La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 23/1763 dirigida a Ayuntamiento de Zufre (Huelva)

En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, en el que la persona interesada expone que, presentada solicitud de ausencia por compensación de exceso de jornada, se le ha descontado en nómina el importe correspondiente a ese día.

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I. Con fecha 6 de marzo de 2023 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por la persona promotora de la presente queja, a través de la cual nos exponía lo siguiente:

Adjunto la nómina última que trabajé en la que me descontaron el día que solicité por escrito y al no contestarme nadie denegándomelo me lo tomé y es por este día por el que pretendieron abrir expediente disciplinario que luego reconocieron prescrito pero el día me lo quitaron de la nomina y aun no sé nada porque no me contestan. No entiendo que haya que acudir a la justicia para "cosas" de este tipo perfectamente demostradas y con registros telemáticos escritos. ¿Hay derecho a generar esta indefensión entre los ciudadanos?.

Ruego obliguen a esta administración que nos genera esta indefensión a contestar y abonar las cantidades retenidas al respecto, ya que ni me contestan ni me dan solución alguna”.

II. Una vez admitida a trámite la queja, con fecha 3 de abril de 2023 se solicitó a ese Ayuntamiento el preceptivo informe en relación con estos hechos, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, y a los efectos de que se diera cumplimiento a la obligación que establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora.

III. Se ha reiterado el requerimiento de contestación a la solicitud de información realizada por esta Institución a ese Ayuntamiento hasta en dos ocasiones, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna de esa Administración; por lo que, no procede en estos momentos realizar ningún otro trámite al respecto por parte de este Comisionado.

IV. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la presentación en ese organismo del escrito de solicitud por la persona promotora de la presente queja, el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022, hasta la fecha no nos consta que se le haya notificado respuesta alguna.

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso plantear a esa Administración las siguientes

CONSIDERACIONES

Única.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, con carácter general, en su artículo 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

Por su parte, en los apartados 2 y 3 del citado precepto, se establece que la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo correspondiente y que, si no tiene fijado un plazo específico, será de tres meses.

Por otra parte, el artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

En el caso que aquí nos ocupa, la presentación del escrito de la persona promotora de la presente queja queda acreditado que se realizó ante ese Ayuntamiento, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de que se haya notificado la respuesta del mismo, a pesar de haber transcurrido con creces el plazo de resolver, incumpliéndose con ello lo establecido en los mencionados preceptos de Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17.2 de nuestra Ley reguladora, así como en el artículo 29.1 de la misma, nos permitimos trasladar a ese Ayuntamiento la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento, así como del artículo 19.1 de la Ley 9/1983, reguladora de esta Institución, que establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma andaluza están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECOMENDACIÓN: Para que, sin más dilación, se proceda a dar y notificar la correspondiente respuesta al escrito presentado en ese Ayuntamiento por la persona interesada en la presente queja, informando de ello a esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 23/2213 dirigida a Consejería de Salud y Consumo, Delegación Territorial de Salud y Consumo de Granada

En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, en el que la persona interesada expone que se ha visto privada de su derecho a emitir su voto en la Comisión de Valoración de Subvenciones formativas en materia de consumo además de la asignación con posterioridad, de funciones ajenas a las propias de su puesto de trabajo

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I. Con fecha 22 de marzo de 2023, la interesada se dirige a esta Defensoría mediante escrito en el que manifiesta que, con motivo de las discrepancias habidas con su superior jerárquico en relación con la valoración de las subvenciones destinadas a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias para la realización de programas formativos en materia de consumo, de actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e información a las personas consumidoras y para el fomento del asociacionismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022 (BOJA de 4 de julio de 2022), se ha visto privada de su derecho a emitir su voto particular en la Comisión de Valoración -de la cual es vocal- y, posteriormente, le han sido asignadas otras funciones ajenas a las propias de su puesto de trabajo. Además, indica que, por el trato recibido, todo ello le ha afectado a su salud física y emocional, habiendo pasado un periodo de baja laboral.

Expone, entre otros muchos extremos, lo siguiente:

Los hechos relatados pueden inducir a pensar que el trato recibido busca impedir mi actividad profesional en el puesto de trabajo asignado, a fin de no tener conocimiento de lo que se realiza en la Sección del Servicio con las subvenciones a las asociaciones de consumidores y también las subvenciones a entidades locales con oficinas de información al consumidor al que pertenece el puesto asignado, aunque podrían existir otros motivos que desconozco, dada la irracionalidad de los comportamientos de los cargos directivos de la citada Delegación Territorial ante hechos tan graves como el de evitar que constase mi voto particular en un Acta de un órgano colegiado.

Con la presente queja, sólo persigo que, con la mayor diligencia y celeridad posible, me sean asignadas las tareas que venía desarrollando en el puesto de trabajo ocupado con el fin de recuperar la normalidad con un desempeño efectivo de mi puesto de trabajo, tal como establece el artículo 14.b) del Estatuto Básico del Empleado Público”.

II. Admitida la queja a trámite, con fecha 29 de mayo de 2023 se solicita informe sobre dicho asunto a esa Delegación Territorial. En el informe emitido, recepcionado con fecha 4 de julio de 2023, se nos indica, en síntesis, que a raíz de esta queja se han realizado actuaciones administrativas en la Delegación en tres ámbitos:

1) Con respecto a las funciones del puesto de trabajo a las que se refiere la interesada, se cita el informe emitido por el Jefe del Servicio de Consumo, con fecha 17 de febrero de 2023 y se indica que el mismo “justifica de forma motivada las funciones del puesto de trabajo (que tiene el área funcional de consumo) y las tareas asignadas”. Otorgado plazo de alegaciones a la interesada sobre el contenido de este informe, y a la vista de las mismas, se acordó dictar unas Instrucciones de funcionamiento y composición de la Comisión de Valoración de subvenciones en materia de consumo, de fecha 24 de mayo de 2023;

2) Con respecto a las cuestiones planteadas por la interesada en relación con el funcionamiento de la Comisión de Valoración, se nos informa que se ha intentado mejorar este aspecto con las instrucciones citadas anteriormente;

3) Con respecto a la existencia de trato denigrante y acoso laboral al que se refiere la interesada, la Secretaría Provincial requirió al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial la realización de una evaluación de riesgos psicosociales del personal del Servicio de Consumo, de conformidad con lo recogido en el punto 2 del Protocolo de Prevención y Actuación de la Administración de la Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación. Como resultado de dicho estudio, se emitió, con fecha 15 de junio de 2023, informe de evaluación de riesgos psicosociales, cuyo resultado, con carácter general, ha sido favorable.

III. Trasladado por esta Institución el informe emitido por esa Delegación Territorial a la parte interesada en la fase de alegaciones, la promotora mediante escrito de fecha 6 de agosto de 2023 muestra su disconformidad con el contenido del mismo, centrando su argumentación alrededor de tres bloques principales:

1- La imposibilidad de formular su voto particular en el seno de la Comisión de Valoración de las subvenciones de consumo;

2- La existencia de trato denigrante y acoso laboral con el resultado de haber sido apartada de las funciones que venía desarrollando con respecto a la tramitación de subvenciones.

3- Además de ello, incorpora a través de su escrito de alegaciones su malestar con el alta médica de fecha 11 de julio de 2023, expedida por la Inspección Médica de Valoración de Incapacidades, adscrita a la Delegación Territorial de Salud y Consumo, sin que se le haya practicado reconocimiento médico tal como establece la norma aplicable. Lo que -según manifiesta la interesada- viene a constatar el acoso que está padeciendo.

Finaliza su escrito de alegaciones solicitando que se Admita el presente escrito de alegaciones con los documentos que acompaña, así como resuelva mi queja a la mayor brevedad posible con el fin de conseguir que cese este trato denigrante, que es un maltrato institucional, y así poder recuperar mi salud y la paz en el trabajo, y trabajar dignamente como empleada pública con las funciones que corresponden a mi puesto y que venía desarrollando adecuadamente hasta los incidentes relatados”.

En base a los anteriores antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Sobre el derecho a una buena Administración.

En el ámbito europeo, la buena administración está prevista en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ha sido reconocida en numerosa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La buena administración como derecho y principio está también implícitamente recogida en la Constitución española a lo largo de todo su articulado; principalmente podríamos referirnos al artículo 9.3, cuando proscribe la arbitrariedad, y al artículo 103, cuando se refiere a los principios de actuación de la Administración “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

En este sentido lo ha señalado el Tribunal Supremo repetidamente en vinculación con los principios de eficacia, eficiencia, economía y objetividad. Así, podemos citar la sentencia de 4 de noviembre de 2021, la cual señala: “Como se desprende de lo dicho por el Tribunal Supremo el principio de buena administración tiene una base constitucional y legal indiscutible. Podemos distinguir dos manifestaciones del mismo, por un lado, constituye un deber y exigencia a la propia Administración que debe guiar su actuación bajo los parámetros referidos, entre los que se encuentra la diligencia y la actividad temporánea; por otro, un derecho del administrado, que como tal puede hacerse valer ante la Administración en defensa de sus intereses”. Es por ello que, en el contexto del principio de buena administración, la Administración está obligada a actuar con la diligencia debida en relación con los principios de eficacia, eficiencia y objetividad; evitando que sus actuaciones puedan provocar perjuicio alguno o daño moral en la esfera particular de todas aquellas personas que se relacionan con ella.

