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El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Hospital Virgen del Rocío por la que recomienda que se adopten las medidas oportunas para que se cumpla el compromiso adquirido con los pacientes en el Plan Integral de Oncología de Andalucía, de mejorar la gestión de los tiempos de espera, y específicamente el que proclama que los tratamientos con cirugía y radioterapia no se demorarán más de 4 semanas desde que la decisión se haya tomado.

Asimismo, recomienda que se promueva la humanización de la asistencia a los pacientes oncológicos, tomando conciencia de su posición de vulnerabilidad y el sufrimiento psicológico añadido que les puede causar la demora en las distintas actuaciones sanitarias, fomentando la comunicación médico-paciente de forma ininterrumpida, especialmente en el período en el que aquellos permanecen a la espera de intervención.

ANTECEDENTES

El interesado nos refería que tras ser sometido a una ecografía transrectal y biopsia prostática en el hospital Virgen del Rocío con fecha 17.08.16, el siguiente 2 de septiembre le fueron revelados los resultados en consulta de urología, los cuales fueron indicativos de un padecimiento de adenocarcinoma infiltrante de próstata, para el cual se recomendó la práctica de una prostatectomía radical.

Nos decía que el 28 de octubre le habían realizado las pruebas de anestesia pero tres meses después desde la comunicación del diagnóstico y determinación terapéutica aún no lo habían intervenido, lo que le estaba produciendo un elevado estado de ansiedad y daño psicológico, por el temor a la progresión de la enfermedad y la aparición de metástasis.

Admitida la queja a trámite, recibimos el informe elaborado por ese centro, en virtud del cual se nos decía textualmente:

“En relación al mismo informamos que intentamos optimizar nuestros recursos de quirófanos y personal causando la menor espera, priorizando en todo momento la severidad de las patologías que padecen los pacientes incluidos en nuestra lista quirúrgica.

Añadir que el tumor de próstata es, dentro de la esfera de la especialidad de urología, uno de los que posee una mejor historia natural.

Por otro lado la opción terapéutica elegida, la prostatectomía radical robótica, es en la actualidad la modalidad tecnológicamente más avanzada, que redunda en una más rápida recuperación, tanto postoperatoria como de los efectos secundarios inherentes a dicha cirugía”.

En resumidas cuentas ese hospital nos comunicaba que en la respuesta a la reclamación que el paciente formuló el 4 de diciembre, ya se le informó de la fecha estimada para la operación, señalada para la segunda quincena de enero, y que efectivamente así fue, porque el interesado fue intervenido el día 24 de dicho mes.

CONSIDERACIONES

Esta queja se motiva en el plazo que preside la intervención quirúrgica del interesado una vez que se alcanza el diagnóstico de su enfermedad oncológica y se establece que aquella es la terapia de elección para hacer frente a la misma.

Así, concretado aquel e indicada esta con fecha 02.09.16, sin que conste la práctica de ninguna otra actuación sanitaria adicional, más que la obligada realización del estudio preanestésico, se hace preciso un período de cuatro meses y 22 días para que la intervención se lleve a cabo.

Ante esto ese hospital se limita a indicar que hace lo posible por agilizar las intervenciones y priorizar las dolencias más severas, que el cáncer de próstata es de los que mejor evolución tiene en el ámbito de la urología, y que la técnica prevista para la intervención es muy puntera y minimiza los efectos secundarios de la cirugía.

Pues bien cuando nos enfrentamos a posibles deficiencias asistenciales en relación con procesos cancerígenos, dada la importancia que juega en los mismos el factor tiempo, normalmente se trata de valorar si han existido retrasos significativos en el diagnóstico o el tratamiento, sea este quirúrgico o de otro tipo.

Puesto que desconocemos cuáles son los tiempos adecuados que señalan el límite de lo razonable, generalmente buscamos parámetros establecidos que nos permitan realizar esta comparación. Para ello venimos recurriendo a los plazos que como indicadores de calidad se perfilan en los procesos asistenciales integrados, en cuanto que objetivos idóneos a alcanzar con la implantación de aquéllos.

Analizado en este caso sin embargo el PAI hiperplasia benigna de próstata/cáncer de próstata, no encontramos parámetros temporales indicativos para las distintas actuaciones que se incluyen en el mismo.

Como recomendación general sí aparece en el Plan Integral de Oncología de Andalucía (2007/2012) la de que los tratamientos de cirugía y radioterapia no se demorarán más de cuatro semanas desde la toma de la decisión.

En tanto que único factor de comparación al que podemos asirnos, la programación de la intervención del interesado con un plazo cercano a los cinco meses entraña un apartamiento muy significativo de dicho compromiso administrativo.

Ciertamente desde una perspectiva técnica no tenemos capacidad para determinar si el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la intervención tuvo alguna repercusión negativa en la evolución de la enfermedad, lo que no nos impide razonablemente apreciar que el mismo es excesivo.

Habitualmente la Administración Sanitaria justifica los dilatados plazos que presiden en muchos casos el sometimiento a determinadas intervenciones quirúrgicas en la necesidad de acometer con preferencia esta tarea en cuanto a las operaciones que están cubiertas por la garantía de plazo de respuesta, y también principalmente, para dar una respuesta adecuada a las que son secundarias a la patología oncológica.

Debido a la máxima prioridad que se nos anuncia para el tratamiento del cáncer, resulta menos entendible el retraso en este ámbito, tanto para la cirugía como para el acceso a la radioterapia y quimioterapia.

Además quisiéramos resaltar en este punto que el Plan Integral de Oncología de Andalucía 2007-2012 al que antes nos referimos, contempla entre sus principios inspiradores el de proporcionar una atención sanitaria centrada en la persona enferma, de forma que ésta perciba un trato integral, que incluya aspectos físicos, emocionales y sociales.

Y es que el interesado precisamente trae a colación su estado emocional para argumentar su protesta, señalando la ansiedad y daño psicológico que venía sufriendo, a tenor del conocimiento general que la ciudadanía posee sobre este tipo de enfermedades, que se resume en la afirmación que aquel nos traslada sobre el efecto negativo del paso del tiempo (“el tiempo juega en contra”), que viene justificado en la posibilidad de empeoramiento del pronóstico.

Aunque por mucho que lo intentemos no podemos ponernos en el lugar de estos pacientes, no resulta complicado imaginar su ansiedad, ni parece lo más indicado para este estado el verse obligados a realizar gestiones para indagar sobre la fecha prevista de la intervención, intentando su agilización.

La consideración del estado emocional de los pacientes oncológicos nos conecta directamente con el principio de humanización de la relación asistencial que venimos reclamando para el ámbito sanitario, el cual implica la compatibilidad de la estricta prestación médico-asistencial con el respeto a los derechos humanos de los pacientes.

Para nosotros el principio de la dignidad humana y la libre personalidad de cada ciudadano debe regirse en el elemento rector del sistema sanitario, de manera que como exigencias de dicha humanización hemos señalado aspectos tales como el derecho a una información adecuada y apropiada para cada paciente, la acogida en la estructuras sanitarias dentro de unos niveles de confortabilidad general, el respeto escrupuloso a la individualidad y a la diferencia, el trato personal y la actitud de servicio, la atención respetuosa,...

Ciertamente estimamos que en este campo se han producido notables avances, al menos en el aspecto teórico, que han llevado a proclamar la consideración del paciente como eje central del sistema en no pocos instrumentos planificadores o programáticos. Ahora bien la efectiva plasmación práctica de esta premisa puede resultar bien distinta.

El aspecto emocional cobra más relevancia si cabe en el ámbito de los procesos oncológicos, en los que existe muchas veces la evidencia de una enfermedad grave y los tratamientos son largos y penosos para los pacientes, por lo que en ocasiones una espera que en opinión de esa Administración Sanitaria pueda encajar en la práctica habitual desde el punto de vista técnico, es posible que no resulte adecuada a las condiciones personalísimas del paciente e incluso puede llegar a revelarse inhumana.

Además la falta de contacto con el paciente a raíz de la última actuación asistencial antes de la intervención (la preanestesia el día 28 de octubre) no se compadece con la necesidad de intensificar la comunicación médico-paciente y el favorecimiento de la participación de este último en la toma de decisiones, que a nuestro entender exige la situación de desvalimiento en la que el padecimiento de una enfermedad oncológica le posiciona, por la alarma, en muchos casos justificada, que conlleva.

A la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta los informes emitidos y las consideraciones realizadas, y de conformidad con lo previsto en el art. 29.1º de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución procede a formular a esa Dirección Gerencia de ese hospital Virgen del Rocío las siguientes

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1. Que se adopten las medidas oportunas para que se cumpla el compromiso adquirido con los pacientes en el Plan Integral de Oncología de Andalucía, de mejorar la gestión de los tiempos de espera, y específicamente el que proclama que los tratamientos con cirugía y radioterapia no se demorarán más de 4 semanas desde que la decisión se haya tomado.

RECOMENDACIÓN 2. Que se promueva la humanización de la asistencia a los pacientes oncológicos, tomando conciencia de su posición de vulnerabilidad y el sufrimiento psicológico añadido que les puede causar la demora en las distintas actuaciones sanitarias, fomentando la comunicación médico-paciente de forma ininterrumpida, especialmente en el período en el que aquellos permanecen a la espera de intervención.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga recomendando resolver expresamente, sin más dilaciones, el ingreso en cuenta de la parte interesada de la devolución de ingresos indebidos aceptada y no ejecutada, así como los intereses de demora devengados.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 3 de marzo de 2016 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por D (...) a través de la cual nos exponía que con fecha 11 de febrero de 2015 habría presentado solicitud de rectificación de elementos conformadores de objeto tributario a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tras alteración catastral habida. Añadía que a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recibido respuesta a su solicitud de información.

En este sentido, con fecha 18 de julio de 2016 el Defensor del Pueblo Andaluz formuló Resolución ante ese Patronato en orden a la materialización de la devolución de ingresos indebidos que en concepto de IBI que se solicitaba.

En fecha 28 de diciembre de 2016 se le comunicaba el cierre del expediente puesto que del informe recibido de ese organismo al efecto, se podía deducir la aceptación de la Resolución formulada.

En fecha 22 de mayo de 2017 la interesada contacta con esta Institución manifestando que pese al dilatado periodo de tiempo transcurrido desde la aceptación de la devolución de ingresos indebidos, la misma no se ha materializado, pese a que en fecha 12 de diciembre de 2016 la interesada habría comunicado y acreditado a esa Agencia la cuenta bancaria en la que efectuar la devolución.

II. Con posterioridad, tras la espera de un tiempo prudencial que entendemos suficiente como para que se hubiere efectuado el ingreso en cuenta referido, toda vez que no había sido así, como se inisistía por la interesada en fecha 9 de agosto de 2017, esta Institución procedió a reabrir el expediente de queja y solicitar nueva información ante el Patronato de recaudación, a los efectos de conocer su explicación en relación con la considerable demora producida respecto al ingreso en cuenta de la devolución de ingresos indebidos aceptada y , en su caso, las incidencias o dificultades habidas que justifiquen el retraso para su pago efectivo, así como, previsiones en cuanto a resolución de las mismas y ejecución del ingreso en la cuenta particular que indicó la interesada.

Nos hemos visto obligados a reiterar en no pocas ocasiones la información nuevamente solicitada en la reapertura de la queja, pues por Parte del Patronato referido no se nos ha cursado ninguna otra información o respuesta a nuestras peticiones de fecha 25 de septiembre de 2017; 22 de noviembre de 2017 y; 16 de febrero de 2018.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma en las fechas indicadas, no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de resolución y de la ejecución en la devolución de ingresos indebidos, denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a ese Organismo las siguientes

CONSIDERACIONES

Única.- De la obligación de resolver la solicitud de devolución de ingresos indebidos.

En principio, hemos de tener en cuenta que además de las obligaciones formales y procedimentales comunes a todas las Administraciones Públicas, en tanto en cuanto Administración Tributaria y gestora de recursos públicos, a esa Administración también le concierne la obligación de haber resuelto el procedimiento específico de devolución de ingresos indebidos a que se refiere el articulo 221 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (modificada parcialmente por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre), que en relación con lo establecido en el artículo 220.2, de la citada Ley General Tributaria, impone a la Administración la obligación de notificar resolución expresa en plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de solicitud de devolución de ingresos indebidos formulada por el interesado, siendo el silencio desestimatorio en tal caso.

Otra función incorporada bajo el paraguas de la gestión tributaria por mandato legislativo, y con ocasión de los procedimientos de devolución de ingresos indebidos, es la de liquidación de los intereses de demora (artículo 221.5 de la LGT), que ha de realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 de la citada Ley, que dispone:

«2. Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.»

En consecuencia con lo anterior, y como quiera que en el presente asunto la interesada viene solicitando la devolución de ingresos indebidos desde el ejercicio 2015, habiendo cumplimentado en fecha 12 de diciembre de 2016, requerimiento sobre número de cuenta efectuado por la Administración recaudadora para materializar la devolución, sin que se materializara la misma, y sin que se nos haya informado nada al respecto de aquella devolución, con tal actuación o proceder por parte de la Agencia provincial de recaudación, consideramos que se conculcan principios específicos de actuación, en el ámbito sustantivo de ordenación y aplicación del sistema de tributos (y de gestión de recursos de naturaleza pública).

Principios que consideramos que resultan de obligada observación por las administraciones tributarias en general y, por esa Administración en el presente caso, como son los establecidos en el articulo 3, de la citada Ley General Tributaria, en el siguiente sentido:

«1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.»

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se formula a ese Patronato de Recaudación Provincial de Málaga la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de resolver expresamente, sin más dilaciones, el ingreso en cuenta de la devolución de ingresos indebidos aceptada y no ejecutada, así como los intereses de demora devengados.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución al Hospital de Puerto Real por la que recomienda que para la superación de las situaciones de larga espera se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de párpado-vía lagrimal de la unidad de oftalmología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

ANTECEDENTES

La interesada refiere que el 11.12.2014 fue atendida en consulta de oftalmología del centro de especialidades del Puerto de Santa María, tras derivación realizada por su médica de atención primaria, y debido al lagrimeo constante que padecía en su ojo derecho.

Desde dicha consulta fue remitida a su vez a ese centro hospitalario, comprobada la obstrucción del conducto lagrimal, pero al pasar un año sin noticias, y reclamar información al respecto en ese hospital, le indicaron que existía mucha demora, que su cita estaba incluida en el sistema informático Diraya, y que en el momento en el que se le asignara se le notificaría desde el servicio de cita previa.

Al cabo de 22 meses desde su indicación sin más noticias, trató de indagar al respecto en ese hospital, sin obtener respuesta después de realizar diversas llamadas telefónicas.

Pues bien, admitida la queja a trámite y solicitada a esa Dirección Gerencia la emisión del informe previsto en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora, hemos recibido un documento del mismo por el que se limitan a indicarnos que la cita se asignó para el día 27.10.2016, y que se avisó telefónicamente a la interesada, al tiempo que se cursó la notificación postal de al misma.

CONSIDERACIONES

La interesada reclama la citación con la unidad de párpado-vía lacrimal de ese hospital a la que fue derivada desde consulta de oftalmología el 11.12.2014, con el objeto de que se valorara su dolencia.

La consulta demandada fue señalada para el pasado 27.10.2016, es decir, veintidós meses después desde la petición, sin que se alegue causa que justifique de alguna manera este retraso, y ni tan siquiera se recurra al consabido argumento de que la misma no está sujeta a la garantía de plazo de respuesta para consultas de especialidades.

Todo lo más, en el segundo informe emitido por ese centro a nuestro requerimiento, se apunta que el plazo no es el deseado por el mismo, pero que la realidad es que hay un alto número de citas de revisión y recogida de resultados, siendo en algunos momentos imposible dar respuesta en menor plazo, teniendo en cuenta que los profesionales deben atender quirófanos, actividad en planta de hospitalización y consultas.

Por lo que hace a la información requerida sobre la frecuencia de esta consulta específica (cuántos profesionales se emplean en la misma y cuánto tiempo le dedican), y el número de pacientes que están pendientes de cita, con expresión del tiempo medio de respuesta, se señala exclusivamente que la frecuencia de la consulta párpado-vía lagrimal es semanal.

Pues bien, para solventar la problemática relacionada con la espera de citas de especialistas, que durante mucho tiempo fue objeto de numerosas quejas ante esta Institución, apareció el Decreto 96/2004 de 9 de marzo, de garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El contenido del mismo responde al desarrollo de la letra m) del artículo 6.1 de la Ley 2/98 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, por la que se garantiza en el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen, que luego ha sido consagrado en el nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo (art. 22.2 g).

El mecanismo que se refleja en aquélla permite a los usuarios acudir a un especialista en un centro sanitario privado si no es posible darles cita dentro del plazo de respuesta establecido (60 días).

Ahora bien, aunque la consulta que consideramos no esté afectada por el límite temporal prefijado, ello no quiere decir que pueda demorarse sine die, sino que debe producirse dentro de un tiempo que pueda entenderse razonable en el marco del proceso asistencial en cuestión, pues se inserta en el proceso de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de la interesada, y debe fijarse a la mayor brevedad posible para completar dicho proceso y determinar la alternativa terapéutica aplicable. De otra manera los límites temporales establecidos para las primeras consultas y para la realización de las pruebas diagnósticas de nada servirían, si no se evita la demora en las etapas posteriores.

Durante mucho tiempo en el que ante esta Institución se reproducían las quejas sobre lo dilatado de las listas de espera, fundamentalmente quirúrgicas, para múltiples intervenciones (cataratas, escoliosis, prótesis de cadera,...) y aun sin tener estándares de referencia sobre lo que podíamos considerar plazos apropiados para las mismas, vinimos a posicionarnos considerando comprensibles determinadas demoras para acceder a las prestaciones sanitarias no urgentes, en el marco de un sistema presidido por los principios de universalidad y gratuidad, aunque estimando también que las mismas no son concebibles si superan unos límites tolerables médica y personalmente, en cuyo caso se produce una verdadera desasistencia.

Ahora que contamos con los plazos de garantía de respuesta para intervenciones quirúrgicas, primeras consultas de especialidades, procedimientos diagnósticos, y determinados procesos asistenciales, como elementos de referencia de lo que puede entenderse como una demora razonable, pensamos que la espera por un tiempo como el que se ha hecho necesario para la consulta de la interesada en la unidad de retina de ese hospital, más que una suspensión del derecho a la asistencia sanitaria reconocido en el art. 43 de nuestra Constitución, que toda lista de espera entraña, constituye una auténtica transgresión del derecho que hemos mencionado, pues la demora en estos casos lo que pone de relieve es la falta de soporte estructural apropiado para llevarlas a cabo.

A dicha fundamentación podemos añadir la previsión que se contempla en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en relación con la garantía, dentro del derecho a una buena administración, de que los asuntos de los ciudadanos (que también habrá que entender referidos a la vertiente asistencial), se resuelvan en un plazo razonable; e igualmente la del art. 5 d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, en términos similares, de acuerdo con el principio de proximidad a la ciudadanía consagrado en el artículo 3 r) del mismo texto legal.

Las consideraciones expuestas nos permiten realizar a esa Dirección Gerencia de acuerdo con lo previsto en el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales por considerar incumplido los siguientes preceptos:

.-De la Constitución Española: art. 43.1

.- Del Estatuto de Autonomía de Andalucía: art. 31.

.- De la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía: Art. 5 d)

RECOMENDACIÓN: Que para la superación de las situaciones de larga espera se adopten por ese hospital las medidas organizativas y asistenciales precisas, referidas fundamentalmente a la ampliación de los medios humanos y materiales para la satisfacción de la demanda, de tal manera que los ciudadanos disfruten del efectivo reconocimiento del derecho a la protección de la salud que establece el art. 43 de la Constitución, y en concreto se adopten medidas para agilizar las citas con la unidad de párpado-vía lagrimal de la unidad de oftalmología, al objeto de que pueda llegar a determinarse la alternativa terapéutica apropiada para los mismos en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz