La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 15/1772

El Ayuntamiento de Jaén nos informa de las actuaciones que ha llevado a cabo para dotar a la zona del entorno de la calle Alcalde Cancio Uribe de la suficiente estabilidad, ante el deslizamiento de las laderas, para después proceder a su arreglo, ante el deplorable estado que presentaba la zona.

El interesado, en nombre de los vecinos de la calle Alcalde Cancio Uribe, en la zona de La Alcantarilla, de Jaén, nos exponía en su escrito de queja que la calle se encontraba destrozada porque el terreno tendía a desmoronarse en su parte baja, ocupada por un descampado. Todo ello dificultaba el tránsito rodado y el de los peatones, tanto de escolares que acudían a un colegio cercano, como a personas con movilidad reducida. Añadía que ya habían transcurrido ocho años desde las primeras reclamaciones por el mal estado de la calle, sin que hubieran sido atendidas las mismas, a pesar de las intervenciones efectuadas por las empresas concesionarias de agua y gas en la zona, que, siempre según lo que nos indicaba el interesado, habían empeorado la situación.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Jaén, el Servicio de Urbanismo del mismo nos indicó, como respuesta, que el ámbito donde se encuentra la calle en mal estado estaba afectado por el deslizamiento generalizado de ladera, que databa del año 1997. Deslizamiento que, tras obras de anclaje de muros, se encontraba estable. No obstante ello, a la vista de las nuevas quejas vecinales presentadas durante 2014, se había procedido a contratar los servicios de un gabinete de geotécnica que, en aquellos momentos, estaba realizando un control sistemático de los movimientos del terreno y que determinara si existen nuevos riesgos frente a los que se debería actuar.

Además, habían remitido diversos comunicados el concesionario de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como al Servicio de Mantenimiento Urbano, a fin de que se procediera a controlar las redes y sellar los desperfectos del firme de la calle. Se añadía que el arreglo de la calle en su totalidad debería ejecutarse una vez se conozca si se ha conseguido la estabilidad completa del terreno o, por el contrario, persistían movimientos puntuales.

Así las cosas, interesamos que se nos mantuviera informados de las conclusiones que se alcanzaran tras concluir el control sistemático de los movimientos del terreno que se venía realizando y, en función de ellas, en caso de determinarse que persistían riesgos, que se nos informara de las actuaciones previstas por el Ayuntamiento para afrontar dicho problema.

Una vez que el Ayuntamiento recibió el informe de la empresa especializada, se nos dio cuenta del mismo señalando que la zona estaba estable, si bien era razonable esperar hasta final de año con el fin de conocer si el periodo de precipitaciones le afectaba o no.

Después de varias actuaciones, de las que dimos traslado al interesado para que nos presentara sus alegaciones -en las que mostraba su preocupación por la existencia de un talud que, al parecer, presentaba movimientos fuera de la normalidad-, finalmente el Ayuntamiento nos comunicó que el proyecto de arreglo de la calle Alcalde Cancio Uribe recogía obras de renovación y mejora por finalización de su vida útil, añadiendo que, en el borrador del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, que estaba previsto que se aprobara en una sesión plenaria del mes de Marzo, se había establecido la dotación necesaria para poder ejecutar el proyecto redactado, al haberse incluido crédito suficiente en la partida del capítulo de Inversiones.

Así las cosas, estimamos que estas obras, que estaba previsto que se ejecutaran en 2017, conllevaban la renovación y mejora que la citada calle, por lo que entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte, procediendo al archivo del expediente de queja.

Queja número 16/7014

El Ayuntamiento de Sevilla acepta, en la fase de recurso, las alegaciones presentadas por el interesado, que no se habían tenido en cuenta en su momento, procediendo al archivo del expediente sancionador de tráfico.

El interesado nos exponía en su escrito de queja que las inmediaciones de su domicilio están consideradas como “bolsas de aparcamiento” por la Policía Local. El 28 de Marzo de 2016, al salir de la calle con su vehículo le impusieron una multa por “circular en dirección contraria”, con una sanción económica de 500 euros y retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Siempre según el interesado, el sentido de la circulación que él llevaba es el único que es posible en esa zona y que respetó la preferencia en los cruces.

Había alegado estas circunstancias en todo el procedimiento administrativo sancionador, pero se había dictado ya resolución sin tener en cuenta estas alegaciones.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, éste nos comunicó que se había aceptado la reclamación formulada por el interesado al causar indefensión el hecho de no haber tenido en cuenta sus alegaciones a la hora de adoptar resolución sancionadora.

Consecuentemente, al haberse estimado la reclamación del afectado y quedar solucionado el problema que motivó su escrito de queja, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 15/4839

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impulsa el proyecto para el encauzamiento de la Rambla de los Alcárceles en el tramo urbano de Padul.

El interesado, portavoz de un grupo municipal del Ayuntamiento de Padul (Granada), denunciaba la situación en la que se encontraba la Rambla de los Alcárceles, en el tramo que transcurre por el casco urbano del municipio, donde los vecinos llevaban años reclamando una solución por el riesgo de inundaciones que esta rambla tenía, por lo que fue incluida en el catálogo del Decreto 189/2002, de 2 de Julio, por el que se aprueba el plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, con la calificación A1, que es la máxima prioridad de ejecución debido a las siguientes causas: “ED Encauzamiento Deteriorado, ENB Elevación del Nivel de Base por acumulación de depósitos IS Insuficiente Sección del Cauce y NE No encauzado. Unido a la anterior catalogación también aparece en el anexo nº 2 del mismo decreto siendo catalogada como infraestructura de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Habían preguntado en varias ocasiones en sede parlamentaria acerca de qué se estaba haciendo desde el gobierno de la Junta de Andalucía para acometer una solución a esta Rambla, en el marco del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, y las respuestas habían sido infructuosas. Continuaba el interesado en su escrito trasladándonos lo siguiente:

Las actuaciones previstas en los Anexos del Plan se desarrollarán en el período temporal 2002-2015, distribuyéndose las inversiones del Plan por horizontes temporales y Administraciones de la siguiente forma:

Encontrándonos a final de 2015 y no viendo ningún movimiento por parte de la administración, ni siquiera la licitación de la obra, se podría dar por sentado el incumplimiento absoluto del plan de inundaciones tras 13 años de su aprobación.

Cabe mencionar que se ha actuado de forma extraordinaria y puntual en el cauce y siempre tras sufrir daños por inundaciones pero estas actuaciones son paliativas y ninguno de los casos vienen a resolver el problema, no es más, hablando claramente, que un parche político a una situación olvidada para curar las heridas de la prensa en los eventos de inundaciones sufridos.

Según marca el artículo 13 punto 1 del decreto 189/2002 la conservación de los cauces corresponde a la administración competente en la gestión de la cuenca correspondiente siendo en esta caso la Consejería de Medio Ambiente no habiéndose procedido, a nuestro parecer, a la ejecución de este mantenimiento”

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en una primera respuesta ésta nos informó que se había incluido, dentro de las actuaciones prioritarias del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, la línea de actuación “Inversión en infraestructuras para la prevención y defensa contra avenidas e inundaciones” de la programación operativa del Fondo FEDER 2016-2020 por un importe de 94 millones de euros.

En cuanto a la actuación concreta de la Rambla de los Arcárceles de Padul, se informaba que había sido incluida en una nueva Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobada por un Decreto de Enero de 2016 incluyendo la intervención prevista en la citada Rambla.

Dimos traslado de esta información al portavoz del grupo municipal para que nos remitiera sus alegaciones, de las que dimos cuenta a la Consejería cuando las recibimos. Esta Consejería finalmente nos traslado que ya habían mantenido una reunión con la Alcaldía-Presidencia de Padul para establecer el cronograma de la actuación del encauzamiento de la Rambla, así como que ya se había emitido certificado de no afección del proyecto a la Red Natura emitido por el Director General de Gestión del Medio Natural, añadiendo que la revisión del proyecto pretendía atender las alegaciones y observaciones formuladas durante el periodo de información pública, tanto por organismos públicos (Organismo de Cuenca y Ayuntamiento de Padul), como de particulares, no siendo necesario un nuevo trámite de información pública.

Se añadía que estas obras, incluidas en el Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones, deberán ser consideradas elegibles para su cofinanciación con fondos de la Unión Europea, MAC 2014-2020, y, tras ello, se procedería a la aprobación definitiva del proyecto, cuyas obras se ejecutarían con medios propios, lo que reduciría el plazo para su inicio.

A tenor de ello, estimamos que, dentro de la complejidad que suponía una obra de estas características, en la que estaban implicadas diversas instancias administrativas, se estaban dando pasos positivos para la ejecución de las actuaciones requeridas a fin de evitar posibles inundaciones y avenidas en la localidad. Así las cosas, considerando que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución a medio plazo, no apreciamos razones que justificaran nuevas gestiones por nuestra parte, sin perjuicio de que, en nuestro escrito de cierre, instemos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a que impulse los trámites que resten, de forma que las obras que el proyecto recogía puedan ser iniciadas en el menor plazo posible.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/5422 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla

La esposa del interesado está padeciendo la demora en la aprobación de su programa individual de atención, consistente en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se dicte resolución aprobando el programa individual de atención de la persona dependiente y se de plena efectividad al recurso correspondiente.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., en representación de su mujer, Dª. ..., con D.N.I. 2... y domicilio en ..., exponiendo la demora en la aprobación de su programa individual de atención, consistente en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de septiembre de 2016 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el compareciente expuso que por Resolución de enero de 2016 (expediente ...) fue reconocida la situación de dependencia, así como posteriormente, elaborada y remitida por los Servicios Sociales correspondientes la propuesta de PIA, sin que se hubiera procedido a aprobar el recurso, a pesar del tiempo transcurrido desde la Resolución de grado.

Interesó por ello que se procediera a finalizar el procedimiento y a asignar el recurso propuesto de Servicio de Ayuda a Domicilio.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que, en fecha 24 de noviembre de 2016 (nº Registro Salida ...) ratificó el reconocimiento de la afectada como Dependiente y la existencia de propuesta de PIA formulada por los Servicios Sociales, consistente en el Servicio de Ayuda a Domicilio, con intensidad de 70 horas mensuales, explicando que “se continuará con la tramitación reglamentaria del expediente según orden de incoación de los expedientes con el mismo recurso propuesto”.

3. Persistiendo la demora expuesta por la promotora de la queja, procede el dictado de la presente Recomendación.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la persona afectada, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el reconocimiento de la prestación o recurso correspondiente, consistente en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se dicte resolución aprobando el programa individual de atención de la persona dependiente y se dé plena efectividad al recurso correspondiente.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/0047 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

La interesada exponía la demora en la percepción de la cantidad adeudada a la comunidad hereditaria en concepto de efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar reconocida a su tía y no satisfecha al tiempo de su muerte.

Puesto que por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía no se había procedido a examinar y resolver la solicitud de los peticionarios, ni, en consecuencia, había satisfecho la deuda a su favor, ni indicaba en qué período temporal lo haría, en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora, se formula Resolución al citado organismo en el sentido de que, sin más dilación, se hagan efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria, con el abono de los intereses que se hubieren devengado por la causante..

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Consejería en relación con el expediente promovido a instancias de Dª. ..., quien compareció en su propio nombre, en calidad de heredera de su tía Dª ..., con D.N.I. ..., dependiente ya fallecida, exponiendo la demora en la percepción de la cantidad adeudada a la comunidad hereditaria en concepto de efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar reconocida a la anterior, no satisfecha al tiempo de su muerte.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 5 de enero de 2016 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente expuso que su tía tenía reconocida su situación de dependencia y asignado por Resolución de 28 de agosto de 2010 el recurso de prestación económica para cuidados en el entorno familiar (expediente ...).

La dependiente falleció sin haber percibido la suma reconocida como atrasos devengados por el reconocimiento de efectos retroactivos a la prestación económica asignada, procediendo sus herederos a formalizar ante la Administración, la solicitud de abono de la cantidad adeudada, aportando los documentos correspondientes.

Hasta la fecha no han obtenido ni respuesta ni pago, alegando que a pesar de haber aguardado durante el año 2015 a que esa Administración cumpliese el compromiso de liquidación de la deuda, sobrevenido el año 2016, nada ha cambiado.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que por escrito de mayo de 2016, aludiendo, como en otras ocasiones, a razones presupuestarias como causa de la ralentización en la gestión y resolución de los procedimientos de dependencia, concluyó que “el expediente de la persona interesada será resuelto a la mayor brevedad posible”.

CONSIDERACIONES

La disposición adicional primera introducida en la Orden de 3 de agosto de 2007 por la Orden de 26 de julio de 2010, relativa al aplazamiento del abono de los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, dispone en su apartado cuarto que “en el supuesto de que la persona beneficiaria falleciera con anterioridad a la percepción de la integridad de la cuantía aplazada, se continuará aplicando lo establecido en la presente disposición, además de las normas aplicables para los supuestos de pago de cuantías adeudadas a personas fallecidas.

En todo caso, previa solicitud, y una vez constituida la correspondiente comunidad hereditaria, se harán efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria”.

Del informe que obra en el expediente de la interesada, así como de la documentación aportada por esta y de sus alegaciones, resulta que por los herederos de la dependiente fallecida se han cumplimentado todos los trámites necesarios para que por la Administración se proceda a hacer efectiva la deuda pendiente a favor de la comunidad hereditaria, a través de un solo pago, sin que dicho pago haya tenido lugar.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por su parte, con independencia de las razones económicas ajenas a los administrados que ofrece en su informe, no ha procedido a examinar y resolver la solicitud de los peticionarios, ni, en consecuencia, ha satisfecho la deuda a su favor, ni indica en qué período temporal lo hará, más allá de la fórmula abierta e inconcreta de “a la mayor brevedad posible”.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- La Orden de 3 de agosto de 2007 por la Orden de 26 de julio de 2010, relativa al aplazamiento del abono de los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, dispone en su apartado cuarto que “en el supuesto de que la persona beneficiaria falleciera con anterioridad a la percepción de la integridad de la cuantía aplazada, se continuará aplicando lo establecido en la presente disposición, además de las normas aplicables para los supuestos de pago de cuantías adeudadas a personas fallecidas.

En todo caso, previa solicitud, y una vez constituida la correspondiente comunidad hereditaria, se harán efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria”.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se dicte Resolución reconociendo el derecho de la peticionaria y se hagan efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria, con el abono de los intereses que se hubieren devengado por la causante.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/0625 dirigida a Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

El interesado exponía la demora en la percepción de la cantidad adeudada a la comunidad hereditaria en concepto de efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar reconocida a su madre y no satisfecha al tiempo de su muerte.

Puesto que por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía no se había procedido a examinar y resolver la solicitud de los peticionarios, ni, en consecuencia, había satisfecho la deuda a su favor, ni indicaba en qué período temporal lo haría, en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora, se formula Resolución al citado organismo en el sentido de que, sin más dilación, se hagan efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria, con el abono de los intereses que se hubieren devengado por la persona causante.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Consejería en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., vecino de ..., quien compareció en su propio nombre, en calidad de heredero de su madre dependiente ya fallecida, ..., exponiendo la demora en la percepción de la cantidad adeudada a la comunidad hereditaria en concepto de efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar reconocida a la anterior, no satisfecha al tiempo de su muerte.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 15 de enero de 2016 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el interesado reclamaba el abono de la suma adquirida como heredero de su madre fallecida, gran dependiente a la que fue reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que devengó atrasos por retroactividad (expediente ...).

La cantidad devengada por atrasos ascendió a 11.293,70 euros (principal más intereses), cuyo pago se fraccionó en cinco anualidades, de los años 2012 a 2016, ambos inclusive, sin que ninguno de los plazos hubiese sido satisfecho a la fecha del fallecimiento de la gran dependiente, producido en abril de 2012.

El promotor de la queja nos especificaba que había procedido a solicitar a la Administración el referido pago de la deuda, presentando la documentación preceptiva, sin que desde entonces le hubiera sido requerida subsanación o aportación de algún documento adicional, al encontrarse el expediente completo y, por ello, pendiente de pago.

La referida petición data ya de casi hace tres años, aludiendo el interesado al incumplimiento del compromiso de saldar la deuda por este concepto, asumido por la Agencia de Dependencia en el año 2015. Instando, en consecuencia, el cumplimiento de la obligación administrativa sin más demora.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que por escrito de abril de finales del mes de mayo de 2016, indicó que “el expediente se encuentra pendiente de resolución”, aludiendo a razones presupuestarias como causa de la ralentización en la gestión y resolución de los procedimientos de dependencia. Concluyendo que “en la actualidad se está ejecutando un plan de pagos mensuales para ir rebajando las cuantías a abonar”.

3. Puesto en contacto con esta Defensoría en diversas ocasiones, el promotor de la queja ha reiterado la persistencia del impago.

CONSIDERACIONES

La disposición adicional primera introducida en la Orden de 3 de agosto de 2007 por la Orden de 26 de julio de 2010, relativa al aplazamiento del abono de los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, dispone en su apartado cuarto que “en el supuesto de que la persona beneficiaria falleciera con anterioridad a la percepción de la integridad de la cuantía aplazada, se continuará aplicando lo establecido en la presente disposición, además de las normas aplicables para los supuestos de pago de cuantías adeudadas a personas fallecidas.

En todo caso, previa solicitud, y una vez constituida la correspondiente comunidad hereditaria, se harán efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria”.

Del informe que obra en el expediente del interesado, así como de la documentación aportada por este y de sus alegaciones, resulta que por el heredero de la dependiente fallecida se han cumplimentado todos los trámites necesarios para que por la Administración se proceda a hacer efectiva la deuda pendiente a favor de la comunidad hereditaria, a través de un solo pago, sin que dicho pago haya tenido lugar.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por su parte, con independencia de las razones económicas ajenas a los administrados que ofrece en su informe, no ha procedido a examinar y resolver la solicitud del peticionario, ni, en consecuencia, ha satisfecho la deuda a su favor.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- La Orden de 3 de agosto de 2007 por la Orden de 26 de julio de 2010, relativa al aplazamiento del abono de los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, dispone en su apartado cuarto que “en el supuesto de que la persona beneficiaria falleciera con anterioridad a la percepción de la integridad de la cuantía aplazada, se continuará aplicando lo establecido en la presente disposición, además de las normas aplicables para los supuestos de pago de cuantías adeudadas a personas fallecidas.

En todo caso, previa solicitud, y una vez constituida la correspondiente comunidad hereditaria, se harán efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria”.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se dicte Resolución reconociendo el derecho del peticionario y se hagan efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria, con el abono de los intereses que se hubieren devengado por la causante.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 13/5900 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla

La madre de la interesada, reconocida como dependiente Grado II está padeciendo la demora en la revisión del PIA.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se impulse la solicitud de revisión de programa individualizado de atención instada por la persona solicitante, dictando la correspondiente resolución y dando efectividad al recurso correspondiente.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de Dª. ..., haciéndolo en su propio nombre y en representación de su madre, exponiendo la demora en la revisión del programa individualizado de atención (Expte. ...).

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de octubre de 2013 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente expuso la demora en la revisión de PIA (Expte. ...).

2. Admitida a trámite la queja, y tras diversas gestiones, con fecha 24 de junio de 2015 esta Institución acordó requerir la emisión de informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que, en fecha 29 de julio de 2016 manifestó que con fecha 30 de septiembre de 2015, se aprobó mediante resolución la revisión de la situación de dependencia (Grado II) y como consecuencia, se inició la revisión del PIA que, a dicha fecha, se estaba a la espera de recibir la propuesta de PIA para proceder a la aprobación del mismo, con objeto de mejorar los recursos teniendo en cuenta su nueva situación.

3. Persistiendo la demora expuesta por la promotora de la queja, procede el dictado de la presente Recomendación.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante la revisión de su programa individualizado de atención y la aprobación del recurso idóneo resultante de dicho procedimiento.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se impulse la solicitud de revisión de programa individualizado de atención instada por la persona solicitante, dictando la correspondiente resolución y dando efectividad al recurso correspondiente.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 16/3287

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Nerja ordena la retirada de un toldo, en la vía pública, que había ocasionado un accidente a un viandante debido a su baja altura.

El interesado, en su escrito de queja, nos indicaba que en Julio de 2016 se dio un golpe en la cabeza con “el brazo de un toldo situado muy bajo, perdiendo por unos segundos el conocimiento. Fui al Cuartel de la Guardia Civil y me mandaron al Ayuntamiento, que entendía estos temas de las vías urbanas”. Presentó, en el Ayuntamiento, la oportuna denuncia por los hechos ocurridos y, transcurrido un tiempo, fue recibido por la Alcaldesa que le informó que no existía “ninguna Ordenanza Municipal que indicase a que altura tenían que estar los toldos y que por tanto no tenía fuerza legal, ni moral para comunicarle al propietario del toldo que lo elevara un poco. Yo le contesté que si había un vacío legal, sí había sentido común”. Denunció también los hechos ante la Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga, pero allí le indicaron que “no tenían ninguna potestad sobre las competencias municipales y por tanto el toldo y el brazo sigue a baja altura”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Nerja (Málaga), éste nos comunicó que había requerido a los titulares del toldo para que procedieran de manera inmediata a su retirada, en aplicación de la vigente Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, añadiendo que se nos iría informando de las sucesivas medidas que se fueran adoptando en este caso. Después de ello, el Ayuntamiento nos comunicó que había incoado expediente sancionador al titular del establecimiento, con orden de retirada de los los toldos instalados, ya que solamente había retirado parcialmente las instalaciones, según el informe del Inspector municipal.

Finalmente, el Ayuntamiento de Nerja nos comunicó que el toldo objeto de reclamación había sido retirado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en el citado expediente de queja.

Queja número 16/5898

La Consejería de Fomento y Vivienda inicia un procedimiento sancionador contra la empresa concesionaria del servicio de autobuses entre Tocina y Sevilla por no disponer de autobuses adaptados a personas con movilidad reducida.

En su escrito de queja se dirigió a esta Institución la presidenta de una asociación empresarial de mujeres de dos localidades de la provincia de Sevilla para manifestarnos que, en un viaje que habían realizado un grupo de personas de la asociación para acudir a Sevilla, se encontraron con que el autobús que hace el trayecto entre Tocina y Sevilla no se encontraba adaptado para personas con movilidad reducida y una de esas personas no pudo subir al autobús, a pesar de que éste, en sus pegatinas informativas, así lo indicaba.

En el caso concreto del municipio de Tocina, la presidenta nos indicaba, textualmente, lo siguiente: “Reiteradamente desde nuestro pueblo, surgen día a día los problemas de desplazamiento para este colectivo. Tanto RENFE, como la empresa de autobuses … dicen tener sus vehículos adaptados para los pasajeros de movilidad reducida, pero en la realidad del día a día se incumplen una y otra vez esta adaptabilidad pregonada por estas empresas. Desde nuestra pequeña Asociación queremos dar voz a este colectivo ninguneado y ofendido cada vez que intenta desplazarse en los transportes públicos a Sevilla. Sabemos que podemos hacer poca cosa, pero nos negamos a que se nos silencie de manera déspota y ofensiva cuando lo que se reclama es que se cumpla la normativa que estas empresas pregonan practicar”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la Consejería de Fomento y Vivienda, ésta, a través de la Dirección General de Movilidad, nos indicó que el Servicio de Transportes de la Delegación Territorial de la misma en Sevilla había abierto un expediente sancionador a la empresa concesionaria de la línea por prestar servicios regulares con vehículos que incumplen las condiciones técnicas sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida, lo que estaba calificado como falta grave.

A la vista de ello y dado que se estaban adoptando las medidas oportunas para evitar este tipo de incumplimientos, que afectan a las personas con movilidad reducida, dimos por concluidas nuestras actuaciones al entender que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, sin perjuicio de solicitar a la Consejería que nos remitiera la resolución que finalmente se adoptara en el expediente abierto a la empresa.

Queja número 16/3680

El Ayuntamiento de Punta Umbría nos informa sobre las circunstancias de unas atracciones feriales que se sitúan en su término municipal, pero causan molestias a una urbanización situada en el término municipal de Cartaya. Tras la información, se ha detectado que tales atracciones estuvieron en funcionamiento durante todo el pasado verano, de forma irregular, al no haber cumplido en ningún momento la condición que el Ayuntamiento de Punta Umbría impuso al conceder la autorización.

El interesado, presidente de la comunidad de propietarios de un edificio sito en la zona de Nuevo Portil Cartaya, en su escrito de queja nos relataba que el edificio estaba situado justo en el límite entre los términos municipales de Cartaya y Punta Umbría, en la provincia de Huelva. El problema era que a escasos 25 metros del edificio, pero en el término municipal de Punta Umbría, se instalaban, durante toda la temporada veraniega, unas atracciones de feria que generaban altísimos niveles de ruido que afectaban muy gravemente al derecho al descanso de quienes residían en su entorno y, especialmente, en el edificio del que era presidente de la comunidad de propietarios. Además, las atracciones feriales estaban funcionando hasta altas horas de la madrugada, lo que conllevaba una elevada afluencia de público, lo que provocaba una elevada contaminación acústica y lumínica por el número y potencia de los focos utilizados.

Llevaban sufriendo estas condiciones desde hacía ya cinco años y todas las denuncias que habían dirigido al Ayuntamiento de Punta Umbría habían sido infructuosas.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Punta Umbría, éste nos comunicó que las atracciones en cuestión habían sido autorizadas de forma condicionada el último verano, resultando que la condición impuesta no se llegó a cumplir, de tal forma que estuvieron todo ese tiempo funcionando de manera irregular, sin autorización. Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento incoó expediente sancionador. De esta información dimos traslado al interesado para que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que creyera oportunas, pero finalmente no recibimos respuesta del mismo, por lo que entendimos que consideraba que no eran necesarias nuevas actuaciones por nuestra parte y procedimos al archivo del expediente de queja.

No obstante, en el momento en que comunicamos este archivo del expediente de queja al Ayuntamiento, indicamos a éste que al haberse puesto de manifiesto deficiencias e irregularidades en la actuación del mismo en este asunto, puesto que se reconocía que no se cumplió la condición impuesta a estas atracciones feriales, que habían estado tanto tiempo generando elevados niveles de ruido, esperábamos que para la próxima temporada veraniega se mostrara más diligente ante la posibilidad de que se solicitara nuevamente autorización para estas atracciones. En todo caso, debía tenerse en cuenta la normativa de protección contra el ruido, tanto en relación con esas atracciones como de establecimientos hosteleros y terrazas de veladores, con objeto de hacer compatible el ocio -dentro de la normativa- y el derecho al descanso de quienes residen o se hospedan en el entorno.

Esperábamos que se tuviera en cuenta y que se actuara antes de que el perjuicio y el daño se produjeran, pues de nada sirve actuar una vez finalizado el periodo estival cuando se ha convertido éste en un verdadero calvario de ruidos a cualquier hora del día y hasta altas horas de la noche. De nada le sirve al ciudadano perjudicado un expediente sancionador incoado después del verano, si éste se ha convertido en un sufrimiento diario y si se le han hecho insufribles las vacaciones o su estancia en esa zona.

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