En el presente expediente, no cabe duda de que la Delegación Territorial ha pretendido actuar con la diligencia y celeridad exigible una vez originado el desencuentro de la funcionaria y su responsable inmediato, con la finalidad de clarificar las funciones del puesto asignado a aquella, mejorar el funcionamiento de la Comisión de Valoración de las subvenciones referidas y analizar a través del Departamento de Prevención y Riesgos Laborales los posible riesgos psicosociales que pudieran existir en el servicio de consumo; sin embargo, las medidas adoptadas por esa Delegación pueden no haber resultado suficientes, pues la persona interesada ha acudido a esta Institución a los efectos de que se investigue lo ocurrido y se rectifique en cuanto a las tareas que se le asignan actualmente por considerar que se le está ocasionando un perjuicio. Por ello, resulta oportuno que esa Delegación revise lo actuado en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de nuestra Constitución y, si procede, rectifique o complemente dichas actuaciones. Asimismo, queremos subrayar que hubiera sido deseable contar con la participación de la interesada en la evaluación llevada a cabo por el Departamento de Prevención y Riesgos Laborales y, de este modo, crear un espacio de diálogo y entendimiento que facilite la resolución del conflicto.

Segunda.- Sobre el funcionamiento de los órganos colegiados y la Comisión de Valoración de las subvenciones de consumo.

En el ámbito estatal, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevé en su artículo 19, puntos 3 y siguientes, relativo al régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, que:

«3. Los miembros del órgano colegiado deberán:

(…)

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. (…).

4. Corresponde al Secretario del órgano colegiado:

(…)

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado».

En el ámbito autonómico, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece en su artículo 91, relativo al régimen de los órganos colegiados, que estos “se regirán por las normas básicas del Estado, las establecidas en esta Ley y las que se dicten en su desarrollo”. Además, el artículo 94.1, letra d), indica que corresponde a los miembros de los órganos colegiados ejercer el derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican”. Por último, el artículo 96.1, letra a), dispone que forman parte del acta de las sesiones de los órganos colegiados, además del contenido que establece la legislación básica del Estado: a) Los votos particulares que formulen por escrito los miembros del órgano colegiado en el plazo que establezca su norma reguladora y, en su defecto, de cinco días”.

Por otra parte, las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva -aprobadas por Orden de 20 de diciembre de 2019- indican en su artículo 15, referido a los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión, que: “La evaluación de las solicitudes y, en su caso, la propuesta de resolución, se llevará a cabo por un órgano colegiado (…)”

En esta línea, tanto la Orden de 6 de abril de 2021 -por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias para la realización de programas formativos en materia de consumo, de actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e información a las personas consumidoras y para el fomento del asociacionismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía-, como la Orden de 27 de mayo de 2022 -por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades locales de Andalucía para la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía-, indican que se dictan al amparo de la Orden de 20 de diciembre de 2019, anteriormente citada. Concretamente, con respecto al órgano colegiado, dispone que la Comisión de Valoración realiza la evaluación de las solicitudes, el análisis de las alegaciones y documentación presentada y la valoración de los programas de actividades presentados.

Por último, con respecto a las Normas de funcionamiento de la Comisión de Valoración prevista en las Bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, así como para asociaciones de personas consumidoras y para servicios locales de consumo (Orden 20 de diciembre d 2019, Orden de 6 de abril de 2021 y Orden de 27 de mayo de 2022, respectivamente), adoptadas por el Jefe del Servicio de Consumo con fecha 24 de mayo de 2023, con ocasión de la situación relatada en la queja que analizamos, éstas establecen lo siguiente:

Con posterioridad, se procederá a convocar reunión de la Comisión de Valoración.

En la reunión se procederá a revisar la valoración individual y se tratará de consensuar la valoración definitiva. En caso de que existan discrepancias, se generará por el(los) miembro(s) discrepante(s) un nuevo Informe Individual firmado indicando el(los) criterio(s) afectado(s) y los motivos de la discrepancia en el apartado OBSERVACIONES. Es fundamental motivar cada una de las discrepancias.

Se levantará Acta de dicha reunión por la Secretaría de la Comisión.

Se publicará el Acta y un Informe Técnico conjunto con la motivación de la valoración tanto con la Propuesta Provisional, como con la Resolución de concesión”.

Pues bien, de acuerdo con todo lo expuesto en esta segunda consideración, hay que indicar que es indiscutible que, al amparo de la normativa vigente, la evaluación de las solicitudes, el análisis de las alegaciones y documentación presentada y la valoración de los programas de actividades presentados se ha de realizar a través de la Comisión de Valoración, que se ha configurado como un órgano colegiado que se rige, por lo tanto, por las leyes 40/2015, de 1 de octubre, y 9/2007, de 22 de octubre, en cuanto a su régimen y funcionamiento, siendo el voto particular un derecho y obligación de sus miembros. Por lo que, la interesada no puede ser privada de tal derecho para dejar constancia de su desacuerdo en la toma de decisión con respecto a la concesión de determinadas subvenciones, pues en este sentido le ampara la ley; de este modo, debemos recordar a esa Delegación que, además del acuerdo adoptado en su día, debe quedar reflejado en la correspondiente acta el voto particular de esta persona.

Por otra parte, las normas de funcionamiento de la Comisión de Valoración adoptadas con fecha 24 de mayo de 2023, más allá de pretender que se busque el deseable consenso en la valoración definitiva de cada expediente, no puede obviar la posibilidad de que existan discrepancias al respecto y el derecho de los vocales a que el acta recoja su voto particular, sin perjuicio de que también se requiera -a tenor de las normas aprobadas- que se genere un segundo informe individual suficientemente motivado.

Tercera.- Sobre los derechos individuales de las personas empleadas públicas.

El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante EBEP), dispone en su artículo 14, letras b) y h), que:

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

h) Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral”.

Pues bien, con respecto al derecho al desempeño efectivo hemos de decir que éste exige, a su vez, a la Administración el correlativo deber de procurar, en todo caso, la ejecución del trabajo acorde a la condición profesional del empleado, a las funciones de la plaza o categoría alcanzada por acceso inicial o por progresión profesional; ya que lo contrario podría derivar hacia una posible situación de acoso laboral. Tanto en este apartado como, posteriormente, en el apartado h), subyace toda la obligación de respeto a la dignidad del empleado público en el desarrollo de las funciones encomendadas.

En el presente expediente, manifiesta la persona interesada, que solicitó el puesto de Negociado de Formación de Consumidores en el concurso de méritos habiéndose informado previamente, por lo que sabía que se realizaba la tramitación y gestión de las subvenciones en materia de consumo. Al incorporarse al citado Negociado, el Jefe de Servicio de Consumo le preguntó si sabía algo de subvenciones, a lo que le responde que sí, pues había estado 9 años gestionando subvenciones en la Delegación de Igualdad. Tras tomar posesión del puesto en junio de 2022, se convocaron las subvenciones destinadas a las Asociaciones y a partir de agosto estuvo tramitando las mismas. Tras las desavenencias con el jefe del servicio, le dirige escrito al Delegado para comunicarle que Me veo obligada a renunciar como vocal de dicha Comisión ya que el jefe de Servicio no admite que emita un voto particular en el acta de propuesta de resolución definitiva de la concesión de subvenciones a asociaciones”. A partir de este momento, nos dice que el ambiente laboral se tensó hasta el punto de afectarle a su salud física y emocional. Posteriormente, el día 9 de noviembre de 2022, el médico de cabecera le expidió la baja laboral, reincorporándose el 10 de enero de 2023. A continuación, el jefe del servicio le comunicó que le asignaba reclamaciones y la interesada asiente, pues nos dice que sólo pretendía trabajar con un ambiente laboral normal, y empezar el año bien. Sin embargo, los hechos posteriores no contribuyeron a ello precisamente”. Sostiene la persona interesada que las tensiones y discusiones con el jefe de Servicio continuaron y que 1 de febrero de 2023, recibió un correo electrónico de éste, que nos consta en el expediente, indicándole que He decidido que comiences a llevar reclamaciones de agua de forma complementaria a las restantes reclamaciones”. Es por este motivo por el que considera que no se adecúa el trabajo que se le ha asignado con las funciones de su puesto de trabajo y subraya, a través de su escrito de alegaciones que Esto es otra forma de tratarme de forma deshonrosa: desde mi incorporación al trabajo con el alta médica forzosa, no me asignan las funciones propias de mi puesto y Grupo (A2), no me informan de lo que tengo que hacer, y el trabajo que me asignan en la Bandeja es puramente administrativo, que corresponde al personal funcionario de los Grupos C1 y C2. Por ello , el trato denigrante ha aumentado por los directivos de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Granada”. . Añade que, de todo lo ocurrido ha informado también a la persona titular de la Consejería de Salud y Consumo y que le han comunicado que han dado traslado del asunto a la Delegación Territorial.

Por otra parte, consta en el expediente el informe del jefe de Servicio de Consumo justificando las tareas asignadas a la mencionada empleada, en el que se indica lo siguiente:

(...) tras recabar información telefónica del Departamento de Análisis y Valoración de Puestos de Trabajo, Servicio de Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública me informan que no existe una definición de funciones/tareas específicas de dicho puesto, y que en estos casos se atendería a lo establecido en el Área Funcional según el Decreto 65/1996, de 13 de febrero, por el que se establece el área funcional como una de las características esenciales de los puestos de trabajo de personal funcionario contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía.

El área funcional del puesto en cuestión es Consumo.

(…)

Tras la renuncia expresa de la titular del puesto de Negociado de Formación de los Consumidores durante el último trimestre del año pasado a la comisión de valoración prevista en las bases reguladoras de subvenciones a asociaciones y a ayuntamientos, he tenido que proceder a redistribuir las funciones dentro de las posibilidades que ofrecen las propias del puesto y del Servicio de Consumo de Granada. Así, se le ha asignado la tramitación de reclamaciones, incluyendo las de suministro domiciliario de agua, a dicha trabajadora. Dichas funciones incluye como principales tareas la grabación de datos en aplicaciones informáticas corporativas, la elaboración de los documentos que corresponden (requerimientos a reclamantes o reclamados, resoluciones, comunicaciones diversas, informes en caso de recurso de alzada), la atención presencial y telefónica a los consumidores y el uso de las aplicaciones y equipos para dichos menesteres”.

En definitiva, por todas las circunstancias expuestas, se constata que las funciones encomendadas inicialmente a la persona interesada, han sido modificadas por su inmediato superior jerárquico tras la renuncia de ésta a formar parte de la comisión de valoración y, aún cuando inicialmente la interesada acepta la nueva tarea, queda claro que la situación ha generado malestar y tensión en el ámbito laboral que requiere que en estos momentos la Administración revise lo actuado con la finalidad de confirmar o rectificar, según proceda, las funciones asignadas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 del EBEP.

Al respecto, procede traer a colación nuestra Resolución de 26 de julio de 2019, dictada en el expediente de queja número 18/2986, en la que indicábamos lo siguiente:

«Con carácter general, todo trabajador tiene derecho a que su empleador le facilite una ocupación efectiva y que la tarea encomendada se adapte a su categoría profesional. La no asignación al empleado de servicio o actividad alguna puede suponer una situación agraviante que afecte a la dignidad personal y profesional del trabajador.

Sobre este particular ya se han pronunciado reiteradamente nuestros Tribunales Superiores de Justicia, al considerar que “la ocupación efectiva es un derecho vinculado íntimamente a la dignidad de la persona del trabajador, puesto que este no es una pieza insensible de la maquinaria productiva, sino una persona que se socializa también por su integración en el centro de trabajo en el que aspira a la realización humana mediante el desarrollo de sus tareas, de modo que la privación infundada de esta, aunque se mantenga el salario, frustra tal finalidad y produce en el trabajador menoscabo de su dignidad personal y profesional” (Sentencia del TSJ de Castilla y León núm. 1560/2005 de 12 septiembre, Fundamento de Derecho Tercero)

(...)

En este contexto, entendemos que el trabajo es un aspecto más de la vida de las personas, consustancial al desarrollo de las mismas, y por ende, a su dignidad personal, que debe ser objeto de protección y respeto de acuerdo con lo establecido en el art. 10 de nuestro texto constitucional. Quiere ello decir que, el concepto de dignidad adquiere un papel protagonista en el ámbito laboral, donde el trabajador es considerado como un sujeto de protección.

De manera que, en el desarrollo de la actividad laboral, toda persona y en especial la Administración pública debe preservar el valor supremo del trabajo, la dignidad de la persona humana y su bienestar».

Por último, queremos referirnos al informe evacuado por el Departamento de Prevención y Riesgos Laborales a solicitud de la Secretaria General Provincial, en relación con la manifestación de la interesada de “posible caso de trato denigrante y acoso laboral” y referido a la “evaluación de riesgos psicosociales del personal del Servicio de Consumo, donde presta sus servicios la persona interesada, de conformidad con lo recogido en el punto 2 del Protocolo de Prevención y Actuación de la Administración de la Junta de Andalucía en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, aprobado por Acuerdo de 13 de febrero de 2020”. De acuerdo con dicho informe “Los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos psicosociales, muestran una foto de la situación de exposición a riesgos psicosociales favorable para la salud de los trabajadores en el Servicio de Consumo respecto a la población de referencia, teniendo que poner medidas preventivas en la dimensión “ritmo de trabajo”.

Al respecto, la persona interesada se queja de que en este análisis, motivado por su asunto, no ha participado y no ha tenido ocasión de expresarse. Considera esta Institución, que sería aconsejable, que el informe evacuado se complementara con la participación de la interesada, máxime cuando la instrucción dada por la Administración es con motivo de clarificar las manifestaciones de ésta con respecto al trato denigrante que considera viene soportando.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 29.1 de nuestra Ley reguladora, nos permitimos trasladar a ese organismo la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento, acomodando la actuación administrativa a los principios de eficacia, eficiencia y objetividad establecidos en el artículo 103 de nuestra Constitución. Así como del artículo 19.1 de la Ley 9/1983, reguladora de esta Institución, que establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma andaluza están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECOMENDACIÓN: Para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, con respecto al régimen jurídico y funcionamiento de los órganos colegiados, quede constancia en el acta correspondiente del voto particular de la promotora como miembro de la Comisión de Valoración de las subvenciones en materia de consumo; y, si procede, se ajuste el literal de las normas de funcionamiento de dicha Comisión de Valoración al tenor de las leyes referidas, con el fin de evitar que en el futuro se puedan producir situaciones similares a la que hoy analizamos.

SUGERENCIA 1: Para que el Departamento de Prevención y Riesgos Laborales enriquezca la “evaluación de riesgos psicosociales del personal del Servicio de Consumo” con la participación de la interesada.

SUGERENCIA 2: Para que, en el ámbito de las competencias asignadas a la persona titular de esa Delegación Territorial por el artículo 19 del Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, se revise las funciones encomendadas a la funcionaria desde la perspectiva del artículo 14 del EBEP para confirmar la adecuación de las mismas o, en su caso, adaptarlas al contenido del puesto y perfil profesional de su titular. Todo ello, en aras a garantizar a los empleados públicos adscritos a esa Administración pública, desde el momento de su incorporación a sus puestos de trabajo y durante toda su vida laboral, sus derechos profesionales, dentro del respeto a su dignidad personal y a todos y cada unos de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, conjugando el bienestar del personal adscrito con el interés general del servicio público prestado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 23/0699

Tras la intervención de esta Institución, el Ayuntamiento de Andújar adopta medidas disciplinarias para que la ampliación de un gimnasio a un local colindante pero de otro edificio distinto, no produzca inmisiones acústicas a colindantes.

 

Recibimos la queja de un vecino de Andújar, mediante la cual nos trasladaba que durante el año 2021 se había abierto en el local comercial del bloque colindante al suyo, una actividad de gimnasio de la que aseguraba “se escuchan golpes como de máquinas o música y el ruido de la gente hablando se escucha tanto en los dormitorios como en el salón de la primera planta”. En aquel momento, por abril o mayo del año 2022, el afectado había contactado con el Ayuntamiento: “y vinieron con un técnico que curiosamente era el mismo que contrató el local para hacer el informe, lo que ya da un poco desconfianza, sacaron a toda la gente e hicieron unas mediciones las cuales dijeron que estaban dentro de los límites, es decir que no lo hicieron como un día de gimnasio normal”.

Este gimnasio ubicado en el local del bloque colindante había sido ampliado con el local que estaba justo bajo la vivienda del promotor, de forma que alcanzaba dos locales de bloques independientes. Aseguraba que el local de su bloque, el que estaba bajo su casa, no estaba insonorizado, lo que venía si cabe a agravar los ruidos que ya percibía desde el local del otro bloque, dado que se suponía que además habían tenido que eliminar la medianera entre edificios.

El interesado nos aportaba escritos de denuncia por ruidos presentados en el Ayuntamiento, en uno de los escritos últimos solicitaba expresamente, como afectado, copia de la licencia de obras y adecuación de ambos locales para la ampliación de gimnasio.

En cuanto al local que estaba bajo el bloque de su casa, decía que también contaba con sótano, que no tenía ventilación y que ello obligaba a tener en funcionamiento constantemente un aparato de extracción de aire que igualmente venía a añadir más ruido al que ya percibía.

Fundamentalmente se presentaba queja en esta Institución porque consideraba que los ruidos e impactos que sufría en su casa eran incompatibles con el descanso y que esta actividad de gimnasio, ampliada hacía poco podría no tener licencia y, en todo caso, no contar con el suficiente y debido aislamiento para albergar una actividad de este tipo.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos el preceptivo informe al Ayuntamiento. En nuestra petición, recordábamos que según la Ley autonómica 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los gimnasios están sujetos al trámite de Calificación Ambiental cuando tienen una capacidad superior a más de 150 personas o cuentan con una superficie construida total superior a 500 m²; mientras que están sometidos al trámite de Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable cuando tienen una capacidad inferior a 150 personas o disponen de una superficie construida total inferior o igual a 500 m².

En su respuesta el Ayuntamiento nos informó que la actividad desarrollada en el primer local, que estaba en el bloque colindante al del reclamante, tenía licencia y calificación ambiental favorable para “sala de pilates, yoga y entrenamiento personal”.

En cuanto al local colindante, que estaba justo bajo la vivienda del interesado, se nos informaba que las obras desarrolladas en el mismo y la apertura de una puerta interior que conectaba a ambos locales, no estaban amparadas en licencia municipal, por lo que se había dictado Resolución de Alcaldía con orden de inmediata suspensión y cese de los actos y usos en curso de ejecución.

Adicionalmente se nos informaba que: “Verbalmente se ha informado desde el Área de Medio Ambiente al técnico que suscribe que se están realizando mediciones acústicas para comprobar el nivel de ruidos generado por el local objeto de queja. En concreto, se han realizado mediciones los días 16 y 20 de febrero y 1 y 15 de marzo, siendo hasta ahora las mismas acordes con la normativa”.

Finalmente, constaba en el informe que: “a día de hoy este expediente sigue vivo, a la espera de las mediciones definitivas y de la legalización o no de la actividad objeto de la ampliación. A medida en que se vayan realizando avances, les iremos informando”.

Solicitamos un segundo informe al Ayuntamiento, que nos dio cuenta de las actuaciones realizadas para que la ampliación del gimnasio se legalizara, y a tal efecto, constaba presentado desde hacía meses un proyecto técnico sometido a información pública de colindantes, estando a fecha del informe, a la espera de que se presentaran alegaciones por parte del interesado.

Revisados estos dos informes emitidos por el Ayuntamiento de Andújar, valoradas las medidas disciplinarias adoptadas y la legalización en curso, entendimos que no procedían más actuaciones por nuestra parte en este expediente de queja, sin perjuicio de lo que resultase finalmente de esa legalización, de las alegaciones y de posteriores trámites o incidencias que fuesen surgiendo.

Entendimos que esta legalización de la ampliación del gimnasio, base de la problemática objeto de queja, quedaba solventada con la tramitación seguida tras la intervención de esta Institución, y que en lo esencial suponía la aceptación de la pretensión del promotor de la queja.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 21/8644 dirigida a Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Delegación Territorial en Sevilla

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla garantizar la transparencia del procedimiento de adjudicación de plazas en residencia para las personas en situación de dependencia, informando tanto de la existencia de las denominadas “listas de espera”, como de la situación aproximada que pudieran ostentar con respecto al lugar que ocupan, así como de los tiempos medios de repuestas.

Asimismo, recomienda optimizar los sistemas de información para que sea accesible el conocimiento de la situación de las listas de espera en cualquier provincia andaluza por los diferentes profesionales referentes de las personas dependientes y sus familias, con el único ánimo de que toda la información que afecte a este tipo de procedimientos esté disponible.

También formula Sugerencia para fomentar procedimientos ágiles y diligentes donde se protejan las relaciones humanas que sustentan y ofrecen bienestar a las personas en situación de dependencia, así como a sus familiares, como base de una atención digna de la persona en este ciclo vital.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha de 12 de diciembre de 2021 se recibió en esta Institución escrito de queja del compareciente, anteriormente citado, en nombre y representación de su hermano, persona afectada por una situación de Dependencia severa, que vive en la residencia Futuro Singular de Córdoba, y que desde hace muchos años lleva solicitando el traslado de centro a otra residencia en la provincia de Sevilla sin conseguirlo; lugar donde reside el compareciente, que es su tutor legal y familiar directo, desestimándose su pretensión en el pasado reiterativamente.

En este sentido, el peticionario nos trasladaba las múltiples veces que ha solicitado un traslado de centro, a través de la trabajadora social de referencia donde reside su hermano, basado en la paulatina situación de empeoramiento en la que se encuentra el dependiente, así como al deseo de proximidad que tienen ambos hermanos, ya que la distancia física que los separa obstaculiza que puedan tener un contacto más continuo.

Solicitaba a esta Institución que acercase su petición ante la Administración, buscando proteger los lazos de afectos que los unen, así como sus deberes familiares de cariño y cuidado junto a las necesidades de carácter íntimo y personal, que cada día iban en aumento.

Nos trasladaba, igualmente, que solo podía atender a su hermano los fines de semana, o días de permiso laboral, a causa de los kilómetros existentes entre ellos. Asimismo, nos participaba de los múltiples escritos presentados ante la Administración a causa de no recibir respuesta a sus solicitudes de traslado, e igualmente manifestaba su inquietud por no poder acceder ni siquiera a una lista de espera que le permitiera conocer la posición que ocupaba en ella, y poder albergar un horizonte temporal a su petición.

2.- Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Córdoba el 13 de marzo de 2002, con especial referencia a los motivos por los que se le había denegado la solicitud de traslado de centro, y que se diese la información existente acerca de las comúnmente denominadas “listas de espera”, para las personas que están aguardando una vacante en un centro residencial; y que nos proporcionasen la información disponible sobre su funcionamiento y la realidad de las mismas.

En respuesta a nuestra solicitud, con fecha 31 de marzo de 2022 recibimos el Informe emitido en ese Delegación Territorial, en el que se expresaba lo siguiente:

“(...) El 25/02/2016 se solicita por la familia traslado a los Centros Residenciales de Adultos CASA HOGAR PAZ Y BIEN de la localidad de Santiponce y ASAS de Dos Hermanas, ambas por tanto en la provincia de Sevilla.

Se envía Oficio de fecha 10/06/2016, mediante el que se solicita plaza en dichos Centros a la Delegación Territorial del órgano administrativo de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en la provincia de Sevilla, por ser su ámbito competencial. No se recibe contestación al no existir plaza disponible.

Con fecha 30/10/2019 recibe Resolución mediante la que se le reconoce el Grado ll Dependencia Severa. En fecha 29/08/2020 solicitan de nuevo traslado pero a los mismos Centros indicados, por lo que se envía de nuevo la petición de plaza mediante oficio de 19/10/2020, con el mismo resultado que en el año 2016.

Con fecha 09/10/2020 desde el Servicio de Valoración de la Dependencia de Córdoba se contacta telefónicamente con su tutor legal (Sr. ...), hablando finalmente con su esposa, a la que se le transmite que al haber cambiado el grado en Dependencia del interesado se le ha aperturado una revisión de su Plan de Actuación Individual (PIA), y que solicitaran Residencias de Personas Mayores o Residencias de Adultos de Sevilla, solicitando su traslado pero que ampliarán la búsqueda a más Centros, lo que mejoraría las expectativas de que existieran plazas disponibles.

No obstante lo sugerido, se vuelve a reiterar la petición en los mismos Centros por la familia. Al no haber ampliado la búsqueda a otros Centros o bien incluso a otras localidades, sus posibilidades de entrar se limitan y los tiempos de espera aumentan considerablemente en comparación con una búsqueda más genérica. Las provincias de Sevilla y Málaga son las que, con diferencia, tienen la mayor cantidad de peticiones de plazas en sus Centros Residenciales de toda Andalucía.

Con fecha 29/08/2021 se vuelve a solicitar por su representación legal traslado exactamente a los mismos Centros reiterados. Se solicita de nuevo mediante Oficio a la provincia de Sevilla en fecha 20/01/2022. En este caso se contesta esta petición certificando la inexistencia de plazas vacantes. Se procede a dictar Resolución de fecha 11/02/2022 en dicho sentido.

Previamente, el día 19/01/2022 se contactó de nuevo telefónicamente con la familia ya que volvieron a formular traslado el 18/01/2022, para que ampliaran a otros Centros de la provincia de Sevilla. Incluso se le propuso la opción de Palma del Río, en la provincia de Córdoba, y próxima a Sevilla, pero manifestaron que no les interesaba esa opción.

Por último, con fecha 02/03/2022 se vuelve a poner el personal Técnico de Centros de Córdoba en contacto con el tutor legal, informándole sobre la dificultad de no poder conseguir plaza de mayores por PIA, y la dificultad de conseguir plaza en los centros que han solicitado hasta ahora, ya que la antigüedad se pierde a los tres meses de recibir la contestación de inexistencia de plaza vacante, por lo que que aconsejamos que lo vuelva a solicitar en el mes de abril. En todo momento el trato con la familia del interesado ha sido cordial y adecuado.”

3.- Tras comunicar el informe recibido al promotor de la queja, para que aportara cuantas alegaciones que estimara oportunas, nos hizo partícipes de las siguientes consideraciones, que entendemos son de interés de esa Administración:

(…) Mi hermano lleva en el centro de Córdoba más de 15 años. En mi reclamación y dado el número de veces que he solicitado traslado, y que si en tres meses no tengo adjudicación de plaza se da por denegada, en lo que yo insisto sería una solución para no estar continuamente haciendo peticiones es que de algún modo se estableciera una lista de espera por antigüedad y orden. Me supone una gran carga seguir continuamente haciendo peticiones y esperar a que, en la franja en la que se me contesta, haya una plaza.”

CONSIDERACIONES

Con relativa frecuencia se vienen presentando ante el Defensor del Pueblo Andaluz escritos por parte de la ciudadanía, donde se plantean las inquietudes que tienen las personas dependientes residentes y sus familiares, que no solo versan sobre la confianza depositada en los centros donde están atendidos, sino también nos expresan la necesidad de mantener una relación diaria con las personas que viven ingresadas, y por ello el deseo de proximidad y cercanía a los centros residenciales donde viven las personas dependientes, que también son sus seres queridos.

Si bien, en el caso que nos ocupa la persona nos manifiesta que seguirá solicitando a la Administración el traslado de su hermano, pese al desgaste que supone tener que realizar este trámite cada tres meses; hace una reflexión a esta Institución que, a nuestro entender, resulta merecedora de cierto análisis por parte de las Administraciones implicadas; ya que no podemos dejar atrás el contexto en el que nos encontramos tras la pandemia mundial vivida, y que tan duro impacto ha tenido para todas las personas residentes en centros, y que está propiciando una revisión del modelo de atención residencial tanto en nuestro país, como en el resto del mundo.

Reflejo de ello, lo hemos detectado en el “Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)” del pasado 28 de junio del presente, donde en su Preámbulo se identifica como sustancial el “(...) Respetar los principios de: dignidad y respeto; personalización y atención centrada en la persona; participación, control y elecciones; derecho a la salud y bienestar personal; y proximidad y conexiones comunitarias”.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Defensoría es consciente de la dificultad que engloba el articular un cauce legal donde cada persona dependiente y su familia decida cuál es el centro residencial que prefiere; pues los recursos residenciales son limitados y la disponibilidad de plazas pilota en función de las vacantes que se produzcan, como es el número de plazas disponibles en cada momento.

Pero en cualquier caso, como ya se ha apuntado en otras ocasiones por esta Institución, desconocemos el procedimiento que se sigue por cada Delegación Territorial para asignar las plazas residenciales, al que se une, como en este supuesto, la falta de conocimiento del funcionamiento de la denominada “lista de espera”, como apunta el compareciente; pues la somera información que recibimos a este particular se ciñe al ámbito provincial de la prescripción y el orden de incoación de expedientes.

Con respecto al tema de la falta de transparencia en los puestos que ocupan las personas dependientes para poder acceder a un centro residencial, una vez asignado el Programa Individual de Atención (PIA), ya intentó esta Defensoría, desde el diálogo y el impulso mediador, llegar a satisfacer la necesidad de información que se viene demandando por la ciudadanía andaluza y las asociaciones de personas implicadas, en la queja 21/1375, con un compromiso por parte de la Administración para avanzar en este derecho de acceso al conocimiento con respecto a sus solicitudes; sin que a fecha de hoy esta Institución haya tenido noticias sobre el avance del compromiso adoptado, con el único ánimo de poder informar de manera certera a las personas interesadas.

No es baladí hacer un recordatorio sobre la trascendencia, en base al número de preceptos internacionales, nacionales y autonómicos que sustentan la regulación del derecho a la transparencia que asiste al conjunto de la sociedad, como depositarios de un derecho al conocimiento sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

En nuestro país, tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuentan con cuerpos normativos que fundamentan la regulación de la transparencia (Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía) algunos de ellos en revisión, buscando ampliar la esfera de derechos de la ciudadanía, ya que este desarrollo legal tiene correlación directa con el nivel de democracia consolidado, y que abandonan actuaciones autoritarias del pasado, fruto de las mejoras desarrolladas en la complejidad de las estructuras propias de las Instituciones Públicas.

En otro orden de cosas, es la Ley 40/2015 de 1 de octubre de de Régimen Jurídico del Sector Público, la que determina en su artículo 3, que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Sin embargo, dichos principios no pueden exponerse de un modo aislado como meros inspiradores de la intención del legislador, sino que debe ser la Administración la responsable de adaptar los procedimientos, en función de los trámites previstos, optimizando todos sus recursos para dar una respuesta diligente y con el debido cumplimiento de sus obligaciones legalmente exigibles por los ciudadanos.

Si bien, en esta línea ya se pronunció en el pasado el Defensor del Pueblo estatal, en su queja 13009413, cuya Recomendación fue aceptada pero no fue realizada, datando esta actuación del año 2013, resulta absolutamente imprescindible retomar las necesidades que existen, y que especialmente preocupan a esta Defensoría cuando afectan a personas vulnerables, en este caso en situación de dependencia y residentes de centros.

Hemos acompañado al compareciente de esta queja durante estos meses en su petición de cuidado personal a su hermano, él como otras muchas personas que piden una simplificación de los procedimientos que directamente impactan en los vínculos afectivos, sin olvidar que las Instituciones tienen como deber y como reto, hacer a la persona el centro de su actuación tanto en la adaptación de sus trámites como en sus relaciones con las personas, con un calado aún mayor, si estás personas presentan vulnerabilidad por edad o por su situación de discapacidad.

Nos ha comunicado su intención de seguir solicitando el acercamiento de su familiar a la Administración, y nos pide que le ayudemos a conocer cuanto tiempo tardará en ver satisfecha su legitima pretensión, así como la posibilidad de que este tipo de procedimientos de traslado de centros sean objeto de revisión por parte de los órganos gestores competentes, poniendo como base la importancia del cuidado, así como la validez de la implicación de los familiares de las personas residentes.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1: Garantizar la transparencia del procedimiento de adjudicación de plazas en residencia para las personas en situación de dependencia, informando tanto de la existencia de las denominadas “listas de espera”, como de la situación aproximada que pudieran ostentar con respecto al lugar que ocupan, así como de los tiempos medios de repuestas.

RECOMENDACIÓN 2: Optimizar los sistemas de información para que sea accesible el conocimiento de la situación de las listas de espera en cualquier provincia andaluza por los diferentes profesionales referentes de las personas dependientes y sus familias, con el único ánimo de que toda la información que afecte a este tipo de procedimientos esté disponible.

SUGERENCIA; Fomentar procedimientos ágiles y diligentes donde se protejan las relaciones humanas que sustentan y ofrecen bienestar a las personas en situación de dependencia, así como a sus familiares, como base de una atención digna de la persona en este ciclo vital.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 23/0046 dirigida a Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla por la que recomienda que sin más dilación impulse la tramitación del procedimiento de dependencia de la persona afectada, requiriendo, de ser preciso la remisión de la propuesta de PIA elaborada por los Servicios Sociales Comunitarios, para hacer efectivo el recurso a favor del dependiente, permitiéndose con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida.

ANTECEDENTES

1-. En el mes de abril de 2023, la compareciente exponía que en fecha 3 de septiembre de 2019 presentó solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia de su marido, de 78 años de edad. Explica que en 2020 trasladó su domicilio de Sevilla al municipio de Palomares de Río, sin comunicarlo a la Administración, por lo que en el mes de agosto de 2021, cuando el personal valorador correspondiente a su domicilio de Sevilla contactó con ella, le informó sobre la obligación de comunicar el cambio de domicilio para trasladar el expediente al municipio de Palomares del Río.

Destaca que no tuvo más noticias del expediente hasta enero de 2023, en que la trabajadora social acudió a su domicilio y le informó que su marido tenía reconocido el Grado III, de Gran Dependencia y propuso como recurso más adecuado el servicio de centro de día.

Asimismo, nos indica que desconocían que su marido tuviera situación de dependencia reconocida puesto que, según dice, no se le había notificado la correspondiente resolución.

Por otro lado, en relación con la propuesta de PIA, informa que se propuso un centro de día en la localidad de Mairena del Aljarafe, sin embargo, la trabajadora social le comunicó que para ese centro existía lista de espera y que la resolución del expediente de dependencia se podría demorar varios meses más. Ante dicha información, nos traslada su desesperación puesto que el estado de salud de D. (...) es delicado.

2.- Admitida a trámite la queja, solicitamos el preceptivo informe de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, que por informe de fecha 21 de abril de 2023, nos participó que a D. (...) se le reconoció una situación de dependencia en Grado lll, de Gran Dependencia, en virtud de resolución de 31 de agosto de 2021.

En relación con el traslado del expediente al municipio de Palomares del Río, nos informan que dicho traslado ya había sido realizado y que por los servicios sociales comunitarios se propuso el derecho de acceso al servicio de unidad de estancia diurna como modalidad de intervención más adecuada, junto con el servicio de ayuda a domicilio complementario y el servicio de teleasistencia avanzada, en el Programa Individual de Atención.

Nos trasladan que consultadas sus bases de datos no constaba la recepción de la propuesta del Programa Individual de Atención en el organismo territorial .

3.- El 3 de mayo de 2023, dimos traslado del contenido del informe a la interesada quien nos traslada que todo sigue igual, sin noticias ni solución. Volvimos a contactar con la interesada en fecha 10 de julio de 2023 con la esperanza de que el expediente de dependencia iniciado en el año 2019, hubiese sido resuelto, sin embargo, nos reiteró una vez más su desesperación puesto que la salud de D. (...) se apaga por día.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de queja, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal para el reconocimiento de la prestación o recurso correspondiente a la dependencia reconocida previamente, habiéndose iniciado el expediente en septiembre de 2019 y concurriendo en su tramitación una situación de desinformación en el dependiente y su mujer, quienes ni siquiera han tenido conocimiento de la resolución de grado dictada el 31 de agosto de 2021, ni de la evolución de los sucesivos procedimientos establecidos para articular el derecho ejercido.

Del mismo modo resulta excesiva la demora concurrente en el supuesto, que ni siquiera encuentra justificación en el cambio de domicilio de los interesados.

La respuesta ofrecida por la Delegación Territorial competente refiere la existencia de propuesta de recurso, consistente en el servicio de unidad de estancia diurna, complementado con el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia avanzada, si bien afirma que no existe constancia de recepción de la referida propuesta del Programa Individual de Atención.

Como es habitual, por lo demás, la Administración autonómica reconoce la pendencia del procedimiento administrativo y se ampara en la necesidad de observar en la tramitación de los expedientes el orden riguroso de incoación, conforme al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La citada observancia del orden general en la tramitación de expedientes no obsta al también deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el artículo 29 de la misma Ley 39/2015, que es de obligado cumplimiento para posibilitar la efectividad y eficacia del derecho subjetivo y exige la adopción de las medidas y la remoción de los obstáculos que la impidan.

No en vano se pronuncia, asimismo a este respecto, la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 20, cuando afirma que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

En tanto que es un procedimiento administrativo, se le aplican las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española, que regula que la Administración Pública, debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia; el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

En concreto, y en lo que afecta al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, queda infringidos los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante o presentación a través de la Ventanilla Electrónica de Dependencia, tras la aprobación del Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Que sin más dilación impulse la tramitación del procedimiento de dependencia de la persona afectada, requiriendo, de ser preciso la remisión de la propuesta de PIA elaborada por los Servicios Sociales Comunitarios, para hacer efectivo el recurso a favor del dependiente, permitiéndose con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 23/2952

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Almería mediante el cual exponía, en esencia, que en su momento había denunciado el ruido generado por la disposición de música no autorizada en el establecimiento hostelero sito en un local comercial bajo su domicilio, realizándose las comprobaciones oportunas y dictándose Resolución de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Disciplina Ambiental, por la que se había acordado fundamentalmente:

1.- Incoar expediente sancionador a la titular de la cafetería por “ejercer la actividad de música sin licencia o autorización municipal (...) y por ruidos documentada en acta de medición de ruidos...”.

2.- Ordenar como medida provisional para el restablecimiento de la legalidad vigente, el cese de funcionamiento de los equipos de reproducción o amplificación sonoras o audiovisuales instalado en el establecimiento, matizando que dicha medida “cesará una vez que se obtenga la autorización correspondiente con los trámites oportunos de modificación de la actividad en la Sección de Licencias, se deberá justificar el cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, mediante la adopción y acreditación de las medidas correctoras que en su caso procedan”.

Sin embargo, el establecimiento seguía disponiendo de música y de equipos para tal actividad sin haber adoptado las medidas correctoras precisas en cuanto a la protección contra el ruido, y sin haberse tampoco ejecutado forzosamente la medida de cese de funcionamiento de los equipos.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Almería para conocer si el establecimiento objeto de queja había presentado la documentación precisa que acreditase la adopción de medidas correctoras para poder disponer de música y materializar la modificación sustancial de la calificación ambiental concedida en su momento, y en su caso, si se había comprobado mediante medición acústica la eficacia de las medidas adoptadas.

En su respuesta el Ayuntamiento de Almería, a través de la Sección de Disciplina, Vivienda y Ruinas de la Gerencia de Urbanismo, nos informó que entre las medidas ya adoptadas estaba una Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia de Urbanismo en la que se acordaba, entre otras cosas, proponer como sanción accesoria el precinto de funcionamiento de los equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual instalado en el establecimiento, hasta que se obtuviese autorización municipal y se aportase la documentación necesaria. Esta medida suponía en cierto modo la aceptación de la pretensión del promotor de la queja.

En cualquier caso, dimos traslado al promotor de la queja de lo informado por el Ayuntamiento y le solicitamos que nos trasladase en qué situación se encontraba este asunto, esto es, si tenía constancia de que se hubiese dejado de usar voluntariamente los equipos de música o si se habían precintado por la policía local, si se había legalizado la actividad de música y se había aportado la documentación técnica solicitada para ello por el Ayuntamiento, o si por el contrario todo seguía igual.

Sin embargo, transcurrido sobradamente el plazo dado para que respondiera a lo que le pedíamos, sin tener noticias del interesado, entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 23/2936 dirigida a Consejería de Salud y Consumo, Servicio Andaluz de Salud, Dirección General de Personal

En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, relativa a la falta de respuesta a los escritos que esta Institución ha dirigido en dos ocasiones a la Dirección General de Personal del SAS.

 

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formular Resolución a esa Administración concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I. Con fecha 10 de abril de 2023 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por la persona promotora de la presente queja, a través de la cual nos exponía lo siguiente:

A fecha 21 de marzo de 2023 interpuso escrito ante la Dirección General de Personal del SAS en el que solicita la rectificación del modelo 190 del ejercicio 2021, incluyendo la clave L01 y el importe de 1.431,07 euros de dicho año correspondiente a la indemnización por dispersión geográfica, a tenor del art. 9 del Decreto 70/2008, de 26 de febrero en función de los desplazamientos justificados, tal como se refiere en el certificado expedido por el Sr. Director del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce con fecha 1 de marzo de 202, sin haber recibido ninguna contestación hasta la fecha.

II. Una vez admitida a trámite la queja, con fecha 7 de junio de 2023 se solicitó a esa Dirección General el preceptivo informe en relación con estos hechos, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, y a los efectos de que se diera cumplimiento a la obligación que establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora.

III. Se ha reiterado el requerimiento de contestación a la solicitud de información realizada por esta Institución a esa Dirección General, con fecha 26 de julio de 2023, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna de esa Administración.

IV. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la presentación en ese organismo del escrito de solicitud por la persona promotora de la presente queja, el 21 de marzo de 2023, hasta la fecha no nos consta que se le haya notificado respuesta alguna.

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso plantear a esa Administración las siguientes

CONSIDERACIONES

Única.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se establece, con carácter general, en su artículo 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

Por su parte, en los apartados 2 y 3 del citado precepto, se establece que la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo correspondiente y que, si no tiene fijado un plazo específico, será de tres meses.

Por otra parte, el artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

En el caso que aquí nos ocupa, la presentación del escrito de la persona promotora de la presente queja queda acreditado que se realizó ante esa Dirección General de Personal, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de que se haya notificado la respuesta del mismo, a pesar de haber transcurrido con creces el plazo de resolver, incumpliéndose con ello lo establecido en los mencionados preceptos de Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17.2 de nuestra Ley reguladora, así como en el artículo 29.1 de la misma, nos permitimos trasladar a esa Institución la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento, así como del artículo 19.1 de la Ley 9/1983, reguladora de esta Institución, que establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma andaluza están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECOMENDACIÓN: Para que, sin más dilación, se proceda a dar y notificar la correspondiente respuesta al escrito presentado en esa Dirección General por la persona interesada en la presente queja, informando de ello a esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 23/4564 dirigida a Consejería de Salud y Consumo, Delegación Territorial de Salud y Consumo de Granada

Recomendamos a la administración competente en materia de consumo que reconozca a la parte promotora de queja su “condición de interesado” en el procedimiento sancionador que pudiera iniciarse tras su denuncia, por ostentar un interés legítimo, con todos los efectos legales que de dicho reconocimiento deben derivarse.

ANTECEDENTES

I. Relata la interesada que, con fecha 20/12/2022, presentó denuncia ante el Servicio de Consumo de Granada frente a Emasagra por determinados incumplimientos del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía, que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa de consumo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de dicho Reglamento.

En respuesta a dicha denuncia recibió, con fecha 06/03/2023, comunicación del Jefe de Servicio de Consumo por la que se le informa de que, “conforme a lo previsto en al artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la iniciación del procedimiento de denuncia, la presentación de la misma no confiere, por si sola, la condición de interesado en el procedimiento (apartado 5). Y de que no procede comunicar al denunciante la incoación, en su caso, del procedimiento sancionador porque no existen en la actualidad normas reguladoras del procedimiento que así lo prevean (artículo 64.1).” (se adjunta copia).

Disconforme con esta respuesta, con fecha 8/03/2023 presentó escrito acreditando los motivos “que le confieren la condición de interesado”, conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solicitaba en consecuencia que se le tuviera como personada y parte interesada en el expediente ***, así como en el procedimiento sancionador que se iniciara, si tras realizar el análisis de los hechos reflejados en su denuncia, se comprobase que se habían cometido infracciones de la normativa vigente en materia de consumo. Destacaba en su escrito ser parte interesada, no por el hecho de actuar como denunciante, sino como titular de derechos o intereses legítimos que habían sido conculcados.

Con fecha 12/04/2023 recibe nuevo escrito del Servicio de Consumo en el que se le indica que, tras la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que derogó el Real Decreto 1398/1993, la obligación de comunicación al denunciante queda limitada a dos supuestos, recogidos en:

-artículo 62.3: Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

-artículo 64.1: Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.

Siendo así que no cabía subsumir la denuncia presentada en ninguno de ellos.

Con fecha 21/04/2023, la interesada remite otro escrito exponiendo que se ha considerado exclusivamente su condición de denunciante y reitera que el procedimiento sancionador lo ha promovido como titular de derechos e intereses legítimos, derivados de la solicitud de contratación de suministro de agua de obra, de la solicitud acometida definitiva y como usuaria del suministro que previamente existía y del que se había visto privada de forma improcedente, por lo que nuevamente solicita que se le tenga por personada e interesada en el procedimiento sancionador que pudiera iniciarse.

El pasado 18/05/2023 recibe del Servicio de Consumo respuesta rechazando su solicitud para que se le tenga por parte interesada en la tramitación de la denuncia presentada, al no poder subsumir ninguno de los supuestos previstos por la normativa vigente para ser considerada como tal, remitiéndose nuevamente a los artículos 62.3 y 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II. En relación con estos hechos nos traslada la interesada las siguientes alegaciones:

-Que el concepto de interesado en el procedimiento se recoge en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, considerando como tales tanto a quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos individuales como colectivos (letra a) del apartado 1), como a aquellos cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por la decisión o resolución que pueda adoptarse en el mismo (letras b) y c) del apartado 1); extremos todos ellos que concurren en su caso como queda puesto de manifiesto en su escrito de 8/03/2023.

-Que hace especial hincapié en que, al mantener reclamación ante Emasagra por los daños y perjuicios derivados del improcedente corte de suministro, la misma puede ver afectada por la resolución que pueda recaer en el procedimiento sancionador. Es decir, que tiene interés legítimo que puede verse afectado con la posible sanción de los hechos, produciendo esta un efecto positivo en su posición jurídica como sujeto denunciante.

-Que, por tanto, reitera que el procedimiento sancionador lo ha promovido como titular de derechos e intereses legítimos, derivados de la solicitud de contratación de suministro de agua de obra, de la solicitud acometida definitiva y como usuaria del suministro que previamente existía y del que de forma improcedente se vio privada.

-Que ha acreditado en su escrito de 8/03/2023 que su interés legítimo no es un mero interés respecto a la legalidad; ya que se encuentra en una relación especial, con el objeto del procedimiento, que se concreta en la titularidad de un interés directo, personal y legítimo que puede ser afectado por la resolución que se dicte.

-Que solicita ser parte interesada en el procedimiento por promoverlo como titular de derechos e intereses legítimos, y cuyos derechos e intereses legítimos pueden verse afectados por la decisión o resolución que pueda adoptarse en el procedimiento sancionador, todo ello conforme al artículo 4.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

-Que por parte de la administración se responde y se reitera que, como denunciante, no puede ser parte interesada en la tramitación de la denuncia indicada, al amparo de los artículos 62.3 y 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin dar respuesta a la solicitud que hace de ser considerada interesada en base al artículo 4.1 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

 

De acuerdo con los referidos antecedentes, y sin necesidad de recabar más datos a la administración actuante, conviene realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Sobre la valoración de la condición de interesado en el procedimiento sancionador en materia de consumo.

El Servicio de Consumo de Granada sostiene reiteradamente ante la promotora de queja que, conforme a lo previsto en el artículo 62.5 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), la presentación de denuncia no le confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Y que no procede comunicar al denunciante la incoación del procedimiento sancionador porque no existen en la actualidad normas reguladoras en el procedimiento que así lo prevean (artículo 64.1 LPAC).

La interesada reconoce que la mera presentación de la denuncia no confiere per se tal condición, pero insiste en que resulta necesario el análisis de su denuncia para concluir si tiene o no interés en el procedimiento, conforme al artículo 4 LPAC, que define el concepto de interesado:

«1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.»

Esta Institución ya tuvo ocasión de trasladar a la Dirección General de Consumo su posicionamiento con respecto a la condición del denunciante en el procedimiento administrativo sancionador, tras la entrada en vigor de la LPAC, en la tramitación de la queja de oficio 17/6582.

Así, en nuestra Resolución de 23 de abril de 2018 (Consideración Primera) poníamos de manifiesto que, aunque se establezca como regla general que el denunciante no es interesado, sigue resultando procedente la valoración casuística de cuándo concurre un interés legítimo del denunciante para otorgarle los derechos inherentes a cualquier interesado. Dichos derechos aparecen ahora regulados en el artículo 53 LPAC, de contenido similar a la regulación anterior: derecho de acceso, derecho a obtener copia, a formular alegaciones y aportar documentos...

Para apoyar tal pretensión hacíamos referencia a la jurisprudencia creada en torno al concepto de “denunciante cualificado”, posición que adquiere el denunciante cuando la imposición de la sanción puede producir un efecto positivo en su esfera jurídica por otorgarle un beneficio directo o eliminar una carga o gravamen que estuviese soportando.

De acuerdo con dicha jurisprudencia, el interés del denunciante no queda restringido a la posibilidad de obtener una reparación de daños y perjuicios, sino que puede concretarse en la adopción de medidas correctoras impuestas por la administración, como la de cese en la conducta infractora, que redunden igualmente en su beneficio.

Dicha jurisprudencia también ha señalado que incumbe su alegación y prueba al denunciante que se arrogue un interés legítimo. De este modo, no solicitamos a la administración un análisis de si la resolución que dicte pudiera afectar a la esfera jurídica del denunciante; por contra, se trataría de comprobar si el interés legítimo alegado queda suficientemente justificado y puede constatarse.

Sin embargo, la respuesta ofrecida entonces por la Dirección General de Consumo resultaba contraria a las peticiones que le dirigíamos, basándose en el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía de 21 de octubre de 2016.

Con apoyo en la LPAC y la derogación efectuada del Real Decreto 1398/1993 sostenía que la incoación del procedimiento sancionador se debe comunicar al denunciante cuando las normas del procedimiento así lo prevean y, en ausencia de norma que así lo prevea, no procede llevar a cabo comunicación alguna al denunciante.

Asimismo la Dirección General de Consumo se mostraba contraria a la posibilidad de aprobar una normativa del procedimiento sancionador de consumo que regulase el derecho del denunciante a ser parte interesada dado que la LPAC, con carácter básico, habría venido a delimitar el concepto de interesado en el procedimiento administrativo indicando expresamente que la cualidad de denunciante no confiere por sí sola la condición de interesado.

Frente a dicha postura, en febrero de 2021 estimamos oportuno reiterar a la Dirección General de Consumo las manifestaciones trasladadas en nuestra Resolución de 23 de abril de 2018 al entender que “(...) los Servicios de Consumo deben valorar en cada caso si concurre un interés legítimo del denunciante para otorgarle los derechos inherentes a cualquier interesado en el marco del procedimiento sancionador, aplicando a tal efecto la jurisprudencia relativa al “denunciante cualificado” y asumiendo que el interés legítimo alegado por el denunciante no necesariamente ha de vincularse con la posibilidad de obtener una reparación por los daños y perjuicios, sino que puede concretarse en el beneficio derivado de la adopción de medidas correctoras como puede ser el cese en la conducta infractora que le perjudica.

Como nuevo apoyo de nuestra petición citábamos la sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2019, dictada en recurso de casación núm. 4580/2017, que sintetizaba la jurisprudencia existente acerca de la legitimación del denunciante, recordando que la tendrá cuando ostente un interés legítimo.

En relación con la apreciación de la existencia de este interés legítimo del denunciante señalaba en su F.J. Segundo, por referencia a sentencias anteriores, que “(...) si bien no existe legitimación para pretender en abstracto la imposición de una sanción y, por tanto, para incoar un expediente sancionador, no puede excluirse que en determinados asuntos el solicitante pueda resultar beneficiado en sus derechos o intereses como consecuencia de la apertura de un expediente sancionador (reconocimiento de daños, derecho a indemnizaciones), lo que le otorgaría legitimación para solicitar una determinada actuación inspectora o sancionadora (...).

También se ha reconocido cuando le reporte ventajas que no necesariamente ha de vincularse con la posibilidad de obtener una reparación por los daños y perjuicios causados por la conducta denunciada, sino que puede traducirse en la adopción de diversas medidas correctoras en defensa de la competencia, como las destinadas a acordar el cese de la conducta infractora que le perjudica ( STS de 19 de octubre de 2015 (rec. 1041/2013 ) o la obtención de beneficios competitivos ( STS de 18 de junio de 2014 (rec. 2096/2013 ), 17 de julio de 2014 (rec. 3471/2013 ).

En su F.J. Cuarto concluía que “Se reitera la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la legitimación del denunciante, sintetizada en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, sin que se aprecie, en este caso, la necesidad de modificarla o matizarla.”

Este pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal nos hacía ratificarnos en la plena validez de la jurisprudencia creada en torno al concepto de “interés legítimo” alegado por el denunciante para otorgarle su condición de interesado en el procedimiento administrativo.

Sin embargo, la Dirección General de Consumo repetía que, a partir de la entrada en vigor de la LPAC, habría de estarse a lo dispuesto en la misma en cuanto a la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador al denunciante.

Esta discrepancia motivó finalmente el archivo de nuestras actuaciones en junio de 2021, sin perjuicio de poner de manifiesto a las asociaciones de consumidores más representativas que mantendríamos nuestra postura ante la Dirección General de Consumo y ante los Servicios de Consumo provinciales en todos aquellos casos que nos llegasen en forma de queja en los que se hubiera rechazado la condición de interesado pese a haber aportado a la Administración los elementos de juicio necesarios para que pudiera valorar que concurre un interés legítimo porque de la resolución del procedimiento sancionador pueda producirse un beneficio/perjuicio en su esfera jurídica.

Segunda.- Sobre el interés alegado por la promotora de queja.

De acuerdo con las consideraciones expuestas en el apartado anterior, estimamos necesario que se analice caso por caso el interés que alegue la persona denunciante y la posible incidencia de la resolución sancionadora que se dicte sobre la misma, a fin de que pueda atenderse su solicitud de tenerle por interesado en el correspondiente procedimiento.

En el supuesto concreto objeto de queja, la promotora de queja ha alegado reiteradamente que solicita acceder a la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se tramite a raíz de su denuncia porque considera que se han conculcado sus derechos e intereses legítimos.

En este sentido ha explicado que estos derechos e intereses se han visto afectados por las actuaciones desarrolladas por Emasagra ante su solicitud de contratación de suministro de agua de obra, su solicitud de acometida definitiva y como usuaria del suministro que previamente existía, al verse privado del mismo.

Estas actuaciones han sido objeto de su denuncia por infracción del Reglamento de suministro domiciliario de agua en Andalucía y han motivado la tramitación de distintos procedimientos de reclamación por parte de las diversas administraciones competentes.

Por otra parte, los incumplimientos denunciados, y en particular los referidos al corte de suministro sufrido, le habrían ocasionado unos daños y perjuicios por los que ha dirigido solicitud de responsabilidad patrimonial a Emasagra.

De este modo alega que una posible resolución sancionadora que pusiera de manifiesto tales incumplimientos podría servir a su pretensión ante la entidad suministradora y a los procedimientos de reclamación iniciados.

Ante esta Institución pone de manifiesto que, pese a remitir solicitud como interesada, al ser titular de derechos e intereses legítimos, y cuyos derechos e intereses legítimos pueden verse afectados por la decisión o resolución que pueda adoptarse en el procedimiento sancionador, acreditando esta situación, le responde la Administración que como denunciante no puede ser considerada como tal, sin dar respuesta a lo solicitado. Posteriormente reitera la solicitud y Consumo se vuelve a reiterar en su posición sin nuevamente responderle a lo solicitado .

A nuestro juicio, las alegaciones de la promotora de queja son suficientes para que el Servicio de Consumo pudiera valorar que concurre un interés legítimo para tenerla por parte interesada porque la resolución del procedimiento sancionador puede producir un beneficio/perjuicio en su esfera jurídica.

Asimismo, de acuerdo con dichas alegaciones, entendemos que ostenta un interés legítimo a ser parte en el procedimiento y obtener información sobre las actuaciones desarrolladas en el mismo y la resolución dictada.

De este modo, se le permitirá conocer el posicionamiento de la Administración y, en su caso, si se adoptasen medidas correctoras para obligar a la empresa al cumplimiento adecuado de sus obligaciones.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN. - para que se reconozca a la parte promotora de queja su “condición de interesado” en el procedimiento sancionador que pudiera iniciarse tras su denuncia, por ostentar un interés legítimo, con todos los efectos legales que de dicho reconocimiento deben derivarse.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 23/0411 dirigida a Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Delegación Territorial en Sevilla

Ver asunto solucionado o en vías de solución

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla por la que recomienda que sin más dilación se impulse la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia de de la persona dependiente, mediante su valoración y el dictado de la correspondiente resolución y, siendo procedente, se dé traslado del expediente a los Servicios Sociales para la elaboración de su programa individual de atención, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente.

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 20 de enero de 2023, el reclamante exponía ante esta Institución, literalmente, lo siguiente: "El motivo del presente escrito es ante la posible demora en el trámite de ayuda a la dependencia para mi hermana, habiendo presentado la solicitud el 4/10/2022.

Han transcurrido tres meses y por lo que nos cuentan entre la valoración y el PIA puede tardar de dos a tres años. La situación es insostenible pues tiene 72 años de edad, con un deterioro físico cada vez más avanzado por su estado de salud y deterioro cognitivo debido a una discapacidad psíquica de un 65%. Actualmente está a mi cargo teniendo yo 73 años junto a todo lo que implica esa edad. En los últimos meses ha ido empeorando de forma galopante y requiere a una persona las 24 horas del día pendiente de ella. Esto desgraciadamente nos está agotando».

2. Analizada y admitida a trámite la queja, esta Institución solicitó a esa Delegación Territorial en Sevilla, con fecha de 10 de marzo de 2023, la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

3. En respuesta a nuestra solicitud, el 29 de marzo de 2023 se recepciona el informe solicitado, en el que constan los detalles de la tramitación de la solicitud de Dña. (...), de cuyo contenido se desprendía que ni siquiera había sido solicitado el preceptivo informe de condiciones de salud al Servicio Andaluz de Salud, a pesar de que había transcurrido con creces el plazo establecido para la resolución del procedimiento dirigido al reconocimiento de la situación con la asignación del pertinente grado de dependencia.

4. Con fecha de 11 de julio de 2023, se reciben las alegaciones del interesado al informe, en las que añade que el estado de salud de su hermana ha empeorado considerablemente, haciéndose necesario su ingreso en centro residencial, al que ha mudado su residencia ocupando plaza de carácter privado, contando con unos ingresos económicos insuficientes para afrontar el pago de su coste.

5. Del análisis de los hechos que aparecen en este expediente podemos destacar que desde que se inició el procedimiento, hasta el día de hoy, sin que se haya dictado la Resolución reconociendo el grado de dependencia que corresponda, se ha excedido el tiempo legalmente establecido para ello.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la dependiente, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal para el reconocimiento de la situación de dependencia de la dependiente y el posterior reconocimiento de la prestación o recurso correspondiente a la dependencia de la misma.

Nos encontramos con una persona de 72 años de edad afectada, junto a su deterioro físico, por una discapacidad psíquica del 65% y al cuidado de otra persona mayor con 73 años, que ejercido su derecho en octubre de 2022, no cuenta con resolución de grado en el segundo semestre de 2023, dado que ni siquiera había obtenido el informe de condiciones de salud cuando respondió la Administración autonómica y, por tanto, no tenía asignado técnico de valoración. La claudicación el cuidador, además, ha obligado a asumir el coste de plaza residencial privada a la afectada.

La respuesta ofrecida por la Delegación Territorial competente se limita a reconocer la pendencia del procedimiento administrativo y a referir la necesidad de observar en la tramitación de los expedientes el orden riguroso de incoación, conforme al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La citada observancia del orden general en la tramitación de expedientes no obsta al también deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el artículo 29 de la misma Ley 39/2015, que es de obligado cumplimiento para posibilitar la efectividad y eficacia del derecho subjetivo y exige la adopción de las medidas y la remoción de los obstáculos que la impidan.

No en vano se pronuncia, asimismo a este respecto, la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 20, cuando afirma que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

En tanto que es un procedimiento administrativo, se le aplican las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española, que regula que la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia; el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

En concreto, y en lo que afecta al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, queda infringidos los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante o presentación a través de la Ventanilla Electrónica de Dependencia, tras la aprobación del Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN. - para que sin más dilación se impulse la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia de de la persona dependiente, mediante su valoración y el dictado de la correspondiente resolución y, siendo procedente, se dé traslado del expediente a los Servicios Sociales para la elaboración de su programa individual de atención, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

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