El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía una modificación urgente del Programa de Solidaridad de los Andaluces, en el que se incluye una renta mínima de inserción o 'salario social', con el fin de que se dote de los recursos necesarios y se resuelvan las demoras en su tramitación.
En la presentación del Informe Anual sobre el ejercicio de 2015 ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz, y peticiones del Parlamento andaluz, el titular de esta institución ha lamentado que “la falta de dotación presupuestaria y las disfunciones que reiteradamente se producen en la gestión del salario social que concede la Administración autonómica reducen en gran parte su eficacia y avoca a la exclusión a colectivos muy necesitados”.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha propuesto que, con la máxima celeridad, el Consejo de Gobierno acuerde la ampliación del crédito presupuestario destinado al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) hasta la cuantía necesaria para absorber la demanda existente y cumplir lo recogido en el Decreto-Ley 7/2013 en cuanto al plazo de resolución de este procedimiento, cifrado en dos meses, adoptando si fuera preciso medidas presupuestarias de carácter extraordinario.
El titular de la Defensoría ha estimado que, como paso previo a la aprobación de una Renta Básica como recoge el artículo 23 del Estatuto de Andalucía, es necesario que la Administración autonómica revise el Decreto 2/1999 donde se recoge esta ayuda “para hacerla digna y que se conceda conforme está previsto, sin las alteraciones que sufre actualmente”.
Las otras propuestas que recoge el informe anual de 2015 sobre la modificación de este Programa son:
-Considerar beneficiaros del programa a todas las personas solicitantes que constituyendo unidades familiares independientes se encuentren empadronadas y residan en un mismo domicilio junto con otras, siempre que se acredite la independencia de cada una de ellas.
-Suprimir artículo 12 del Decreto 2/1999 y que se tome en consideración como fecha de referencia para la concesión de la ayuda la de la solicitud presentada por la persona demandante del Programa dentro del período legal de resolución. Ello no ocasionaría perjuicio alguno si el procedimiento se tramitara en el plazo de dos meses como establece el Decreto Ley 7/2013.
-Regular la participación de los Servicios Sociales Comunitarios como órganos colaboradores en la fase inicial de Procedimiento, vía Convenio, vía regulación normativa.
-Determinar si efectivamente el IMS es una subvención o un ingreso o prestación económica de otra naturaleza, adecuando en su caso el procedimiento de gestión económica a lo que al respecto se decida.
-Estudiar que la Tesorería pagara el salario como si de una nómina se tratase y no fuese todo el dinero a la Cuenta de Funcionamiento de la Delegación Territorial, aunque previamente habría de darse un paso intermedio y es que se preparase el Programa Syrus para su conexión informática con las bases de datos de la Seguridad Social, Empleo Estatal, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los Ayuntamientos (Empadronamiento) a efectos de comprobar las condiciones exigidas por la norma.
-Tramitación contable independiente y técnica de muestreo como medida de fiscalización que se considera necesaria, previa la validez de la información telemática que conste en el Sistema.
El Defensor del Pueblo andaluz, además, ha instado al Parlamento y al Gobierno autonómico a trabajar en nuevas propuestas que incluyan soluciones que impidan el corte de suministros básicos por la imposibilidad de impagos, y ha recordado la necesidad de una ley que consolide estas prestaciones.
DATOS ESTADÍSTICOS
En el año 2015 casi 29.000 personas nos han trasladado sus problemas y denuncias, lo que evidencia una realidad que está muy lejana de suponer una garantía de bienestar de la ciudadanía.
En términos de actuaciones realizadas en defensa y protección de los derechos, éstas ascendieron a un total de 18.923, lo que representa una media de 1.576 actuaciones al mes.
Estos datos se desglosan de la siguiente manera:
9.343 consultas
9.082 quejas tramitadas a lo largo del año
498 actividades de promoción de derechos
Sobre las consultas, nunca antes se había dado tal volumen de demandas ciudadanas en la institución.
El año pasado las consultas sobre servicios sociales se duplicaron con respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar las casi 1.400, el 15% del total.
Hemos gestionado 9.082 quejas, de las que 6.170 fueron nuevas, es decir, surgieron ese mismo año. De ellas, 229 fueron quejas iniciadas de oficio y, el resto, 5.941, presentadas por los ciudadanos y ciudadanas. A estas quejas nuevas suman las 2.912 tramitadas que proceden de años anteriores.
Comparativamente con respecto al ejercicio 2014, la actividad global ha supuesto un ligero ascenso del total de las quejas y consultas tramitadas. También hemos aumentado la labor de mediación de la Oficina (458 mediaciones, un 9% más que en el año 2014).
De los supuestos que hemos cerrado durante el pasado ejercicio hemos logrado que el asunto se solucione o que se encuentre en vías de solución en un 94% de los casos. Así, sólo en un 6% se ha rechazado nuestra resolución de mediación, nos hemos visto obligados a dar cuenta al Parlamento de nuestras resoluciones o ha existido discrepancia técnica de la Administración con respecto a nuestros pronunciamientos.
