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La madre del interesado, está padeciendo demora en la aprobación del P.I.A., consistente en prestación económica vinculada al servicio de atención residencial.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada en el sentido de que, sin más dilación, se remuevan los obstáculos oportunos y se proceda a dictar Resolución aprobando la propuesta de PIA de la afectada, dando plena efectividad al recurso o prestación correspondiente.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., quien compareció en su propio nombre y en representación de su madre, Dª. ..., con D.N.I. ..., ambos vecinos de Granada, exponiendo la demora en la aprobación del P.I.A., consistente en prestación económica vinculada al servicio de atención residencial.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 9 de julio de 2015 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el compareciente exponía que su madre había sido reconocida como Gran Dependiente por Resolución de 25 de febrero de 2015 (expediente ...), sin que se hubiera aprobado la propuesta de PIA, ya elaborada por los Servicios Sociales, y que consiste en la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial.

El interesado aclaraba que su madre, a causa de su gran dependencia y, por tanto, de su imposibilidad de autovalimiento, se encuentra en la Residencia de Mayores ..., desde noviembre de 2014.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Granada de la hoy Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

2. Con fecha de 5 de agosto de 2015 recibimos el informe preceptivo, en el que se expresaba que desde el 29 de noviembre de 2010, la afectada tenía reconocida una dependencia moderada, pero que el 29 de enero de 2015 tuvo entrada en el Servicio de Valoración, la solicitud de revisión del grado de dependencia, acompañada de informe social en el que se interesaba la valoración prioritaria.

Como resultado, por Resolución de 26 de febrero de 2015 se reconoció la Gran Dependencia de la interesada, con subsiguiente remisión a los Servicios Sociales para la elaboración de la propuesta de PIA.

El 10 de junio de 2015 constaba en la Delegación Territorial la referida propuesta y la documentación oportuna, salvo, -según refiere el informe-, la copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la interesada, correspondiente al ejercicio 2013, preceptivo para poder determinar el importe de la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, propuesto en el PIA. Siendo esta la razón que, en palabras de la Administración, obstaba a la conclusión del expediente.

3.- Dado traslado del contenido de dicho informe al promotor de la queja, mediante escrito de 22 de septiembre de 2015, acreditó el mismo, que la copia compulsada de la declaración de la renta de 2013 de su madre, había sido aportada al expediente hasta en dos ocasiones: la primera, al solicitar la revisión del grado de dependencia en los Servicios Sociales, en noviembre de 2014 y el 2 de julio de 2015, la segunda, a través de la trabajadora social de la Residencia donde se encuentra la Gran Dependiente.

4. En el momento actual no se ha dictado la Resolución aprobando el PIA, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, resulta que se ha superado el plazo máximo legal antedicho (seis meses), sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante la aprobación del P.I.A. correspondiente a la interesada.

En el presente caso, la falta de conclusión del expediente, se ha subordinada a la ausencia de un documento preceptivo, (la declaración de la renta de la afectada del ejercicio 2013), que, como acredita el promotor de la queja, ha sido debidamente aportado.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 42, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2, 18.3 y 19.2 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención y la aplicación de las normas del procedimiento de aprobación, al de revisión, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

- El artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación se remuevan los obstáculos oportunos y se proceda a dictar Resolución aprobando la propuesta de PIA de la afectada, dando plena efectividad al recurso o prestación correspondiente.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

La interesada, reconocida como dependiente severa, está padeciendo la demora en la aprobación del recurso propuesto a favor de la misma, consistente en prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que recabe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla el expediente de la interesada y proceda a dictar Resolución por la que apruebe su programa individualizado de atención, con plena efectividad del recurso correspondiente.

Igualmente, se formula Resolución al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla en el sentido de que, sin más dilación, elabore la propuesta de programa individualizado de atención de la promotora de la presente queja y la remita a la Delegación Territorial para su aprobación.

Nuevamente nos ponemos en contacto con ese organismo en relación con el expediente promovido a instancias de Dª. ..., con D.N.I. ..., quien compareció exponiendo la demora en la tramitación de su expediente de dependencia.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 14 de abril de 2015 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente, expuso que en septiembre del año 2009 había solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia, siendo valorada como dependiente severa (Grado II, nivel 2).

Añadía la interesada que aunque en septiembre del año 2011 le fue requerida la aportación de sus datos bancarios, con la finalidad de proceder a hacerle efectiva la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que se había estimado idónea, dicho abono nunca tuvo lugar (expediente ...).

Concluía la afectada expresando que en las reiteradas ocasiones en que pidió información a los Servicios Sociales y solicitó que alguien la auxiliara en su domicilio, no obtuvo ningún resultado.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la hoy Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como al Ayuntamiento de Sevilla.

2. Con fecha de 21 de julio de 2015, por la Delegación Territorial se evacuó el trámite referido, mediante la remisión de informe en el que se concretaba que aunque los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla consideraron como recurso más idóneo el de prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el 14 de enero de 2015 el expediente había sido devuelto a dichos Servicios Sociales, para que justificaran la concurrencia en la interesada de los requisitos que permiten el reconocimiento de esta prestación excepcional o, en otro caso, efectuaran propuesta de recurso alternativo.

3. El 1 de septiembre de 2015 se recibió en esta Defensoría el informe de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, en el que se hacía referencia a la situación del expediente de dependencia de la madre de la promotora de la queja, en lugar de a ésta, afirmando que Dª ... disfruta del Servicio de Ayuda a Domicilio, teniendo pendiente la revisión de su grado de dependencia, con la finalidad de poder aumentar el número de horas del referido servicio.

4. Dado traslado del contenido de dichos informes a la afectada, por la misma se nos dirigió escrito de 22 de septiembre de 2015, en el que manifestaba que nada se había resuelto en su programa individual de atención, ni los Servicios Sociales habían efectuado tramitación alguna.

5. En el momento actual no tenemos constancia de que se haya elaborado la nueva propuesta de PIA, ni de que, en consecuencia, tampoco se haya dictado Resolución aprobando el recurso a favor de la dependiente, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, resulta que se ha superado el plazo máximo legal antedicho (seis meses), al haber transcurrido cinco años desde que se reconociera el grado de dependencia de la afectada, sin que aún se haya aprobado ningún recurso a su favor.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 42, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

- El artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación elabore la propuesta de programa individualizado de atención de la promotora de la presente queja y la remita a la Delegación Territorial para su aprobación.

Con el mismo fundamento, nos permitimos formular a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, la siguiente

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación recabe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla el expediente de la interesada y proceda a dictar Resolución por la que apruebe su programa individualizado de atención, con plena efectividad del recurso correspondiente.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El interesado, ante la precariedad económica en la que se encontraba, solicitó 2014 había solicitado en mayo de 2014 el reconocimiento del Ingreso Mínimo de Solidaridad (salario social), sin que su petición hubiera sido atendida.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz en el sentido de que, sin más dilación, dicte resolución que ponga término al procedimiento del afectado, aprobando definitivamente la propuesta de concesión a su favor del Ingreso Mínimo y, en su caso, de las restantes acciones que procedan contempladas en el Programa de Solidaridad.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Administración en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., vecino de .., con D.N.I. ..., exponiendo la demora en la tramitación de su solicitud de reconocimiento del Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 26 de enero de 2015 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el interesado nos trasladaba su situación de precariedad económica, explicando que vivía solo, que no disponía de un empleo ni de apoyos familiares que le permitan atender sus necesidades más básicas y que, en consecuencia, precisaba obtener ayudas de carácter social que le permitieran sobrevivir.

El promotor de la queja, en consecuencia, refería que en el mes de mayo del año 2014 había solicitado el reconocimiento del Ingreso Mínimo de Solidaridad (salario social), sin que su petición hubiera sido atendida.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Cádiz de la hoy Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

2. Con fecha de 29 de abril de 2015 recibimos la respuesta de la Delegación Territorial, que nos remitió un informe en el que se corroboraba que el interesado había presentado su solicitud el 6 de mayo de 2014 en el Ayuntamiento de su domicilio, registrándose en la Administración autonómica competente el 18 de junio siguiente, encontrándose el expediente en fase de estudio y valoración, tras haberse efectuado al interesado un requerimiento de subsanación en fecha de 26 de marzo.

3. Por esta Defensoría se acordó dar traslado del contenido del informe al promotor de la queja, con el fin de que pudiera alegar lo que tuviese por conveniente, recibiendo su escrito el 12 de mayo de 2015, en el que aclaraba que recientemente le había sido requerida la aportación de una copia compulsada de su documento nacional de identidad, -que ya había facilitado con la solicitud inicial-, así como que concretara la cantidad monetaria con que le auxiliase su novia, siendo así que ésta última se encontraba desempleada desde hacía tiempo, dado que su petición de salario social databa de más de un año.

4.- Recabada nueva información de la Delegación Territorial, el 29 de junio de 2015 añadió la misma que, en dicho momento, el expediente del afectado se encontraba “en propuesta de concesión y pendiente por parte de la Comisión de Valoración”, concluyendo con la previsión de que “en el momento en que se disponga de crédito esta Comisión se reunirá a los efectos de hacer las correspondientes propuestas de resolución de concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad”.

5. En el momento actual no nos ha sido comunicado que se haya dictado la Resolución por la que se resuelva la solicitud de Ingreso Mínimo de Solidaridad del interesado, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja.

CONSIDERACIONES

Primera. Sobre el Ingreso Mínimo de Solidaridad y su normativa reguladora:

El Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad, contempla la aplicación de una serie de acciones (reconocimiento temporal de una prestación económica, inclusión del beneficiario en itinerarios profesionales, en programas de educación permanente y acciones relacionadas con el acceso a la vivienda), cuya pretensión es la de promover la inserción social de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión.

Entre dichas medidas, la de mayor virtualidad práctica es la de la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad, popularmente conocido como salario social, que consiste en la percepción, durante el período de seis meses, prorrogables por igual plazo, de una prestación económica mensual del sesenta y dos por ciento del salario mínimo interprofesional, susceptible de incremento o de disminución en función, respectivamente, del número de miembros de la unidad familiar y de los recursos computables de la misma, con topes máximos y mínimos en cualquier caso.

El procedimiento establecido por el reseñado Decreto, sigue el esquema común de los procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte en cuanto al plazo dentro del cual la Administración ha de cumplir la obligación de resolver expresamente, que su artículo 19.3 concretó en el de tres meses, computados (con fundamento en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992), desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Una vez transcurrido dicho plazo, el silencio administrativo produce efectos negativos, es decir, se podrá entender que la petición ha sido desestimada, sin que ello faculte a la Administración (conforme al artículo 42.1 de la Ley 30/1992), para quedar exonerada de dictar y notificar resolución expresa en el expediente, que está obligada a adoptar, aunque sin vinculación alguna al sentido del silencio (es decir, ya sea desestimando ya estimando la pretensión).

Tomando en consideración las especiales circunstancias económicas de los últimos años, el plazo para resolver de tres meses, anteriormente aludido, fue, sin embargo, reducido por el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que en su disposición final segunda, dio una nueva redacción al apartado primero del artículo 19 del Decreto 2/1999, en el sentido de que los órganos competentes resolverán motivadamente las solicitudes presentadas en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de su presentación. A cuyo efecto, prevenía la norma que, entretanto se llegaba a la aprobación de la normativa que regule la Renta Básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, habían de adoptarse las medidas necesarias para dotar de mayor agilidad administrativa al procedimiento para la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad establecido en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, al objeto de dar cumplimiento efectivo al plazo de resolución de dos meses.

Todo ello, sin olvidar que el reiterado Decreto también contempla una concesión prioritaria provisional del Ingreso Mínimo de Solidaridad, -con independencia de la tramitación ordinaria del procedimiento-, para aquellos peticionarios de cuya documentación resultase la concurrencia de una situación de emergencia social (artículo 20).

Segunda. Sobre el incumplimiento de la obligación administrativa de resolver expresamente el procedimiento y la de hacerlo en plazo:

Partiendo de la regulación anteriormente referida, de lo alegado por el promotor de la queja, así como del contenido de los informes remitidos por la Administración autonómica competente, resulta que la Delegación Territorial competente ha infringido su obligación legal de dictar resolución expresa y de hacerlo en el plazo preceptuado por la normativa de aplicación.

Registrada en la Delegación Territorial la solicitud del interesado el 18 de junio de 2014, el plazo máximo para la notificación de la resolución adoptada, venció el 18 de agosto de 2014, siendo así que en marzo de 2015 el expediente se encontraba aún en fase de estudio y valoración y, en junio del mismo año, pendiente de propuesta de concesión.

Ha transcurrido por ello más de un año desde el vencimiento del plazo máximo, sin que el procedimiento haya sido concluido, mediante la adopción de la correspondiente resolución de estimación o denegación de la solicitud. Lo que, en definitiva, es contrario a la esencia, naturaleza y finalidad de una norma precisamente establecida para paliar y aliviar, siquiera sea modestamente y de forma transitoria, la situación de aquellas personas que carecen de recursos para satisfacer por sí mismas sus necesidades vitales más perentorias.

Tercera. Sobre la supeditación de la concesión del derecho a cuestiones presupuestarias:

El incumplimiento de la obligación administrativa de resolver, no ya la petición del promotor de la queja, sino, en general, las solicitudes de la índole de la que nos ocupa, no tiene únicamente su causa en demoras derivadas de la disfunción de la Administración, sino que, como el propio informe reconoce, está asimismo provocada por la indisponibilidad del crédito preciso para que la Comisión pueda efectuar las correspondientes propuestas de resolución.

En suma, reconoce el informe que la concesión del derecho está subordinada a la preexistencia de crédito o disponibilidad presupuestaria, de tal modo que la falta de dotación impide la estimación de solicitudes de concesión del salario social. Condicionamiento éste que, en cualquier caso, no está previsto en el Decreto 2/1999, cuyo artículo 24, en materia de financiación del Programa de Solidaridad, establece, simple y llanamente, que el mismo se financiará con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

Primera.- En relación con los principios determinantes del reconocimiento del derecho:

- El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007: artículos 3.14º, 37, (apartado 1.7º y apartado 2) y 23.2, que, respectivamente, establecen:

- La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social, entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.

- La atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social, como uno de los principios rectores de las políticas públicas, orientadas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos y a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión, facilitando el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos y estableciendo los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables

- El derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

- El Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad.

Segunda.- En relación con el procedimiento de concesión y, particularmente, con el plazo de resolución del expediente:

- El artículo 103.1 de la Constitución Española, conforme al cual la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia.

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 42, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación y en los plazos vistos para ello.

- El artículo 19 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad (en su redacción dada por la disposición final segunda del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía), que fija en dos meses el plazo para que por los órganos competentes se resuelvan motivadamente las solicitudes presentadas.

Por todo lo anterior, y de conformidad con la facultad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Que sin más dilación dicte resolución que ponga término al procedimiento del afectado, aprobando definitivamente la propuesta de concesión a su favor del Ingreso Mínimo y, en su caso, de las restantes acciones que procedan contempladas en el Programa de Solidaridad.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado tanto el derecho de los particulares ante la Administración Pública a la resolución de sus asuntos en un plazo razonable, como preservada la garantía de ofrecer a los solicitantes de este Programa, en situación de vulnerabilidad social, un mínimo de subsistencia.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En relación con la situación irregular de ocupación y uso de una promoción de viviendas protegidas en Almensilla (Sevilla), solicitado informe a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, se nos pedía que aportásemos datos identificativos para poder iniciar una investigación, al contar dicha urbanización con 295 viviendas.

Insistiendo en nuestro desconocimiento sobre los datos concretos de las viviendas que pudieran encontrarse desocupadas por sus adjudicatarios, en la urbanización ..., hacemos un llamamiento a ese organismo, en su condición de poder público, y en el ejercicio de su función inspectora, a fin de que adopte las medidas necesarias para asegurar la función social de la vivienda a través de la presente Resolución, apuntando la conveniencia de que, para realizar dicha investigación, se solicite la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Nuevamente nos ponemos en contacto con Vd. en relación con el expediente de queja arriba indicado, iniciado de oficio por esta Institución, en relación con las vivienda de la urbanización ..., sita en el municipio de Almensilla.

ANTECEDENTES

Recibido el informe emitido por ese organismo, del mismo merecen ser destacados los siguientes aspectos:

“La urbanización está compuesta por 295 viviendas protegidas, de Iniciativa Municipal y Autonómica en Venta, promovidas por el Ayuntamiento de Almensilla, al amparo del Expediente n° ... .

Son insuficientes los datos facilitados, para iniciar diligencias de averiguación precisas, ya que no se deja constancia de cuales son las viviendas afectadas en concreto y ello, debido a las dificultades que supondría, inspeccionar 295 viviendas de que se compone la urbanización … . Es necesario, por lo tanto, una redacción más detallada de los hechos denunciados.

Para dar una adecuada tramitación a las actuaciones que pudieran ser constitutivas de infracción administrativa en materia de vivienda protegida, se deberán aportar los datos necesarios, identificando en la medida de lo posible, situación del/los inmuebles de la Promoción de que se trata (piso, planta, núm, etc, ), nombre y apellidos de los titulares de los inmuebles y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

Una vez analizados y valorados, esta Administración seguirá el protocolo de actuación marcado por la Consejería de Fomento y Vivienda, solicitando la colaboración del Ayuntamiento de Almensilla, a fin de que nos informen sobre la situación de las viviendas afectadas por los hechos denunciados, a través de visitas programadas por parte de la Policía Local, durante 4 meses consecutivos para que constituyan prueba en el posible procedimiento sancionador que se pueda instruir.”.

CONSIDERACIONES

Pues bien, con carácter previo, hemos de manifestar que, en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, en el que miles de ciudadanos y ciudadanas han perdido sus viviendas como consecuencia de la crisis económica, los poderes públicos deben estar, a nuestro juicio, especialmente atentos de que quienes tienen la posibilidad de satisfacer su derecho a una vivienda digna y adecuada con una vivienda protegida, financiada con recursos públicos, la destinen de manera efectiva a su residencia y domicilio habitual y permanente. Y ello, porque, desafortunadamente, son muchas las personas que están verdaderamente necesitadas de una vivienda protegida, siendo la única a la que pueden acceder, y no tienen la posibilidad de acceder a ella por no resultar adjudicatarios en los procesos de adjudicación. De ahí que, quien tiene la posibilidad de disfrutar una vivienda protegida, tiene también la obligación de destinarla al fin para el que fue construida y adjudicada, esto es, servir de domicilio habitual y permanente de quien tiene necesidad de vivienda.

Dicho esto, y centrándonos en el fondo del asunto que nos ocupa, hemos de insistir en nuestro desconocimiento, sobre los datos concretos de las viviendas que pudieran encontrarse desocupadas por sus adjudicatarios, en la urbanización … .

No obstante lo anterior, consideramos necesario continuar con nuestras actuaciones en la queja de oficio, debiendo hacer un llamamiento a ese organismo, en su condición de poder público, a fin de que adopte las medidas necesarias para asegurar la función social de la vivienda y de esta forma garantizar el efectivo cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.

Para ello, como primer paso, esa Delegación Territorial, en el ejercicio de las funciones inspectoras que tiene asignada, deberá promover la oportuna investigación, en aras a determinar cuales son las viviendas que permanecen desocupadas por sus adjudicatarios. No debiendo limitarse dicha investigación, únicamente a comprobar que los adjudicatarios estén empadronados en las viviendas, o que pudieran puntualmente encontrarse en ellas, sino que realizase dicha comprobación con otros elementos (existencia de contratos de suministros, cuantía de las facturas, etc.) que acreditasen de manera fehaciente, que las viviendas son domicilio y residencia habitual y permanente de sus ocupantes.

Asimismo, apuntamos la conveniencia, para una mayor celeridad y garantía en el resultado de la investigación, de recabar la colaboración del Ayuntamiento de Almensilla, de conformidad con el principio de colaboración entre administraciones, que determina la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, para que lleve a cabo un informe basado en visitas programas a la citada promoción, al objeto de poder determinar qué viviendas de las que forman la promoción pudieran estar efectivamente desocupadas.

En consecuencia con todo cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983 de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que por esa Delegación Territorial, en el ejercicio de la función inspectora que tiene asignada, se promueva la oportuna investigación, a fin de poder identificar aquellas viviendas de la promoción ..., ubicada en el municipio de Almensilla, que se encuentran desocupadas por sus adjudicatarios, con la finalidad de que, en función del resultado de la inspección aludida, se adopten las medidas oportunas encaminadas a que las mismas cumplan con el fin de interés público que presidió su construcción.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz