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Demandamos coordinación a las Administraciones competentes para solucionar definitivamente el problema de los cortes de suministro en la zona norte de Granada derivados de enganches ilegales para plantaciones de cannabis.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 11 de marzo de 2015 nos interesábamos ante Endesa, el Ayuntamiento de Granada y la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada por los hechos que recogía la prensa local relacionados los continuos cortes de luz que afectaban al barrio de La Paz, pues estarían mermando la atención de las necesidades básicas diarias de la población.

Ya entonces pudimos conocer que los problemas de suministro de luz en la Zona Norte de Granada habrían sido objeto de una actuación conjunta de las Administraciones y entidades implicadas con objeto de atajar los cortes y garantizar la continuidad del suministro. Sin embargo, el plan de trabajo acordado no estaría resultando todo lo efectivo que fuera deseable a juzgar por la realidad de los hechos.

Ante estas circunstancias solicitábamos concretamente información relativa a las medidas adoptadas tras el acuerdo institucional que se habría aprobado en diciembre de 2014 y cuáles serían necesarias para alcanzar una solución definitiva, así como las indemnizaciones que procedería asignar a las personas afectadas.

2. De la respuesta ofrecida por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo pudimos conocer que saltaban las protecciones por sobrecarga pese a la actividad desplegada para aumento de potencia en distribución. Ello se debería a la existencia de enganches ilegales y, de modo particular, los que sirven a plantaciones de cannabis en interior de edificaciones.

Al respecto se habría acordado contactar con las fuerzas del orden para erradicar estas plantaciones y evitar al menos los enganches ilegales de las mismas. Sin embargo el problema sería que, en el momento que se eliminaba un enganche ilegal, a los pocos días o incluso en horas era restablecido.

Mediante un nuevo escrito, de fecha 4 de mayo de 2015, contestábamos a dicha Administración que a nuestro modo de ver la solución a los enganches ilegales debería atajarse en un doble plano.

En primer lugar, una actuación policial y judicial coordinada para incautarse las plantas de cannabis y para el desmantelamiento de las instalaciones.

El otro aspecto que entendíamos debe ser objeto de atención es el de los enganches ilegales en viviendas, para el caso de que algunos de éstos pudieran deberse a una situación de “pobreza energética”, respecto de la que sería necesaria una intervención coordinada de la distribuidora y los Servicios Sociales.

3. Con fecha 5 de junio de 2015 recibimos informe del Ayuntamiento de Granada manifestando haber participado en las reuniones mantenidas para atajar los cortes en calidad de responsable del mantenimiento del alumbrado público y de los edificios de titularidad municipal. Teniendo presente tanto la atención de las necesidades básicas de la población como el propio servicio público, habría instado la actuación de la Administración autonómica como garante de la calidad del servicio.

Por otra parte, a la fecha de emisión del informe tendrían constancia de que la situación se habría normalizado, habiendo quedado garantizados el alumbrado público y el suministro municipal.

Por los motivos expuestos acordábamos en ese momento concluir nuestras actuaciones ante el Ayuntamiento de Granada.

3. Con fecha 16 de julio de 2015, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo nos informaba que existía una imposibilidad técnica de controlar que los consumidores con contrato no se viesen afectados por los cortes.

Al respecto indicaba que se incendian los trafos por exceso de potencia consumida o saltando las protecciones con el consiguiente corte, pese a que la potencia contratada representa un escaso porcentaje respecto de la instalada. Así, habría bloques sin contrato de suministro en ninguna vivienda y, sin embargo, por la acometida estaría circulando una potencia muy superior a la que debería tener si tuviera contratado el 100% de las viviendas.

En muchas ocasiones los enganches ilegales se producirían en interiores de viviendas a las que no se tiene acceso, por lo que no se podía tener constancia exacta de su número. Respecto de los ubicados en plena calle, sobre los que actúa la distribuidora, tampoco existiría posibilidad de descubrir al infractor y por tanto actuar la Administración.

En relación con los incumplimientos de calidad por parte de la distribuidora manifestaba la Delegación Territorial que no habían recibido reclamaciones o denuncias y que si se produjesen habrían de resolverse analizando la situación de los cortes producidos en el suministro concreto. En cualquier caso se ofrecían para formar parte de la comisión de mediación que pudiese crearse a fin de articular las reclamaciones de las personas afectadas.

5. Encontrándonos a la espera de la información que pudiera proporcionar Endesa sobre las medidas adoptadas, tanto para solucionar el problema de los cortes como para satisfacer los derechos de los consumidores con contrato afectados, por noticias de prensa local del mes de noviembre de 2015 de nuevo supimos de cortes de suministro. Ello pese a que ya se habrían erradicado un 80% de las plantaciones de marihuana en las que en gran parte residiría el origen del problema.

Ante estas circunstancias, con fecha 2 de diciembre de 2015, nuevamente nos dirigíamos tanto a Endesa como a las Administraciones competentes (Ayuntamiento; Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Subdelegación del Gobierno en Granada) para solicitarles su colaboración en la necesaria adopción de medidas que garantizasen el adecuado suministro eléctrico en la zona.

En el caso de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se solicitó información sobre cualquier iniciativa que hubieran instado con objeto de garantizar la adecuada calidad del servicio y de indemnizar a los perjudicados, así como sobre cualquier otra novedad que pudiera producirse en este asunto. En parecidos términos nos dirigíamos a Endesa solicitando su colaboración.

Al Ayuntamiento indicábamos que considerábamos sería el cauce más adecuado para satisfacer los derechos de las personas afectadas por los cortes, canalizando la demanda ciudadana con objeto de que se reparen los daños producidos. Asimismo que, a través de los Servicios Sociales, podría jugar un papel decisivo en la búsqueda de soluciones para la erradicación de muchos de los enganches ilegales.

6. Con fecha 7 de enero de 2016 recibíamos información del Ayuntamiento de Granada relativa a la reunión mantenida nuevamente en noviembre de 2015 con objeto de impulsar los mayores esfuerzos que puedan realizarse en el ámbito de las competencias propias de cada institución para evitar los cortes de luz. En dicha reunión habría participado tanto el Ayuntamiento como la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, el Juzgado Decano de Granada, así como representantes del Cuerpo Nacional de Policía y de Endesa.

Señalaba que, si bien el Cuerpo Nacional de Policía vendría realizando numerosas actuaciones para atajar las plantaciones de estupefacientes, sería necesario el apoyo judicial para la entrada y registro, la intervención de la Junta de Andalucía en viviendas de su titularidad y el celo de Endesa reponiendo de inmediato los elementos y transformadores que se averían.

Por su parte el Ayuntamiento se comprometía a impulsar cuantos medios fuesen precisos para lograr un suministro constante a todos los vecinos de la ciudad y en ello vendría poniendo su empeño.

6. Por noticias de prensa también hemos conocido que el pasado mes de febrero la distribuidora Endesa llevó a cabo actuaciones, con protección policial, para desconectar unas 150 acometidas fraudulentas que suministraban a plantaciones de marihuana y que eran el origen principal de las interrupciones de suministro eléctrico.

No obstante, según las propias noticias consultadas, muchos de los enganches volvían a ser conectados de forma fraudulenta sobre la marcha por lo que en determinados puntos el problema persistiría.

Por otra parte dichas actuaciones no habrían alcanzado al total de cultivos ilegales, existiendo cálculos de que podrían ser unas mil las plantaciones en la zona.

8. Con fecha 23 de marzo de 2016 hemos recibido información de Endesa reconociendo que lamentablemente la calidad del suministro no es la deseada, debido a los numerosos enganches ilegales existentes en la zona.

Se nos comunican las diversas actuaciones llevadas a cabo para solucionar la incidencia con objeto de reforzar los conductores, ampliar los trafos y otras medidas para ofrecer una buena calidad en el suministro. Al respecto se hace referencia a las reuniones mantenidas con Ayuntamiento, Asociaciones de Vecinos y Administraciones competentes en materia de consumo y energía.

El informe también se refiere a la normativa que regula los descuentos a aplicar en la facturación de clientes por incumplimiento de los valores fijados para la continuidad del suministro, teniendo la distribuidora obligación de analizar las incidencias registradas en su zona geográfica durante la anualidad anterior

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a las Administraciones actuantes las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De los derechos que se encuentran afectados.

Según conocemos, los barios más afectados por los continuos cortes de suministro eléctrico serían principalmente Almanjáyar, Cartuja, La Paz y Rey Badis.

Las personas que residen en estas barriadas se encuentran ya de por sí en situación de riesgo de exclusión social, por la especial incidencia que tiene el desempleo en esta zona de Granada.

Esta situación se acentúa aún más si no puede quedar garantizado adecuadamente el suministro de luz en sus viviendas, generándose en la población cierta sensación de abandono por parte de los poderes públicos que deberían actuar en su defensa.

Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA) y que el artículo 51 de la Constitución española (CE) define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

Por otra parte, el disfrute de suministros básicos en la vivienda como agua, luz y gas puede considerarse inherente al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE) o al derecho a la protección de la salud (art. 43 CE), encuadrados en la categoría de principios rectores de la política social y económica.

Especialmente se encuentran implicados los derechos de menores de edad y de las personas mayores, cuya protección y atención integral se atribuye a los poderes públicos de Andalucía (arts. 18 y 19 EAA)

Además, entre los objetivos básicos cuyo desarrollo encomienda nuestra norma estatutaria a la Comunidad Autónoma se cita «La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social». A tal fin insta a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía a adoptar las medidas adecuadas, entre otras, la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas (art. 10.3.14º y 10.4 EAA).

Igualmente consideramos que los hechos descritos revelan una merma a la prestación de servicios públicos de calidad, establecido en el artículo 37 de nuestro Estatuto de Autonomía como uno de los principios que han de regir la actuación de los poderes públicos de Andalucía.

A este respecto valoramos que la falta de medidas efectivas ante los cortes de suministro por parte de las distintas Administraciones públicas competentes supone una dejación de las funciones que le han sido encomendadas. Recordemos que el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, pues la actividad económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su existencia (Exposición de motivos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico). Aunque progresivamente se ha reducido la intervención pública en la gestión del sistema, se mantienen obligaciones de seguridad y calidad del suministro así como de protección al consumidor por cuyo cumplimiento deben velar las Administraciones.

De acuerdo con el artículo 79.10 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en relación con el contrato de suministro a tarifa y de acceso a redes se establece que todo consumidor tiene el derecho a recibir el suministro en las condiciones mínimas de calidad que se establecen en el propio Reglamento.

Segunda.- De las obligaciones administrativas para ofrecer una respuesta definitiva a los cortes de suministro.

El abordaje de esta compleja situación requiere una intervención coordinada de las distintas Administraciones competentes: estatal, en aquellas cuestiones que afectan a la seguridad y al orden público; autonómica, en cuanto que es la que tiene las competencias exclusivas en materia del derecho a la vivienda; y local, con competencias en materia social, dadas las situaciones de vulnerabilidad y de verdadera exclusión social que se aprecian en los barrios afectados.

Ante la necesidad de dar una respuesta coordinada para atender la situación de las personas afectadas es por lo que esta Institución ha considerado necesario dirigirse a las Administraciones competentes y solicitar su intervención eficaz.

Del mismo modo, hemos creído conveniente solicitar la colaboración de Endesa para facilitar las tareas necesarias en orden a la normalización del suministro eléctrico en la zona.

Sin perjuicio de todo ello, esta Institución también ha trasladado la situación a la Fiscalía Superior de Andalucía a fin de someter a su consideración la posibilidad de iniciar una investigación sobre los delitos que se estarían cometiendo y, fundamentalmente, para facilitar la identificación de las personas responsables y su debida imputación.

Por lo que hace a la utilización de viviendas de promoción pública para el cultivo de plantaciones de marihuana, entendemos necesario el control de oficio por la Administración de la ocupación y uso de las viviendas protegidas.

En el caso de viviendas propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, corresponde a este organismo proceder a la investigación y comprobación de los hechos -denunciados tanto por los ciudadanos como por el propio Ayuntamiento- para con posterioridad llevar a cabo las actuaciones legales que procedan encaminadas a que las viviendas en cuestión cumplan con el fin público que justificó su construcción .

Por otra parte apreciamos que la situación actual pudiera haberse derivado de una dejación de las funciones de conservación y mantenimiento de zonas comunes de las promociones correspondientes, pues en caso contrario no se entiende que no se haya detectado y actuado ante el uso ilegal de las viviendas.

Del mismo modo, para las promociones de vivienda en régimen de compraventa, su naturaleza jurídica exigiría que, de oficio, se realizara un plan de inspección para comprobar que se destinan a domicilio habitual y permanente de sus legítimos adjudicatarios a fin de que estas viviendas sirvan a los fines para los que fueron promovidas.

En caso contrario, resulta procedente instar la recuperación de las viviendas que estén ocupadas sin título suficiente y los procedimientos sancionadores oportunos.

Muchos de los enganches ilegales también podrían deberse a situaciones de “pobreza energética”, de modo que familias sin recursos optan por la defraudación del fluido para atender sus necesidades básicas.

Ante estas situaciones puntuales entendemos que el Ayuntamiento de Granada, a través de los Servicios Sociales, podría jugar un papel decisivo en la búsqueda de soluciones que permitan la regularización del suministro junto con la atención global de las necesidades familiares.

Finalmente entendemos debe corresponder a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la garantía de la adecuada calidad de suministro, supervisando la correcta valoración de los niveles de calidad individual y, en su caso, de los descuentos que reconozca la distribuidora por su incumplimiento

Asimismo consideramos oportuno que, de oficio, articule un expediente para reconocer las indemnizaciones que resulten oportunas por los daños ocasionados a consecuencia de los cortes.

A este respecto creemos oportuno reiterar la oportunidad de arbitrar alguna medida compensatoria en favor de los usuarios con contrato perjudicados por los cortes de suministro, independientemente de que hayan formulado reclamación o no.

Al efecto también hemos señalado que el Ayuntamiento de Granada podría erigirse en cauce adecuado para canalizar la demanda ciudadana en relación con los perjuicios ocasionados por los cortes.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente 

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN dirigida a las Administraciones competentes para que de forma efectiva pongan en marcha, de forma coordinada y en su respectivo ámbito de competencias, las medidas que sean necesarias para solucionar definitivamente el problema de los cortes de suministro en la zona norte de Granada.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere al Ayuntamiento de Motril que active los mecanismos de participación ciudadana para tratar las posibles deficiencias de las que pueda adolecer el servicio público municipal de limpieza viaria y recogida de basuras, prestado por LIMECO, con objeto de conocer, de mano de los afectados, la naturaleza, magnitud y enjundia del problema y, en la medida de lo posible, consensuar medidas y soluciones en aras a alcanzar la mejor prestación del servicio dentro de las capacidades reales de que se disponga.

ANTECEDENTES

En esta Institución presentó queja la portavoz de un grupo municipal del Ayuntamiento de Motril (Granada), apoyada con un total de 1.646 firmas de vecinos de la localidad. El motivo de esta queja, según el escrito que recibimos, era la falta de limpieza que, al parecer, se viene dando en todo el término municipal -ciudad de Motril y anejos- tras el cambio de gobierno municipal con ocasión de la toma de posesión de la nueva Corporación Municipal. En este sentido, se había denunciado incluso que esta falta de limpieza se estaría convirtiendo “en un problema de salubridad pública con la aparición inusual de ratas y otros animales”, afectando “no solo a las vías públicas, sino también a las zonas de esparcimiento de nuestros vecinos: parques, zonas infantiles, zonas de aparatos biosaludables para nuestros mayores, etc.”.

Se hacía alusión en el escrito de queja a la Ordenanza General reguladora de la gestión de residuos urbanos y de la limpieza pública de Motril, en la que se establece como derecho de los ciudadanos «exigir la prestación de los servicios públicos regulados por esta Ordenanza», entendiéndose, en definitiva, que este derecho “se está lesionando por la inactividad del Ayuntamiento a la hora de mantener limpia la ciudad, cuyas consecuencias están sufriendo los ciudadanos de Motril”.

Así expuesto el asunto la queja fue admitida a trámite y solicitada la colaboración del Ayuntamiento, que había cumplimentado remitiendo el preceptivo informe. En concreto, se había recibido informe de la Alcaldía acompañada de diversos documentos de la empresa municipal Limpieza Pública de la Costa Tropical, S.A. (LIMDECO), del que destacamos lo siguiente:

- Que la última auditoría de LIMDECO demostraba que la situación real de la empresa era de desequilibrio financiero, incumpliéndose las normas sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y las de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

- Que desde el 2011 hasta junio de 2015, LIMDECO había sido gestionada y regida por la anterior Corporación en régimen de mayoría absoluta, de tal forma que la situación de desequilibrio financiero de la empresa había sido provocada por ésta, generándose un escenario delicado tanto jurídica, como social y técnicamente.

- Que el nuevo Consejo de Administración de LIMDECO surgido de la nueva Corporación Municipal, pudo constatar una serie de circunstancias pésimas y deficitarias de la empresa, afectantes al parque móvil (que presentaría un estado lamentable por su antigüedad), al personal (que se había tenido que reducir como consecuencia del plan de ajuste acordado, de forma que se hacía casi imposible atender las necesidades más básicas de la limpieza urbana) y a la jornada laboral (que se habría visto reducida en una hora diaria entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, con motivo de un acuerdo entre los anteriores responsables de LIMDECO y el comité de empresa) en época de gran afluencia turística en Motril.

- Que se había magnificado la problemática que realmente acontecía y que incluso se había podido comprobar que el número de quejas recibidas había sido similar al de otros años, por lo que se había generado innecesariamente alarma social que había perjudicado la reputación de Motril.

- Que Motril seguía ostentando en sus playas la “Q” de calidad, así como la bandera azul, distintivos que habían sido otorgados, entre otros motivos, por la eficacia y suficiencia en la limpieza de la costa, haciéndose esfuerzos para dotar la flota de un pequeño barco limpiaplayas para la limpieza de la lámina de agua del litoral motrileño.

- Que era cierto que, sobre todo en verano, se habían dado deficiencias en la limpieza viaria, pero que de ello no podía derivarse una situación de alarmismo sanitario en Motril, desproporcionada y carente de justificación veraz, pues lo acontecido había sido similar a lo de otros años anteriores, sin que se hubiera magnificado la problemática.

- Que tras unos meses como responsables de LIMDECO, se había tenido ocasión de analizar las carencias de la empresa y se había decidido acometer una serie de mejoras que tendían a optimizar sus recursos, tanto materiales (flota de vehículos), como personales (plantilla), siempre dentro de la capacidad económica y las limitaciones presupuestarias, pero también buscando la colaboración y cooperación con otras áreas municipales.

Por su parte, el grupo municipal promotor de la queja, tras serle remitido este informe de Alcaldía en cumplimentación del trámite de alegaciones, hizo llegar las siguientes que a continuación se resumen:

- Que existe, por parte del Ayuntamiento, una clara intención de dar una información sesgada, dado que la situación a 13 de junio de 2015, cuando se constituyó el nuevo gobierno municipal, era diametralmente distinta a la que aparecía en la auditoría de 2014, puesto que en el primer semestre de 2015 se habían cumplido todos los requisitos para la continuidad y estabilidad de LIMDECO.

- Que LIMDECO, desde el año 2004, se encontraba en causa de disolución, siendo en el periodo 2011-2015 en el que se habían tomado las medidas encaminadas a la regularización de la sociedad.

- Que la representación del Consejo de Administración era la determinada por el proceso electoral de mayo de 2015 y las competencias del Consejo, salvo decisiones de calado -que no se habían tomado-, no afectaban al normal funcionamiento ni a la operativa de la empresa en sus labores de recogida de RSU ni de limpieza viaria.

- Que era un hecho constatable que el mal estado generalizado en la limpieza de la ciudad había coincidido con el cambio de gobierno, sin que hubieran cambiado ninguna de las circunstancias objetivas, en las que se escudaba el Ayuntamiento para eludir el cumplimiento de sus responsabilidades, puesto que el personal y los medios eran los mismos.

- Que no había otra justificación para el mal funcionamiento de LIMDECO que las erróneas decisiones del nuevo gobierno municipal de cambiar los itinerarios de limpieza, la periodicidad y los efectivos, con alteraciones, convirtiendo un engranaje que funcionaba satisfactoriamente en una situación insostenible por el estado de la ciudad.

- Que los galardones de la “Q” de calidad y la Bandera Azul se otorgaban en base a un proyecto, antes de inicio de la temporada alta, y que por ello no podía utilizarse como justificación del buen funcionamiento del servicio de limpieza de playas, que había sido insuficiente, a la luz de las quejas vecinales, que incluso habían aparecido en prensa.

- Que sorprendía que se alegara la puesta en funcionamiento del barco limpiaplayas como un esfuerzo adicional, cuando era algo que todos los años anteriores venía realizándose de forma periódica durante los meses de julio y agosto y estaba incluido como gasto en los presupuestos equilibrados de 2015.

- Que el propio gobierno municipal reconocía las deficiencias aunque, subjetivamente, consideraba que no eran suficientes para generar alarma social, pero que no se aportaban medidas concretas ni eficaces para la solución definitiva del problema, sino sólo una declaración de intenciones sin compromisos concretos.

CONSIDERACIONES

De los antecedentes expuestos se desprende la total discrepancia que se da entre el actual gobierno municipal y el grupo municipal que presentaba la queja a propósito de la gestión del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de RSU. Así, mientras el citado partido sostiene que la situación de suciedad generalizada y falta de limpieza que se dan en el término municipal es atribuible a una deficiente gestión de LIMDECO por parte del actual gobierno municipal, éste lo atribuye a la situación financiera de la empresa que han provocado en la misma los anteriores responsables, lo que ha obligado a adoptar medidas que han podido mermar la calidad de prestación del servicio, si bien sin llegar a una situación de alarma social, que creen que se ha exagerado.

Ante esta situación de confrontación, en la que cada parte considera que le asiste la razón y lo justifica con los datos y argumentos que cree convenientes, esta Institución ha de recordar que el cometido que le asignan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), en su condición de Comisionado del Parlamento de Andalucía, es velar por la defensa de los derechos enunciados en el Título I de la Constitución y del Estatuto a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las Administraciones Públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento.

Desde este enfoque competencial, dada la incidencia que las posibles deficiencias del servicio público de limpieza viaria y recogida de RSU puede tener en el derecho constitucional y estaturario a un medio ambiente adecuado, consideramos que, al margen de si LIMDECO se encuentra o no en una situación financiera verdaderamente deficitaria, al margen de si dicha situación se debe o no a una gestión deficiente antes o después de la actual situación, al margen de que las deficiencias detectadas sean o no suficientes para generar alarmismo y al margen, por último, de los diversos reproches que hemos podido comprobar entre el actual gobierno municipal y el grupo municipal que presentó la queja, lo cierto es que parece reconocerse que la situación en la gestión del servicio de recogida de RSU y de limpieza viaria, dista mucho de ser la deseable; no en vano, la Alcaldía en su informe reconoce expresamente que “Es cierto que, sobre todo en el verano, han existido deficiencias en la limpieza viaria, pero de tal circunstancia no se puede derivar un alarmismo de salud pública padecida en Motril” y que “hemos tenido ocasión de analizar las carencias de la mercantil y, teniendo la responsabilidad de la misma, se ha decidido acometer una serie de mejoras que tiendan a optimizar los recursos”.

Además, ha de tenerse en cuenta que esta queja venía acompañada de un total de 1.646 firmas de vecinos de la localidad, con lo que, con independencia de la valoración subjetiva que se tenga de la misma, demuestran que la problemática podría ser, al menos en apariencia, cierta y real y que el funcionamiento del servicio de limpieza viaria y recogida de RSU ha tenido una cierta trascendencia social.

En cualquier caso, es a partir de ese dato objetivo de la deficiente situación del referido servicio municipal, cuando esta Institución debe ejercitar sus competencias supervisoras para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

En este sentido, creemos que la situación debe ser reconsiderada por parte del Ayuntamiento y de LIMDECO y que el tema debe ser tratado con los afectados, bien sea a través de asociaciones vecinales, bien sea a través de cualesquiera otra vías que canalicen las quejas vecinales y las posibles soluciones a la problemática, adoptando así medidas consensuadas dentro de las posibilidades que permita la situación financiera real de la empresa, tratando en todo caso de alcanzar una mejor gestión del servicio y de los recursos materiales y humanos que se destinan al mismo. Entendemos que con ello se hace efectivo lo que dice el artículo 4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en cuanto a que los municipios actúan «en beneficio de las personas que integran su respectiva comunidad», pues no hay mejor forma de alcanzar ese beneficio que haciendo partícipe a la ciudadanía de los asuntos que les incumben. Recuérdese, sobre este particular, como dice el artículo 3 de la referida Ley, que el municipio es la instancia de representación política y el cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos y que a tal efecto, la Disposición Adicional Séptima establece que, conforme a la regulación del artículo 10.3.19.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía sobre la participación ciudadana, todos los municipios aprobarán un reglamento de participación ciudadana que asegure los cauces y métodos de información y de participación de la ciudadanía en los programas y políticas públicas.

Según hemos podido comprobar, ese Ayuntamiento dispone de un Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana que podría servir de instrumento para canalizar las quejas vecinales en materia de limpieza viaria y recogida de RSU y a partir del cual podrían encontrarse puntos de partida para tratar de alcanzar soluciones mediante las medidas que se consideren oportunas, consensuadas en la medida que lo permitan las posibilidades. Ello, sin perjuicio de otras vías a través de las cuales se podría plantear esta problemática en los órganos de LIMDECO, sin olvidar que, en cualquier caso, la competencia corresponde al municipio, con independencia de la forma en la que se ejercite y de los medios con los que se desarrolle.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA para que, lo antes posible, se activen los mecanismos de participación ciudadana de los que dispone ese Ayuntamiento, ya sea a través de su Reglamento Orgánico, ya sea a través de cualesquiera otros cauces que considere convenientes en el seno municipal o de la empresa LIMDECO, para tratar las posibles deficiencias de las que pueda adolecer el servicio municipal de limpieza viaria y recogida de RSU desarrollado por LIMDECO, con objeto de conocer de mano de los afectados la naturaleza, magnitud y enjundia del problema y, en la medida de lo posible, poder consensuar medidas y soluciones en aras a alcanzar la mejor prestación del servicio dentro de las capacidades reales de que se disponga.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz