ANTECEDENTES

La persona interesada exponía que, a pesar de haberlo solicitado para sus dos hijas, así como otros progenitores también para otras dos alumnas del Instituto, les había sido denegada la posibilidad de recibir clases de Religión Islámica por la inexistencia de convenio de colaboración entre esa Consejería y la Comisión Islámica de España.

Sin embargo, manifestaba que de esta manera se estaba ignorando la Ley por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado Español y la Comisión Islámica de España, en virtud de la cual la Administración educativa andaluza está obligada a facilitar dichas enseñanzas.

Admitida la queja a trámite y solicitado el preceptivo informe a la Dirección General de Planificación y Centros, en su respuesta se hacía constar que las enseñanzas de religión se imparten en todos los niveles y centros docentes públicos o privados, sean o no concertados estos últimos, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales y, por lo tanto, dichas enseñanzas figuran entre las áreas o materias de los diferentes niveles educativos.

Así mismo, indicaba que dicha materia es de oferta obligatoria para todos los centros docentes, siendo de carácter voluntario para el alumnado.

Añadían que, en aplicación de los acuerdos de cooperación del Estado con el Estado Vaticano, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España, se garantiza el ejercicio del derecho a recibir enseñanza de las respectivas confesiones religiosas en los niveles educativos y centros docentes anteriormente mencionados.

En Andalucía, según informaba, hay suscritos convenios de colaboración para las enseñanzas de la religión católica y evangélica, aplicable a los centros educativos que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

También señalaban que la Comisión Islámica de España ha solicitado reiteradamente formalizar un convenio de colaboración con la Consejería para impartir la enseñanza de religión islámica en esos mismos niveles, si bien hasta el momento no se había considerado la conveniencia y oportunidad la firma de dicho convenio, por lo que mientras no se formalizara el mismo, no es posible ofertar la materia de religión islámica en los centros docentes públicos para la enseñanza de Educación Secundaria.

En cuanto a las razones que han aconsejado la no suscripción del reiterado convenio se indicaban la dificultad de asignación de profesorado en los centros docentes que cuenten con un número reducido de alumnado que solicita dicha enseñanza, la reagrupación de alumnado de distintos niveles educativos en el mismo centro, la dispersión geográfica de los centros con alumnado que pretenden estudiar la materia de religión islámica, así como la dificultad de encajar los horarios del profesorado compartido por varios centros, en su caso, y el elevado coste que supondría la implantación de esta enseñanza en la plantilla de profesorado a contratar por la Consejería.

No obstante, aclaraban, los alumnos y alumnas de la E.S.O disponen de la materia alternativa de valores éticos, y en Bachillerato, de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

CONSIDERACIONES

A fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución, se promulgó la Ley, por la que se aprobó el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España, estableciéndose que se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

Del mismo modo, la Disposición adicional segunda de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, establece que la enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado Español con, entre otras, la Comisión Islámica de España.

En Andalucía, el actual Estatuto de Autonomía, garantiza el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral en los centros educativos, y especifica que los “poderes públicos de la Comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza”.

El desarrollo de este Estatuto en materia de educación se plasma en la Ley de Educación de Andalucía, que reproduce casi literalmente lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía.

Junto a este marco normativo, la Dirección General de Planificación y Centros viene dictando Instrucciones sobre el procedimiento a seguir para recabar la información relativa a la enseñanzas de la religión en la matrícula del alumnado en los centros que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, adjuntándose a las mismas como Anexo un formulario en el que los padres, madres o tutores legales de todo el alumnado pueden señalar la opción que deseen en cuanto a que sus hijos e hijas reciban la enseñanza de Religión católica, evangélica, islámica, judía o las alternativas de valores sociales y cívicos o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, según corresponda en función estas últimas del nivel educativo cursado.

De este modo, teniendo en cuenta el marco legislativo señalado, y sin necesidad de haberse suscrito convenio alguno con la Comisión Islámica de España, se viene impartiendo enseñanza de religión islámica en algunos centros docentes de Andalucía, si bien sólo en Educación Primaria, por lo que no pueda argumentarse que el hecho de no ofrecerse ni en la Educación Secundario Obligatoria ni en el Bachillerato, obedece a la inexistencia de un convenio específico de la Comisión señalada con la Administración autonómica andaluza.

Además, en cuanto a las razones que fundamentan la no conveniencia y oportunidad hasta el momento de proceder a la firma del señalado convenio, no nos cabe la menor duda de lo complejo que puede resultar, desde el punto de vista de la planificación, la organización o implementación de los medios personales, materiales y presupuestarios que son necesarios para atender la demanda existente, si bien entendemos que presentando la misma complejidad la organización de la impartición de enseñanza religiosa evangélica, sí ha sido apreciada la conveniencia de la firma de un convenio con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y la impartición de dicha religión en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. Es nuestro deseo aclarar que la mención expresa a la Iglesia Evangélica no se realiza con la intención de establecer comparaciones, sino simplemente por el hecho de que, tal como se ha informado, esta religión sí es impartida en los centros docentes andaluces y en todos los niveles.

Podríamos entender y compartir con la Dirección General, que se argumentara la imposibilidad del abordaje de la cuestión de manera integral.

Igualmente, entenderíamos que en un primer momento no fuera o no sea posible atender todas las solicitudes de enseñanza religiosa islámica, si bien ello ha de procurarse, al menos, en aquellos casos en los que resulte menos complicado superar las dificultades a las que alude en su informe. Pero lo que no resulta admisible es que no se atienda ninguna de las solicitudes que año tras años son presentadas en los centros docentes andaluces, así como que se espere a la firma de un Acuerdo para proceder a ello.

Insistimos, una vez más, en la no necesidad para la implantación de la enseñanza religiosa islámica de otro convenio – o Acuerdo- que no sea el que se contiene en la Ley por la que se aprobó el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España, así como que a cualquier religión minoritaria se le ha de dar el mismo valor y tratamiento que a la religión mayoritaria en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma de Andalucía.

Así pues, teniendo en cuenta los hechos expuestos, los informes emitidos y las consideraciones realizadas, y de conformidad con lo previsto en el Art.29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución procede a formular la siguiente

RESOLUCIÓN

Que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España, por parte de la Consejería de Educación se promuevan las medidas que sean necesarias en orden a hacer posible la impartición de la asignatura de religión islámica en los centros docentes andaluces, sin perjuicio de la firma del Acuerdo o Convenio que se estime oportuno con la Comisión Islámica de España.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Ayuntamiento de Cártama recomendando que se tramite la baja en el padrón de la Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos a la parte promotora de la queja y, en consecuencia, se proceda a anular las liquidaciones emitidas, tanto si se han abonado como si estuvieran pendientes de pago, y a devolver los ingresos indebidamente cobrados por las mismas, si fuere el caso.

ANTECEDENTES

I.- El interesado presentó escrito de queja en fecha 22 de julio de 2016 (recepción en el Servicio de Correos) manifestando que mediante Decreto 2016/0294 de la Delegación Municipal de Hacienda se incluyó la vivienda con referencia catastral (...) como objeto tributario en el Padrón de la Tasa de Recogida de Residuos, para el ejercicio de 2014.

Resolución que al mismo tiempo liquidaba por los hechos imponibles de ejercicios anteriores no prescritos, en aplicación de las Tarifas incluidas en el Art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal nº 10 , en concepto de vivienda en diseminado, por un importe de 42 euros /ejercicio.

Acreditaba el interesado en la documentación adjunta a su queja, que en fecha 2 de marzo de 2016 había formulado reclamación y, tras la desestimación de ésta, recurso de reposición en fecha 7 de abril de 2016, haciendo constar en sus alegaciones básicamente y en síntesis que la Administración municipal en la zona de diseminado en que habita no cuenta con elementos del servicio que permitan considerar que el mismo se presta de forma efectiva.

Los contenedores más próximos que se dice haber instalado por el Ayuntamiento, están a un kilómetro, presentando difícil acceso desde la vivienda del interesado, por lo que éste cuestionaba la procedencia de realizarle liquidaciones por la Tasa del servicio de gestión de residuos domésticos, al entender que la distancia existente entre su propiedad y el contenedor del servicio más próximo excedía de los límites que permitirían considerar que el servicio referido se presta efectivamente.

II. Entre la documentación aportada con el escrito de queja, el interesado nos enviaba copia de la notificación recibida de la Administración municipal por la que se le trasladó Decreto de Alcaldía 2016/1862, de 12 de abril de 2016, desestimatorio del Recurso de Reposición antedicho (Expte. ...), argumentando la Administración en favor de su pretensión de incluir el objeto tributario en el Padrón fiscal referido y, para liquidar por los hechos imponibles de los ejercicios no prescritos, que tal actuación resultaba conforme a la Ordenanza referida, con reducción en la tarifa, al considerar que el servicio -si bien para viviendas en diseminado- estaba efectivamente establecido al facilitar contenedores para la recogida de residuos en la zona en cuestión, reconociendo en informe técnico-administrativo incorporado a la resolución, que el más próximo para el interesado estaba a un kilómetro de distancia.

Por todo lo anteriormente expuesto, tras la admisión a trámite al constar en la queja -suficientemente documentada- actos administrativos sustanciales del procedimiento seguido y la documental acreditativa de su realización y tramitación, deseamos formular al respecto las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La Ordenanza Fiscal Reguladora y la normativa básica de Haciendas Locales.

Como consta en el artículo 1 de la Ordenanza Fiscal número 10, reguladora de la tasa de recogida de basuras, el Ayuntamiento, en uso de las facultades que le corresponden por aplicación de lo establecido los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y en el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobó la Tasa por recogida de Basuras que se regirá por la citada Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y al principio de legalidad y restantes que configuran el sistema tributario, en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Constitución:

«1 Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2 El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3 Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.»

El artículo 2 de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos señala que constituye su hecho imponible la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos de inmuebles, dentro de la zona de cobertura y prestación del servicio citado.

Por otra parte, el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que el hecho imponible de las Tasas será «la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos».

El problema de fondo objeto de la queja que se somete a nuestra consideración radica en la determinación de si se produce el hecho imponible, conforme a lo regulado en el Ordenamiento antes citado.

Aun cuando en las presentes actuaciones el Ayuntamiento reconoce directamente al interesado que el servicio no se presta en las mismas condiciones que en zona urbana, sí mantiene que lo presta y está efectivamente establecido en la mejor forma posible, habiendo instalado diversos grupos de contenedores en accesos al diseminado a cierta distancia de la vivienda del interesado, razón por la cual ha reducido la cuantía de la tasa con respecto a la que cobra en zona urbana.

Así, la cuota tributaria según la tarifa establecida en el Artículo 5.1 de la Ordenanza Fiscal número 10, es de 42 euros para vivienda en diseminado, y de 59 euros en vivienda en zona urbana.

SEGUNDA.- La interpretación jurisprudencial sobre la efectiva prestación del servicio.

Para fundamentar nuestra Resolución hemos de recurrir a la interpretación jurisprudencial contenida en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en sus Sentencias al respecto.

El Alto Tribunal defiende que procede la tasa cuando el servicio se presta efectivamente, con independencia del grado de uso, o no uso, que el particular haga de de dicho servicio en lo que se ha dado en llamar “la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Administración municipal”, que se convierte en el requisito clave para poder someter al hecho imponible y liquidar por la tasa, que solamente se devenga cuando, además de que exista el servicio en el municipio, dicho servicio se preste de manera efectiva a quienes se exige su pago.

Han sido diversas las Sentencias que se han venido pronunciando sobre la cuestión:

En Sentencia de 20 de febrero de 1996, afirma el Tribunal que «la efectiva prestación de un servicio municipal es presupuesto imprescindible para que pueda exigirse tasa por tal concepto por cuanto el hecho imponible en el mismo viene constituido por la efectiva prestación de un servicio que beneficie o afecte de modo particular al sujeto pasivo, sin que la mera existencia del servicio municipal sea suficiente para constituir a una persona en sujeto pasivo de la tasa establecida para su financiación, si el servicio no se presta en forma que aquélla pueda considerarse especialmente afectada por aquél, en forma de beneficio efectivo o provocación de la actividad municipal.»

En parecidos términos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1997, consideró que:

«...Es obligado, a este respecto, recordar que el hecho imponible de la tasa viene constituido por la prestación de un servicio o la realización de una actividad que beneficia o afecta de modo particular al sujeto pasivo. Lo dice taxativamente el artículo 26.1. a) de la Ley General Tributaria de 1963 (RCL 1963, 2490 y NDL 15243), según el cual ‘las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten, o beneficien a los sujetos pasivos, cuando concurran las dos circunstancias siguientes:

a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados; b) Que no puedan prestarse o realizarse por el sector privado por cuanto impliquen intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación del ejercicio de autoridad o por que, en relación a dichos servicios, esté establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

... ni siquiera la mera existencia de un servicio municipal es suficiente para constituir a una persona en sujeto pasivo de la tasa establecida para su financiación, si el servicio no se presta de modo que aquélla pueda considerarse especialmente afectada por él, en forma de beneficio efectivo o provocación por el interesado de la actividad municipal, pues solo con esas características puede ser un servicio municipal legitimador de la exigencia de la tasa.»

Igualmente hemos de traer a colación la interpretación doctrinal de los Tribunales Superiores de Justicia muy detallada en relación a cómo probar la efectiva prestación del servicio, considerando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 11 de mayo de 1998, que «a carga de probar el hecho imponible generador de cualquier tributo incumbe a la Administración que reclama su pago. Y esa prueba, por lo que hace a la tasa de basuras, requiere demostrar que el domicilio del pretendido obligado no sólo ha dispuesto de un servicio de recogida en su proximidad sino que ha podido beneficiarse del mismo en términos y condiciones que no comporten un sacrificio personal superior al que se considera tolerable a estos efectos en los usos sociales».

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 27 de septiembre de 1997, declaró improcedente el cobro de la tasa, al haber quedado acreditado que en el domicilio de la recurrente no existía contenedor de basuras a menos de 300 metros. No se considera prestado el servicio municipal y por ello no se realiza el hecho imponible que habilita a reclamar el pago de la tasa.

En ese sentido señalaba la citada Sentencia: «en el domicilio de la entidad recurrente no existe ni ha existido nunca contenedor de basuras, encontrándose el más próximo a 300 metros de distancia, y que por tanto no se le ha realizado el servicio de recogida de basuras, procede declarar vulnerados los artículos 20 y 26 de la Ley de Haciendas Locales, ya que para poderse exaccionar una tasa determinada es necesario que el municipio preste el servicio y que éste beneficie especialmente al administrado o le afecte de modo particular, por lo que no se puede exaccionar una tasa por un servicio que no se presta».

Así pues, como lo cuestionado en las presentes actuaciones resulta ser que el interesado no dispone a una distancia razonable de los elementos del servicio instalados para la recogida de los residuos de su vivienda, que se encuentran a un kilómetro de distancia de la misma, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial señalada, y en ejercicio de las facultades y atribuciones que a esta Institución confiere el artículo 29.1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Cártama la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN en el sentido de que se tramite la baja en el padrón de la Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos al interesado y, en consecuencia, se proceda a anular las liquidaciones emitidas, tanto si se han abonado como si estuvieran pendientes de pago, y a devolver los ingresos indebidamente cobrados por las mismas, si fuere el caso.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz