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El Defensor del Pueblo Andaluz, tras recordar a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Algeciras su deber de colaboración y que la actividad administrativa debe regirse por los principios constitucionales y estatutarios de eficacia, eficiencia, servicio a la ciudadanía, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, le ha recomendado que se ejecuten, sin más demoras, las medidas anunciadas para solucionar la ausencia de rebaje en el paso de peatones del grupo semafórico comprendido entre las proximidades del Auditorio Millán Picazo y el acceso a la Plaza/Jardín Umm Hakim, así como la acumulación de aguas pluviales que se produce.

ANTECEDENTES

1.- El reclamante denunciaba que, a su juicio, supone un peligro para la integridad física de los ciudadanos el estado actual del paso de peatones del grupo semafórico comprendido entre las proximidades del Auditorio Millán Picazo y el acceso a la Plaza/Jardín Umm Hakim. Estimaba que la pasividad del Ayuntamiento de Algeciras a la hora de solucionar la falta del rebaje del paso de peatones y el problema de acumulación de aguas pluviales que allí se ocasiona puede originar situaciones de gran peligro para los viandantes, por lo que demandaba la urgente intervención de la Delegación Municipal de Vías y Obras para solucionarlo.

2.- En la respuesta que recibimos tras nuestra petición de informe, se reconocían las deficiencias del paso de peatones, por lo que se habían dado instrucciones para que fueran resueltas a la mayor brevedad de acuerdo con los medios disponibles. En cuanto al problema de acumulación de aguas, se nos informaba que se estaban realizando catas para detectar la situación exacta del punto de desagüe al encauzamiento del río de la Miel.

3.- De acuerdo con ello, en mayo de 2017 interesamos que se nos mantuviera informados de la ejecución efectiva de las obras de reparación de las deficiencias del paso de peatones y del plazo aproximado en el que, una vez estudiada la solución más adecuada, se podría solucionar igualmente el problema de pluviales que motivó la reclamación del afectado.

4.- Esta nueva petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas junio y septiembre de 2017, pero ello no ha motivado que nos haya sido remitida la misma, ni siquiera a pesar del contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo a tales efectos con personal municipal en enero de 2018. Ello ha determinado que, a pesar de todas nuestras gestiones y pasado un amplio plazo, ignoremos cuándo va a llevar a cabo las medidas que, para remediar las deficiencias denunciadas, se nos anunciaron en escrito municipal de abril de 2017.

CONSIDERACIONES

Primera.- Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía está incurriendo en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Tercera.- En el presente caso, el silencio de ese Ayuntamiento propicia que, a estas alturas, sigamos ignorando el plazo aproximado en que se llevarán a cabo las medidas que, para solucionar las deficiencias en el viario público denunciadas, se nos habían adelantado en su anterior comunicación.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

RECOMENDACIÓN para que se ejecuten sin más demoras las medidas anunciadas por ese Ayuntamiento para solucionar la ausencia de rebaje en el paso de peatones del grupo semafórico comprendido entre las proximidades del Auditorio Millán Picazo y el acceso a la Plaza/Jardín Umm Hakim, así como la acumulación de aguas pluviales que se produce.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, además de recordar a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación que la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, impulsando de oficio los procedimientos en todos sus trámites, le recomienda que sin más demoras impulse medidas efectivas para que, bien sea mediante la implantación del Servicio de Grúa municipal, campañas informativas, incremento de vigilancia o denuncia o a través de cualquier otro medio que se estime procedente, se vean solucionados los problemas que origina la frecuente ocupación de vado con licencia municipal en esa localidad.

ANTECEDENTES

El motivo de la queja era la reiterada ocupación de un vado, que cuenta con la debida licencia municipal, sin que, por parte del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), se adopten medidas para establecer en el municipio el servicio de grúa para la retirada de aquellos vehículos aparcados de forma indebida y que ocasionen perjuicios con dichos comportamientos.

1.- El reclamante nos exponía textualmente lo siguiente:

"Me dirijo a usted a fin de intentar solucionar una situación que desde hace algún tiempo (2009) venimos soportando mi familia y yo en la localidad de Bollullos de la Mitación en Sevilla. El asunto trata de la ocupación del vado de mi garaje por otros vehículos y que me impiden salir o entrar al mismo.

Parece una situación sin importancia, pero la tiene, ya que esta localidad carece de grúa municipal, teniendo en cuenta que tiene aprobada la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación a Motor y Seguridad Vial y también un censo de 10.000 habitantes aproximadamente. Es mas, cuando esto ocurre en fin de semana -como ha sucedido siempre-, la Policía Local está ausente, no responde al teléfono o lo tiene desviado a un buzón lleno y las oficinas están cerradas, como ha ocurrido el pasado día .. de Noviembre a las 22,30 y el .. del mismo mes a las 13,00.

Siempre que ha sucedido este problema, he dirigido un escrito al Ayuntamiento y no he recibido respuesta alguna, e incluso he intentando hablar con los responsables municipales y no me han atendido”.

2.- En la respuesta remitida por el citado Ayuntamiento a nuestra petición de informe inicial, además de hacer constar los antecedentes disponibles sobre las reclamaciones del interesado, se nos daba cuenta de los precarios medios de la Policía Local para atender a los problemas de ocupación de vado como los que plantea el interesado y reseñaba la carencia del servicio de grúa en ese municipio. Se nos anunciaba que se estaba trabajando en diferentes fórmulas para poder disponer de tal servicio durante las 24 horas. Mientras ello se conseguía, se indicaba que, a lo máximo que podían comprometerse era a llevar a cabo una campaña de difusión y preventiva de cara a concienciar a la ciudadanía.

3.- De acuerdo con ello, en abril de 2017, interesamos de dicha Corporación Municipal que se nos indicara el plazo aproximado en el que se tenía previsto iniciar la campaña anunciada de difusión y preventiva de cara a concienciar a la ciudadanía en torno a este asunto, informándonos asimismo, en el caso de contar con dicho dato, del número de expedientes sancionadores abiertos por ocupación de vado en ese municipio durante el año 2016 a fin de conocer si se estaban llevando a cabo actuaciones efectivas para evitar este tipo de infracciones.

Por otra parte, seguíamos interesados en conocer las nuevas gestiones que se pudieran desarrollar en adelante con objeto de poder disponer del servicio de grúa en ese municipio durante las 24 horas y el plazo aproximado en que, en su caso, podría iniciarse su funcionamiento para solucionar el problema que afecta al interesado y a otras muchas personas en ese municipio.

4.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información con fechas junio y septiembre de 2017, pero ello no ha motivado que nos sea remitida la misma, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal en noviembre de 2017. Ello ha determinado que, a pesar de todas nuestras gestiones, ignoremos en este momento si, como anunció, ese Ayuntamiento ha iniciado la campaña comprometida de difusión y preventiva de cara a concienciar al ciudadano en torno a obligación de respetar las licencias de vado, como también seguimos ignorando el número de expedientes sancionadores abiertos por ocupación de vado en ese municipio durante el año 2016, lo que nos impide conocer si se están llevando a cabo actuaciones efectivas para evitar este tipo de infracciones.

Por último, tampoco se nos ha ofrecido información alguna sobre el estado de las gestiones tendentes a poder contar con el demandado Servicio de Grúa municipal en esa localidad.

CONSIDERACIONES

Primera. - Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía está incurriendo en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Tercera.- En el presente caso, el silencio de ese Ayuntamiento propicia que ignoremos si ese Ayuntamiento está ejerciendo debidamente las competencias que, en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, le atribuye el artículo 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, toda vez que ignoramos las actuaciones que pueda estar impulsando para evitar situaciones de ocupación de vado, como las que vienen ocasionando perjuicios al reclamante.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites y, por último, del artículo 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RECOMENDACIÓN de que, sin nuevas demoras, se impulsen medidas efectivas para que, bien sea mediante la implantación del Servicio de Grúa municipal, campañas informativas, incremento de vigilancia o denuncia o a través de cualquier otro medio que se estime procedente, se vean solucionados los problemas que origina la frecuente ocupación de vado con licencia municipal en esa localidad.

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras recordar, en concreto, a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alcaucín la normativa sobre protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, le recomienda que, conforme al modelo constitucional de Administración al servicio de la ciudadanía, realice cuantas acciones sean necesarias para dar total cumplimiento al decreto municipal que ordenaba determinadas acciones a una empresa, de forma que quede definitiva restaurada la legalidad urbanística, cumpliendo así sus competencias en materia de disciplina urbanística.

ANTECEDENTES

La queja venía motivada por el silencio del Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga) ante escrito del reclamante relativo al posible incumplimiento de diversas resoluciones para la restauración de la legalidad urbanística en ese municipio.

1.- El reclamante nos exponía que mantiene asuntos pendientes con dicho Ayuntamiento de Alcaucín que, lejos de resolverse, se estarían perpetuando en el tiempo. Se trataría, siempre según el reclamante, de las siguientes cuestiones:

- La empresa … efectuó grandes concentraciones de tierra en dos parcelas contiguas a una suya. Sin embargo, y como consecuencia de fuertes lluvias (año 2010), se produjo un desplazamiento de dichas tierras que invadieron su parcela, lo que por fortuna no afectó a su vivienda, pero si arrasó todo lo que se encontró a su paso -valla, arboles, instalaciones de riego, drenajes, etc.-, dejando sobre su parcela grandes montañas de tierra y piedras.

El Ayuntamiento dictó resolución y orden de ejecución apoyada en un informe técnico, que valoraba los daños y apercibía a la firma … para que realizara las actuaciones pertinentes, advirtiéndole con multas coercitivas.

Transcurrido el tiempo sin que esta empresa reaccionara, el Ayuntamiento dictó nueva resolución imponiendo la décima y última multa coercitiva de las 10 previstas.

Dicha resolución en su apartado afirmaba que, tras la imposición de la décima multa coercitiva, se procedería de conformidad con la normativa vigente a su correspondiente ejecución subsidiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la LOUA.

En el momento de la presentación de la queja, agosto de 2016, habían pasado más de dos años y medio sin que el Ayuntamiento hubiera procedido a ejecutar su propia resolución.

- Según una resolución municipal se habían producido diversos movimientos de tierra en diversas parcelas que contravienen las condiciones por las cuales se otorgaron las correspondientes licencias.

El citado expediente se resolvió con orden de reposición a su estado originario de la configuración de los terrenos a su estado anterior, con restauración de la cubierta vegetal. La advertencia de multas coercitivas no se habría llevado a efecto.

- Finalmente, el reclamante defendía que, al amparo de tres resoluciones judiciales relativas al planeamiento urbanístico de Marbella, no es posible legalizar infracciones urbanísticas sobre las que ya se haya producido pronunciamiento judicial.

2.- En la primera respuesta que recibimos del Ayuntamiento, de noviembre de 2016, se señalaba, en síntesis, que se había dado respuesta a los escritos del interesado, que se había ordenado la ejecución subsidiaria en el expediente que le afecta y se defendía la correcta tramitación del expediente de elaboración y aprobación del PGOU.

Visto este posicionamiento de dicha Corporación Municipal, nos pareció oportuno solicitar al afectado que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que tuviera por convenientes acerca del mismo señalando aquellas otras gestiones que, en su caso, estimara convenientes por nuestra parte por lo que, una vez recibimos las mismas, recabamos nuevo informe a ese Ayuntamiento acerca del proceso de ejecución subsidiaria.

3.- En cuanto a la ejecución de lo ordenado por Resolución ... se nos indicó ya en febrero de 2017 en síntesis que, por la mercantil ... se había presentado escrito de alegaciones que se encontraba pendiente de respuesta y, en cuanto a las previsiones para acometer la ejecución subsidiaria prevista se aclaraba que la carencia de medios del Ayuntamiento para tal fin hace que todo se ralentice.

Pues bien, ya en julio de 2017, se nos informaba que se había dictado Resolución de desestimación de alegaciones de la entidad mercantil y de la solicitud de acceso a finca para su ejecución que, al no haber sido autorizada de forma voluntaria por la propiedad, se había solicitado en vía judicial.

4.- De acuerdo con ello, en julio de 2017 interesamos a ese Ayuntamiento que nos mantuviera informados de la resolución judicial que se dictara al respecto y, en su caso, de las posteriores gestiones realizadas para dar completo cumplimiento a lo ordenado en el Decreto mencionado a fin de que quede restaurada la legalidad urbanística en este asunto. Esta última petición de informe no ha obtenido respuesta, por lo que esta Institución se ha visto obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas septiembre y noviembre de 2017, pero ello no ha motivado que nos sea remitido la misma, con la consecuencia de que, después de varios años y más un expediente de queja tramitado en torno a este asunto, aún siga sin quedar restaurada la legalidad urbanística y persistan los perjuicios que motivan la reclamación del afectado.

CONSIDERACIONES

Primera. - El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Tercera.- En fin, este relato entendemos que es suficientemente ilustrativo de la ineficacia, demoras en que se está incurriendo por parte de ese Ayuntamiento en orden a hacer respetar la legalidad urbanística. Así las cosas, debemos trasladarle nuestra preocupación por la ausencia del debido impulso a la tramitación de unos expedientes de restauración de la legalidad urbanística, cuya culminación se viene demandando desde hace muchos años. Entendemos que esa Alcaldía debe dictar las instrucciones oportunas para que cesen estas anomalías y dilaciones.

En caso de no obrar en tal sentido, nos encontraríamos ante la inobservancia práctica de los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regulan los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, así como de sus concordantes 36 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3 del deber legal de observar los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regulan los procedimientos de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, así como de sus concordantes 36 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

RECOMENDACIÓN para que, conforme al modelo constitucional de Administración al servicio de la ciudadanía, por parte de ese Ayuntamiento se realicen cuantas actuaciones sean necesarias para dar total y cumplido cumplimiento al Decreto ... de esa Alcaldía de forma que quede definitivamente restaurada, tras tantos años, la legalidad urbanística en este asunto, atendiendo a las lógicas expectativas de un ciudadano que lleva demasiado tiempo confiando legítimamente en que ese Ayuntamiento va a ejercer cumplidamente sus competencias en materia de disciplina urbanística.

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bormujos que, sin más demoras, se pronuncie, de forma definitiva y motivada, sobre la petición de que sea reparado el defecto constructivo existente en el inmueble colindante al de propiedad del reclamante, toda vez que el mismo fue promovido por parte municipal y, en consecuencia, considera que debe asumir su arreglo.

ANTECEDENTES

La queja venía motivada por el hecho de que, desde un inmueble promovido por iniciativa municipal, se encontraban canalizadas las aguas pluviales sobre otro propiedad del interesado, al que se le ocasionaban perjuicios.

1.- El reclamante nos exponía que, sobre su casa, vierte sus aguas otra colindante que fue promovida por el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), añadiendo que esta situación se remonta muchos años atrás y que otras corporaciones intentaron solucionarlo pero los medios técnicos no fueros los adecuados. Por ello, señalaba que había recurrido a la actual Corporación Municipal y que, tras reiteradas respuestas y un gran tiempo trascurrido, le fue concedida una entrevista con la Alcaldía-Presidencia, donde se comentó la situación, pero que desde entonces permanecía un total silencio como respuesta.

2.- Tras nuestro escrito inicial, el Ayuntamiento nos remitió los informes elaborados por el Arquitecto y el Secretario en torno al problema que afecta al reclamante. En síntesis, el primero señalaba que se trata de un problema jurídico-privado a dilucidar ante la jurisdicción civil entre el interesado y el propietario del inmueble desde cuya cubierta se vierten aguas sobre su inmueble. En cuanto al Secretario Municipal señalaba que si existe algún defecto constructivo en el inmueble colindante al del afectado deberá plantearse por el propietario del mismo ante el órgano competente en materia de protección oficial de la administración autonómica si se encuentra en plazo para ello. En todo caso, se rechazaba cualquier responsabilidad municipal en los perjuicios que padece la vivienda.

3.- Pues bien, el reclamante, con respecto a este posicionamiento municipal, nos manifestó en nuevo escrito que era preciso aclarar que la vivienda desde la que se vierten aguas a su inmueble era otra de la que se señalaba por parte del Arquitecto Municipal y nuevamente exponía que el problema quedaría solucionado con la adecuada colocación de una canaleta. Consideraba que el hecho de que, con anterioridad, aunque de manera infructuosa, el Ayuntamiento intentara arreglar en dos ocasiones el problema y que reconozca su condición de promotor de estas viviendas de protección oficial viene a constatar que el problema tiene su origen en una mala solución técnica y constructiva, como el propio Arquitecto Municipal exponía.

4.- Dadas estas circunstancias -aunque resultaba evidente que habían transcurrido los plazos para formular una reclamación contra ese Ayuntamiento, en su condición de promotor de esta promoción, al amparo de la normativa de viviendas de protección oficial-, ante la persistencia del problema desde la misma entrega de las viviendas, en febrero de 2017 le trasladamos la petición del afectado de que se estudiara asumir su responsabilidad en el origen del problema constructivo que ocasiona el vertido de estas aguas y procediera a su arreglo, ya que una solución adecuada cuando se detectó el problema hace ya varios años hubiera podido evitar el problema creado.

5.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, en abril y mayo de 2017, pero ello no ha motivado que nos haya sido remitida la misma, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado octubre de 2017. Ello ha determinado que, a pesar de nuestras gestiones, sigamos ignorando si ese Ayuntamiento se reitera en su ausencia de responsabilidad en cuanto al defecto constructivo que origina problemas al inmueble del interesado o, por el contrario, tiene previsto acceder a la petición del afectado y colocar la canaleta que demanda.

CONSIDERACIONES

Primera.- Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía está incurriendo en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Tercera.- En el presente caso, el silencio de ese Ayuntamiento propicia, en definitiva y como antes indicábamos, que ignoremos si ese Ayuntamiento se reitera en su ausencia de responsabilidad en cuanto al defecto constructivo que origina problemas al inmueble del interesado o, por el contrario, tiene previsto acceder a su petición y colocar la canaleta que demanda, puesto que el origen del problema, siempre según el afectado, radica en el defecto constructivo de un inmueble promovido en su día por ese Ayuntamiento.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

RECOMENDACIÓN de que, sin nuevas demoras, esa Alcaldía se pronuncie de forma definitiva y motivada sobre la petición formulada por el reclamante para que sea reparado el defecto constructivo existente en el inmueble colindante al de su propiedad, toda vez que el mismo fue promovido por parte municipal y, en consecuencia, considera que debe asumir su arreglo.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula recordatorio a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Puerto Real de la normativa sobre accesibilidad, recomendándole que, en cumplimiento de la misma, se requiera al titular de la actividad de autoescuela la implantación de aquellas ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del mismo reglamento que sean adecuadas para mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, siempre y cuando quede suficientemente justificado que la observancia estricta de la normativa de accesibilidad resulta inviable en el inmueble en cuestión.

ANTECEDENTES

Acudió a esta Institución una asociación local de personas con discapacidad de Puerto Real (Cádiz) planteando los problemas de accesibilidad que presentaba el edificio en el que una autoescuela daba sus clases, en el citado municipio.

1.- En octubre de 2016, la asociación reclamante nos exponía que, en el mes de mazo anterior, se personó en el expediente de Licencia de Apertura relativo al local situado en … destinado a Autoescuela, a consecuencia de haber detectado el incumplimiento de la actual normativa reguladora de accesibilidad en los edificios, contenida en el Decreto 293/2009, de 7 de Julio. También se indicaba que dicho local se encontraba adaptado anteriormente a esta actividad y su acceso era mediante rampa. Añadía que, por parte de la propiedad del local se solicitó licencia para realizar obras de eliminación de la rampa de acceso y para la colocación en lugar de ésta de un escalón en el acceso al local.

2.- La asociación, una vez comprobada la falta de accesibilidad al local, interpuso denuncia ante el Ayuntamiento poniendo de manifiesto esta circunstancia. Y textualmente se indicaba en el escrito de queja:

“Después de varias reuniones con el Concejal de Urbanismo y Técnicos se consigue que el Ayuntamiento le requiera a la propietaria para que adecue el acceso al local a las normas de accesibilidad, a la cual se opone alegando que procedió a colocar el escalón atendiendo al requerimiento del propio Servicio de Licencias del Ayuntamiento. Finalmente con fecha del 26 de febrero del presente se notifica a la asociación Decreto en el que se indica que no procede la adaptación del acceso al local por entender el técnico que informa que queda justificada la instalación de dicho escalón por reducción de trabas administrativa y por imposibilidad manifiesta de la adecuación del local por la complejidad anteriormente comentada.

Ante este desacuerdo por parte de la entidad se procede a realizar petición de informe jurídico y técnico en los que se constata tanto en uno como en el otro que es perfectamente viable la realización del acceso cumpliendo con la normativa vigente sin que se pueda acoger a ninguna de las excepciones contempladas en la norma para la falta de cumplimiento estricto de esta.”

3.- Después de varios escritos remitidos al ayuntamiento por esta Institución no ha sido hasta noviembre de 2017, un año después de nuestra petición de informe inicial, cuando se nos ha remitido Informe Jurídico del Área de Urbanismo en el que, tras exponer algunos antecedentes del asunto, se defiende en síntesis que la accesibilidad es harto complicada dada su fisonomía y la propia configuración del local, añadiendo que la ejecución de la rampa haría impracticable el inmueble, llegando incluso a tener que modificar la situación del aseo adaptado que se encuentra ejecutado. Por ello, se alude a criterios de proporcionalidad para permitir que la actividad se siga desarrollando en las condiciones actuales y no gravar tan severamente a quien ha puesto en marcha esta actividad mercantil.

CONSIDERACIONES

Primera.- La Disposición adicional primera del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, regula los supuestos en que, excepcionalmente, podrán otorgarse licencias o autorizaciones sin cumplir con los requisitos reglamentarios cuando concurran circunstancias tales como que la condiciones físicas de la propia construcción imposibiliten el total cumplimiento de la norma, excepción a la que parece remitirse el Informe Jurídico del Área de Urbanismo.

No obstante, el apartado 2 de la citada Disposición adicional primera, regula el procedimiento que habrá de seguirse para otorgar dicha autorización excepcional y no nos consta que dicho procedimiento haya sido cumplimentado en el presente caso, al no mencionarse la memoria técnica que justifique los incumplimientos, ni las soluciones a adoptar, ni todo ello se aprecia en el permiso de apertura otorgado por ese Ayuntamiento.

Segunda.- Y lo que es más importante, no tenemos tampoco constancia alguna de que, en cumplimiento del apartado 3 de la Disposición adicional primera del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, se hayan mejorado las condiciones de accesibilidad preexistentes, ni de que se hayan dispuesto alguna de las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 de este Reglamento, incluyendo las mismas en el proyecto.

Tercera.- Por último, lo que no parece de recibo es que precisamente un local que se abre mediante declaración responsable en Abril de 2015, durante la plena vigencia de esta normativa, sea dedicado a una actividad abierta al público y que no sea accesible. Si el local no resultaba adecuado, debido a sus características, para que la actividad de autoescuela se desarrollara con normalidad al no ser accesible para las personas con discapacidad, debería haberse iniciado la actividad en otro inmueble. No cabe hablar en este caso de circunstancias sobrevenidas, sino que se inicia la actividad con plena conciencia de que no era posible su plena adaptación debido a las características del local.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar la Disposición adicional primera del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

RECOMENDACIÓN de que, en cumplimiento del citado precepto, se requiera al titular de la actividad de autoescuela la implantación de aquellas ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del mismo reglamento que sean adecuadas para mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, siempre y cuando quede suficientemente justificado que la observancia estricta de la normativa de accesibilidad resulta inviable en el inmueble en cuestión.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz