas obras y su realización con la mayor celeridad, en el momento que cuente con la financiación necesaria".

La necesidad de contar con dotación presupuestaria había impedido que se hubiesen podido ejecutar ya entonces esas mejoras de ese tramo de la vía pecuaria objeto de queja. No obstante, del último párrafo del informe se desprendía el compromiso del Ayuntamiento ("este ayuntamiento tiene previsto incorporar en los próximos presupuestos la cantidad necesaria para acometer estas obras y su realización con la mayor celeridad") para atender la petición y con ello solventar el problema de ruidos que generaba el tránsito de vehículos pesados debido al estado de conservación deficiente en ese tramo de la vía pecuaria.

Entendíamos que la problemática de fondo se encontraba en vías de solución por lo tanto, suspendimos nuestras actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a las peticiones dirigidas para la mejora y adaptabilidad de las visitas para personas con movilidad reducida en el recinto del Real Alcázar de Sevilla.

Para conocer las circunstancias del caso, solicitamos con fecha 26 de junio de 2023 el necesario informe ante el ayuntamiento de Sevilla; finalmente, se recibió comunicación con fecha 25 de octubre de 2023.

El informe recibido desde los servicios de este espacio señala:

“En relación con su escrito, le comunicarnos que el Real Alcázar, desde su inscripción en el catálogo municipal en el año 1931, no ha cejado en su empeño de adaptar el monumento a la visita pública.

Hoy en día, los visitantes con un 33 % de discapacidad y su acompañante acceden de manera gratuita al monumento. Por desgracia, esto no es así en todos los monumentos integrantes del catálogo BIC de nuestra geografía.

De la misma manera, tienen acceso preferente al Real Alcázar, por lo que no hacen cola en el acceso ni en la taquilla.

Una vez en el interior, el Real Alcázar de Sevilla es pionero en el uso de smartphones inteligentes de última generación, que a través de realidad aumentada ofrecen una visita basada en las más avanzadas tecnologías volcadas en la difusión del patrimonio histórico-artístico, tanto para visitantes sin discapacidad corno para personas con discapacidad visual o auditiva. Debernos reseñar aquí que, desde su implementación, están teniendo una gran acogida a todos los niveles.

Gracias a un acuerdo suscrito con la Fundación ONCE, disponernos también de planos del Real Alcázar en Braille, para aquellos visitantes menos interesados en las nuevas tecnologías o que simplemente prefieren usar un plano físico.

Igualmente, gracias a un acuerdo con la Fundación Albatros, tenernos folletos-guía especialmente diseñados para personas con discapacidad intelectual. Fue diseñado por pedagogos y psicólogos de la Fundación, y financiado por el Patronato del Real Alcázar.

En cuanto al recorrido, existe un ascensor para acceder al Cuarto Real Alto, las tres zonas de aseos públicos están adaptadas plenamente para personas con discapacidad, y existen rampas para salvar todos los escalones en todos los espacios (Salón del Almirante, Salón Abanicos, Capilla Casa Contratación, Patios del Asistente, de Romero Murube y de Levíes, Palacio Gótico, Palacio Mudéjar...). En resumen, en todos los palacios y jardines que conforman el monumento.

Debemos no obstante reseñar que hay dos espacios que son nuestro caballo de batalla a día de hoy, pues aún no son accesibles en silla de ruedas. Uno, construido en el siglo XII corno muralla almohade y reconvertida en paseo grutesco a principios del siglo XVII, y que por sus características físicas es imposible de adaptar a una visita en silla de ruedas. Lo mismo ocurre con la Sala de la Justicia, espacio del siglo XIV alzado sobre una edificación islámica, probablemente del siglo XI, y que igualmente por su ubicación y características hace imposible la creación de una rampa para acceder a la misma. Estos son los únicos dos espacios, en un conjunto compuesto por diez hectáreas con mil años de historia, que hoy en día no son accesibles en silla de ruedas. Estamos trabajando para buscar posibles soluciones, como el uso de realidad aumentada (no sólo con los srnartphones, ya habilitados, sino además con gafas 3 d), como con otras posibilidades arquitectónicas.

Lamentamos que para la persona promotora de la queja el Real Alcázar no esté plenamente adaptado, y su reclamación será un nuevo acicate para seguir mejorando y adaptando, cada día más, el Palacio Real en uso más antiguo del mundo, hasta alcanzar en un horizonte muy cercano su plena apertura a todos los visitantes.”

Atendiendo al informe recibido, también es oportuno señalar que las explicaciones vienen a coincidir con el argumentos de otros recintos y lugares históricos que, por su propias características, ofrecen impedimentos que restringen determinados recorridos para la movilidad o, simplemente, los impiden de manera notoria. Alternativamente, en los procesos de mejora en estas condiciones de accesibilidad suelen aparecer exigencias técnicas que implicarían unas alteraciones difícilmente compatibles con la conservación y protección de estos espacios monumentales.

A la vista del análisis, tomamos en consideración las comprensibles peticiones de la interesada que, en su mayor parte, vienen a expresar la necesidad de clarificar las condiciones concretas de limitación de los itinerarios nos adaptados que permitirían contar con una información veraz y previa para poder evaluar la realización de la visita.

En esta línea, y sin alcanzar a suponer un pronunciamiento en forma de Resolución, sí apuntamos la oportunidad de reforzar las iniciativas de información destinadas a los colectivos con capacidades diversas en los soportes informáticos de la página de internet o en los demás formatos divulgativos que se utilizan a fin de especificar las condiciones de accesibilidad específicas que permite el recinto ante cada situación (a modo de ejemplo, el actual sitio oficial en internet aún advierte de las condiciones de acceso sometidas a las restricciones de lucha contra la pandemia recogidas en un BOE de 2020).

Del mismo modo, debemos destacar la disposición de los servicios municipales para avanzar en la accesibilidad de los recorridos hasta los niveles compatibles con la propia conservación e integridad del recinto. El informe es un relato evidente de los esfuerzos desplegados hacia los colectivos con capacidades diversas en un palacio real en uso de la trascendencia del Alcázar sevillano.

Por tanto, creemos que la motivación de la queja ha sido acogida desde el Patronato responsable y confiamos que ese proceso de atención continúe avanzando en lograr la mejor accesibilidad para todos los visitantes del recinto.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a la atención del alumnado con necesidades educativas específicas en AMPA de un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia de Jaén.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén trasladando dicha problemática. Hemos recibido comunicación en la que se concluye:

“La educación del alumnado con necesidades educativas especiales por razón de sus capacidades de tipo físico, psíquico o sensorial, tiene como objetivo alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para cada uno de los niveles de enseñanza y se rige por los principios de normalización, integración escolar, flexibilización y personalización de la enseñanza, así como de sectorización de la respuesta educativa. Este alumnado se escolariza preferentemente en los centros educativos ordinarios en un grupo ordinario a tiempo completo, en un grupo ordinario con apoyos en períodos variables o en un aula de educación especial-, o en centros específicos de educación especial cuando, por sus especiales características o grado de discapacidad, requiere adaptaciones significativas y en grado extremo en las áreas del currículo que les corresponde por su edad y se considera que no sería posible su adaptación e integración social en un centro escolar ordinario.

La respuesta educativa para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales conlleva la aplicación de medidas específicas de carácter educativo y asistencial que implican recursos personales y materiales. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico, a través de las disposiciones normativas relacionadas en el apartado segundo de este informe, incluye como principio fundamental de nuestro sistema educativo la educación inclusiva, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, señalando que, cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, conforme a los principios del Diseño Universal de Aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera. Todo lo anterior, mediante la obligación contraída por las Administraciones educativas de proveer a los centros educativos de los recursos necesarios para atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales.

Así, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en lo relativo a los medios materiales y apoyos, establece que “los centros docentes que atiendan alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de los medios, de los avances técnicos y de los recursos específicos que permitan garantizar la escolarización de este alumnado en condiciones adecuadas. Estos centros recibirán, asimismo, una atención preferente de los servicios de apoyo a la educación”, y, en lo referente al personal de atención educativa complementaria, establece que “los centros docentes públicos y los servicios educativos dispondrán de profesionales con la debida cualificación que garanticen la atención educativa complementaria del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.

Por otra parte, atendiendo a la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía, regulados por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y a su estructura orgánica, establecida mediante Decreto 154/2022, de 9 de agosto, la competencia en la programación anual de recursos humanos no docentes en los niveles de enseñanza no universitaria y en la planificación y ordenación de los servicios complementarios de la educación corresponde a la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, y la competencia en la gestión del personal de atención educativa complementaria de los centros docentes a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en coordinación con la anterior.

En consecuencia con lo que antecede, visto el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los preceptos y disposiciones anteriormente citados y demás de aplicación, el inspector que suscribe considera necesario y justificado el incremento en un puesto más de la oferta del servicio complementario correspondiente a la categoría de Profesional Técnico de Integración Social en este C.E.I.P., para garantizar la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales en condiciones adecuadas y en entornos que fomenten al máximo su desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de plena inclusión. Atendiendo a esta necesidad, desde el Servicio de Inspección Educativa de esta Delegación Territorial se han realizado las gestiones oportunas para que los órganos directivos competentes, en este caso las Direcciones Generales de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada y del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, procedan a la autorización de este servicio complementario que viene demandando tanto la dirección del centro educativo como la A.M.P.A.

Desde el Servicio de Ordenación Educativa informamos que el CEIP dispone de un cupo de PTIS para atender al alumnado que lo requiere, actualmente el centro tiene censados 8 alumnos y alumnas con necesidad de intervención de este profesional. El Servicio de Ordenación Educativa tiene constancia de tal necesidad, es para nosotros una prioridad mejorar la atención de este profesional en el centro, en el momento que dispongamos horas se realizará el aumento necesario. Estamos continuamente trabajando para mejorar la atención educativa de nuestro alumnado en la medida de nuestras posibilidades”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas y los servicios de centro a fin de estudiar y profundizar las manifestaciones realizadas sobre las peticiones de las familias de este alumnado y de su AMPA. Ciertamente el relato supone un compendio de gestiones y contactos entre las familias y el centro.

Las medidas adoptadas, creemos, evidencian un sentido analítico y crítico volcado por el equipo del centro educativo esencialmente dirigido a ofrecer la debida atención socio-educativa para el colectivo de niños y niñas con necesidades especiales y de los servicios en los que participan en el centro.

Respecto a la concreta cuestión del apoyo de PTIS, y comprendiendo toda la prioridad que argumenta la AMPA, parece quedar acreditada la oportunidad de reforzar el servicio de este profesional de apoyo.

Tras la posición ofrecida desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén, creemos que el caso parece quedar en vías de solución esperando que a la mayor brevedad posible se acuerde la ampliación del horario de servicio.

Por ello, procede concluir nuestras actuaciones y, como acostumbramos a señalar en este tipo de situaciones, entendemos que el asunto acarreará nuevas oportunidades para añadir un análisis y un seguimiento.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a la atención del alumnado con necesidades educativas específicas, en concreto relacionadas con los perfiles de autismo, en un Centro de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Córdoba.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional trasladando dicha problemática. Con fecha 28 de abril de 2023 hemos recibido comunicación en la que se concluye:

“En relación a su escrito con entrada en esta Delegación Territorial, referente a la queja en nombre del AMPA del centro, en relación con la falta de atención escolar por carencias profesionales de personal técnico de integración social (PTIS), maestro de audición y lenguaje (AL) y de pedagogía terapéutica (PT), tras pedir informe al Servicio de Ordenación Educativa se le traslada las siguientes consideraciones:

PRIMERO.- Relación de reuniones mantenidas desde este Servicio con el Equipo Directivo del CEIP y representantes del AMPA:

- Reunión con miembros del Equipo Directivo del CEIP, con fecha 13 de octubre de 2022.

Asistentes: Jefe de Estudios, Director, Jefa de Servicio de Ordenación Educativa y Coordinadora Área NEE del ETPOEP

Tema tratado: recursos de Educación Especial curso 2022-23. Se analizan los recursos de PT y AL del centro, explicando que son suficientes para atender al alumnado censado por NEAE, siendo insuficiente el recurso de PTIS.

Acuerdos: Desde el ETPOEP se estudiará la posibilidad de reforzar PTIS, a pesar de que en el curso actual no disponemos de recursos nuevos. El contenido de esta reunión se tendrá en cuenta para la propuesta de recursos nuevos para el próximo curso 2023-24.

- Reunión con representantes del AMPA del CEIP, con fecha 15-12-2022.

Asistentes: (madres alumnos), (representante AMPA), (Jefa de Servicio Ordenación Educativa), (Coordinadora del ETPOEP).

Tema tratado: recursos específicos en el centro educativo. Las madres manifiestan la necesidad de más horas de PTIS. Su queja también es en relación al resto de recursos de PT y AL, destacando que están los mismos recursos pero ha aumentado el número de alumnado NEAE. Se informa a las madres de la reunión mantenida con el equipo directivo el pasado 13 de octubre, en la que se analizaron los recursos específicos y los datos del alumnado NEAE en el centro concluyendo que precisaban del aumento de PTIS para el próximo curso. Acuerdos: Se concreta el aumento de PTIS en el centro para el próximo curso 23-24.

SEGUNDO.- Incremento recurso PTIS en el curso actual 2022-23.

Con fecha 20 marzo de 2023 nos reunimos con PTIS de un I.E.S. de la misma localidad, siendo el tema a tratar: propuesta de atención en centro educativo con necesidades de reforzar PTIS. En esta reunión se le propone que no teniendo alumnado NEE que precise la atención del PTIS en el IES. en el curso actual, poder atender al CEIP., que precisa una mayor atención que no podemos atender con recursos nuevos para este curso pero sí con su atención si acepta de manera voluntaria este cambio de centro.

Acuerdos: D. acepta de manera voluntaria atender durante este curso 2022-23 el CEIP, y se incorporará el próximo curso 2023-24 al IES.

TERCERO.- Desde el Servicio de Ordenación Educativa en las reuniones anteriormente citadas, se analizaron los datos del alumnado NEAE y los recursos personales específicos para atenderlos, concluyendo que la prioridad es reforzar el recurso de PTIS para el próximo curso 2023-24, ya que para el curso actual no disponemos de recursos personales nuevos. No obstante, en el momento que desde este Servicio se ha visto la posibilidad de atender las necesidades del alumnado en el centro con recursos disponibles en otros centros se ha efectuado el incremento de un PTIS en el CEIP para el curso actual 2022-23, a partir del 20 de marzo de 2023 hasta final de curso. Para el próximo curso 2023-24 se solicitará un PTIS para el centro, de acuerdo a los procedimientos establecidos de petición de recursos de educación especial de la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas y los servicios del centro a fin de estudiar y profundizar las manifestaciones realizadas sobre las peticiones de las familias y del AMPA para atender las necesidades de este alumnado. Ciertamente el relato supone un compendio de gestiones y contactos entre las familias y el centro.

Las medidas adoptadas, creemos, evidencian un sentido analítico y crítico volcado por el equipo del centro educativo esencialmente dirigido a ofrecer la debida atención socio-educativa para este alumnado con necesidades especiales y de los servicios en los que participa en el centro.

Respecto a la concreta cuestión de la cobertura de PTIS, se han explicado los trabajos realizados y todo el proceso que se sigue de la mano de los técnicos y en permanente comunicación con las familias. Según se indica, se planificó el servicio dando cobertura con otros PTIS de centros próximos y así mismo se acordó disponer los trámites para garantizar el servicio en el curso siguiente.

Tras la posición ofrecida desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba, creemos que el caso parece quedar en vías de solución esperando que a la mayor brevedad posible se defina y programe la atención educativa que necesita este alumnado.

Por ello, procede concluir nuestras actuaciones y, como acostumbramos a señalar en este tipo de situaciones, entendemos que el asunto acarreará nuevas oportunidades para añadir un análisis y un seguimiento respecto de la aplicación concreta de las medidas acordadas y de las gestiones futuras que se anuncian para el refuerzo de PTIS.