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Formulamos Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla para que sin mas dilación se dicte la Resolución por la que se apruebe la propuesta contenida en la revisión del PIA de la persona dependiente, dando efectividad al recurso propuesto.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de Dª ..., haciéndolo en su propio nombre y en representación de su madre, Dª ..., con D.N.I. ..., exponiendo la demora en la revisión de su grado de dependencia y en la aprobación del recurso correspondiente a dicha revisión.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 26 de junio de 2017 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente expuso que su madre solicitó en diciembre de 2015 la revisión de su grado de dependencia, por empeoramiento, sin que dicha solicitud hubiera sido atendida (expediente ...).

De este modo, aunque la madre de la interesada tiene reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar desde abril de 2016, su hija y cuidadora se encuentra desbordada, ya que también su padre es persona en situación de dependencia con recurso pendiente de aprobación.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que en noviembre de 2017 manifestó que en el mes de octubre iba a ser asignado el técnico valorador que efectuase dicha revisión.

3. Puesto el contenido de dicho informe en conocimiento de la promotora de la queja, expresó ésta que la valoración no había tenido lugar y, tiempo más tarde, amplió su información, señalando que finalmente su madre había sido reconocida como Gran Dependiente y efectuada la nueva propuesta de PIA, consistente en adecuación de la PECEF a su nuevo grado de dependencia, sin que esta última hubiese sido aprobada por la Delegación Territorial.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho, ya que su solicitud de revisión del grado de dependencia se produjo en diciembre de 2015, sin que en estos momentos se haya procedido a aprobar la propuesta de revisión del PIA correspondiente al grado actual.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se dicte la Resolución por la que se apruebe la propuesta contenida en la revisión del PIA de la persona dependiente, dando efectividad al recurso propuesto.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Formulamos Resolución a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para que sin más dilación se dicte Resolución resolviendo el expediente de prestación económica devengada y no percibida iniciado por la comunidad hereditaria de la dependiente fallecida.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Consejería en relación con el expediente promovido a instancias de D..., quien compareció en su propio nombre, en calidad de heredero de Dª ..., dependiente ya fallecida, exponiendo la demora en la percepción de la cantidad adeudada a la comunidad hereditaria en concepto de efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar reconocida a la anterior, no satisfecha al tiempo de su muerte.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 12 de abril de 2016 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el compareciente expuso que a su madre le fue reconocida su situación de dependencia y asignado el recurso de prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con devengo de efectos retroactivos, lo que determinó un crédito a favor de la persona dependiente, cuyo pago se fraccionó en anualidades.

Dª … falleció, procediendo su cuidador y heredero a comunicar a la Administración dicha defunción, así como a solicitar el pago de la deuda, acompañando la documentación acreditativa oportuna, sin que dicho reconocimiento y abono tuvieran lugar.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que por escrito de mayo de 2016, aludió a razones presupuestarias como causa de la ralentización en la gestión y resolución de los procedimientos de dependencia, concluyendo que “el expediente de la persona interesada será resuelto a la mayor brevedad posible”.

3. En diciembre de 2016, esta Defensoría dirigió a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Recomendación del siguiente tenor literal:

“Para que sin mas dilación se dicte Resolución reconociendo el derecho del peticionario y se hagan efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria, con el abono de los intereses que se hubieren devengado por la causante”.

4. La respuesta ofrecida por la Agencia de Dependencia, respecto de la aceptación de la mentada Recomendación, aludió en esta ocasión a una circunstancia distinta. Concretamente, especificó que en la solicitud de la persona afectada, heredera de la dependiente fallecida, concurre un supuesto específico, consistente en haberse producido la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, una vez ya dictada la Resolución por la que se reconocía a la persona dependiente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, pero cuando aún no se había iniciado su abono, al estar pendiente la suscripción y presentación por la persona cuidadora del convenio especial con la Seguridad Social. De manera que conforme a la Disposición Adicional Séptima del referido Real Decreto Ley 20/2012, la prestación económica quedaba sujeta a un plazo suspensivo máximo de dos años, durante el cual falleció la dependiente. Por lo que concluyó el informe que: “La comunidad hereditaria de la persona causante inicia el procedimiento de prestación económica devengada y no percibida ante el servicio territorial de la Agencia en la provincia de Sevilla. Dicho servicio se encuentra, en la actualidad, gestionando dicho supuesto concreto que resolverá a la mayor brevedad posible, en base a los antecedentes descritos anteriormente.”

CONSIDERACIONES

La disposición adicional primera introducida en la Orden de 3 de agosto de 2007 por la Orden de 26 de julio de 2010, relativa al aplazamiento del abono de los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, dispone en su apartado cuarto que “en el supuesto de que la persona beneficiaria falleciera con anterioridad a la percepción de la integridad de la cuantía aplazada, se continuará aplicando lo establecido en la presente disposición, además de las normas aplicables para los supuestos de pago de cuantías adeudadas a personas fallecidas.

En todo caso, previa solicitud, y una vez constituida la correspondiente comunidad hereditaria, se harán efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la mencionada comunidad hereditaria”.

Del informe que obra en el expediente del interesado, así como de la documentación aportada por este y de sus alegaciones, resulta que por los herederos de la dependiente fallecida se han cumplimentado todos los trámites necesarios para que por la Administración se proceda a hacer el oportuno pronunciamiento sobre su solicitud, resolviendo acerca de la misma.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por su parte, reconoce la mentada pendencia y su voluntad de resolver el expediente en el plazo más breve posible, aun cuando desde su respuesta en el mes de enero del año en curso, dicha actuación no ha tenido lugar.

Razón por la cual, con independencia del fondo del asunto, consideramos necesario instar la finalización del procedimiento iniciado, mediante el dictado de la resolución pertinente.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se dicte Resolución resolviendo el expediente de prestación económica devengada y no percibida iniciado por la comunidad hereditaria de la dependiente fallecida.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

Esta Institución tramita un expediente de queja a instancias de una persona disconforme con el cambio de categoría asignado a su título de familia numerosa, pasando éste de estar calificado como de categoría especial a categoría general.

La persona interesada argumenta que la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su disposición final quinta modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, amplia la vigencia del título oficial de familia numerosa para aquellos supuestos en que el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2 de la Ley, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3. Especificando, eso sí, que en estos casos la vigencia del título se entenderá exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no será aplicable a los hijos que ya no las cumplen.

Señala esta persona que en el preámbulo de la referida, se justifica esta modificación para solventar una situación de desigualdad entre hermanos, ya que cuando los hermanos mayores van cumpliendo la edad límite y por tanto siendo excluidos del título, la familia puede perder el derecho al título si quedan menos de tres o dos hermanos que cumplan los requisitos, dándose la paradoja de que los hermanos menores que han generado para la familia el derecho al título luego no pueden disfrutar de estos beneficios de los que sí disfrutaron sus hermanos mayores.

Ante esto, y con la finalidad de evitar una situación de discriminación entre los hermanos, se aprobó la mencionada modificación de la Ley, resultando un contrasentido que manteniendo la vigencia del título se incida ahora en un trato discriminatorio rebajando la categoría del título de familia numerosa de especial a general.

En apoyo de su pretensión el interesado aporta una reciente sentencia emitida por la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha desestimado un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra una sentencia que avalaba mantener la categoría de familia numerosa especial a una familia cuyo hijo mayor –de los cuatro que la conformaban- había cumplido 25 años.

Tras admitir la queja a trámite solicitamos la emisión de un informe a la Administración, que en lo que a la cuestión litigiosa debatida en la queja concierne sucintamente exponía que no correspondía reconocer el título con la categoría especial ya que al haber quedado excluido por edad uno de sus miembros ya no se reúne el requisito establecido en la Ley de Protección a las Familias Numerosas (dicho artículo otorga la categoría especial a las familias con 5 o más hijos, y a las de 4 hijos, de los cuales al menos 3 procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples).

Para justificar su resolución la Delegación Territorial añade que al quedar reducido el número de hijos incluidos en el título a 4, resulta de aplicación el artículo que señala taxativamente que para otorgar a una familia con 4 hijos la categoría especial es necesario que en cómputo anual los ingresos totales de la familia divididos entre el número de miembros que la componen no superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias.

Con fundamento en estos argumentos la Delegación Territorial dictó una resolución renovando la vigencia del título de familia numerosa pero pasando ésta de categoría especial a categoría general.

De este informe dimos traslado al interesado para que formulase las alegaciones que estimase convenientes, redundando en los mismos argumentos que nos expuso en su escrito de queja inicial y añadiendo que el recurso de alzada que presentó contra esta decisión había sido desestimado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, asumiendo como validos los razonamientos que expuso en su resolución la Delegación Territorial y señalando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se invoca no puede considerarse jurisprudencia consolidada.

CONSIDERACIONES

Hemos de partir de lo establecido en la disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ya que vino a modificar el art. 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. La redacción actual de dicho artículo establece que “el título seguirá en vigor, aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3. No obstante, en estos casos la vigencia del título se entenderá exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no será aplicable a los hijos que ya no las cumplen”.

Esta modificación es de hondo calado, pues altera la regulación de la vigencia de los títulos de familia numerosa, que en adelante podrán persistir aunque el conjunto de la familia no reúna ya los requisitos para ello, lo cual obliga a la Administración Pública competente para resolver las solicitudes de concesión o renovación a hacer una interpretación acorde a los principios que inspiran la reforma, que no pueden ser otros que los expresamente recogidos en su exposición de motivos, esto es, “... evitar la paradoja de que los hermanos menores que han generado para la familia el derecho al título luego no puedan disfrutar de estos beneficios. Teniendo en cuenta que, en un porcentaje elevadísimo, los títulos vigentes corresponden a familias numerosas con tres o dos hijos, el cumplimiento de la edad máxima por parte del mayor arrastra la pérdida del título y de todos los beneficios para toda la familia con bastante frecuencia. Por ello, esta reforma pretende acomodarse a la situación efectiva de las familias numerosas y evitar una situación de discriminación entre los hermanos”.

Así pues, ha de examinarse con detenimiento cualquier resolución que restrinja o limite a un hermano el disfrute de los beneficios asociados al título de familia numerosa por el solo hecho de que uno de los hermanos hubiera superado la edad límite establecida en la legislación para seguir estando incluido en el título de familia numerosa.

Lo que pretende el legislador con la nueva regulación es que el hermano no reciba ningún trato diferente o peyorativo, pudiendo beneficiarse del título de familia numerosa en las mismas condiciones en que lo hizo el hermano que ahora, por razón de su edad, ha sido excluido del título.

Y en esta tesitura, no encontramos justificación a lo acontecido en la queja que analizamos, esto es, a que se aplique la modificación legal permitiendo a la familia seguir disfrutando del título pero restringiendo los beneficios a la categoría general, cuando la familia hasta ese momento había estado calificada como especial, y no se había producido ninguna modificación en sus circunstancias salvo que uno de los hermanos cumplió la edad límite para seguir estando incluido en el título.

La reforma legal no recoge ninguna distinción entre categorías de familia numerosa y únicamente proscribe cualquier trato discriminatorio entre hermanos, por dicho motivo esta Defensoría se ha de decantar por los argumentos expuestos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la que alude el interesado. Aún siendo cierto que conforme al artículo 1.6 del Código Civil sólo se puede considerar jurisprudencia complementaria del ordenamiento jurídico a aquella emanada, de modo reiterado, por el Tribunal Supremo, tampoco se ha de desdeñar el precedente que supone, como criterio de interpretativo de la Ley, la jurisprudencia menor emanada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en caso de recurso judicial le corresponderá resolver en última instancia la cuestión litigiosa, siendo además, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía.

En el fundamento de derecho segundo de la aludida sentencia se señala taxativamente lo siguiente:

“(...) El título no se ciñe de modo exclusivo al reconocimiento de esa “condición” de familia numerosa sino que también se refiere necesariamente a su “categoría”, y por eso debe ser renovado o dejado sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición del título y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de familia numerosa, como establece el art. 6 de la Ley 40/2003. Por eso, al regularse en el artículo 5 de la misma el “reconocimiento de la condición de familia numerosa”, no sólo se dice en su apartado primero que “la condición de familia numerosa se acreditará mediante el título oficial establecido al efecto”, se añade en su apartado segundo que “corresponde a la comunidad autónoma de residencia del solicitante la competencia para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, así como para la expedición y renovación del título que acredita dicha condición y categoría”.

Por tanto, cuando el artículo 6 se refiere después de la reforma legal a la vigencia del “título” aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del mismo sea inferior al establecido en el artículo 2, relativo al concepto de familia numerosa, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3 relativas, entre otras, a la edad y estado civil de los hijos, dicha vigencia, nos inclinamos a considerar, no implica sólo el mantenimiento de la condición de familia numerosa sino también el de la categoría hasta entonces acreditada dado que el título se refiere tanto a la condición como a la categoría de la familia numerosa. (...)”

Llegados a este punto debemos necesariamente reseñar que nuestra Ley reguladora, 9/1983 de 1 de diciembre, establece en el artículo 28 que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz carece de competencias para modificar o anular los actos de la Administración Autonómica de Andalucía, pudiendo no obstante sugerir la modificación de los criterios adoptados para la producción de aquéllos. Y es precisamente en este aspecto en el que centraremos nuestras actuaciones, partiendo del hecho de que la rebaja de categoría del título de familia numerosa conlleva un trato discriminatorio para los hijos que siguen incluidos en el título respecto de su hermano, hecho que consideramos contradice el espíritu de la reforma operada en la Ley de Protección a las Familias Numerosas.

A este respecto hemos de enfatizar que esta rebaja de categoría conlleva la pérdida para la familia afectada de importantes beneficios, produciendo una situación injusta que creemos necesario rectificar.

Así pues, conforme a los hechos expuestos, al amparo de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos las siguientes

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: "Que al momento de resolver cualquier solicitud de renovación de título de familia numerosa se modifiquen los criterios utilizados hasta ahora para interpretar la reforma operada en el artículo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, de tal modo que no se produzca una situación de discriminación entre hermanos porque uno de ellos deje de reunir los requisitos para estar incluido en el título, manteniendo la misma categoría de familia numerosa de la que disfrutó su hermano”.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz