Alerta por correo electrónico de las novedades

Logramos que el Ayuntamiento responda expresamente, motivando adecuadamente la desestimación de solicitudes de la interesada.

La parte promotora de la queja exponía que con fecha 20 de febrero de 2015 había formulado ante el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia escrito solicitando reducción respecto del IBI, porque su casa tiene un grado de protección por ser muy antigua, sin que hasta la fecha hubiera recibido una respuesta.

Por otra parte, manifestaba la parte interesada que el Ayuntamiento quiere poner los contenedores del servicio de recogida de residuos urbanos frente a su casa, y refiriendo que hay lugares alternativos donde no molestarían a nadie.

Interesados ante la administración municipal, se nos remite informe por el que da respuesta al escrito formulado por la parte interesada, y en el que se desestima su solicitud de reducción del IBI de su vivienda, al no encontrarla justificada y por no ser conforme a derecho.

En cuanto a la cuestión referida a la colocación de contenedores de basura frente a su casa, manifiesta la Administración que se trata de contenedores soterrados, cuya colocación se va a realizar en la plaza, no directamente delante de su casa, pues existe una acera de dimensiones considerables que separa su vivienda de la mencionada plaza. Añade que la ubicación se ha previsto en el lateral de la plaza donde es más viable, pues no existen canalizaciones subterráneas ni molesta para los diferentes eventos que se llevan a cabo en dicho espacio.

Aclara el Ayuntamiento que la obra que se va a acometer va a redundar en beneficio de todos y concretamente de la persona que formula la queja.

A la vista de la información recibida, y dado que la queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente al escrito presentado, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Logramos que en la tramitación de Reglamento Orgánico se cumpla el procedimiento legalmente establecido y se promueva la participación ciudadana.

La parte promotora pone en cuestión la constitucionalidad del nuevo texto del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Castilblanco, por entender que limita derechos fundamentales y limita la capacidad de control de las fuerzas políticas al equipo de gobierno.

De los diferentes aspectos cuestionados del citado Reglamento Orgánico, consideramos oportuno admitir a trámite la queja recibida en relación con las siguientes cuestiones:

• Art. 23.3 en relación con las sanciones económicas que se podrán imponer a los concejales que sean obligados por la policía local a abandonar el pleno y que se repercutirán sobre los fondos asignados al Grupo Político.

• Art. 24.3 en relación con la sanción económica adicional que podrá imponerse a la persona del público que altere el orden por haber sido en otras legislaturas concejal del Ayuntamiento. Sanción que se repercutirá sobre la asignación municipal al Grupo Político al que pertenezca el sancionado.

• Art. 27,2 en relación con la limitación en el número de proposiciones y de ruegos y preguntas a presentar por Grupo político en cada sesión.

Así mismo admitimos a trámite la denuncia contenida en el escrito de queja recibido, relativa al horario de celebración de las sesiones ordinarias que, según se indica, suele fijarse entre 8:30 y 9:00 h, lo que dificultaría la asistencia de los miembros de la Corporación que deban cumplir una jornada laboral. También se denuncia la escasa publicidad de las Convocatorias que dificulta su conocimiento por la ciudadanía.

Interesados ante la Administración municipal, se nos comunica que el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento se encuentra sólo aprobado inicialmente en sesión celebrada el 16 de octubre de 2015 por el Pleno Municipal. Se ha realizado fase de información pública en Tablón de Edictos, en el BOP n° 258 de 6 de noviembre de 2015. Como consecuencia de ello se han presentado alegaciones y sugerencias que están siendo estudiadas.

En concreto, respecto al contenido de la redacción de los art. 23, 24 y 27 están estudiándose las alegaciones y sugerencias presentadas. Aunque de manera provisional nos adelantan que se tiene previsto proponer la estimación parcial de algunas alegaciones planteadas.

Por lo tanto, se está tramitando el Reglamento conforme establece la normativa, la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, encontrándose en fase de estudio de alegaciones.

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto objeto de la queja ha quedado en vías de ser solucionado, por lo que se procede al archivo del expediente.

Con nuestro respaldo un particular logra que el Ayuntamiento de Almuñecar inicie expediente de responsabilidad patrimonial.

La parte promotora de la queja manifestaba que se había dirigido al Ayuntamiento de Almuñécar en fecha 23 de agosto de 2016 solicitando afronte los daños y perjuicios ocasionados en su local comercial a consecuencia de la ubicación de real de la Feria en la localidad y solicitando un cambio de ubicación para futuras celebraciones.

Interesados ante la Administración municipal, se nos comunica que hay en trámite expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de la solicitante.

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto objeto de la queja ha quedado en vías de ser solucionado, por lo que se procede al archivo del expediente.

La Administración tributaria tras nuestra intervención resuelve recurso de reposición.

La parte promotora de la queja exponía que con fecha 26 de febrero de 2016 había formulado recurso de reposición contra acuerdo de liquidación, dictado en expediente de comprobación limitada, respecto del Impuesto sobre Sucesiones, y añadía que previos los trámites legales de rigor, había solicitado una nueva resolución, sin que hasta la fecha hubiera recibido una respuesta.

Interesados ante la administración, se nos indica que con fecha 1 de marzo de 2016 se dio trámite al referido recurso de reposición, presentado por el interesado en relación con la liquidación practicada en el procedimiento de comprobación de valores, y que con fecha 9 de mayo 2016 el Gerente Provincial en Cádiz dictó acuerdo en el que se desestimaron las pretensiones formuladas.

En consecuencia, y dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente al referido recurso, procedemos al cierre del expediente.

Mediamos con Caja Rural del Sur para buscar soluciones a las dificultades de pago de la hipoteca de un matrimonio con recursos limitados y con dos menores a su cargo.

Acudía a esta Institución una ciudadana manifestando que se encontraba en situación de desempleo y su cónyuge había sufrido una reducción salarial, razón por la que estaban pasando graves dificultades económicas para afrontar los pagos correspondientes al préstamo hipotecario concertado con Caja Rural del Sur sobre su vivienda. El matrimonio tenía dos hijos a su cargo y la entidad financiera ya les había advertido del riesgo de inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Habiéndonos interesado por el caso ante la entidad se nos indica que se iniciaron contactos con la parte interesada a fin de recabar la documentación correspondiente y ofrecer una solución a su situación de impago, tanto dentro de las medidas que ofrece el Código de Buenas Prácticas al que la entidad se encuentra acogida, como fuera del mismo, en caso de que no cumpliera las condiciones requeridas. En concreto se estaría tramitando una operación de refinanciación de la deuda impagada que se formalizaría en breve.

Considerando que el asunto objeto de queja se encuentra en vías de ser solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente.

Actuamos ante Emasesa para ofrecer soluciones a una ciudadana que no puede hacer frente a la deuda reclamada en concepto de liquidación por fraude.

Acudía a esta Institución una ciudadana ante el riesgo de corte de suministro de agua por una deuda que le reclamaba Emasesa correspondiente a una liquidación por fraude en el suministro de agua de su vivienda

La interesada alegaba que desconocía que carecía de contrato de suministro ya que residía en la vivienda en régimen de alquiler, cuya renta incluía el pago del recibo de comunidad, habiéndole indicado el arrendador que incorporaba el gasto de agua.

Emasesa paralizó en su día la gestión de cobro atendiendo a sus alegaciones pero, transcurrido un tiempo, le exigía la acreditación de las actuaciones seguidas contra el arrendador y, en su defecto, le indicaba que continuarían frente a ella con la reclamación de la liquidación de fraude, si bien podrían ofrecerle un plan de pago adaptado a sus circunstancias personales debidamente acreditadas por los Servicios Sociales Municipales.

Tras interesarnos por este asunto se suspendía la gestión de la factura reclamada y el procedimiento de suspensión del suministro.

Finalmente hemos podido conocer que se han acordado facilidades de pago de la deuda mediante la intervención de los Servicios Sociales comunitarios.

En consecuencia entendemos que el asunto objeto de queja se encuentra en vías de solución, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

Conseguimos el traslado del afectado a otro Centro Residencial más idóneo para el mismo.

La interesada exponía que su hijo, se encontraba en una Residencia, al padecer una esquizofrenia y retraso mental, teniendo reconocida la dependencia.

Su hijo le manifestaba que se encontraba muy mal en dicho centro. En mayo de 2014 se había solicitado traslado de residencia, con el visto bueno de la Directora del Centro.

Dicho traslado, sin embargo, todavía no se había realizado, manifestando la familia que su hijo se encontraba muy mal y que no podían soportar más la situación, necesitando el cambio de residencia.

Requerida la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, con fecha 16 de marzo de 2015, se evacuó el trámite referido, confirmando que a dicha fecha estaba en fase de estudio con objeto de encontrar centro adecuado a la situación de la persona dependiente.

Al no haberse dictado aún resolución de traslado, persistiendo, por tanto, la pretensión, en virtud del artículo 29 de nuestra ley reguladora, formulamos Resolución al citado organismo en el sentido de que sin más dilación se resolviera el expediente de solicitud de traslado de centro, dictándose, si procediese, el traslado provisional de la persona usuaria dándose al procedimiento el curso que correspondiera hasta su completa finalización, ya que según manifestaba la madre, podríamos encontrarnos en uno de los supuestos del art. 10 d) del citado Decreto 388/2010 “peligro efectivo o cierto que afecta a la integridad física o psíquica de la persona usuaria o del resto de las personas usuarias del centro”.

Ante la falta de respuesta y al amparo del art. 29.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, se puso en conocimiento de la Sra. Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, en su calidad de máxima autoridad del organismo afectado, las actuaciones seguidas en el expediente de queja.

Por parte de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla se nos informó que se había trasladado el expediente a principios de marzo de 2016 a la provincia de Jaén, tras la autorización de los servicios centrales de la Consejería, al amparo del Decreto 388/2010, para ocupar una plaza en un centro más idóneo, en concreto, uno de nueva apertura.

Habiéndose resuelto favorablemente la pretensión planteada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Acceden a compulsar documentos para su remisión a otra Comunidad Autónoma, tras nuestra intervención.

La parte promotora de la queja exponía que había presentado a través de la Ventanilla Única una documentación para remitir a un Instituto de Cantabria, constando entre otros, de un certificado de notas, que debía ser compulsado.

Al parecer, el Ayuntamiento le había denegado la compulsa de tal documento.

Interesados ante la Administración municipal, se nos responde indicando que todo fue debido a un mal entendido.

Explica que el trabajador que le atendió le dijo que, por anteriores experiencias, los certificados de notas no los podía compulsar.

Puntualiza el Ayuntamiento que los certificados de notas que se obtienen a través de internet no traen firma ni sello alguno, por lo que no pueden confirmar que sean originales. Así, el trabajador que le atendió pensó que era uno de esos certificados y quizá se precipitó al indicar al interesado que no podía compulsarlo, pero que en ningún momento se negó a registrar los documentos que portaba el interesado a través de la Ventanilla Única.

Indican que el mismo día que el interesado presentó queja en el Ayuntamiento, la Jefa de Atención Ciudadana se puso en contacto con él para interesarse por lo ocurrido, indicándole que había sido un mal entendido y que estaban a su disposición para realizar el trámite solicitado.

Al día siguiente el interesado pudo registrar y compulsar los documentos solicitados remitiéndolos a su destino.

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto objeto de la queja ha quedado solucionado, por lo que se procede al archivo del expediente.

Logramos que el Ayuntamiento informe públicamente sobre las restricciones sobre venta y consumo de tabaco en recinto deportivo municipal.

La parte promotora de la queja nos expone que por parte del encargado del campo de fútbol municipal se le impide fumar en dicho recinto, pese a tratarse de un espacio al aire libre no incluido dentro de la normativa antitabaco.

El interesado, manifiesta que han pedido explicaciones e información al encargado de las instalaciones y en el Ayuntamiento, sin que nadie les indique o responda al respecto, por lo que desconoce si el Ayuntamiento ha adoptado algún acuerdo al respecto que ampare la actuación del encargado del recinto deportivo.

Interesado informe a la Administración municipal, se nos indica que “en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 26 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, determina la prohibición de la venta de tabaco en las instalaciones deportivas, públicas o privadas, así como el consumo en los lugares no autorizados dentro del ámbito de las Administraciones públicas, centros docentes, centros sanitarios e instalaciones deportivas cerradas (apartado 2, letra c).

No obstante, este Ayuntamiento se reserva dos potestades, de conformidad con la legislación estatal y andaluza citadas, inherentes a la titularidad de la propia instalación (como mero propietario con arreglo a la legislación civil en materia de bienes, y la normativa de patrimonio de las Administraciones Públicas), y al interés general de que es fiduciaria esta Administración Pública:

1° Poner carteles indicando que si van a fumar tengan en consideración a las personas que tiene a su alrededor, especialmente si hay menores.

2° Igualmente, este Ayuntamiento se reserva la decisión, como titulares de la instalación, de que en el campo de fútbol y, en su caso, el resto de instalaciones deportivas municipales, no se fume, aunque sea al aire libre. Es una decisión que compete discrecionalmente al titular de la instalación, que no es otro que el Ayuntamiento.

Con este entendimiento, las personas encargadas de las instalaciones deportivas, y sin llegar a amonestación, pueden indicar a las personas usuarias de las instalaciones deportivas al aire libre, que se encuentra en instalaciones que están frecuentadas por menores.

No obstante, esta Administración, más allá del caso aislado de la queja aludida, no entiende que el asunto revista mayor problemática. En caso de que se produjeran quejas de padres o madres o tutores de menores que, en sentido diametralmente opuesto al tenor de la queja que nos ocupa en este momento, se continuaran quejando por el consumo de tabaco en el campo de fútbol dada la afluencia de su uso por menores, nos veríamos en la obligación de prohibir dicho consumo, en ejercicio de la potestad aludida, o restringir su consumo en zonas al efecto.

De conformidad con la normativa mencionada y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a la vista de los hechos puestos en conocimiento en la queja ante la Defensoría del Pueblo Andaluz y las actuaciones administrativas a que aluden dichos hechos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Dar contestación en la forma expuesta sobre la queja de referencia, a la vista de la información de que dispone esta Administración sobre el particular.

SEGUNDO: No se ha tenido constancia por este Ayuntamiento de más quejas sobre el particular, desde la interposición de queja al Defensor del Pueblo Andaluz.

TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al interesado para su conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO: Comuníquese certificación al Defensor del Pueblo Andaluz para su conocimiento y efectos oportunos.”

A la vista de la información recibida, consideramos que el asunto objeto de la queja había sido tratado en forma adecuada, por lo que procedimos al archivo del expediente.