RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acepta, en lo esencial, la Sugerencia que se le había formulado nuestra resolución para que se contemplase la prohibición, en usos casos, y la limitación, en los que no fuera posible aquélla, del uso de materiales plásticos no biodegradables en nuestra comunidad autónoma en las fechas que se determinase.
30-04-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que se estudie, no obstante su complejidad y dentro de los límites competenciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la redacción de un anteproyecto de ley en el que se contemple la prohibición, en usos casos, y la limitación, en los que no sea posible aquélla, del uso de materiales plásticos no biodegradables en nuestra comunidad autónoma en las fechas que se determine.
Todo ello, lógicamente, previa participación de todos los sectores interesados, a fin de que, con el cumplimiento de los trámites legales oportunos, podamos contar en nuestra comunidad autónoma con un marco normativo que facilite, en lo que concierne al uso de estos residuos, el paso hacia la economía circular.
El Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, la iniciativa legislativa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares sobre la prohibición, en algunos casos, y limitación en otros, del uso de materiales plásticos no biodegradables de un solo uso, que, creemos, es extraordinariamente positiva para impulsar el paso de una economía lineal a un modelo circular que, por supuesto, necesita la adopción de medidas de muy diversa naturaleza y que no sólo se centraría en la separación, reutilización y reciclaje de residuos.
Sin embargo, la regulación del uso de determinados residuos, llegando a la prohibición, en algunos casos, de éstos, parece que es imprescindible si queremos caminar en esta dirección. Esto, sin perjuicio de tener muy en cuenta los límites competenciales de las Comunidades Autónomas en una cuestión que, al afectar al libre mercado, exige la toma de decisiones legislativas y ejecutivas de la propia Unión Europea y de los estados miembros.
No obstante ello y dentro del ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, las Islas Baleares, como decimos, estaba iniciando los trámites para aprobar una ley de residuos y suelos contaminados que tendría una importante incidencia en la prohibición, en unos casos, y la limitación, en otros, del uso de elementos plásticos que tanto deterioran el medio ambiente, afectando al derecho a la protección de la salud, y contaminan visualmente el territorio.
Se trataría de adoptar medidas destinadas a prohibir, en una fecha cierta, las bolsas de plástico de un solo uso, las vajillas de plástico, la venta de productos que contengan microplásticos o monoplásticos, versiones no recargables de mecheros, maquinillas de afeitar, cartuchos, tóner de impresoras, fotocopiadoras, la exigencia de que las cápsulas de café no reciclables se sustituyan por compatibles. Asimismo, se exigiría que los bastoncitos de oídos y los destinados a caramelos se hicieran, también, con materiales compatibles.
En fin, en esta línea se exigiría, también, que los envases tuvieran un uso racional, lo que pasa por una colaboración entre las instituciones públicas y los establecimientos privados, promoviéndose, en las primeras, la instalación de fuentes de agua y la prohibición de venta de botellas de un solo uso.
Además de todo ello se incluiría la incorporación de un código de buenas prácticas con medidas tales como las siguientes: “se prohibirá la eliminación de alimentos en buen estado por parte de los comercios y puntos de venta. Además, la comida cocinada sobrante de comedores escolares, hospitales, residencias y grandes colectivos, entre otros, se podrán entregar a comedores sociales y a aquellos particulares que lo necesiten, previa armonización de la normativa sanitaria. Asimismo, los restaurantes y los hoteles tendrán que facilitar a sus clientes, si así lo desean, los restos de alimentos no consumidos”.
Esta Institución comparte completamente la idea que subyace en esta iniciativa normativa, considerando, como hemos manifestado en distintas actuaciones de oficio tramitadas ante los ayuntamientos y la Consejería competente en materia de medio ambiente, que la recogida segura de residuos en origen y la reducción y, cuando sea posible, la prohibición de uso de determinados envases y su configuración adaptada para su reutilización y reciclaje son pasos imprescindibles que se deben dar sin más demora para la transición entre los dos modelos de economía que hemos mencionado.
En fin, sin ánimo de agotar los residuos que necesitan la atención de los poderes públicos por los problemas que generan, no quisimos dejar de comentar el problema que supone las “toallitas” por su incidencia en los atascos y roturas en las infraestructuras de saneamiento, tanto en las tuberías como en las depuradoras, que terminan por dañar los sistemas de bombeo.
Al mismo tiempo, las redes de alcantarillado también se ven afectadas por estos residuos, lo que se traduce en que, con frecuencia, se producen, también, atascos en sus tuberías.
Por todo ello, nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con objeto de formular Sugerencia con objeto de que se estudie, no obstante su complejidad, dentro de los límites competenciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la redacción de un anteproyecto de ley en el que se contemple la prohibición, en usos casos, y la limitación, en los que no sea posible aquélla, del uso de materiales plásticos no biodegradables en nuestra comunidad autónoma en las fechas que se determine.
Todo ello, lógicamente, previa participación de todos los sectores interesados, a fin de que, previos los trámites legales oportunos, podamos contar en nuestra comunidad autónoma con un marco normativo que facilite, en lo que concierne al uso de estos residuos, el paso hacia la economía circular.
