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El reclamante exponía que habiéndose presentado Estudio de Detalle para reajuste de alineaciones en los meses mayo/junio de 2017, tras los informes favorables, la Junta de Gobierno Local, en resolución de 15 de septiembre de 2017, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle que fue publicado en el BOP del mes de octubre, así como en el periódico Ideal.

Pues bien, manifestaba que desde el mes de Octubre de 2017, se había tenido el expediente paralizado y se tenía aún.

Añadía que esta paralización de trámites le estaba originando los consiguientes perjuicios y consideraba que, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación inicial de este Estudio de Detalle de iniciativa particular, habría operado el silencio positivo.

Se adjuntaba fotocopia del escrito que, demandando la reactivación de los trámites conducentes a la aprobación definitiva del citado Estudio de Detalle, se presentó ante el Ayuntamiento de Zújar. el 3 de julio de 2018.

Admitida a trámite la queja solicitamos al ayuntamiento que, adjuntando copia de la misma a esta Institución, se emitiera la respuesta que se estimase procedente ante el citado escrito del interesado del 3 de julio de 2018.

Tras la petición de informe formulada al Ayuntamiento de Zújar, se nos remitió la respuesta en la que se nos comunicaba que ya había sido aprobado definitivamente y remitido para su publicación en el BOP de Granada el 4 de Octubre de 2018 el Estudio de Detalle para reajuste de alineaciones en Avenida ..., cuyo retraso en dicha Resolución motivó la presentación del escrito de queja.

Consecuentemente, habiendo sido atendida la reclamación para que no se produjeran nuevos retrasos en la aprobación definitiva del mencionado Estudio de Detalle, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En esta Institución se venía tramitando expediente de queja motivado por el silencio que mantenía el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) acerca de la solicitud que había formulado una entidad comercial para que se modificara un Plan Especial de dicha población.

Tras diversa tramitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos Resolución al citado Ayuntamiento recomendando a la Alcaldía-Presidencia que resolviera, en el sentido que fuese procedente y sin demoras, la solicitud formulada por la entidad comercial sobre modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Utrera en relación a un inmueble concreto.

Tras la Resolución formulada al Ayuntamiento de Utrera, se nos remitió informe con el que se defendía que, en el documento de modificación del Plan Especial, se analizó la propuesta de la entidad referente a la catalogación del inmueble de su titularidad, notificándosele el acuerdo de aprobación inicial el 23 de febrero de 2017. Se añadía que se habían presentado diversas alegaciones y un informe de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos que se estaban estudiando con carácter previo a la aprobación definitiva de tal modificación.

Así las cosas, estimamos que se había dado respuesta a la solicitud de la entidad y atendido favorablemente el contenido de nuestra Resolución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El reclamante exponía que en 1976 se inauguró un cine de verano en Campillos (Málaga) tras serle concedidos todos los permisos y licencias preceptivos.

En la adquisición de la finca donde de ubicaba el cine constaba como suelo urbano, y así había venido pagando todos esos años el impuesto de bienes inmuebles (aportaba copia del recibo del impuesto del año 2017). De la misma forma aportaba copia de la Notificación de Alcaldía de fecha 10 de Diciembre de 1999 en la que se le otorgaba autorización para segregación de la finca, resolución donde constaba que se trataba de una segregación de finca en suelo urbano.

En 2004 se inició la tramitación de un Plan Parcial que finalmente fue aprobado, si bien en dicha tramitación no se le dio respuesta a varias de sus alegaciones, se creó una Junta de Compensación y dos vías pasaban por su propiedad dividiéndola en tres partes.

El 10 de Julio de 2017 presentó escrito ante el Ayuntamiento solicitando la modificación del Plan Parcial una vez cumplido el plazo de ejecución del mismo sin haberse realizado lo acordado en él.

Tras el fallecimiento del promotor y propietario mayoritario, sus herederos habían manifiesta su intención de no hacer nada en la propiedad.

Como respuesta a su último escrito se le indicó por el Ayuntamiento que existía un Plan Parcial aprobado definitivamente en Abril de 2008, e inicio del procedimiento de modificación de la misma fecha, así como la constitución de la Junta de Compensación.

En dicho escrito se le indicaba que cualquier alteración de lo recogido en el Plan Parcial tenía que ser tramitado mediante una Innovación Estructural, si bien de forma verbal se le indicó que no se iba a realizar.

En vista de lo anterior, nos dirigimos al Ayuntamiento de Campillos solicitando que -dado que, al parecer, las previsiones de desarrollo del Plan Parcial, a pesar de la constitución de la Junta de Compensación, no se habían llevado a cabo- se nos indicara si el Ayuntamiento tenía previsto sustituir el sistema de compensación por otro iniciativa pública que permitiera que dichas previsiones fueran objeto del debido impulso tanto en aras a la defensa del interés público en el desarrollo del planeamiento urbanístico aprobado, como de los propietarios que componían el sector en cuestión.

En su respuesta informaron del resultado de la reunión mantenida con el interesado el 20 de febrero de 2018, en la que se apuntaron las posibles vías de solución al problema que le afectaba.

Considerando que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El reclamante exponía que el 08 de marzo de 2017 solicitó ante el Ayuntamiento de Córdoba, mediante escrito, que en el Paseo Virgen de la Merced, de dicha capital, zona reservada de paseo para niños y ciudadanos, no aparcasen vehículos invadiendo dicha zona de recreo, con el consiguiente riesgo alto de atropello; incluso muchos coches se suben por la acera dando marcha atrás.

Hasta el día de presentación de la queja no había recibido contestación municipal alguna, y los vehículos seguían ocupando la misma.

Admitimos a trámite la queja a los efectos de que por el Ayuntamiento se diera una respuesta expresa a la petición formulada. Éste, en su informe nos comunicó que ya se pusieron hitos en el rebaje de bordillo para que no accedieran vehículos a la zona verde y se dio traslado a la Policía Local para que sancionara los comportamientos incívicos de algunos conductores que circulaban marcha atrás por el acerado. Se añadía que, teniendo en cuenta la insuficiencia de estas medidas, se iba a colocar un nuevo hito para que no pudieran entrar marcha atrás desde el paso de Avenida Carlos III y a volver a insistir en que se sancionase a los vehículos que aparcan indebidamente.

Así las cosas, como quiera que la queja fue admitida a trámite para que el Ayuntamiento se pronunciara acerca de la preocupación del interesado por este problema y ya lo había hecho compartiendo su preocupación y adoptando medidas para mejorar la seguridad vial en la zona, consideramos que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El reclamante exponía que el día 17 de octubre de 2017 envió una queja-reclamación al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) denunciando la situación de acceso de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de San Roque. El motivo de su queja no era otro que la discriminación que sufrió al intentar acceder por sus propios medios, pues poseía una discapacidad física, a dicho edificio debido a la inclinación que poseía la rampa de acceso que hacía impracticable su subida.

También denunciaba la falta de aparcamientos reservados para personas con discapacidad teniendo en cuenta la orografía de las calles colindante lo cual hacía imposible aparcar e intentar llegar al edificio en silla de ruedas. La indignación que sufrió varias veces fue grande pero más grande aun podría haber sido el daño que le hubiese podido ocasionar una caída en la misma. Manifestaba que la vulneración de derechos fundamentales era flagrante pues cada vez que había ido al edificio, habían tenido que ayudarle en todo momento a acceder al mismo rompiéndose, así, el derecho a la autonomía, dignidad, libertad de movimientos y un largo etc, decía.

Ante todo esto, decidió reclamar al Ayuntamiento y seguía sin recibir respuesta alguna.

En cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora, nos dirigimos al citado Ayuntamiento interesando la necesidad de dar respuesta, expresamente y sin más dilaciones, al escrito presentado por el interesado informándonos al respecto.

En el informe técnico que acompañaba a la respuesta municipal, se reconocía que la rampa de acceso no se ajustaba a la normativa de accesibilidad por lo que se proponía al Área de Infraestructuras, Obras y Servicios que se estudiase la posibilidad de ejecutar un vado ajustado a normativa en dicho lugar.

Por ello, transcurrido un tiempo, solicitamos del Ayuntamiento que nos indicase si ya se había estudiado la cuestión por la citada Área municipal y, en caso positivo, el plazo aproximado en que podrían ejecutarse las obras de adaptación propuestas.

En su respuesta, el Ingeniero Técnico del Área de Infraestructuras, Obras y Servicios señalaba la solución técnica que se proponía para solventar la barrera urbanística existente en el dominio público frente a los Juzgados, por lo que volvimos a dirigirnos a la administración municipal interesando que nos indicase si iba a asumir la citada propuesta técnica y, en caso positivo, el plazo aproximado en que podrían ejecutarse las obras de adaptación que se proponían.

En el nuevo informe enviado se señalaba, en síntesis, que la solución propuesta por el Técnico Municipal para eliminar la barrera urbanística que suscitaba la queja era técnica y urbanísticamente viable, así como enmarcable en el proyecto de Plan de Asfaltado de 2018, pendiente de licitar, pudiéndose ejecutar las obras en un plazo no superior a seis meses desde la aprobación del citado proyecto.

De acuerdo con ello, para poder adoptar una resolución definitiva en este expediente de queja por estimar que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución, interesamos del Ayuntamiento que nos mantuviera informados de la aprobación del Plan de Asfaltado y del proyecto correspondiente a fin de conocer desde qué fecha podía contarse el plazo no superior a seis meses desde tal aprobación que nos indicaba.

Tras esta última petición de informe formulada al Ayuntamiento de San Roque, se nos remitieron respuestas de cuyo contenido entendimos que se había estimado favorablemente la petición que el interesado formuló, toda vez que ya había sido ejecutada la solución técnica prevista para atenderla al haberse eliminado las barreras y señalizado dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida en el aparcamiento situado frente a los juzgados, considerando suficientes las plazas de este tipo reservadas en la zona.

De acuerdo con ello, al haber quedado solucionado el problema que motivó la queja, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado ponía en nuestro conocimiento la injusticia que aquejaba a los vecinos de Camas, Castilleja de Guzmán, Salteras, Valencina y otros pueblos del Aljarafe, que necesitaban el transporte urbano.

Decía que el Ayuntamiento de Sevilla hacía más de 6 meses que suprimió la parada del bus 175 en Chapina, por las obras que se ejecutaron. Esa parada era de vital importancia para estudiantes y trabajadores que hacían combinación en esa rotonda para trasladarse desde sus hogares a sus trabajos y viceversa.

El caso era que el Consorcio de Transportes informó mediante su web y otros medios, que las paradas serían restablecidas a partir del día 9 de julio de 2018.

Llevaban meses sin poder hacer combinación para llegar a casa, lo que obligaba a tener que ir a Plaza de Armas caminando, por tanto se perdía tiempo y se pasaba calor innecesariamente.

En lo personal, el día 1 de agosto se encontraba esperando el autobús 175 de las 12.20 hrs., en Chapina (Jiménez de Quesada), cuando aparecieron el A y el B, pero ninguno de ellos se acercó a la parada. Uno de los conductores le indicó que paraba en "la isla", razón por la cual se trasladó corriendo para poder coger el bus. Luego, ninguno de los dos autobuses paró allí.

La cuestión era que, si se optaba por el transporte público, se veía expuesto a pérdidas de tiempo e incomodidades, porque ni el Ayuntamiento ni el Consorcio se tomaban en serio, a su juicio, a los usuarios.

En vista de estas manifestaciones, solicitamos informe al Consorcio de Transporte Metropolitano (Área de Sevilla Estación de Autobuses. Plazas de Armas), desde donde nos indicaron que la eliminación de la parada de la línea 175 que motivó la reclamación fue debida a las obras de urbanización en el entorno de Torre Sevilla y nuevo Parque Magallanes, ajenas a su competencia, añadiendo que ya había sido repuesta y adjuntando una completa información de la reordenación de las líneas y paradas en la zona.

Consecuentemente, entendimos que había quedado solucionado el problema que había venido originando perjuicios desde hacía varios meses al interesado y al resto de usuarios y que, en definitiva, derivaban de unas obras que era preciso ejecutar.

Por ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El reclamante exponía que había enviado varios correos a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales solicitando información sobre la intervención de la tarjeta para personas con movilidad reducida que venía observando como Policía Local de El Puerto de Santa María, no habiendo recibido respuesta al respecto.

Por parte de la Jefatura y la cadena de mandos correspondientes no habían sabido darle respuesta a la situación planteada. En el día a día venía observando como se retiraban o intervenían las referidas tarjetas informando de forma genérica a los poseedores de que para recuperarlas se dirigieran a la Jefatura de Policía Local y en su defecto al órgano que se las entregó en primera instancia, no respetándose el procedimiento administrativo al respecto. Empatizando con la indefensión que éstos sentían, había consultado verbalmente al Jefe de Servicio que le trasladó que las mismas estaban correctamente retiradas.

Preguntó dónde y quién tramitaba tales retiradas de tarjeta, si había coordinación entre los organismos municipales y los órganos territoriales provinciales y lo único que obtuvo por respuesta fue que se entregaban junto al servicio ordinario y ya se encargarían de las mismas quien les correspondiera.

Continuaba el interesado manifestando que los agentes que realizaban tales hechos lo hacían por celo profesional debido a la gran cantidad de veces que se observaba cómo había personas que utilizaban indebidamente las tarjetas para su provecho personal y disfrutar de estacionamiento gratuito en zonas donde era difícil aparcar.

Tras la petición de informe formulada a la Dirección General de Personas con Discapacidad, se nos remitió escrito dando expresa respuesta a la consulta formulada sobre la intervención por la Policía Local de las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

Así las cosas, como quiera que la queja fue admitida a trámite a los efectos de que se diera respuesta a la consulta del interesado sobre el citado asunto y ello ya se había producido, dimos por concluidas nuestras actuaciones al no resultar necesarias nuevas gestiones por nuestra parte.

La interesada exponía lo siguiente:

«En septiembre 2010 mi pareja y yo solicitamos una subvención de 100 euros en concepto de gastos de notaria. No tuvimos noticias de la ayuda hasta junio 2012 cuando nos volvieron a solicitar otra vez la documentación que entregamos inicialmente.

A finales de 2017 mi pareja recibe una llamada informando que van a proceder al abono de la ayuda ya que hay una partida presupuestaria destina para ello, y se nos solicita entregar nueva documentación, por motivos laborales es mi marido quien entrega la documentación en noviembre de 2017.

En enero de 2018, recibimos un abono de 500 euros, siendo el 50% de la ayuda y tras comprobar los datos, observo que el beneficiario es mi marido.

Por lo que, el 29 de enero de 2018 me personé en la Delegación provincial de Málaga al suponer que el problema estaba en mi documentación.

Tras entregar toda la documentación requerida (la misma que se solicitó a mi pareja) y exponer el caso a un trabajador que llevaba el asunto, me informó que existía una incidencia con varios pagos y que habían sido devueltos, añadiendo que en un plazo de tres semana recibiría el abono correspondiente. A día de hoy, aún no he recibido el abono.»

En consecuencia, solicitamos informe a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, siendo la Viceconsejería de Fomento y Vivienda, quien envió un informe elaborado por la Secretaría General de Vivienda en el que se recogía que el pago material de la ayuda reconocida se realizó con fecha 23 de enero de 2018 mediante el ingreso de 500,00 euros en la cuenta bancaria aportada por el interesado, abonando el importe restante a su pareja con fecha 16 de abril de 2018, ingresando 500,00 en la cuenta señalada por ella, dando así cumplida la concesión total de la subvención reconocida en resolución de 27 de diciembre de 2017.

A la vista de lo expuesto, se estimaba que el procedimiento de concesión de la subvención referida se había desarrollado conforme a las disposiciones normativas aplicables.

Habiendo sido aceptada la pretensión de la reclamante, dimos por concluidas nuestras actuaciones.