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El Defensor del Pueblo formula Resolución ante el Hospital Virgen Macarena, recomendando que para la superación de las situaciones de larga espera se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de cataratas del servicio de Oftalmología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible.

Asimismo, recomienda que se mantenga un seguimiento individualizado de la patología que presenta el promotor de la queja a fin de establecer la alternativa terapéutica más adecuada.

ANTECEDENTES

El reclamante se dirige a esta institución el pasado 25 de enero de 2019 para relatarnos su itinerario asistencial desde que fue derivado por su médico de atención primaria en fecha 30.06.2017 al especialista en oftalmología. En este sentido, nos describe que fue visto por el especialista en consulta con fecha 12.09.2017 y que se le informó de su derivación para posible intervención quirúrgica.

Tras el transcurso de los meses, ante la falta de cita, nos cuenta que se persona en el Hospital de San Lázaro para presentar una reclamación, siendo entonces informado que no se encuentra en lista de espera quirúrgica sino a la espera de ser visto por la unidad de cataras, estando prevista la consulta para el 14.01.2019, sin que dicha consulta se encuentre sujeta a plazo de garantía.

Según nos indicaba, cuando es atendido en dicha fecha ya había perdido la visión del ojo izquierdo, como consecuencia de la tensión ocular y del ojo derecho había perdido ya el 50 %, informándole que no puede ser operado hasta que no se normalice la tensión ocular.

Sobre estas circunstancias se solicitó informe al centro hospitalario, emitiéndose un primer informe que es posteriormente completado con un segundo informe, a instancias de esta Defensoría.

En el primer informe emitido por el centro hospitalario en fecha 2 de mayo de 2019, se nos dice que en la consulta de septiembre de 2017 no había signos de glaucoma y que no se había demandado atención urgente por el paciente en el transcurso de los meses. Por su parte, el segundo informe, emitido en fecha 16 de enero de 2020, entra en el detalle de la consulta del mes de enero, y se informa del diagnostico de glaucoma y de la evolución y seguimiento de la patología. En ninguno de los dos informes se hace alusión al tiempo transcurrido entre la consulta del mes de septiembre de 2017 y la de enero de 2019, ni a la reclamación que sobre esta situación se interpone por el Sr. (...).

CONSIDERACIONES

El interesado reclama por la demora acumulada en el proceso que había de conducir a la determinación de la alternativa terapéutica para el tratamiento de su patología descrita en la derivación efectuada por el médico de atención primaria como “disminución agudeza visual”.

La consulta demandada fue señalada inicialmente con el especialista en oftalmología en el mes de septiembre de 2017, precisando una interconsulta con la unidad de cataratas que se demora hasta el 14.01.19, es decir, dieciséis meses después de la petición, sin que se alegue causa que justifique de alguna manera este retraso, y ni tan siquiera se recurra al consabido argumento de que la misma no está sujeta a la garantía de plazo de respuesta para consultas de especialidades.

Se manifiesta en el informe emitido por el centro hospitalario, que en la primera consulta de oftalmología el paciente no mostraba alteraciones en la tensión ocular ni en el fondo de ojos, mientras que en la consulta de unidad de cataratas, que se produce tras más de un año, el paciente mostraba una alteración del nervio óptico y un deterioro de la agudeza visual más acusado que en la primera consulta, sin que conste que el paciente volviera a consultar (ni en consulta reglada ni en urgencias), realizándose entonces el diagnóstico de glaucoma.

Sobre este retraso entre ambas consultas, hemos de poner el acento por la importancia que tiene el establecimiento de un diagnostico y la alternativa terapéutica en el menor tiempo posible, para evitar sufrimiento a los pacientes y permitir que retomen sus rutinas habituales, sin entrar a valorar las consecuencias médicas que de dichos retrasos se puedan derivar, al carecer esta Institución de medios que le permitan someter a enjuiciamiento crítico aspectos médicos como el que se nos plantea.

No en vano, para solventar la problemática relacionada con la espera de citas de especialistas, que durante mucho tiempo fue objeto de numerosas quejas ante esta Institución, apareció el Decreto 96/2004 de 9 de marzo, de garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El contenido del mismo responde al desarrollo de la letra m) del artículo 6.1 de la Ley 2/98 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, por la que se garantiza en el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen, que luego ha sido consagrado en el nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo (art. 22.2 g).

El mecanismo que se refleja en aquélla permite a los usuarios acudir a un especialista en un centro sanitario privado si no es posible darles cita dentro del plazo de respuesta establecido (60 días).

Ahora bien, aunque la interconsulta que consideramos no esté afectada por el límite temporal prefijado, ello no quiere decir que pueda demorarse sine die, sino que debe producirse dentro de un tiempo que pueda entenderse razonable en el marco del proceso asistencial en cuestión, pues se inserta en el proceso de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad del interesado, y debe fijarse a la mayor brevedad posible para completar dicho proceso y determinar la alternativa terapéutica aplicable. De otra manera los límites temporales establecidos para las primeras consultas y para la realización de las pruebas diagnósticas de nada servirían, si no se evita la demora en las etapas posteriores.

Durante mucho tiempo en el que ante esta Institución se reproducían las quejas sobre lo dilatado de las listas de espera, fundamentalmente quirúrgicas, para múltiples intervenciones (cataratas, escoliosis, prótesis de cadera,...), y aun sin tener estándares de referencia sobre lo que podíamos considerar plazos apropiados para las mismas, vinimos a posicionarnos considerando comprensibles determinadas demoras para acceder a las prestaciones sanitarias no urgentes en el marco de un sistema presidido por los principios de universalidad y gratuidad, aunque estimando también que las mismas no son concebibles si superan unos límites tolerables médica y personalmente, en cuyo caso se produce una verdadera desasistencia.

Ahora que contamos con los plazos de garantía de respuesta para intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de especialidades, procedimientos diagnósticos, y determinados procesos asistenciales, como elementos de referencia de lo que puede entenderse como una demora razonable, pensamos que la espera por un tiempo como el que se ha hecho necesario para la consulta del interesado con la unidad de cataratas de ese hospital, más que una suspensión del derecho a la asistencia sanitaria reconocido en el art. 43 de nuestra Constitución, que toda lista de espera entraña, constituye una auténtica transgresión del derecho que hemos mencionado, pues la demora en estos casos lo que pone de relieve es la falta de soporte estructural apropiado para llevarlas a cabo.

A dicha fundamentación podemos añadir la previsión que se contempla en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en relación con la garantía, dentro del derecho a una buena administración, de que los asuntos de los ciudadanos (que también habrá que entender referidos a la vertiente asistencial), se resuelvan en un plazo razonable; e igualmente la del art. 5 d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, en términos similares, de acuerdo con el principio de proximidad a la ciudadanía consagrado en el artículo 3 r) del mismo texto legal.

Las consideraciones expuestas nos permiten realizar a esa Dirección Gerencia del Hospital Virgen Macarena, de acuerdo con lo previsto en el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales por considerar incumplido los siguientes preceptos:

.-De la Constitución española: art. 43.1

.- Del Estatuto de Autonomía de Andalucía: art. 31.

.- De la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía: Art. 5 d)

RECOMENDACIÓN 1.- Que para la superación de las situaciones de larga espera se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de cataratas del servicio de Oftalmología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible.

RECOMENDACIÓN 2.- Que se mantenga un seguimiento individualizado de la patología que presenta el Sr. (...) a fin de establecer la alternativa terapéutica más adecuada.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

Se dirige al Defensor la madre de un niño matriculado en una escuela infantil de titularidad municipal, disconforme porque no había obtenido contestación a su solicitud de acceso y copia de la documentación educativa de su hijo, incluyendo las fotografías y vídeos en que apareciera el menor.

La interesada, nos decía que había solicitado por escrito a la escuela infantil, hasta en cuatro ocasiones, que le hicieran entrega de la documentación, sin que su petición hubiera sido atendida. También indicaba que para dicha finalidad había llegado a personarse en la citada escuela infantil sin que le facilitaran información alguna y recibiendo un trato que consideraba como de “falta de respeto”.

Sobre este particular la Administración local nos informa que aunque la escuela infantil es de titularidad municipal, no se gestiona de forma directa sino que lo hace una empresa privada en régimen de concesión administrativa. El Ayuntamiento considera que el asunto planteado por la interesada se enmarca en el litigio jurídico privado existente entre padre y madre del menor, derivado de la ruptura de relación entre ambos, y que la respuesta a dicha petición excede de las competencias del Ayuntamiento y que correspondería, en su caso, aportar una solución a la dirección de la empresa que gestiona la escuela infantil.

CONSIDERACIONES

1. Una vez que el Ayuntamiento obtuvo autorización de Administración Educativa para prestar el servicio público de escuela infantil optó por no gestionarlo de forma directa, sino mediante su licitación publica, otorgando su concesión a una entidad privada, que tras la suscripción del correspondiente contrato administrativo asumió la obligación de gestionar la concesión, prestando el servicio conforme a lo dispuesto en la legislación y sometida al cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el contrato de concesión del servicio.

Es por ello un hecho cierto que corresponde a la entidad que gestiona el recurso la responsabilidad directa para atender los requerimientos de la madre del menor, usuario de la escuela infantil, pero este hecho no ha de ser obstáculo para que, ante el incumplimiento reiterado de las obligaciones que incumben a la entidad privada que gestiona la escuela infantil emerja la tutela pública del correcto desempeño del servicio contratado.

A este respecto hemos de recordar que el artículo 311 del texto actual de la Ley de Contratos del Sector Público determina que el contrato de un servicio público se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta función le corresponderá a los servicios dependientes del órgano de contratación.

A lo que se añade lo expuesto en el artículo 312 de esa misma Ley en cuanto que para aquellos contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía -como es el caso de la concesión del servicio de escuela infantil- la Administración contratante conservará siempre los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios que conlleven tales prestaciones.

2. Y es que la escuela infantil, como todo centro docente, ha de cumplir lo estipulado por la legislación educativa, y en lo que al contenido de la queja que venimos analizando concierne, se han de ejecutar las previsiones de la legislación educativa para aquellos supuestos -como el referido en la queja- en que existe una situación de ruptura de relación entre padre y madre, sin posibilidad de acuerdo entre ambos, y pendientes de la resolución de dicha controversia por parte del juzgado de primera instancia-familia. A tales efectos conforme al Protocolo de de actuación de los centros docentes en casos de padres divorciados o separados, de fecha 6 de junio de 2012, cualquier petición de información sobre datos académicos del alumno se habrá de efectuar por escrito, acompañada de copia del último Auto o Sentencia judicial en que figuren las medidas provisionales o definitivas que regulen las relaciones familiares con posterioridad al divorcio, separación, nulidad o ruptura del vínculo preexistente.

Si el documento aportado contiene pronunciamiento concreto al respecto habrá que estar a lo en éste dispuesto; pero si en el fallo de la resolución judicial no se hace ninguna concreción, en el sentido de privar de la patria potestad al progenitor que solicita la información, el centro deberá remitírsela, para lo cual deberá comunicar, al otro progenitor que tiene la guarda, la solicitud recibida para que en el plazo de 10 días pueda formular las alegaciones que estime oportunas, informándole que puede solicitar un trámite de vista y audiencia en relación con la documentación presentada por el otro progenitor para contrastar que es el que se encuentra en vigor.

Una vez transcurrido este plazo sin haberse realizado alegaciones o cuándo las realizadas no desvirtúen la documentación facilitada por el progenitor solicitante, el centro deberá remitir la información solicitada.

3. A lo expuesto se han de unir los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en cuya virtud compete a la entidad o persona responsable de la custodia del fichero en que se encuentran dichos datos personales del menor la obligación de satisfacer las peticiones efectuadas por sus padres o tutores, todo ello, claro está, teniendo en cuenta las cautelas y previsiones establecidas en el Protocolo antes mencionado sobre la información que se ha de suministrar a los progenitores de los alumnos, en caso de separación o divorcio.

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: recomendamos al Ayuntamiento de Marchena que como entidad pública titular de la escuela infantil y contratante de dicho servicio público a la entidad privada concesionaria, se ejerzan las potestades de supervisión, vigilancia y control de la correcta gestión del servicio contratado, y que en consecuencia se verifique el cumplimiento de las previsiones establecidas por la Consejería de Educación en el Protocolo de actuación de los centros docentes en casos de padres divorciados o separados, para garantizar que sean atendidas, conforme a lo dispuesto en la legislación, las peticiones efectuadas por la persona titular de la queja relacionadas con la información académica de su hijo y demás documentación solicitada.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

Recibimos una queja porque en las Fiestas de La Puerta del Segura se estaría fomentando el uso de material pirotécnico por menores, con el riesgo implícito que ello conlleva. A tales efectos, junto con dicho escrito recibimos material gráfico que serviría de prueba de lo expuesto en la queja.

Al tratarse de una queja anónima decidimos incoar, de oficio, un expediente para interesarnos por el asunto ante dicha Administración Local, respondiéndonos el Ayuntamiento que la denuncia carece de fundamento, al haber obtenido los permisos preceptivos de la Subdelegación del Gobierno y de la Delegación Territorial competente de la Junta de Andalucía, habiendo dictado además un bando de Alcaldía para regular la venta controlada de material pirotecnico, sin que en ningún caso se permita la venta de dicho material a menores.

CONSIDERACIONES

1. Hemos de destacar las referencias que efectúa la Corporación Local al cumplimiento estricto de la normativa relativa a la venta y uso de material pirotécnico, en especial del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo. A tales efectos se solicitó de la Subdelegación del Gobierno de Jaén autorización para la instalación de la caseta en la que la empresa autorizada realizaría la venta y suministro de material pirotécnico. También se solicitó de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, la reserva de uso de un punto kilométrico concreto de la carretera A-6304 para la celebración de las fiestas patronales, donde se utilizaría material pirotécnico de forma controlada.

A lo expuesto hemos de añadir el Bando de Alcaldía, de 31 de enero de 2020, por el que se dictan normas sobre uso y quema de pólvora (Carretillas) durante los días 1 a 3 de febrero de 2020, en el que se regulaban los establecimientos y la venta de material pirotécnico de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable, de forma tal que los menores de edad sólo podrían adquirir material de la categoría F1 (de 12 a 16 años) y categoría F2 (de 16 a 18 años), quedando reservada la categoría F3 para mayores de edad.

2. Ahora bien, aún ensalzando las cautelas adoptadas por la Corporación Local para minimizar los riesgos inherentes al uso material pirotécnico mediante la acotación de un lugar seguro para dicha finalidad, y las especiales cautelas relativas a menores de edad, no podemos pasar por alto que el uso de dicho material pirotécnico se encuentra muy enraizado en las festividades de esa localidad, por lo cual hemos de referirnos necesariamente a la normativa específica reguladora de esta cuestión y emanada del Gobierno de Andalucía, en concreto al Decreto 106/2015, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de las manifestaciones festivas con uso de artificios pirotécnicos y la formación de las personas que intervienen en las mismas.

Dicho reglamento fue dictado en ejercicio de la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma por el artículo 72.2, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en materia de espectáculos y actividades recreativas que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos.

La exposición de motivos de este reglamento autonómico parte de la existencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía de unas tradiciones muy arraigadas en las que el uso de la pólvora constituye una parte importante de la celebración de fiestas patronales o locales, y en las que la utilización de artificios pirotécnicos es consustancial a las mismas. Es por ello que, en consideración al riesgo inherente a los mismos, dicho Decreto establece condiciones de seguridad tendentes a evitar daños personales y materiales, e incide de manera especial en los requisitos de formación que han de reunir los consumidores reconocidos como expertos (CRE) participantes en tales eventos festivos.

En la información que nos ha sido aportada por la Corporación Local no consta ninguna referencia a que se haya tramitado al procedimiento para que las celebraciones de las Fiestas de San Blas obtengan el reconocimiento, por parte de la Junta de Andalucía, de su carácter religioso, cultural o tradicional, en las que se produce el uso de artificios pirotécnicos, lo cual daría lugar a su inclusión en el Catálogo público de manifestaciones festivas de carácter religioso, cultural o tradicional con uso de artificios pirotécnicos en Andalucía.

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: que por parte del Ayuntamiento se inicien los trámites previstos en el artículo 5 del Decreto 106/2015, de 17 de marzo, para el reconocimiento del carácter religioso, cultural o tradicional de las Fiestas Patronales de San Blas, en las que es costumbre arraigada el uso de material pirotécnico, procediendo a su inclusión en el correspondiente Catálogo autonómico.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz