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Adoptadas las medidas de seguridad necesarias durante la realización de obras, se ordena el comienzo del curso en el CEIP "Joaquín Turina", de Sevilla.

Desde los primeros días del mes de Septiembre pasado, venían apareciendo en la prensa local sevillana noticias relativas al retraso existente en la ejecución de distintas obras que tendrían que haber sido realizadas por parte del Ayuntamiento de Sevilla en numerosos colegios de cuyo mantenimiento y conservación es responsable. De este modo, según pudimos leer, de las 37 intervenciones que se tenían previstas con cargo al presupuesto de 2014, tan sólo se habían acometido 10 de ellas.

Particularmente, el centro principal de atención en cuanto a dicha cuestión se centraba en la situación en la que se encontraba el CEIP Joaquín Turina, situado en el barrio de El Porvenir, en el que, según pudimos leer, tras alertar la comunidad educativa sobre el estado en el que se encontraba el colegio, había sido objeto de una visita por parte del Inspector de Zona y por el Jefe Técnico municipal de estos trabajos.

La cuestión era que, a fecha de 5 de Septiembre, la comunidad educativa afectada aún no sabía si podrían comenzar las clases el día que oficialmente se iniciaba el curso, es decir, 10 de Septiembre, o si, por el contrario, se tendrían que retrasar, decisión que tendría que ser adoptada, a la vista de la situación, por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla.

No fue hasta la misma tarde del día 9 de Septiembre, es decir, el día antes del comienzo de las clases, cuando por parte del Ayuntamiento hispalense se informó a la Delegación Territorial de Educación de Sevilla que el estado de las obras, tras adoptarse determinadas medidas de protección, permitía la apertura del centro, lo que fue asumido por parte del órgano territorial autonómico. Ello obligó a la Dirección del centro docente y al AMPA a convocar de manera urgente un Consejo Escolar en el que se adoptaron determinadas medidas organizativas para garantizar el acceso y permanencia del alumnado y personal docente y administrativo en condiciones de seguridad, si bien determinados servicios complementarios, como el de comedor o el aula matinal, no podrán ponerse en funcionamiento hasta pasados unos días.

No obstante ello, preocupaba a esta Institución las condiciones en que los escolares tendrían que acudir al centro docente, puesto que habíamos podido tener conocimiento, también por la prensa, de que, como gráficamente se hacía constar en uno de los periódicos, faltaba “ponerse un casco” para protegerse de los riesgos que parecían suponer los andamios situados en la fachada, los premarcos de las puertas que aún no habían sido colocadas, los aseos aún no concluidos, el desmontaje de la cubierta, que aún estaba en proceso, o el estado en el que se encontraba el patio, que había tenido que ser objeto de cercamiento para impedir el acceso de los menores.

Por su parte, el hecho de haberse autorizado el comienzo de las clases el día previsto oficialmente para ello en las condiciones que se han descrito, si bien por una parte, y en ello confiábamos, debía ser interpretado como que realmente no existía riesgo ninguno para los usuarios del centro docente, por otro hacía presagiar que las obras no iban a estar concluidas en un breve espacio de tiempo, sino que se iban a prolongar más allá del mes de Septiembre.

Considerando, pues, la anterior información, y ante la posibilidad de que se pudieran conculcar los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones) consideramos justificado iniciar, de oficio, un expediente para poder conocer la situación en la que se encontraban las obras en el centro educativo en cuestión, las medidas que se hubieran adoptado en orden a garantizar la seguridad de los usuarios y plazo previsto para la conclusión de las obras.

Desde el Ayuntamiento se nos informó, que a pesar de las previsiones iniciales de que las obras estarían concluidas a principios de Septiembre, dicho plazo fue incumplido por parte de la empresa adjudicataria de las obras, a las que en exclusiva se le hace responsable de ello.

No obstante, adoptadas diversas medidas de seguridad, se decidió que las clases dieran comienzo el día previsto por la Administración educativa, es decir, el día 10 de Septiembre de 2014.

Por su parte, añade el informe que, en cuanto al contratista, si bien el retraso en la conclusión de las obras hubiera podido dar lugar a la resolución del contrato, se decidió dar un nuevo plazo para la conclusión de los trabajos ya iniciado, considerándose que de optarse por la primera de las opciones ello hubiera supuesto la necesidad de convocar un nuevo procedimiento de contratación, lo que, en definitiva, hubiera provocado prolongar aún más la finalización de las intervenciones, todo ello sin perjuicio de haberse iniciado expediente para exigir las responsabilidades en las que se hubiera podido incurrir.

El Defensor del Pueblo Andaluz iniciaba una actuación de oficio tras conocer que alrededor de 100 estudiantes habrían accedido a los estudios de Grado de varias Universidades andaluzas en el presente curso académico, pese a no haber realizado la selectividad.

En el curso de dicha actuación, nos dirigimos a la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía desde donde se nos informa que se trataría de alumnos que habiendo realizado la prueba de acceso a la universidad no la habrían superado y que ello responde a la propia virtualidad del sistema informático que permite la presentación de solicitud en tanto se sustancia la reclamación contra la calificación de la prueba.

En cualquier caso, los hechos traerían su origen en la confusión generada a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Aunque inicialmente la Comisión de Distrito Único se planteó la posibilidad de realizar un estudio de admisión de personas que hubiesen suspendido la selectividad en caso de que sobrasen plazas al final del proceso de preinscripción, tal opción finalmente se habría rechazado teniendo en cuanta su propio Acuerdo de 10 de febrero de 2014, que establecía la superación de la prueba de acceso como requisito necesario del proceso de admisión.

Dado que legalmente las matrículas quedan en todo caso condicionadas al cumplimiento de los requisitos exigibles, las Universidades acordaron proceder a la anulación de las matrículas realizadas por personas sin selectividad y realizar las gestiones oportunas para ocasionar la menor lesividad posible y/o contribuir a minimizar los posibles perjuicios.

A la vista de la información recibida, damos por concluidas nuestras actuaciones, puntualizando a Distrito Único que los hechos acaecidos se habrían derivado de la adopción de decisiones poco maduradas. Como consecuencia de ello, lo cierto es que habría personas a las que se habría perjudicado con ocasión de dichas decisiones, incurriendo en gastos como consecuencia de la creencia de estar obrando acertadamente según instrucciones de la propia Administración.

Por todo ello confiamos en que se procederá a la revisión todos los expedientes afectados por la situación denunciada, con objeto de evitar mayores perjuicios futuros, así como a la oportuna devolución de los gastos en que hubieran incurrido a través de los oportunos expedientes de responsabilidad patrimonial.

A este respecto hemos solicitado al Distrito Único nos ofrezcan información sobre la solución definitiva de este asunto y le indicamos que prestaremos especial atención a las quejas que se pudieran recibir de las personas afectadas.

La Dirección General de Personas con Discapacidad comparte nuestro criterio manifestado en esta Queja de Oficio, en el sentido de entender que es plenamente equiparable, a todos los efectos, que los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas de jubilación por incapacidad, tendrán un grado de discapacidad de, al menos, el 33%.

Esta institución incoó la presente queja de oficio ante la llegada de bastantes quejas de ciudadanos que habían sido valorados con una incapacidad permanente total por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y manifestaban que deseaban le fuese reconocido el grado del 33% de discapacidad a efectos de poder obtener de una manera sencilla los beneficios fiscales, el acceso a servicios sociales, educativos, vivienda y de empleo que otorga el Real Decreto Legislativo1/2013 sobre el derecho de las personas con discapacidad y su inclusión social. Concretamente nos manifestaban su deseo de obtener la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, regulada en la Orden de 17/03/2011 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Al entender que a raíz de la publicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, no debería de darse esta discrepancia, solicitamos informe a la Dirección General de Personas con Discapacidad, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, quien en su respuesta nos manifestó que tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2013, a los pensionistas de la Seguridad Social que tuviesen reconocida una pensión de Incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tuviesen reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, en Andalucía se les estaba equiparando a un grado de discapacidad del 33%.

Así, dicha Dirección General, con fecha 16 de julio de 2014 emitió unas instrucciones dirigidas a todos los centros de valoración y orientación de Andalucía por la que se establecían criterios para la expedición de los certificados de aptitud laboral para el acceso al empleo público de los pensionistas señalados, compartiendo la citada Dirección General el criterio de esta Defensoría en el sentido de entender que, tras la entrada en vigor del citado Real Decreto 1/2012 es plenamente equiparable, a todos los efectos, los pensionistas de la Seguridad social que tengan reconocida una pensión de IPT, absoluta o gran invalidez y los de clases pasivas, un grado del 33%.

En consecuencia, al encontrarse solucionado el asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Esta Institución tramitó el expediente de queja en relación con la reclamación presentada por una familia disconforme con el resultado de la actualización de su valoración de idoneidad. Tras un nuevo estudio de idoneidad la propuesta fue en sentido negativo, por lo que decidieron recurrir dicha decisión alegando que carecía de fundamentación ya que sus circunstancias personales -salvo el lógico paso del tiempo- no habían cambiado, variando únicamente el tramo de edad del menor a adoptar conforme las exigencias del nuevo país de su elección.

Tras presentar alegaciones en disconformidad con dicha valoración, éstas fueron estimadas parcialmente por la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Córdoba en el sentido de que se realizase una nueva valoración por otro equipo de distinta provincia.

Dicha decisión se ejecutó pero solo en parte ya que se realizó una valoración por un equipo distinto pero de la misma empresa y provincia. También, a su instancia, se procedió a la grabación de las entrevistas con el personal evaluador, circunstancia que hasta esos momentos no se había producido.

El escrito de queja argumentaba que el nuevo informe de valoración no hizo más que incidir en los presupuestos y conclusiones del informe anterior, y que por ello resultaba indispensable que el personal funcionario de la Consejería encargado de instruir el expediente pudiera valorar sus manifestaciones tras escuchar las grabaciones de las entrevistas y así comprobar lo sesgado de las interpretaciones realizadas por el personal evaluador de la empresa y como el estudio de idoneidad se fundamentaba en los presupuestos del informe anterior, trasladando miméticamente su línea argumental.

Como el Servicio de Protección de Menores de Córdoba comunicó la inadmisión de la petición de audición de las grabaciones, con fundamento en la no autorización por parte de la empresa evaluadora, decidimos formular la siguiente

RESOLUCIÓN:

“Que se ejerzan las potestades administrativas inherentes al contrato administrativo suscrito con la empresa encargada de realizar las valoraciones de idoneidad o su revisión para que no exista ningún obstáculo por parte de dicha empresa o del personal que tuviera contratado para que el personal de la Administración encargado de la gestión del expediente pueda acceder a las grabaciones de las entrevistas u otros documentos recabados durante el proceso de evaluación de la idoneidad para la adopción".

CONCLUSIÓN.

La respuesta a nuestra resolución fue en sentido favorable, anunciando que personal técnico de la Delegación se personaría para la audición de las grabación de las entrevistas realizadas a la solicitante en la sede de la entidad EULEN en Córdoba, todo ello con la finalidad de contrastar las argumentaciones expuestas en la reclamación sobre su valoración de idoneidad.

Así pues, damos por aceptada nuestra resolución.

No obstante, en el informe que nos fue remitido se puntualizaba que los archivos sonoros en que quedan almacenadas las grabaciones de las entrevistas pueden ser consultados por la Administración, siempre que exista previo acuerdo de las partes, a efectos del seguimiento técnico, pero la derivación solo estaría disponible a petición judicial toda vez que dichas grabaciones no forman parte del procedimiento administrativo de valoración de idoneidad.

Respecto de esta concreta cuestión hemos de mostrar nuestra interpretación discrepante. Es por ello que, hemos decidido iniciar, de oficio, un nuevo expediente de queja para someter dicha cuestión a la consideración de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, por tratarse del órgano administrativo que ha de coordinar las actuaciones de las distintas Delegaciones Territoriales de Andalucía en esta materia.