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Tras la Resolución formulada en el curso de la tramitación de este expediente de queja en la que recomendábamos al Ayuntamiento de Guadix que fuera valorada la petición del reclamante de que fueran incrementadas las medidas de seguridad en el tercer tramo de la Avenida Buenos Aires de ese municipio y, en su caso, se ejecutaran las actuaciones precisas a fin de evitar posibles accidentes en dicha zona, se nos respondió, entre otras consideraciones y en lo que se refiere a dicho viario, que se había construido de forma provisional un nuevo tramo de acerado a base de hormigón prensado de 50 metros de longitud, añadiendo que se estaba redactando una memoria valorada de las actuaciones provisionales a llevar a cabo, aludiendo asimismo al convenio firmado en su día con la Junta de Andalucía para cuyo cumplimiento se encontraba pendiente la actuación integral en la Avenida de Buenos Aires, que se esperaba desarrollar cuanto antes.

Entendimos que esta respuesta suponía, en principio, la aceptación de la Resolución que formulamos pero, para completar la información remitida de forma que pudiéramos estimar que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento interesando que indicase los plazos temporales aproximados para la ejecución de las obras, se nos informara del contenido de la memoria valorada de las actuaciones provisionales a llevar a cabo en esta Avenida y, en cuanto a la actuación integral en la misma, de las gestiones que se fueran desarrollando ante la Junta de Andalucía para el total desarrollo del convenio en esta zona.

Finalmente recibimos la respuesta municipal en la que se daba cuenta de que la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Guadix habían aprobado el proyecto de obras para el acondicionamiento de la Avenida de Buenos Aires, con una inversión en su primera fase de 2,4 millones de euros y un plazo de ejecución de un año y medio, habiéndose aprobado una comisión de seguimiento del convenio que, a los anteriores efectos, habían firmado ambas administraciones. Se añadía que el diseño de la avenida suponía una modificación integral en la concepción del espacio urbano y se dispondría de un espacio de calidad para el paseo y el disfrute del espacio público. Se finalizaba manifestando que se había citado para el día 22 de Octubre de 2018 al interesado para informarle de este proyecto por parte de los Técnicos del Área de Urbanismo.

De acuerdo con ello, estimamos que había sido aceptada la Resolución que formulamos al Ayuntamiento de Guadix en el curso de la tramitación de este expediente de queja y atendida la demanda de remodelación y arreglo de la citada Avenida por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada, con 2 menores a cargo, sin trabajo, con escasos ingresos y ocupando una vivienda que les cedió una vecina al dejarla, solicitaba regularizar su situación en dicha vivienda o en otra con un alquiler social que pudieran afrontar, para evitar poder verse en la calle. Manifestaba que llevaba 4 años inscrita en el registro de viviendas sin tener respuesta.

Solicitado informe a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se nos indicó que carecía de competencias propias para adjudicar viviendas que se encontrasen disponibles o vacías, aunque fuesen de su titularidad, correspondiendo a los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, y que cuando AVRA recuperaba alguna vivienda de su titularidad, bien por renuncia de su titular, fallecimiento u otra circunstancia, se ponía en marcha el procedimiento legalmente establecido para adjudicar viviendas protegidas; comunicándolo al Registro Municipal de Demandantes del municipio en el que se encontrara el inmueble y solicitando al mismo tiempo propuesta de adjudicación. En consecuencia, no podía atender la reclamación de la interesada.

Siendo ajustada a derecho la posición mantenida por AVRA en relación con la petición de regularización de la interesada, nos dirigimos al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla a fin de que tomase conciencia del problema habitacional que le afectaba y en el ejercicio de sus competencias, adoptase las medidas necesarias en aras a garantizar una solución a su problema llegado el momento en que tuvieran que desalojar la vivienda.

Se nos informó de las diversas intervenciones llevadas a cabo desde 2008, siendo la última la elaboración de Informe Baremo Vivienda.

Dado que se observaba lejana la materialización de una opción habitacional, pues el protocolo se activaba y la solución se no se sabía cuando podía llegar, en virtud de nuestra ley reguladora formulamos Resolución a ambas administraciones en el sentido de que por parte de los Servicios Sociales se mantuviera activo el expediente de la interesada y una estrecha coordinación con AVRA, para que llegado el momento se le pudiera ofrecer una alternativa habitacional digna; y por parte de AVRA, que no se ejecutase el lanzamiento hasta que no existiera una alternativa habitacional digna que poder ofrecerle.

La Viceconsejería de Fomento y Vivienda nos envió un informe elaborado por la Secretaría General de Vivienda en el que indicaban que AVRA no podía atender la solicitud de regularización de la situación de la interesada en la vivienda donde residía o bien la adjudicación de alguna otra con alquiler social, ya que carecía de competencias para ello. En este caso, además, había un procedimiento abierto para la recuperación por la mencionada Agencia de dicha vivienda, a fin de adjudicarla a la unidad familiar que propusiera el Registro de Demandantes entre aquéllas que estuvieran inscritas, cumplieran los requisitos para acceder a vivienda protegida y cuyo perfil fuese el adecuado para la vivienda disponible.

Comentaban que es obligación de AVRA velar por los intereses de las personas que respetan y cumplen la normativa que regula el acceso a la vivienda protegida, y para ello tiene también la obligación de actuar contra las ocupaciones ilegales, como la relativa a esta queja, iniciando el oportuno procedimiento para la recuperación de esas viviendas. En todos los casos, cuando se resuelven los expedientes y en un momento previo a la solicitud de autorización de entrada para proceder al lanzamiento, la referida Agencia informa a los Servicios Sociales del municipio de referencia para que, si dichos servicios municipales lo consideran necesario, den cobertura habitacional a la familia afectada. No obstante, la cobertura que en estos supuestos puedan ofrecer los Servicios Sociales dependerá siempre y en todo caso del Ayuntamiento en cuestión.

Por parte del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla se informó que se aceptaba la Recomendación formulada por esta Institución en relación a que los Servicios Sociales mantuviera activo el expediente de la interesada, realizando un seguimiento del mismo, y manteniendo una estrecha coordinación con AVRA, de manera que llegado el momento en el que la interesada tuviera que abandonar la vivienda que en estos momentos ocupaba sin título alguno que la habilitase para ello, se le pudiera ofrecer una alternativa habitacional digna.

Añadían que en la actualidad el expediente permanecía activo en el Centro de Servicios Sociales correspondiente y se mantenía coordinación con AVRA; la última información que se tenía era que habían contestado a nuestra petición de información con fecha 5 de mayo de 2018, por lo que se continuaba en estrecha coordinación con ese organismo, al objeto de ofrecer una alternativa habitacional adecuada a las necesidades que presentaba esta familia.

Por tanto, al haber sido aceptada la Resolución formulada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que el 26 de julio de 2018 se dirigió a la empresa de transporte TUSSAM para la renovación de la tarjeta solidaria, y le solicitaron nuevamente que aportara una serie de documentos que ya entregó en la última renovación, entre ellos certificado del SEPE de las cuantías económicas percibidas por la solicitante con menos de un mes desde la fecha de expedición.

Este documento lo solicitó al SEPE y le comunicaron que a partir del 2 de julio de 2018 no estaban obligados a entregárselo y que TUSSAM tenía todos los mecanismos para obtener dicho documento.

Al presentar toda la documentación en TUSSAM la persona que la atendió le indicó que le faltaba el citado documento, indicándole la compareciente que ya no era necesario entregarlo y que así se lo había indicado el SEPE. Le recogieron la documentación pero advirtiéndole que no sabían cuánto tiempo podía tardar la empresa de transporte en facilitarle el “bono-bus”, que podía ser un mes, dos o un año si antes no presentaba dicho documento. Ante esta situación solicitó una hoja de reclamaciones mostrando su disconformidad.

Admitida a trámite la queja, solicitamos a Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) que nos indicase si ya había sido posible la renovación de la tarjeta solidaria pretendida por la afectada o, de no ser así, las causas por las que ello no se hubiera estimado procedente.

En su respuesta se indicaba que, tras revisar los documentos aportados por la interesada junto con su solicitud de renovación del pasado 26 de Julio de 2018, la tarjeta solidaria fue renovada con fecha 13 de agosto posterior.

Consecuentemente, habiendo quedado solucionado el problema que motivó la presentación del escrito de queja, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En esta Institución se venía tramitando de oficio expediente de queja que fue incoado tras tener conocimiento de las deficiencias constructivas y de otra índole que presentaba la nueva estación de autobuses de Jerez de la Frontera.

Al parecer, las deficiencias afectaban a la imagen de esta infraestructura y podían generar ciertos riesgos para los usuarios de la misma, además de que tampoco se encontraban en pleno funcionamiento los distintos servicios con los que debe de contar una estación.

Por ello, en nuestra petición de informe, nos interesamos por una serie de cuestiones.

Tras una primera respuesta del Ayuntamiento, que no se pronunciaba acerca de estas cuestiones, recibimos información del resultado de la visita realizada por el Arquitecto Municipal para verificar las posibles deficiencias constructivas de la Estación de Autobuses, enumerando las que se habían detectado y añadiendo que resultaba viable técnicamente su subsanación. También señalaba que, al tratarse de pequeños desperfectos y/o anomalías constructivas, se consideraban obras menores de conservación y mantenimiento del edificio, por lo que para su arreglo no sería necesaria la redacción de un proyecto, sin perjuicio de contar con la preceptiva licencia municipal y cumplimentar otros trámites.

De acuerdo con ello, interesamos que se nos indicara si el Ayuntamiento tenía previsto llevar a cabo las obras menores de conservación y mantenimiento aconsejadas por el Arquitecto Municipal y, de ser así, el plazo aproximado en que se podrían acometer las mismas.

Respecto a los problemas de megafonía e información al viajero en monitores y paneles, se indicaba por el Ingeniero Industrial del Ayuntamiento que, con información extraída de presupuesto de reparaciones de empresa especializada, se habían incluido 20.000 euros para la reparación de monitores informativos y megafonía, incluido software y puesta en marcha, en el presupuesto para 2016 del Servicio de Movilidad, añadiendo que, una vez aprobado este presupuesto, se procedería a su contratación.

A tenor de ello, interesamos, sobre esta cuestión, que se nos indicara si había quedado aprobado dicho presupuesto y, de ser así, el plazo aproximado en que se acometerían estas reparaciones y podrían funcionar con normalidad los monitores informativos y la megafonía de la estación.

Recibimos un nuevo informe del Ingeniero Industrial que señalaba que el presupuesto de las obras menores de conservación y mantenimiento del edificio de la estación ascendía a 17.000 euros y que era previsible que esta cantidad se incluyera en el presupuesto de 2017 para la contratación de las reparaciones. Respecto a los problemas de megafonía e información al viajero en monitores y paneles, manifestaba que el presupuesto para 2016 del Servicio de Movilidad, en el que se habían incluido 20.000 euros para la reparación de monitores informativos y megafonía, incluido software y puesta en marcha, aún no se encontraba aprobado a fecha de Mayo de 2016.

A tenor de ello y con objeto de saber si, efectivamente, nos encontrábamos ante unas deficiencias en vías de solución, interesamos, con fecha 14 de Junio de 2016, que se nos mantuviera informados de la aprobación del presupuesto de 2016 o, de no ser así, que se nos concretaran las razones que lo estuvieran impidiendo, todo ello para saber el plazo aproximado en que se acometerían las reparaciones pendientes y podrían funcionar con normalidad los monitores informativos y la megafonía de la estación.

En cuanto a las obras menores de conservación y mantenimiento, pedimos conocer si existía un compromiso por parte de la Alcaldía en cuanto a la inclusión de las mismas, cuya cuantía ascendía a 17.000 euros, en el presupuesto municipal del año 2017.

Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 21 de Septiembre y 26 de Octubre de 2016, pero ello no había motivado que nos hubiera sido remitida la misma, ni siquiera tras contactos telefónicos que personal de esta Institución mantuvo con personal del citado Ayuntamiento los el 22 de Diciembre de 2016 y 30 de Junio de 2017. Ello determinó que, pese a nuestros numerosos escritos y gestiones, pasados más de tres años, aún continuáramos ignorando si las deficiencias constructivas y de otra índole que motivaron la incoación de oficio de este expediente de queja habían quedado o no subsanadas.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos al Ayuntamiento del Jerez de la Frontera la siguiente RESOLUCIÓN:

“Recordatorio del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

Recordatorio de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

Recordatorio del deber legal contenido en el artículo 51 de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que establece que éstas tienen la obligación de conservar, proteger y mejorar sus bienes, si hoy continuaran sin subsanar las deficiencias de la estación.

Recomendación de que, sin nuevas demoras, se diera instrucciones para que, en el caso de que no se hubiera hecho ya, esperando que se hubieran superado las dificultades presupuestarias que pudieran impedirlo, se procediera a la subsanación de las deficiencias constructivas y de otra índole de la estación de autobuses de esa población, de forma que fuese posible que los viajeros hicieran uso de sus instalaciones en las adecuadas condiciones de seguridad y comodidad y se vieran respetados los derechos que, como tales, les correspondían.”

En respuesta a la Resolución formulada, el Ayuntamiento de Jerez nos dio cumplida respuesta a las cuestiones planteadas, informando de la fecha de la recepción de la obra de la Estación por parte del Consorcio Urbanístico de la Zona Franca; se hacía una pormenorizada relación de los informes técnicos relativos a las deficiencias que se habían ido apreciando a lo largo de estos años, señalando aquellas que quedaron subsanadas y las que aún no habían podido ser atendidas; se descartaba la posibilidad de exigir responsabilidades a la empresa contratista debido a los años transcurridos, pero se aclaraba que sí atendieron al problema de desprendimiento de las placas de revestimiento y, por último, se reconocía que, en la actualidad, las instalaciones no se atenían a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior para la Explotación de la Estación de Autobuses en cuanto a la información y seguridad que se debía ofrecer a los viajeros, a pesar de que, por parte del Ayuntamiento, se realizaron continuadas intervenciones de mantenimiento y conservación. No obstante, se nos daba cuenta del Convenio firmado con el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para el establecimiento de mejoras en la Estación con destino a los usuarios del transporte público metropolitano, añadiéndose que las actuaciones previstas en el Convenio, aunque se disponía de un plazo de dos años para su ejecución, se preveía que quedaran concluidas en nueve meses.

Así las cosas y dadas las mejoras previstas, entendimos que la respuesta municipal suponía la plena aceptación de nuestra Resolución, puesto que las deficiencias de la Estación que motivaron la incoación de oficio de este expediente se encontraban en vías de solución. Consecuentemente, esperando que las actuaciones se desarrollasen en los plazos anunciados, dimos por concluida nuestra intervención en este asunto.

El padre de la interesada estabaá padeciendo la demora en la revisión de su grado de dependencia.

Con el informe recibido, la documentación que obraba en la queja y la normativa que resultaba de aplicación al presente caso, en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se atendiera la solicitud de revisión de grado del afectado, con la realización de las actuaciones administrativas correspondiente.

En su respuesta, la citada Delegación informó que con fecha 27 de diciembre de 2017 se dictó resolución reconociendo una situación de dependencia en Grado III, de Gran dependencia.

Con fecha 11 de abril de 2018 se aprobó el PIA concediéndole el derecho de acceso al servicio de atención residencial para personas mayores como modalidad de intervención más adecuada.

Habiendo sido aceptada la Resolución formulada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Se adoptan medidas para que las personas con discapacidad puedan acceder a autobús adaptado y evitar situaciones como la que sufrió la afectada que no pudo subir por desconocer el conductor el funcionamiento de la rampa elevadora.

La interesada manifestaba que utilizaba una silla de ruedas eléctrica y que en la estación de autobús de Montilla, el 20 de junio de 2018 a las 19:45 horas el conductor se negó a subirla porque decía que no sabía manejar la rampa, habiendo llamado por teléfono ella a la empresa el día anterior y confirmándole que el autobús vendría adaptado para poder utilizar sus servicios. Dicho autobús disponía del adhesivo de minusválido.

Tras los hechos sucedidos se dirigió a la Comisaría de Policía de Montilla contando lo sucedido, quedando registrado los hechos. Le facilitaron un taxi para su desplazamiento a Córdoba.

Admitida a trámite la queja, solicitamos informe a la Viceconsejera de Fomento y Vivienda en el sentido de que se verificasen los hechos que suscitaban la reclamación de la afectada así como de las medidas sancionadoras que, en caso de resultar procedente, se hubieran adoptado a la vista de los hechos expuestos.

Se nos remitió respuesta por la Dirección General de Movilidad, desprendiéndose el claro reconocimiento del mal servicio prestado por la empresa concesionaria debido al desconocimiento por parte del conductor del funcionamiento de la rampa de acceso al autobús. Por ello, se indicaba que, sin perjuicio de la tramitación a realizar por el Sistema Arbitral de Consumo, se había requerido a la empresa concesionaria para que informase sobre los hechos denunciados y se habían ordenado actuaciones inspectoras sobre el protocolo de asignación de vehículos adaptados y la formación de los conductores, así como que se incoasen los procedimientos sancionadores que, en su caso, fueran procedentes.

Dado el contenido de esta respuesta, cabía estimar que la Consejería de Fomento y Vivienda estaba impulsando las medidas necesarias para que hechos como los que motivaron la presente reclamación, no volvieran a producirse y las personas con movilidad reducida no volvieran a sufrir perjuicios como los que la interesada debió afrontar al impedírsele viajar en el autobús y tener que utilizar un taxi.

En consecuencia, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía lo siguiente:

“Desde hace tres años y medio ocupo junto a mis tres hijos menores y mi pareja una vivienda propiedad de la entidad bancaria CAJA RURAL DE CÓRDOBA. Dicha ocupación ha supuesto que se nos inicie un proceso penal en el que se nos acusa de un delito de usurpación de inmueble.

En el momento en el que la ocupamos, dicha vivienda se encontraba abandonada por la entidad y carecía de ventanas, muebles, puertas y demás elementos esenciales en una vivienda. Las tuberías, por ejemplo, también estaban rotas. Y en estas circunstancias hemos pasado los días más fríos de estos tres inviernos con cartones colocados en los huecos de las ventanas. En este sentido, cabe destacar que mis hijos han tenido que ser atendidos por los servicios médicos por graves problemas respiratorios y neumonías, enfermedades generadas por la situación en la que nos encontramos.

Nos vimos obligados a ocupar porque nos encontrábamos en la calle con nuestros tres hijos menores, que en la actualidad tienen 9, 7 y 1 año de edad.

Dicha situación es conocida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. En todas las ocasiones que he acudido a ellos, me dicen que no tienen viviendas disponibles y que será sólo cuando tenga fecha de lanzamiento en el proceso penal que se me ha abierto, cuando intentarán proporcionarme una vivienda en mejores circunstancias.

El proceso penal se está dilatando más de lo normal, ya que el juicio ha sido suspendido en varias ocasiones por diversas circunstancias, cosa que supone que en la práctica la vivienda que podrían ofrecerme se esté retrasando más de lo debido.

Mi situación económica es muy mala. Me encuentro desempleada y no percibo subsidio alguno. Tampoco lo tiene mi pareja.”.

En vista de lo narrado, solicitamos informe a Viviendas Municipales de Córdoba, S.A.(Vimcorsa), que indicó que la interesada y su unidad familiar (marido y tres hijos menores de edad), se encontraban inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida desde el 30 de octubre de 2013, figurando como familia en riesgo de exclusión y estando encuadrada dentro de los grupos de especial protección de familia numerosa.

AI tener ingresos de 0.4 IPREM, según las Normas Reguladores del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobadas por la Consejería de Vivienda y el Pleno Municipal, la unidad familiar no alcanzaba los ingresos mínimos necesarios exigidos para acceder a una vivienda en régimen de alquiler. En base a esta situación la interesada también cursó solicitud, el 6 de marzo de 2014, para las viviendas de 2ª ocupación del Parque Público de Viviendas, que por ser de Promoción pública se adjudican a través de la Comisión Técnica de Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública de la Junta de Andalucía, a familias en riesgo de exclusión social, para las que no se exigen unos ingresos mínimos en su adjudicación.

La Comisión Técnica de Adjudicación ofreció a la interesada una vivienda pública que fue rechazada.

La compareciente solicitó acogerse al Programa de Medidas Favorecedoras del Alquiler y la Rehabilitación para Personas en Situación de Emergencia Social, que se había convertido en la alternativa más válida para familias con necesidades habitacionales toda vez que el parque público de vivienda en alquiler se encontraba con un número de viviendas vacantes muy reducido.

Con fecha 28 de noviembre de 2017, dentro de la tramitación de la solicitud de ayuda, se emitió informe por parte de la Delegación de Servicios Sociales, proponiendo la ayuda para el acceso de vivienda a través del alquiler. La ayuda debería haber consistido en el pago de fianza, gastos de inmobiliaria y renta mensual, salvo 75 euros que aportaría la reclamante.

La Comisión de Valoración y Control Social del Programa de Ayudas, en reunión celebrada el 12 de diciembre de 2017, acordó estimar la solicitud en los términos indicados. Desde esa fecha tanto la interesada como Vimcorsa dedicaron todos sus esfuerzos y recursos, para localizar una vivienda en el mercado libre que permitiese a la usuaria comenzar a cobrar la ayuda. La situación del mercado de alquiler y las limitaciones en cuanto a la zona de búsqueda que estableció la interesada provocaron que en ese momento la unidad familiar no dispusiera de vivienda en régimen de alquiler y por consiguiente, no cobraron la ayuda concedida.

Durante este periodo de tiempo el gerente de Vimcorsa mantuvo numerosas conversaciones con la entidad bancaria, retrasando la fecha de lanzamiento en el proceso penal que estaba abierto contra esta familia. Gracias a estas gestiones y a la labor de mediación desarrollada, la interesada y su familia ocuparon el inmueble de dicha entidad, a la espera de localizar una vivienda de alquiler en el mercado libre, o bien ser adjudicatarios de una de 2ª ocupación de la Junta de Andalucía.

Con fecha 30 de abril de 2017 se celebró la última reunión de la Comisión Técnica de Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública de la Junta de Andalucía. En dicha comisión se trató el tema de la unidad familiar que nos ocupa a instancia del informe emitido por Servicios Sociales

En fecha 18 de mayo de 2018 se le adjudicó una vivienda de AVRA, por lo que el asunto quedó resuelto y, en consecuencia, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Con fecha 23 de Octubre de 2015 comunicábamos al Ayuntamiento de La Carolina, respecto al expediente 15/3310, promovido por el mismo interesado del presente, que dábamos por concluidas nuestras actuaciones. Dicha resolución se adoptó tras darnos cuenta el Ayuntamiento de que se estaba tramitando licencia para la continuación y terminación de las obras de un edificio, que debido a su ausencia de cerramiento, propiciaba el acceso de ocupas generando inquietud e inseguridad en los vecinos de la zona.

Sin embargo, en una nueva comunicación, el afectado textualmente exponía, en mayo de 2016:

“Debo informarle que en estas recién pasadas navidades me personé en la sección de obras del Ayuntamiento interesándome por el propio reinicio de obras, y me comentaron que la licencia de obras mayor ... del promotor ... NIF ..., con sede en ... calle ..., tfno. ..., continúa en el mismo exacto estado que estaba en 2014, sin que las deficiencias del proyecto del 2014 se subsanaran. Por tanto no hay, ni se prevé, reinicio de obras, porque no hay presentada ninguna reforma de proyecto y no está pendiente de aprobar. Y esta empresa adquirió por subasta judicial el inmueble en 2013 y las obras están paralizadas desde febrero de 2009.

Sí que tiene otro inmueble en La Carolina en otra ubicación.

Y dado que las ventanas o huecos en los bajos de dicha obra, siguen sin cerrarse tras siete años de paralización de la obra, y de los problemas de acceso a dicha obra de gente maleante muy reconocida tanto por la policía municipal y la guardia civil y en general en la población, así como robos en viviendas contiguas a dicha obra, como el denunciado en la calle ... contiguo a dicha obra y demás problemas de salubridad y seguridad que conlleva la falta de cerramiento de la obra, por lo menos de sus bajos, les ruego que por favor nos ayuden a que definitivamente puedan cerrar los accesos a dicha obra en construcción paralizada desde 2009.”

En consecuencia, solicitamos informe al Ayuntamiento de La Carolina, quien indicó que habían solicitado de forma reiterada a la empresa propietaria del edificio en obras, que arreglara las deficiencias habidas en el mismo, y al fin, obtuvo respuesta y fue atendida la petición de cierre de agujeros de puertas y ventanas y así acabar con el peligro que suponía el estado lamentable de la obra.

De esta información dimos traslado al reclamante con objeto de que, en caso de estimarlo conveniente, pudiera formular alegaciones o consideraciones acerca del mismo. Así lo hizo mediante nueva comunicación en la que, textualmente, nos exponía lo siguiente:

“He de comentarle que aunque se ha procedido al cierre de los huecos en las ventanas de la planta baja del inmueble con lo cual al menos se dificulta la entrada al mismo, pero no se llega a impedir porque los huecos de los demás balcones y ventanas en las plantas primera y segunda siguen abiertas.

Y por otra parte el cableado exterior tanto eléctrico como telefónico está sujeto con una cuerda de modo que en cualquier momento se puede caer con el consiguiente peligro que conlleva.

Entiendo que toda vez que ha conseguido el Ayuntamiento que cierren las entradas en planta baja, bien podría haber actuado igual con las de las plantas primera y segunda, así como con la sujeción estable del cableado exterior.”

A la vista de lo expuesto por el reclamante solicitando el cierre de los huecos y ventanas de las plantas superiores del inmueble y la adecuada sujeción del cableado eléctrico y telefónico, interesamos del Ayuntamiento que nos indicara si se tenía previsto requerir a la propiedad dichas actuaciones o, de no ser así, que nos expusiera las razones por las que ello no se estimaba procedente.

En la respuesta remitida se nos informó que se había reiterado nuevamente a la empresa propietaria del edificio en obras que arreglara las deficiencias que seguía presentando el mismo y, en cuanto a la sujeción del cableado, se manifestaba que ya se había hecho en lo que se refería al cableado de competencia municipal y, en cuanto a los cables responsabilidad de las compañías telefónica y eléctrica, se les había interesado que procediera a su sujeción.

A fin de poder dar por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja, nos dirigimos nuevamente al Ayuntamiento interesando que nos indicara si por parte de la propiedad del inmueble y las compañías telefónica y eléctrica se había actuado en el sentido requerido por el mismo, procediendo a tapar los huecos del inmueble y a la sujeción del cableado. De no ser así, deseábamos conocer las actuaciones previstas para dar definitiva solución a este asunto.

En la respuesta remitida se manifestaba que se entendía que, con el cierre de los huecos de la primera planta, el problema había quedado resuelto, añadiendo que otra sociedad había adquirido el edificio a la propietaria anterior en quiebra y gozaban del permiso de obras para comenzar en el plazo máximo de un mes la finalización del edificio.

Así las cosas, entendimos que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, no resultando precisas nuevas gestiones en este expediente de queja puesto que, a corto plazo, podían quedar concluidas las obras del inmueble y, consecuentemente, resueltos los problemas que su estado de abandono ocasionaba.

A la vista de la información y alegaciones efectuadas por la Defensora Universitaria de la Universidad de Cádiz, procede el cierre de la presente queja de oficio con Administración acepta pretensión.

Dada la larga tramitación del expediente, debida a la cantidad de veces que nos hemos tenido que dirigir a los organismo competentes ante la reiterada falta de respuesta, una vez recibido el informe pertinente le dimos traslado del mismo a la Defensora Universitaria de la Universidad de Cádiz, la cual fue la que nos envió un escrito en el año 2015, cuyo contenido dio lugar a que consideráramos la problemática planteada en el mismo, como de interés para tramitar la presente queja de oficio.

Pues bien, la citada Defensora Universitaria, entre otras cosas nos ha comunicado que en la actualidad, el personal PAS que por razones de guarda legal reduzca su jornada laboral, percibirá una reducción proporcional de las retribuciones del 60 al 80%, tanto de las básicas como de las complementarias, a excepción del Complemento de Calidad, con lo que queda satisfecha las pretensiones de este personal, cuya queja, en su día, versó sobre una práctica que se venía siguiendo en las Universidades Públicas de Andalucía, en materia de retribuciones de una parte de su personal, que, en virtud de la condición femenina mayoritaria de las personas afectadas, pudiera ser constitutiva de un supuesto de discriminación indirecta por razón de sexo y, en consecuencia, vulnerador de nuestro ordenamiento jurídico.

La cuestión en tela de juicio se refería al complemento de productividad que percibían las trabajadoras del P.A.S. con jornada reducida en las Universidades públicas andaluzas, y lo que cuestionaban las personas afectadas era la legalidad de que el referido complemento, -como se venía haciendo-, se minorase a aquéllas en proporción a su reducción de jornada laboral, ya que estimaban que debería abonarse la cuantía que correspondiera al tramo de los objetivos de calidad alcanzados colectivamente por la unidad a la que estaban adscritas.