La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/0706 dirigida a Ayuntamiento de Atarfe (Granada)

Tras el cierre de la queja, el afectado nos indicó que no se habían llevado a cabo las actuaciones anunciadas por el Ayuntamiento de Atarfe para suprimir las barreras y obstáculos de la Avenida … . Ello determinó la reapertura de la queja con objeto de saber las causas de este aparente incumplimiento. Ante la falta de respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que, en atención a lo recogido en el informe técnico de 23 de mayo de 2016 del Arquitecto Municipal, el acerado de la Avenida ... quede adaptado a las determinaciones sobre accesibilidad y supresión de barreras urbanísticas en el plazo más breve posible.

ANTECEDENTES

1.- El reclamante nos exponía que, cuando comprobó que se habían quedado secos los árboles que habían sido plantados en la Avenida ... de ese municipio, se dirigió por escrito a ese Ayuntamiento solicitando que los alcorques vacíos fueran trasladados lo más cerca posible al filo de la calle en cumplimiento de la normativa de accesibilidad

2.- En el completo informe del Arquitecto Municipal que, con posterioridad a nuestra petición de informe inicial, se nos remitió, se defendía la calidad medioambiental, estética y visual de la Avenida..., así como la observancia, en lo fundamental, de la normativa de accesibilidad, aunque reconocía la necesidad de supresión de los resaltes ocasionados por los alcorques, su rellenado y nivelado a cota de pavimentación con material compactado. Añadía la conveniencia de reubicar los contenedores de basura y el corte de ramajes.

De acuerdo con ello y con objeto de constatar si resultaba atendida la reclamación del interesado, interesamos que se nos indicara si ese Ayuntamiento tenía previsto actuar en el sentido prescrito en el informe del Arquitecto Municipal y, de ser así, que se nos informara del plazo aproximado en que se acometerían las obras precisas a tal efecto.

3.- Se nos contestó por ese Ayuntamiento de Atarfe que, en el plazo más breve posible, se realizarían las actuaciones que se indicaron al objeto de adaptar el acerado de la Avenida ... a las determinaciones sobre accesibilidad y supresión de barreras urbanísticas. Así las cosas, dado que dichas actuaciones respondían a lo solicitado por parte del interesado, entendimos que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

4.- Sin embargo, tras el cierre de la queja, el afectado nos indicó que no se habían llevado a cabo las actuaciones anunciadas por el Ayuntamiento para suprimir las barreras y obstáculos de la Avenida … . Ello determinó que, con fecha 11 de julio de 2017, procediéramos a la reapertura de la queja con objeto de saber las causas de este aparente incumplimiento del compromiso expresado en tal sentido.

5.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en tres ocasiones dicha información, con fechas 4 de septiembre y 11 de octubre de 2017, así como 22 de octubre de 2018, pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contactos telefónicos que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal los días 13 de marzo y 11 de diciembre de 2018, privándonos de conocer si finalmente han sido subsanados los problemas de accesibilidad que afectaban a la Avenida Diputación de esa localidad.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante la ausencia de respuesta de ese Ayuntamiento ignoramos si finalmente los posibles incumplimientos de la normativa de accesibilidad que afectaban a la Avenida Diputación han quedado subsanados atendiendo a las determinaciones recogidas en el informe del Técnico Municipal.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECORDATORIO 3 del deber legal de observar el Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, con objeto de que queden retirados los obstáculos existentes.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que, en atención a lo recogido en el informe técnico de 23 de mayo de 2016 del Arquitecto Municipal, el acerado de la Avenida Diputación quede adaptado a las determinaciones sobre accesibilidad y supresión de barreras urbanísticas en el plazo más breve posible.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 17/2685 dirigida a Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a nuestra petición de que se nos indicara si tiene conocimiento de las barreras urbanísticas existentes y de la problemática de accesibilidad que afecta a la calle Camino de Torres y calles aledañas del núcleo de Aguadulce y, en tal caso, que nos informara de las medidas que se encontraran previstas para su subsanación o de las causas por las que ello no fuera posible o no se estimara procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el mismo sentido que la petición anterior.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de mayo de 2017 interesábamos de ese Ayuntamiento el envío del preceptivo informe solicitado en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.

La petición de ese informe no ha sido atendida, por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados reiterar en tres ocasiones dicha petición con fechas 19 de septiembre de 2017, 17 de noviembre de 2017 y 18 de junio de 2018 (se remiten copias de los documentos citados). Tampoco hemos recibido su respuesta pese a los contactos telefónicos que, a los anteriores efectos, personal de esta Institución mantuvo con funcionarios de ese Ayuntamiento en dos ocasiones los pasados 13 de marzo y 2 de octubre de 2018.

Esta Institución debe manifestar de manera expresa la deficiente atención que ha prestado a las labores de investigación. Debemos señalar la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja.

Creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales.

En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe ofrecerle sus valoraciones.

Así, el reclamante nos exponía, textualmente, lo siguiente:

«Siendo vecino y ciudadano de la localidad de Aguadulce (Almería), es prácticamente imposible circular con un carrito de bebé como minusválidos por las aceras del municipio:

-Por la estrechez que tienen a la hora de andar por ellas,

-Colocar obstáculos tales como farolas y señales verticales instaladas en medio de ellas,

-Acumular basura y restos de la poda de árboles que depositan en dicha acera teniendo que bajarse a la carretera para poder seguir circulando,

-Tramos de carretera sin acera donde nos jugamos la vida,

-Bares con terraza ocupando casi toda la acera y donde hay que pasar por medio de ellos, siendo un peligro por el cruce de camareros, y por el suelo tan resbaladizo que tienen,

-Los fines de semana no se respeta ni los pasos de peatones, aparcando en ellos, dificultando aún más dicha circulación,

-Y sobre todo y más importante, la mayoría de los pasos de peatones no están rebajados, lo que con ello supone un grandísimo problema para poder cruzar correctamente siendo un impedimento para todos los ciudadanos, pero sobre todo para las personas mencionadas anteriormente.

Todas y cada una de la situaciones mencionadas se encuentran concretamente en calle Camino de Torres y todas sus calles de alrededor.

Es una pena que la localidad del poniente almeriense con tanta fama turística que posee, las condiciones tan lamentables que tienen que sufrir día tras día los propios ciudadanos como los turistas que vienen a la localidad a disfrutar y se encuentren con todas estas situaciones tan negativas.»

El reclamante afirmaba que, a través de Internet, puso en conocimiento de ese Ayuntamiento toda esta problemática de accesibilidad que le afecta, sin que hubiera obtenido respuesta por parte de ese Ayuntamiento.

Por todo ello, en nuestra petición de informe inicial, interesamos que se nos indicara si ese Ayuntamiento tiene conocimiento de las barreras urbanísticas existentes y de la problemática de accesibilidad que afecta a la calle Camino de Torres y calles aledañas del núcleo de Aguadulce y, en tal caso, que nos informara de las medidas que se encontraran previstas para su subsanación o de las causas por las que ello no fuera posible o no se estimara procedente.

A la vista de todos estos antecedentes, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. - El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

 

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que, informando a esta Institución, se emita una respuesta expresa sin más demoras al escrito de reclamación que formuló el interesado señalando las actuaciones llevadas a cabo por ese Ayuntamiento para la eliminación de las barreras urbanísticas existentes en la zona aludida o, en caso contrario, las razones por las que ello no se haya estimado procedente o no haya sido posible.

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/6365 dirigida a Ayuntamiento de Órgiva (Granada)

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Órgiva, a la petición del interesado de devolución de tasas, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución para que se aclare si la pretendida devolución de tasas urbanísticas tiene o no relación con un procedimiento judicial y, de no ser así, que se proceda a efectuar dicha devolución de tasas o a especificar las causas por las que ello no se estime procedente.

ANTECEDENTES

1.- El reclamante nos exponía que presentó, en su día, ante ese Ayuntamiento solicitud de declaración de innecesariedad para la segregación de una finca que tiene en proindiviso con sus hermanas. Al mismo tiempo, y siempre condicionada a la concesión previa de la segregación, solicitó la declaración de asimilación a fuera de ordenación de sus respectivas viviendas. Preceptivamente tuvieron que abonar la autoliquidación establecida por tasas, que ascendieron a las cuantías de 4.317,81 y 5.184,41 euros respectivamente.

El caso es que, en contra de lo expresamente solicitado y sin saber el porqué, afirma el reclamante que ese Ayuntamiento procedió a conceder la asimilación a fuera de ordenación de las viviendas sin que previamente hubiese concedido de declaración de innecesariedad de la licencia de segregación resultando que, tras sucesivos escritos y recursos se denegó la declaración de innecesariedad de la citada segregación .

Así las cosas, manifiesta el afectado que presentó solicitud de devolución de las tasas abonadas por asimilación a fuera de ordenación al haber devenido dichos actos en nulos de pleno derecho por ser de imposible ejecución, al no poder coexistir en suelo rústico proindiviso bienes inmuebles de carácter privativo. Se requirió por ese Ayuntamiento que se justificara la imposibilidad de ejecución de los actos impugnados, por lo que el afectado presentó certificación del Registro de la Propiedad de Órgiva acreditativa de la imposibilidad de inscribir dichos actos administrativos. Y añadía textualmente el reclamante:

«El 16 de mayo de 2016, previo informe jurídico de la Secretaría, la Junta de Gobierno Local acuerda desestimar el recurso de revisión de oficio de los acuerdos nulos y con fecha 27 de mayo de 2016 propone al Pleno del Ayuntamiento su remisión al Consejo Consultivo de Andalucía para la emisión del informe previo preceptivo.

Por todos los miembros del Pleno presentes se pone de manifiesto la arbitrariedad cometida al haber concedido en contra de lo expresamente solicitado y separarse del criterio adoptado en segregaciones precedentes, motivo por el cual se acuerda se deje este asunto sobre la mesa y se acuerda que por los técnicos del Ayuntamiento se busque una solución alternativa.

Con fecha 4 de julio de 2016, en entrevista personal con la Alcaldesa, ésta le manifiesta que este asunto puede tardar quince días o quince años.

Ante estas manifestaciones, con fecha 13 de julio de 2016 presenta escrito reiterando la devolución de las tasas.

En entrevista personal mantenida en el día de ayer con el Secretario de la Corporación, éste manifestó que la Junta de Gobierno acordó dejar la solicitud sobre la mesa sine die.»

2.- Tras nuestra petición de informe inicial, se nos dio cuenta por ese Ayuntamiento de que, en relación con el mismo objeto de este expediente de queja, se llevaban a cabo diligencias judiciales que, en la respuesta municipal, se reseñaban.

Así las cosas, dado que nos encontrábamos ante un conflicto que había sido planteado ante un órgano jurisdiccional, debimos suspender nuestras actuaciones, pero el interesado, en un nuevo escrito, rechazó que su solicitud de devolución de tasas tuviera relación alguna con las Diligencias Judiciales a las que aludía ese Ayuntamiento y que, por consiguiente, nos encontráramos ante un asunto sub-iudice. Así las cosas, volvimos con fecha 28 de junio de 2017 a interesar nuevo informe a esa Corporación Municipal para aclarar esta cuestión.

3.- Esta petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en tres ocasiones dicha información, con fechas 19 de septiembre y 27 de octubre de 2017, así como 22 de octubre de 2018, pero ello no ha motivado que nos sea remitida, ni siquiera tras contactos telefónicos que personal de esta Institución mantuvo con personal de ese Ayuntamiento los pasados 13 de marzo y 17 de diciembre de 2018, privándonos de conocer si, finalmente, se confirma que este asunto se encuentra realmente sub-iudice o, de no ser así, si se ha efectuado la devolución de tasas demandada por el interesado.

A la vista de todos estos antecedentes, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante la ausencia de respuesta de ese Ayuntamiento ignoramos si realmente las Diligencias Judiciales de las que nos daba cuenta tienen relación con la solicitud de devolución de tasas urbanísticas objeto de este expediente de queja. Es decir, no podemos constatar que ese Ayuntamiento esté dispuesto a aclarar, a pesar de nuestras numerosas gestiones, si debe asumir o no el pago de dichas tasas.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del deber legal de observar el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que se aclare si la pretendida devolución de tasas urbanísticas tiene o no relación con un procedimiento judicial y, de no ser así, que se proceda a efectuar dicha devolución de tasas o a especificar las causas por las que ello no se estime procedente.

Ello supone que esa Alcaldía debe implicarse en la gestión de este asunto de manera que, desde un seguimiento puntual, se den todos los pasos necesarios para dictar la resolución o resoluciones que procedan.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 18/3842 dirigida a Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla)

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra a nuestra petición de que se emitiera una resolución expresa ante el recurso de reposición formulado por el reclamante, informándonos al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que dicte resolución a la mayor brevedad al recurso de reposición formulado por el reclamante contra la liquidación que, en concepto de Cesión y aprovechamiento proy. Reparcelación, ejercicio 2017, emplazándole al pago de 453,04 euros, le fue notificada por ese Ayuntamiento.

ANTECEDENTES

Una vez más nos ponemos en contacto con Usted en relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado en la que la parte afectada exponía que le fue notificada por ese Ayuntamiento, en enero de 2018, liquidación en concepto de Cesión y aprovechamiento proy. Reparcelación, ejercicio 2017, emplazándole al pago de 453,04 euros.

Añadía que, disconforme con ello, interpuso con fecha 5 de febrero de 2018, recurso de reposición ante ese Ayuntamiento sin que, según manifiesta, se hubiera dictado la resolución procedente, incumpliéndose el plazo previsto en el artículo 124.2 de la Ley 39/2015.

Ello determinó que la queja fuera admitida a trámite y que, con fecha 2 de julio de 2018, interesáramos a ese Ayuntamiento que se emitiera una resolución expresa ante el recurso de reposición formulado por el reclamante, informándonos al respecto (puede consultarlo en su sede electrónica).

Como quiera que no obtuvimos la información necesaria, procedimos a solicitarla de nuevo mediante sendas comunicaciones de fechas 14 de agosto y 27 de septiembre de 2018 (puede consultarlo, igualmente, en su sede electrónica), pero tampoco hemos recibido nueva comunicación de ese Ayuntamiento sobre este asunto, pese a la llamada telefónica que a tales efectos realizó personal de esta Institución el pasado 21 de diciembre de 2018.

En base a los antecedentes descritos procede realizar a ese Ayuntamiento las siguientes

CONSIDERACIONES

Única.- De la obligación de resolver por parte de las Administraciones Públicas.

El apartado primero del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previene:

“La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.”

Asimismo, el apartado sexto de dicho artículo 21 dispone lo siguiente:

“El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable”.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en el artículo 21 y 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RECOMENDACIÓN consistente en la necesidad de dictar resolución a la mayor brevedad al recurso de reposición formulado por el reclamante contra la liquidación que, en concepto de Cesión y aprovechamiento proy. Reparcelación, ejercicio 2017, emplazándole al pago de 453,04 euros, le fue notificada por ese Ayuntamiento.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Nos reunimos con los Defensores Universitarios de Andalucía

Un año mas se ha celebrado en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz la reunión de coordinación con las Defensorías Universitarias de Andalucía, en la que se han abordado y debatido diversas cuestiones que preocupan actualmente en el ámbito universitario.

Entre las cuestiones analizadas podemos destacar las siguientes:

- Normas de permanencia: se ha constatado la disparidad de las regulaciones existente al respecto en las Universidades Andaluzas y su desconocimiento por parte del alumnado y se ha acordado instar a las Universidades para que elaboren y aprueben unas normas de permanencia que respondan a todas las cuestiones que se plantean al respecto, dándoles la necesaria publicidad y difusión.

- Títulos propios: el aumento en el número de titulos propios ofrecidos por las Universidades andaluzas y su preferencia sobre las titulaciones oficiales, cuando no está plenamente justificado, puede resultar pejudicial para el alumnado y, en particlar, para quienes no pueden pagar los elevados costes que tienen algunos. Se ha acordado proponer a las Universidades que al fijar el precio de los títulos propios incluyan un régimen de exenciones y bonificaciones similar al existente para las titulaciones oficiales y que permitan el fraccionamiento del pago.

- Condiciones laborales del personal que realiza trabajos de investigación en la Universidad. Se han analizado las denuncias planteadas por algunas personas por la falta de una regulación clara de los derechos laborales que asisten a quienes realizan trabajos de investigación, en materia de jornadas, vacaciones u horas extras, que dificultan la conciliación de su vida familiar y laboral y, en ocasiones, dan lugar a excesos y abusos. A este respecto, se considera oportuno que se arbitren medidas para controlar el buen clima laboral en los trabajos de investigación, y que ese factor sea uno de los criterios que se valore a la hora de calificar la calidad de los mismos.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 19/1997 dirigida a Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Dotan a la sede judicial para el Juzgado Mixto nº 5 de Sanlúcar la Mayor.

22-04-2019  APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una larga trayectoria de atención ante la situación general del funcionamiento de los órganos judiciales al igual que sobre sus instalaciones, sedes y medios materiales.

Según informaciones ofrecidas por varios colectivos profesionales relacionados con la Justicia varios medios de comunicación, el nuevo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de los de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) no dispone de la sede necesaria a pesar de estar prevista para su inauguración a partir de creación en Noviembre de 2018 de este nuevo órgano judicial, tantos años demandado.

Según se indica, ante esta carencia de sede se han habilitado unos módulos portátiles a modo de “caracolas” que presentan las insuficiencias características de estos estos elementos manifiestamente inadecuados para las funciones de sede judicial. A ello se le suma la falta mobiliario, espacios de estancia y trabajo y, en general, una carencia de idoneidad de dicha medida improvisada.

Más allá de la exactitud de las manifestaciones recogidas en algún medio, nos preocupan otras opiniones ofrecidas desde representantes sindicales, de la abogacía y la propia Fiscalía que expresan la incidencia en las condiciones de seguridad e higiene que afectan a los usuarios que prestan sus servicios, o a personas que acuden a estas dependencias. En esas informaciones se afirma la supuesta persistencia en el tiempo de este estado provisional e insatisfactorio de ubicación de la sede judicial.

Recientemente la propia Corporación Municipal se ha posicionado formalmente en contra de estas medidas provisionales para la sede judicial, alegando su disposición a ofrecer terrenos para la creación de una sede unificada y adaptada a las actuales necesidades del servicio.

Esta Institución considera oportuno conocer las medidas de respuesta y organizativas en el ámbito de las competencias de ordenación y gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia que tiene atribuida la Junta de Andalucía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia.

Es por ello que se viene a proponer, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, iniciar actuación de oficio y, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería en materia de Justicia, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos. En concreto interesa conocer:

  • la evaluación de las causas de la ausencia de sede para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de los de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

  • las consecuencias que haya podido provocar en las funciones de este nuevo órgano judicial.

  • la evaluación del impacto que este incidente ha provocado en los actos y servicios que que se hubieran visto aplazados o suspendidos y las medidas de corrección que se hayan adoptado.

  • las acciones de reforma que se hubieran adoptado y, en suma, el calendario de medidas correctoras que se haya dispuesto.

  • proyectos para abordar una futura sede unificada de los órganos judiciales de la localidad.

25-02-2020 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

“En respuesta a su escrito sobre la queja de referencia, relativa a la situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y previa solicitud de información al órgano directivo competente en la materia, la dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, le informo lo siguiente:

- Evaluación de las causas de la ausencia de sede para el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de los de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Con fecha 16 de octubre de 2017 se publicó el Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales, que tenia por objeto, entre otros, concretar y adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, mediante la creación y constitución de setenta y siete nuevos juzgados, entre ellos el juzgado de Primera Instancia e instrucción n°5 en el Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor.

En ese momento el Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor se componía de cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con los usos complementarios que estos conllevan (salas de vistas, archivos, etc...), ubicados en un edificio en la C/ Duque de Lerma, 8, en régimen de arrendamiento, al no existir en la localidad disponibilidad de edificio propiedad de la Junta de Andalucía. Este edificio se alquiló como sede judicial en el año 2008 para albergar tres Juzgados de Primera instancia e instrucción y sus usos complementarios.

A finales del año 2009 se amplió la planta del Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor con un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, el n.º 4, el cual fue alojado en esta misma sede, teniendo que reubicarse el archivo existente en otro local anexo al edificio que se adecuó para este uso. A partir de entonces, el edificio quedo completo y con problemas de espacio, no solo para archivo, sino también para otros usos complementarios.

Por esta razón, el Juzgado de Primera Instancia e instrucción n.°5 no tenia cabida en dicho edificio, lo que hizo necesario plantear una actuación que permitiera resolver esta situación, mediante el alquiler de un local en el que se instalarla el nuevo Juzgado y al que se trasladarían uno de los juzgados ya existentes y el Registro Civil (ubicados en la sede actual), lo que permitiría a su vez mejorar las condiciones de esta.

Los trámites necesarios para contratar el alquiler de un nuevo edificio, que se llevo a cabo mediante licitación abierta, se dilataron en el tiempo de tal manera que se previo que en la fecha prevista para la entrada en funcionamiento del nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.°5, no estaría disponible el nuevo local. Además, el inmueble que resultó de Ia adjudicación requería obras de adecuación para el uso judicial. Por ello, desde los servicios periféricos de esta Consejería en Sevilla se propuso la instalación de unos módulos prefabricados de gama alta (es decir, con los acabados e instalaciones necesarios para desarrollar el uso al que iban a ser destinados de forma adecuada) en régimen de alquiler y de uso temporal hasta que culminaran las obras del nuevo edificio arrendado. Estos módulos se instalaron con anterioridad a la fecha de entrada en funcionamiento del nuevo juzgado, por lo que el día previsto para ello, el nuevo juzgado inició su actividad en estas instalaciones provisionales.

Actualmente las obras de reforma del nuevo edificio se han culminado, estando a la espera de la concesión de licencia de primera ocupación y del alta de los suministros correspondientes. Una vez se tengan estos servicios, se procederá al traslado de los dos juzgados que ocuparán esta nueva Sede.

- Consecuencias que haya podido provocar en las funciones de este nuevo órgano judicial.

En la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas no se tiene constancia de consecuencias negativas debido a Ia Instalación provisional del juzgado Primera Instancia e Instrucción n° 5 en su ubicación actual. Tampoco se tiene constancia de ello en la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en SeviIIa.

- Evaluación del impacto que este incidente ha provocado en los actos y servicios que se hubieran visto aplazados o suspendidos y las medidas de corrección que se hayan adoptado.

En la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas no se tiene constancia de que ningún acto o servicio se haya visto aplazado o suspendido a consecuencia de la instalación provisional del juzgado Primera Instancia e Instrucción n° 5 en su ubicación actual. Tampoco se tiene constancia de ello en la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla.

- Acciones de reforma que se hubieran adoptado y, en suma, el calendario de medidas correctoras que se haya dispuesto.

Como se ha mencionado anteriormente, la ubicación del juzgado Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Sanlúcar Ia Mayor es provisional hasta que finalicen las actuaciones que se iniciaron en 2017 para el arrendamiento y adecuación del inmueble donde se ubicarán dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Las obras de reforma del nuevo edificio se han culminado, estando a la espera de Ia concesión de licencia de primera ocupación con Ia que se podrá solicitar el alta de los suministros correspondientes. Una vez se tengan estos servicios contratados, se procederá al traslado de los dos juzgados que ocuparán esta nueva Sede.

- Proyectos para abordar una futura sede unificada de los órganos judiciales de la localidad.

Actualmente no hay previsión de construir una nueva sede judicial en Sanlúcar Ia Mayor por carecer de suelo para ello. Tampoco el Ayuntamiento ha cedido formalmente suelo para una nueva sede judicial. De ahí la necesidad de arrendar un inmueble. El motivo de que en Sanlúcar Ia Mayor existan dos sedes judiciales no es otro que la inexistencia en el núcleo urbano de inmuebles con el tamaño necesario para unificar todos los órganos y servicios de la Administración de Justicia en una única sede.

Por tanto y, hasta disponer de suelo adecuado para construir un edificio de nueva planta, no existe proyecto alguno para abordar una futura sede unificada de los órganos judiciales de la localidad.”

Tras la recepción del informe transcrito procedimos a contactar telefónicamente con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Sanlucar la Mayor, con objeto de conocer la situación de las instalaciones del Juzgado. Siendo atendidos por un funcionaria, quien nos comunicó que si bien oficialmente no tenían noticias en cuanto a la fecha en que se produciría su traslado a las nuevas instalaciones, oficiosamente por los sindicatos han sido informados de que en el mes de octubre se produciría el traslado de los Juzgados nº1 y 3 a las nuevas instalaciones, ocupando los nº 4 y 5 las que dejen éstos.

Paso un tiempo prudencial, recientemente hemos vuelto a contactar con uno de los órganos judiciales de los de Sanlucar la Mayor, al objeto de conocer la situación actual sobre la ubicación de los distintos juzgados.

Así, se nos informa por el funcionario que atiende nuestra llamada telefónica, que el traslado de los juzgados se produjo el pasado día 12 de diciembre de 2019, quedando ubicados los Juzgados números 1 y 3 en la nueva sede, y los Juzgados números 2, 4 y 5 en la antigua sede judicial.

Queja número 18/5450

El interesado exponía su preocupación porque aún no se le había abonado la ayuda concedida para el pago de la renta de alquiler de vivienda, desde su concesión en julio de 2011.

Solicitamos informe a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) quien nos indicó que constaba que el interesado suscribió, en calidad de arrendatario, contrato de alquiler el 2 de septiembre de 2010. Con posterioridad, el 30 de septiembre de 2010, presentó solicitud de subvención a personas inquilinas de vivienda, que obtuvo Resolución favorable el 20 de julio de 2011, por lo que correspondía al Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. En base a dicha resolución, solicito ayudas para cuatro períodos semestrales comprendidos entre el 2 de septiembre de 2010 y el 1 de septiembre de 2014.

La ayuda solicitada para el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2010 y el 1 de marzo de 2011 fue abonada el 12 de septiembre de 2018. El resto de solicitudes se encontraban pendientes de abono, pues habían sido consideradas favorables. Se nos informó que las cuantías pendientes serían abonadas según el criterio de pago establecido en la Resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda de 18 de julio de 2018, por la que se transferían a AVRA fondos destinados al pago de las ayudas a personas inquilinas del programa de Fomento al Alquiler. Es decir, el abono de las ayudas solicitadas se produciría atendiendo a la fecha de presentación de la solicitud de pago semestral.

La primera de las tres solicitudes pendientes fue presentada el 28 de septiembre de 2011, siendo previsible que el abono de la cuantía correspondiente a dicha solicitud se produjera en fechas próximas dado que en el momento de elaboración del informe remitido, se estaban abonando las ayudas solicitadas en agosto de 2011.

Por tanto, entendiendo que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 19/1559 dirigida a Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Dirección General de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Adoptarán medidas para evitar retrasos en la resolución de las Pensiones no Contributivas, de Jubilación e Invalidez, en Andalucía.

01-04-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Se han recibido en esta Institución en los últimos meses treinta y siete quejas en las que se denuncian los retrasos y problemas que están surgiendo en los expedientes de solicitud de Pensiones No Contributivas, tanto de Jubilación, como por Incapacidad. Las personas que se han dirigido a esta Institución muestran su disconformidad con la tardanza en tramitar y resolver estas solicitudes por parte de la Administración de Igualdad y Políticas Sociales, localizándose la problemática fundamentalmente en las provincias de Sevilla y Málaga.

Asimismo, basan sus denuncias en el hecho de ser personas que se encuentran en una difícil situación personal en el plano económico, en muchos casos rayando la situación de emergencia social, ante la ausencia de algún tipo de percepción económica para su supervivencia, teniendo que ser socorridos en muchos de estos casos por los servicios sociales municipales o por entidades privadas de asistencia social.

Tras admitirse a trámite todas estas quejas, se solicitaron los preceptivos informes a las Delegaciones Territoriales correspondientes en razón del lugar de residencia de los afectados, respondiéndose por parte de estos organismos que las solicitudes de PNC solicitadas estaban grabadas y/o en trámite, o que se había requerido al solicitante la aportación de documentación complementaria y que debido al volumen de peticiones recibidas aun no habían podido ser estudiadas y resueltas.

No obstante lo anterior, una de las respuestas que más nos alarmó al analizar su contenido fue un informe emitido por la Delegación Territorial de Málaga, en el que se afirmaba "que el plazo para la resolución de la PNC es de tres meses, pero tras una revisión superficial del expediente se comprueba que es posible que se proceda al requerimiento de documentación relacionada con el patrimonio personal procedente de (…), por lo que es posible que dicha resolución se retrase como parte del procedimiento".

Este proceder es contrario al derecho a una buena administración garantizado en el art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía e incumple la obligación de observar los plazos legalmente establecidos para la resolución de estas peticiones por parte de la Administración de Igualdad y Políticas Sociales.

Con independencia de ello, a esta Defensoría le preocupa especialmente la realidad social existente detrás de cada una de estas quejas que se reciben denunciando la tardanza en resolver el derecho que se reconoce a estas personas a percibir una Pensión, porque es la de personas en una situación desesperada, bien por tener cargas familiares que no admiten demora, bien por ser personas que no tienen a ningún familiar que las auxilien y que nos manifiestan que están viviendo en unas circunstancias lamentables.

Sea como fuere, para todas ellas la posibilidad de que les sea concedida la Pensión No Contributiva solicitada es, probablemente, su única esperanza para poder afrontar con dignidad alguna opción de futuro, pues no debemos olvidar que se trata de personas mayores, con más de 65 años, en los caso de PNC de Jubilación o, en los casos de PNC por Incapacidad, de personas con enfermedades invalidantes que les impiden el desempeño de cualquier posible trabajo.

Es decir, quejas que ponen de manifiesto situaciones de extrema necesidad y que producen una clara alarma social, por lo que son cuestiones que entendemos no pueden demorar su resolución y deben ser atendidas con la urgencia que la cuestión debatida demanda.

Ante estas circunstancias, y aunque en las respuestas que nos traslada la Administración, así como en alguna comunicación aclaratoria que nos ha remitido, se da respuesta formal a estas situaciones vinculadas siempre a cuestiones burocráticas, y dado que éstas no sólo no se solventan, sino que por las quejas que venimos recibiendo apreciamos que van aumentando, se hace preciso realizar una intervención ante la Administración responsable para garantizar el derecho de este sector de población, especialmente vulnerable, a acceder en los plazos legalmente establecidos al reconocimiento y pago de una Pensión No Contributiva.

Por cuanto antecede, se inicia Actuación de Oficio en base a lo establecido en el art.1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, para dirigirnos a la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a fin de darles traslado de la problemática descrita para que sea conocedora de la misma y al objeto de esclarecer los hechos referidos que devienen de la actuación de una Administración Pública, que afectan a los derechos que se derivan para la ciudadanía del art. 103.1 de la Constitución Española y del art.133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, solicitando que se nos facilite información al respecto a la mayor brevedad, de conformidad con lo establecido en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora.

26-09-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Con fecha 13 de septiembre de 2019 recibimos respuesta de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a la Resolución formulada que, tras su valoración, consideramos aceptada, por lo que procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

No obstante, en relación con la sugerencia de la citada Viceconsejería de dar traslado al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales de la situación existente respecto a la gestión de las PNC, a nivel estatal, a fin de que pudiera instar la “necesaria reforma legislativa que conlleve la modificación del procedimiento de control anual” de estas prestaciones, así como “la necesidad de disponer de un sistema único de gestión informática de prestaciones” y “de cruces coordinado a nivel nacional para la agilización de los procedimientos de revisiones anuales y revisiones de oficio”, asumimos con el mayor interés la propuesta planteada, procederemos a dar traslado de las mismas a la Institución estatal y a trabajar, coordinadamente con la misma, para que se puedan hacer efectivas con prontitud.

 

Queja número 18/2557

La interesada manifestaba que carecía de ingresos para poder acceder a una vivienda en el mercado libre. Tenía una menor a su cargo y vivía en una habitación por la que pagaba 250 euros. Solicitaba por ello que se le reconociera la ayuda al alquiler, para poder acceder a una vivienda digna en la que su hija pudiera desarrollar su vida con normalidad.

Exponía que en octubre de 2017 presentó una solicitud de ayuda al alquiler ante el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga. No obstante, en el mes de mayo de 2018, visto que no se resolvía, se personó en las dependencias de dicho organismo donde se le informó que su concesión dependía de los servicios sociales.

En consecuencia, se personó en los servicios sociales, solicitando el informe y valoración oportuna para poder solicitar la ayuda al alquiler del Ayuntamiento de Málaga, sin que en octubre de 2018 se hubiera efectuado tal trámite, por lo que nos dirigimos a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga en solicitud de información.

Por esto, nos indicó que dada su situación de alquiler de hecho, pero sin contrato legal del mismo ni recibos que justificasen su pago, no pudo optar ni entonces ni ahora a ayudas al pago del alquiler al no poder acreditar documentalmente su situación. Tampoco estaba inmersa en un proceso judicial de desahucio que exigiera una actuación de urgencia ante la inminente falta de alojamiento.

Después de un tiempo en que se había intervenido con el caso, gestionando una Prestación Económica de Inserción Social y realizando una intervención social con la familia, decidieron enviar hacia el Instituto Municipal de la Vivienda una propuesta de incorporación al Comité FRES para inclusión en el Plan de Ayudas al Alquiler.

Entendiendo que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones, no sin antes aconsejar a la interesada que se informara en el Instituto Municipal de la Vivienda y que, si transcurrido un tiempo prudencial no se producían avances, se dirigiera de nuevo a esta institución a fin de valorar una posible reapertura de la queja.

Queja número 18/2068

La interesada nos trasladaba su necesidad inminente de una vivienda para ella y sus hijos de, entonces, 16 y 17 años. Desde hacía diez años residía en la casa de un familiar, la cual había sido vendida, por lo que debía abandonarla próximamente.

Sus únicos ingresos se limitaban a 410€ mensuales de pensión por incapacidad permanente total, sin tan siquiera recibir pensión de alimentos del padre de sus hijos, por lo que no podía asumir el pago de un alquiler.

Estaba inscrita como demandante de vivienda en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Pública Protegida de El Puerto de Santa María desde el año 2011, formando parte de varios grupos de especial protección: familia monoparental, personas procedentes de rupturas de unidades familiares y personas con discapacidad, a lo que podría sumarse próximamente la circunstancia de que tenía que abandonar la vivienda en la que residía.

La interesada nos trasladaba la existencia, en la pedanía en la que residía, de varias casas de propiedad municipal que eran susceptibles de ser asignadas a familias con necesidad de vivienda.

Manifestaba que se había dirigido en varias ocasiones a los servicios sociales, donde le pedían que presentara una propuesta de alquiler para que se le pudiera conceder una ayuda económica, si bien con sus ingresos no encontraba ninguna vivienda que le quisieran alquilar, puesto que los propietarios exigían aval o contrato de trabajo y el pago de una fianza. Asimismo, nos trasladaba que los servicios sociales le habían ofrecido como alternativa habitacional que acudieran al albergue municipal, lo que había rechazado, al considerar que no era adecuado para sus hijos, por lo que intentaría reubicarse temporalmente en casa de algún otro familiar.

Ante la situación descrita solicitamos informe a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A. (Suvipuerto) y a Asuntos Sociales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Por parte de Suvipuerto se indicó el puesto en el que la interesada se encontraba en la lista de espera para una vivienda de 3 dormitorios, si bien no había previsión alguna de nuevas adjudicaciones de vivienda en el municipio. Asimismo se señalaba que los servicios sociales no les habían informado que la familia se encontrase en situación de riesgo de exclusión social.

Por los servicios sociales se indicaba que en ese momento los ingresos de la unidad familiar ascendían a 925 € mensuales, lo que superaba el límite de ingresos que se establecía en la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. No obstante, se planteó a la interesada la posibilidad de presentar una propuesta de alquiler para ser valorada por la Comisión de ayudas. Como otra alternativa habitacional, únicamente se contaba con el centro de acogida temporal.

Trasladado el contenido de dichos informes a la interesada, precisó lo siguiente:

- Actualmente cobraba 404 € de pensión por incapacidad y 430 € de la RAI, si bien esta última finalizaba en octubre. El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos dejó de cobrarlo hace un año. Afirmaba que los servicios sociales eran conocedores de estas circunstancias.

- Afirmaba que le estaba resultando imposible encontrar una vivienda de alquiler, ni en El Puerto de Santa María, ni en ningún otro de los muchos municipios de la provincia en los que había buscado vivienda, teniendo en cuenta que a partir de septiembre solo dispondría de los 404 € de la pensión, además de no disponer de nómina ni aval, requisitos exigidos por todos los arrendadores.

- Contaba con apoyo familiar, lo que le había permitido las últimas semanas pernoctar en la vivienda de su hermana, si bien en unas condiciones inadecuadas, por cuanto ella y sus hijos debían dormir en un cobertizo con elevados niveles de calor y humedad. Se trataba, por tanto, de una precaria situación que no se podía alargar en el tiempo.

A la vista de lo anterior, se desprendía que las medidas adoptadas hasta la fecha por los servicios sociales municipales no habían sido eficaces en la solución del problema planteado, pues resultaba prácticamente imposible suscribir un contrato de alquiler en el mercado libre sin nómina ni aval y con los que serían sus ingresos a partir de octubre.

La situación descrita está lamentablemente generalizada en muchos municipios de nuestra Comunidad autónoma. Por ello, algunos ayuntamientos han adoptado medidas que, si bien no remedian el problema de la necesidad de vivienda y la falta de vivienda pública, van más allá de la concesión puntual de ayudas al pago del alquiler (que en caso como el que nos ocupaba no tenían la eficacia necesaria) y se dirigen a facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna; medidas como ejercer de intermediarios con posibles arrendadores (garantizando el pago del alquiler o abonando por adelantado una cantidad), suscribir los contratos de alquiler a nombre de la propia administración, captación de viviendas privadas no usadas por particulares y otras iniciativas.

En atención a lo expuesto, solicitamos a los servicios sociales municipales un nuevo informe sobre las posibles medidas que se pudieran activar a fin de aportar una solución real al grave problema habitacional de la interesada y sus hijos.

En el informe se trasladaba que fue derivada a la empresa municipal de vivienda de El Puerto de Santa María, (SUVIPUERTO), quienes tenían competencia en viviendas públicas protegidas, donde constaba en el Registro municipal como demandante de vivienda desde el 2010. En cuanto a las alternativas habitacionales que podían ofrecer, además de ayudas económicas en concepto de alquiler, en los casos de emergencia o urgencia social contaban con un centro de Acogida temporal. Aunque en este caso no se consideraba adecuado y además contaban con redes de apoyo familiar. Además, podían acudir en cualquier momento para ser atendidos desde los Servicios sociales y valorar la situación socio-económica actual para buscar soluciones a su problemática.

Trasladado el informe recibido a la interesada, nos remitió escrito exponiéndonos sus alegaciones:

“(...)

Servicios sociales se comprometió en ayudar con un porcentaje en ayuda al alquiler y al pago de la fianza y mes corriente al inicio del contrato.

Con esta garantía por parte de ellos y la desesperación por alquilar algo dónde estar con mis hijos antes de que empezara el invierno ya que en el garaje con las lluvias se filtra el agua y hubiera sido imposible poder habitar con la humedad.

Una vecina de la urbanización de mis padres accedió a alquilarme su vivienda. Mi familia me hizo el favor de reunir y prestarme la fianza de la casa (900€) y medio mes desde el 15 de octubre a 31 octubre, medio mes (250€) un total de 1.150€ para entrar. Por la gran necesidad y el aprecio de no perder esa oportunidad.

Según servicios sociales como ya se pagó la fianza se niegan a pagarme la fianza de ese dinero prestado que tengo que devolver.

(...)”

Pues bien, al objeto de poder continuar con nuestra investigación y esclarecer así las circunstancias que parecían concurrir en el presente caso, solicitamos a los servicios sociales municipales que nos remitiera información sobre los nuevos hechos que nos trasladó la interesada, así como sobre las ayudas o recursos públicos a la que la misma pudiera acceder dada su situación de precariedad.

Finalmente, en la respuesta recibida se indicaba que habiéndose valorado la situación económica familiar que presentaba la interesada en el momento de la solicitud de alquiler de vivienda (octubre 2018), ésta no cumplía con los requisitos recogidos en la Ordenanza según el artículo 37, donde se establecía que “Podrán ser denegadas aquellas solicitudes que pueden concurrir en las siguientes circunstancias: (…) b) Que el solicitante o la unidad familiar cuente con recursos económicos superiores a los establecidos en el Art 22- j (límite de ingresos de la unidad familiar por 3 miembros y/o gastos de vivienda (1.50 IPREM).”

No obstante se había propuesto la concesión de nuevas ayudas de alquiler a partir de enero del presente año 2019, ya que la situación económica de la familia había cambiado, al percibir únicamente la pensión de Incapacidad de 421 euros/mes, cumpliendo con los límites económicos establecidos en esta Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales (BOP 221- 21/11/2016) del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Considerando, por tanto, que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

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