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El marido de la interesada, reconocido como dependiente, está padeciendo la demora en la aprobación del recurso residencial correspondiente a la dependencia reconocida.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se dicte resolución aprobando el programa individual de atención del dependiente, de conformidad con la propuesta efectuada por los Servicios Sociales Comunitarios.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de Dª. ..., haciéndolo en su propio nombre y en representación de su marido, D. ..., con D.N.I. ... y domicilio en ..., exponiendo la demora en la aprobación del recurso residencial correspondiente a la dependencia reconocida a aquél.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 18 de febrero de 2016 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente expuso que su marido tiene reconocida su situación de dependencia, al padecer un alzheimer avanzado, habiéndose iniciado el expediente a finales del mes de agosto de 2013.

Desde junio del año 2015, el dependiente tuvo que ser ingresado en una Residencia de Mayores, debido a que su enfermedad hacía imprescindible que recibiera atención constante, que su mujer, debido a la edad y estado de ambos, no podía procurarle en las condiciones adecuadas.

Este ingreso se efectuó en la Residencia de Mayores ... de Sevilla, al ser la más cercana al domicilio familiar.

En septiembre de 2016 tuvo lugar la propuesta de PIA, determinando como recurso más adecuado el de atención residencial, optando por acceder a plaza concertada en la Residencia ... en la que el dependiente ya se encontraba perfectamente adaptado y, para el caso de no existir plaza en dicho Centro y hasta tanto la hubiera, la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial.

La resolución aprobatoria del recurso estableció la prestación económica vinculada señalada como subsidiaria. Recurso con el que discreparon los interesados, ya que, según afirmaban, existen plazas concertadas en la Residencia de su elección. Lo que motivó que hubieran de instar la revisión del PIA.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que en julio de 2016 explicó que se había optado por la segunda modalidad de intervención propuesta, porque en la fecha de aprobación del PIA, 12 de febrero de 2016, “las plazas concertadas en la referida residencia constaban ocupadas o ya asignadas”.

3. Dado traslado del informe a la promotora de la queja, insistió la misma en su pretensión, destacando que la Administración informante no se había pronunciado sobre el procedimiento de revisión del PIA instado en julio de 2016, ni sobre la revisión de grado asimismo interesada.

4. Solicitado nuevo informe al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, respondió el mismo aclarando que la solicitud inicial de reconocimiento de la dependencia se efectuó el 22 de agosto de 2013 y hasta el 12 de febrero de 2016 no se dictó la resolución de prestación económica vinculada al servicio de atención residencial; y, por otra parte, en relación con el expediente de revisión del PIA en curso, concretando que el 3 de agosto de 2016 se remitió la solicitud de revisión a la Delegación Territorial competente y que hasta el 25 de mayo de 2017 no aparecía reactivada informáticamente dicha petición. La propuesta de PIA en el procedimiento de revisión fue realizada por los Servicios Sociales el 5 de junio de 2017.

5. La promotora de la queja se ha dirigido nuevamente a esta Defensoría, confirmando que la asignación de plaza residencial concertada en la Residencia Claret a su marido, pende únicamente de la resolución de la Delegación Territorial y manifestando su incomprensión al comprobar cómo se van produciendo nuevos ingresos de residentes que vienen desde su domicilio, mientras que se torna imposible que le reconozcan plaza a su marido tras dos años en el Centro.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente del interesado, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el dictado de resolución de revisión del PIA.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se dicte resolución aprobando el programa individual de atención del dependiente, de conformidad con la propuesta efectuada por los Servicios Sociales Comunitarios.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El tío de la interesada, reconocido como dependiente severo, está padeciendo la demora en la aprobación del programa individual de atención.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se impulse la solicitud de revisión de programa individualizado de atención instada por la persona solicitante, dictando la correspondiente resolución y dando efectividad al recurso correspondiente.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de Dª. ..., quien compareció en su propio nombre y en representación de D. ..., de quien es sobrina, vecino de ..., con Dependencia Severa, exponiendo la demora en la aprobación del programa individual de atención de éste.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 3/2/2017 recibimos escrito de queja, presentado por Dª. ..., la cual expresaba que su tío tenía en ese momento 86 años, valorado con el Grado I de Dependencia y que en abril de 2016 se le solicitó la revisión de grado por agravamiento.

Que en junio de 2016 por nuevo empeoramiento de su enfermedad se vio obligada a ingresarlo ocupando plaza privada en la "Residencia de Mayores ...", residencia donde a su vez tiene concedida plaza su esposa de 87 años enferma de alzheimer avanzado.

Al parecer, en septiembre de 2016 la trabajadora social de ... solicitó que se le tramitara de urgencia aportando informe propuesta de recurso de ayuda vinculada al servicio y había sido informada de que la tramitación de urgencia se le había denegado.

Analizada la queja, esta Institución solicitó a esa Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en fecha 27/02/17 la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

2. En respuesta a nuestra solicitud, el pasado 12/04/17 recibimos informe emitido por esa Delegación Territorial, en el que se informaba la aprobación de la situación de Dependencia Severa, Grado II, en fecha 24/03/2017, y se indicaba que dicha resolución se iba a notificar a los servicios sociales comunitarios para la elaboración de la propuesta de PIA.

Tras trasladar el informe recibido a la promotora de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, nos confirma la información recibida y que el 21/06/2017 se le había realizado la propuesta de PIA.

3. El 11/07/2017 solicitamos un nuevo Informe a esa Delegación Territorial, solicitando conocer la fecha de notificación de la propuesta PIA por parte de los servicios sociales comunitarios y las previsiones temporales para la aprobación del Programa Individual de Atención.

En respuesta, el pasado 26/10/2017 recibimos el informe emitido por esa Delegación Territorial en el que se nos comunica: “Comprobada que dicha Propuesta cumplía los requisitos, fue validada con fecha 23 de junio de 2017 por el personal técnico competente de este órgano territorial.

La adjudicación de plaza concertada, tal y como establece la Propuesta, en residencia para personas mayores asistidas en el ámbito territorial provincial de Sevilla, está pendiente de que haya disponibilidad de plaza”.

4. Recientemente hemos recibido comunicación de la promotora del expediente exponiendo que sigue sin completarse el PIA de su familiar y que el pasado 7 de diciembre puso ante la tardanza, una reclamación en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.

Persistiendo la demora expuesta por la promotora de la queja, procede el dictado de la presente Recomendación.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (referencia legal que debe sustituirse por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Disposición Final Cuarta de ésta última), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente del interesado, resulta que se ha superado el plazo máximo legal al haber transcurrido más de 22 meses desde que se presentó la solicitud de reconocimiento de la dependencia por agravamiento, sin que aún se haya aprobado ningún recurso a su favor.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se impulse la solicitud de revisión de programa individualizado de atención instada por la persona solicitante, dictando la correspondiente resolución y dando efectividad al recurso correspondiente.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución a los Ayuntamientos de Sevilla, Granada, Córdoba y Almería, recomendando se adopten las medidas para dotar a los respectivos Tribunales Económico-Administrativos de los medios personales y materiales suficientes que permitan evitar los retrasos en la resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se formulan por la ciudadanía.

ANTECEDENTES

I.- La institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en los últimos años ha venido recibiendo expedientes de queja en los que se nos plantean incidencias en el funcionamiento de los Tribunales Económico Administrativos municipales, en relación con la tramitación de reclamaciones atinentes a gestión y recaudación de tributos y otros recursos de naturaleza pública.

El principal motivo de queja lo constituye el hecho de que se están produciendo importantes retrasos en la tramitación de aquellos procedimientos. Retrasos que unas veces se justifican por la falta de medios materiales y en otras, por la falta de recursos humanos, cuando no por ambas.

Entendiendo que las legítimas expectativas de los ciudadanos afectados demandan una más decidida actuación de las Administraciones competentes en orden al cumplimiento de esos procedimientos y de sus plazos de tramitación, esta Institución, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 en relación con el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, acordó iniciar queja de oficio respecto de los Ayuntamientos que pudieren contar en aquel momento con los órganos específicos referidos.

Nuestras peticiones de colaboración y de informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre citada, incluían la solicitud a los Ayuntamientos afectados de la siguiente información y documentación:

• Reglamento orgánico del Tribunal Económico Administrativo Municipal, fecha de aprobación y constitución del mismo, así como fecha y referencias de publicación del reglamento en Boletín oficial.

• Número de expedientes anuales que tramita el referido Tribunal Económico Administrativo Municipal y plazos reales de resolución.

• Estructura organizativa del Tribunal Económico Administrativo Municipal y recursos personales del mismo.

• Dotación presupuestaria que se destina al mismo en los Presupuestos de la Corporación.

II.- La información recabada a través de las respuestas recibidas se expone seguidamente de forma sintetizada, en aras de la brevedad y economía procedimentales.

1) Tribunales Económico-Administrativos Municipales existentes en Andalucía.

Contaban con Tribunal Económico Administrativo constituido, y con su Reglamento de organización y funcionamiento debidamente aprobado y hecho público los Ayuntamientos de:

• Almería, siendo publicado su Reglamento en el BOP de 19 de julio de 2012

• Córdoba, siendo publicado su Reglamento en el BOP de 17 de febrero de 2012

• Granada, siendo publicado su Reglamento en el BOP de 16 de febrero de 2009

• Málaga, siendo publicado su Reglamento en el BOP de 23 de junio de 2004

• Sevilla, siendo publicado su Reglamento en el BOP de 25 de septiembre de 2006.

2) Número de reclamaciones tramitadas.

Respecto al número de reclamaciones recibidas por los Tribunales Económico-Administrativos municipales los Ayuntamientos respectivos nos facilitaron los siguientes datos, referidos al último ejercicio disponible entonces (2015):

• Almería: 96

• Córdoba: 253

• Granada: 387

• Málaga: 468

• Sevilla: facilitaba datos de gestión referidos al ejercicio de 2014, 4.100 expedientes recibidos. Accedida su Memoria anual referida a 2015 -hecha publica en la pagina web del Ayuntamiento- recibió 2.903 reclamaciones.

4) Plazos de resolución.

En lo concerniente a plazos de resolución de las reclamaciones (tiempos medios referidos a 2015), los Ayuntamientos nos facilitaron los siguientes datos:

• Almería: 1 año y 6 meses.

• Córdoba: dentro del plazo máximo de 1 año, en ocasiones exceso de varios días.

• Granada: Manifiesta dificultad de calcular tiempos medios.

• Málaga: menos de 1 año (245 días).

• Sevilla: 2,9 años para el ejercicio de 2014. Accedida Memoria del Tribunal Económico Administrativo de 2015, facilita un plazo medio de 9 meses en ese ejercicio.

5) Organización y estructura de los Tribunales:

• Almería: cuenta con tres Vocales, uno de ellos Presidente y otro Secretario, pudiendo adscribirse personal de apoyo según necesidades coyunturales.

• Córdoba: cuenta con tres Vocales, uno de ellos Presidente, otro Secretario y como personal de apoyo, un Administrativo y dos Auxiliares.

• Granada: cuenta con tres Vocales, uno Presidente y otro Secretario, más un Vocal Sustituto; como apoyo un Administrativo, un Auxiliar Administrativo y un laboral Auxiliar de Recaudación.

• Málaga: cuenta con tres Vocales, uno de ellos Presidente, otro Secretario, más un Vocal Sustituto, y tres Auxiliares Administrativos de apoyo.

• Sevilla: contaba con cinco Vocales, uno de ellos Presidente y otro Secretario, y como estructura de apoyo tres Técnicos de Administración General y tres Auxiliares Administrativos. Mediante Acuerdo Plenario adoptado el 31 de mayo de 2016, el número de vocales se incrementó a nueve.

6) Dotación presupuestaria 2015:

• Almería: el Ayuntamiento destina como dotación específica 4.800 euros anuales para dietas de sesiones; el resto proviene de dotación genérica del presupuesto municipal.

• Córdoba: 231.499,40 euros (de Capítulos I y II)

• Granada: 23.000 euros anuales (gastos de funcionamiento y gastos de dietas sesiones).

• Málaga: 282.217,89 euros anuales de Capítulo I, y 11.797 euros de Capítulo II.

• Sevilla: 512.000 euros anuales de Capítulo I y 8.348 euros de Capítulo II.

Una vez analizada la información recibida y puesta en relación con las normas que resultan de aplicación al caso, procede formular las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Sobre los plazos legalmente previstos para la resolución de reclamaciones por los Tribunales Económico-Administrativos Municipales.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece en su art. 240, apartados 1 y 2 lo siguiente:

«1. La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá entender desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente.

El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa.

2. Transcurrido un año desde la iniciación de la instancia correspondiente sin haberse notificado resolución expresa y siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de esta ley.»

De conformidad con el art. 247 de la Ley 58/2003, el plazo de un año se verá reducido a 6 meses en aquellos casos en que proceda la tramitación por procedimiento abreviado.

Dicho procedimiento abreviado, según el art. 245.1, se aplicará a las reclamaciones económico administrativas cuando sean de cuantía inferior a la que se determine reglamentariamente.

Actualmente, los límites en la cuantía objeto de la reclamación económico administrativa a que se refiere el artículo 245.1 de la Ley 58/2003, vienen determinados en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la LGT, en materia de revisión en vía administrativa.

En concreto, en Título IV, Capítulo III, artículo 64 del citado Reglamento, que establece:

«Reclamaciones económico-administrativas que se tramitarán por el procedimiento abreviado.

Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el procedimiento abreviado cuando sean de cuantía inferior a 6.000 euros o 72.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones.»

Asimismo, hay que tener en cuenta las previsiones contenidas en la Ley 7/1985, de 5 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras su modificación por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.

Norma, que respecto al funcionamiento y procedimiento de las reclamaciones competencia de los Tribunales Económico Administrativos Locales, en la modificación del artículo 137 de la Ley de Régimen Local, incluyó las siguientes previsiones:

«5. Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad. Su composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones se regulará por reglamento aprobado por el Pleno, de acuerdo en todo caso con lo establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del órgano.»

Adaptaciones que se produjeron en los Reglamentos orgánicos de los Tribunales Económico-Administrativos Locales aprobados en Pleno por Los Ayuntamientos y que fueron hechos públicos, como se ha indicado en la parte expositiva de esta Resolución.

Segunda.- Sobre el cumplimiento de los plazos legalmente estipulados.

De la información recabada en el presente expediente de queja cabe deducir que son dos -Almería y Sevilla- los Ayuntamientos que reconocen palmariamente no cumplir con el plazo máximo de un año estipulado con carácter general en el art. 240 de la Ley General Tributaria.

Resultando especialmente destacable y censurable el caso del Ayuntamiento de Sevilla, cuyos plazos de resolución han venido excediendo con creces los plazos de resolución legalmente fijados, duplicando y hasta triplicando los mismos. Lo que ha determinado la recepción en esta Institución de un número relevante de quejas remitidas por personas que mostraban su indignación por tales retrasos, dando lugar a la formulación de diversas Resoluciones al Consistorio hispalense instando al mismo a la adopción de las medidas necesarias para solventar esta situación.

Unas resoluciones que han sido atendidas, al menos parcialmente, con la decisión de la Corporación de elevar mediante Acuerdo Plenario adoptado el 31 de mayo de 2016, el número de vocales hasta un total de nueve. Una decisión que ha permitido reducir los plazos de resolución, aunque los mismos siguen excediendo los legalmente previstos, en parte por la acumulación de asuntos de años precedentes.

De los restantes Ayuntamientos interpelados, dos de ellos -Málaga y Córdoba- manifiestan no superar el plazo de un año en sus resoluciones, mientras que el Ayuntamiento de Granada, sorprendentemente, se muestra incapaz de ofrecer un plazo medio de resolución “dada la diversidad de los asuntos que acceden al Tribunal”.

Estos plazos medios de resolución, aunque pudieran parecer ajustados a los dispuestos en la legalidad vigente, no dejan de resultar cuestionables si tenemos en cuenta que exceden sobradamente el plazo de 6 meses fijado para los procedimientos abreviados en el art. 247 de la Ley 58/2003.

Una modalidad procedimental que, por estar prevista para los supuestos de menor cuantía, es previsible que sea aplicable a un porcentaje muy elevado de los asuntos que recalan en los tribunales económico-administrativos municipales. Lo que nos lleva a presumir que existe un elevado grado de incumplimiento de los plazos legalmente estipulados y que tal incumplimiento afecta a casi todos los Ayuntamientos andaluces, aunque resulte mas notorio y grave en unos municipios que en otros.

El único Ayuntamiento que manifiesta cumplir escrupulosamente con los plazos legales, tanto en procedimiento ordinario como abreviado, es el Ayuntamiento de Málaga, lo que nos parece digno de ser reseñado y elogiado.

Tercera.- Sobre las consecuencias del incumplimiento de los plazos legalmente previstos.

Esta situación de retrasos y demoras generalizados en la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales económico-administrativos municipales determina, en nuestra opinión, una situación de incumplimiento por las administraciones municipales de sus obligaciones legales, que se traduce en perjuicio para los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico tributario reconoce a las personas contribuyentes.

Esta Institución es consciente de que pueden producirse situaciones excepcionales que den lugar a acumulaciones puntuales de asuntos litigiosos que excedan de la capacidad de respuesta normal de los órganos administrativos y justifiquen retrasos o demoras. En este sentido, somos conocedores de que existe actualmente una creciente conflictividad en materia tributaria que afecta especialmente a los órganos económico-administrativos locales como consecuencia de determinadas decisiones judiciales que afectan muy directamente a importantes tributos municipales.

No obstante, no consideramos que existan razones suficientes para justificar la situación de retraso generalizado en la tramitación de los procedimientos que parece derivarse de la investigación realizada en este expediente. Ni, menos aun, creemos que puedan justificarse por razones excepcionales retrasos tan prolongados y persistentes como los habidos en el Tribunal Económico-administrativo de Sevilla durante estos últimos años.

Es importante señalar que una de las razones que justificaron la creación de estos órganos para la resolución de los conflictos que se producen en materia tributaria local, no era otro que evitar los costes y dilaciones que suponía para muchos contribuyentes tener que acceder a los Tribunales de Justicia para dilucidar casos que por lo general resultan de escasa cuantía.

Difícilmente se pueden dar cabal cumplimiento a esta misión si no se dota a los órganos encargados de cumplirla de los medios y los recursos que precisan para desarrollar adecuadamente sus funciones.

Por otro lado, debemos recordar que la extralimitación en el plazo para resolver y notificar las resoluciones en los procedimientos de reclamación económico administrativa comporta la desatención de obligaciones impuestas -con alcance general, para todo tipo de procedimientos- en el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece de forma palmaria:

«Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.»

Debe tenerse presente además que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, cabe reseñar lo previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuando regula el principio de buena administración, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española; 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 29 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RECOMENDACIÓN para que se adopten las medidas para dotar a los respectivos Tribunales Económico-Administrativos de los medios personales y materiales suficientes que permitan evitar los retrasos en la resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se formulan por la ciudadanía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz