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Los Defensores del Pueblo de España y de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, y Cataluña han firmado hoy la Declaración de Tarifa, un documento de diez puntos en el que reivindican una adecuada atención a los niños y niñas migrantes, presentado hoy en la ciudad de Tarifa, donde los defensores han donado una escultura que rinde homenaje a la solidaridad en la acogida de los vecinos del Campo de Gibraltar.
El trabajo que presentamos a continuación es el resultado de la puesta en común de las actuaciones que, respecto de la atención a menores extranjeros no acompañados, se vienen llevando a cabo desde las distintas defensorías del pueblo y que ha servido de debate para las 34 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que se celebran en Sevilla y Tarifa los 15 y 16 de octubre de 2019.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha moderado el tercer panel de la 34ª jornada de coordinación de defensores del pueblo, que se celebra en Sevilla, referente a “la coordinación entre los sistemas autonómicos para la atención de niños y niñas extranjeros no acompañados”, afrontando los desafíos a los que se enfrentan al ser entrada o destino de muchos de estos menores.
La Directora General de Infancia y Conciliación de la Junta de Andaucía, Antonia Rubio, ha destacado la oportunidad de la inmigración y no como un problema, y para ello ha puesto en valor las medidas y planes de acciones en los que se está trabajando. El objetivo es dar respuesta conforme a las necesidades de estos niños y niñas. Entre los retos, ha anunciado el acogimiento familiar y la mayoría de edad, resaltando la necesidad de que haya un modelo a nivel estatal “estamos comprometidos también a dar respuesta a la mayoría de edad”, ha dicho, destacando la interculturalidad que aportan en una sociedad como la nuestra más envejecida.
Rosa María Pérez, Subdirectora de la Direccion General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Gobierno de Cataluña ha recordado la dificultad de atender de forma inmediata la llegada masiva de estos menores en momentos puntuales, que tensiona todo el sistema de protección. Esta afluencia ha provocado un replanteamiento de todo el sistema de protección que incluye pisos assitidos y pisos de autonomía. Los retos son también la aceptación en los municipios de acogida, dotarlos de personal para trabajar la inclusión, compromiso de las autoridades, etcétera.
El Secretario General de Derechos Humanos y Cooperación de Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha querido señalar que “estamos ante un reto de país, que desborda las competencias locales y demanda una mayor coordinación”. Demanda un princpio de corresponsabilidad, un abordaje conjunto de menores y jóvenes que no parcialice el tratamiento hasta los 18 y siguientes, sino de forma integral, y favorecer un proyecto de vida autónomo en base a principios de responsabilidad y compromiso y desde un escenario de derechos.
La Jefa de Servicio de Infancia del Gobierno de Aragón ha explicado la importancia de una coordinación interinstitucional para abordar una renovación y adaptacion de los sistemas de protección pueda atender las nuevas necesidades de estos menores.
La coordinación regulada y pilotada a nivel estatal, los permisos de residencia y trabajo, etc, son otros temas debatidos en la mesa.
Durante el turno de palabras, el Director General de Servicios Sociales para la Infancia y Familia del Gobierno de España, Angel Parreño, ha insistido en la necesidad de una corresponsabilidad y cooperacion entre las provincias y las medidas puestas en marcha para ello; un registro actualizado de estos menores; y tipologia de centros de acuerdo con las necesidades de estos niños y niñas; entre otros retos.
Por su parte, el Alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, ha contado la experiencia de Tarifa ante la acogida inmediata de una llegada numerosa de estos menores, sin disponer de los recursos necesarios, destacando la importancia de afrontar el problema desde la integración y la atención al menor.
Con este panel, ha terminado el debate del proceso migratorio de estos menores extranjeros no acompañados que se ha analizado en todo el dia de hoy, en 3 panales informativos.
Antes, en el segundo de los paneles, sobre Primera acogida y protección de niños y niñas migrantes no acompañados, moderada por Ángel Luna, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en funciones, se abordaron los derechos del niño en esta primera acogida.
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Sobre los supuestos de determinación de la edad, Imanol Garamendi, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Huelva, ha aclarado que las pruebas solo deben practicarse en las dudas, lo que compartió Rosa Guerrero, fiscal delegada de Menores de Granada. Garamendi señaló que no existe ninguna prueba que no ofrezca margen de error, salvo un certificado de nacimiento fiable.
También Antonio Molina, jefe de servicio del centro de protección de menores de la delegación de Igualdad en Cádiz, ha explicado los niveles de atención y los recursos que se siguen con estos menores y ha aportado que la red de atención a menores en protección ya venía atendiendo a un 50-60% de menores extranjeros, una situación que sigue siendo así, a lo que se ha incorporado una red especializada. Julián Martín, director del centro de protección de menores Tolosa Latour de Chipiona ha relatado algunas dificultades con las que se encuentra en su trabajo para la atención a estos menores, una vez el chico o chica llega a esa acogida inmediata, y el traslado a otro recurso, si es posible. “Escuela, documentación y orientación sociolaboral, básicamente, son sus demandas”, ha compartido Martín, que ha puesto el foco en el tema de la consecución de los papeles.
Finalmente, Asunción García, gerente de la asociación Interprode, ha destacado la importancia de las primeras 48 horas en los centros, cuando necesitan acompañamiento. “Un menor que llega a nuestro centro tiene la misma necesidad que la de una persona que llega a un hospital. Si solo le damos las necesidades básicas, se irá; pero si lo hacemos de manera personalizada, su actitud cambia, y en esto es vital la labor de los educadores”, ha señalado García.
La jornada de este martes 15 de octubre ha concluido con un panel dedidaco a la situación de estos menores al llegar a la mayoría de edad. Para el miércoles 16 está previsto la visita a diferentes dispositivos de primer acogida en San Roque y un acto de reconocimiento de los defensores en Tarifa a la sociedad civil andaluza, entidades, Salvamento Marítimo y representantes de lo público que con su labor diaria han contribuido a una mejor atención.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alentado hoy a la sociedad a la acogida “consciente y comprometida” de los menores extranjeros no acompañados, “frente a la amenaza de los debates que asocian a estos niños y niñas a la delincuencia, los privilegios frente a los que ya están aquí, los discursos xenófobos o la criminalización de este fenómeno, que sin duda oscurece la inmensa contribución de esta generación migrante a la sociedad”.
En la inauguración en Sevilla de las 34 Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, organizadas por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu ha señalado que al igual que el cambio climático, los movimientos masivos de personas vulnerables en búsqueda de mayores y mejores oportunidades van a continuar, y que en este fenómeno los niños y niñas “se han convertido en un nuevo actor migratorio, y va a ir a más”. “Por eso la pregunta no es si se debe acoger, sino cómo. Eso es lo urgente”.
En esta inauguración, junto al Defensor del Pueblo de España en funciones, Francisco Fernández Marugán, y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, Jesús Maeztu, ha señalado que “nos jugamos muchos” en esta acogida y que se debe entender que “no es una carga, es un beneficio a la sociedad”. “La migración de los pobres es tan antigua como la humanidad y pone a prueba nuestro sentido de la justicia; no debemos abordarlo como un problema, sino como una oportunidad para recuperar nuestra identidad”, ha señalado Jesús Maeztu, para quien los menores extranjeros tienen el “derecho a ser tratados con hospitalidad y no a rechazarlos con hostilidad”.
El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado “lo contradictorio de la situación, porque los mismos países que abogan por la supresión de fronteras y el libre tránsito como premisas sobre las que construir ese mundo globalizado, supuestamente mejor y más justo, son a la vez los primeros en demandar el cierre de fronteras y las restricciones al libre tránsito, cuando estas premisas se aplican, no a las mercancías, sino a las personas”.
“Sin embargo, muchos de estos países, a la hora de afrontar este fenómeno, parece como si sólo fueran capaces de vislumbrar al inmigrante que pretende participar de sus riquezas y su bienestar. O ponen el foco de atención en el importante volumen de recursos que detraen de los Sistemas de protección. Mientras, un velo les oculta al niño que demanda su amparo y protección. Quizás sea por ello que la legislación que se pretende aplicar a estos menores sea con preferencia la de extranjería y no la de protección de menores”, ha afirmado Jesús Maeztu.
El Defensor del Pueblo andaluz ha concluido que “un niño nunca es un inmigrante. Un niño es una persona que por su situación tiene derecho a una especial protección y tutela de los poderes públicos. A un niño no se puede ni se debe añadir apellidos como inmigrante o refugiado. Su estatuto jurídico debe ser siempre y, en todos los casos, el de menor de edad por encima del estatuto de persona extranjera”.
El Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, ha expresado por su parte que este fenómeno no es solo español, pero dentro del país está localizado en una parte del territorio, no en la parte occidental sino más en el lado mediterráneo, y ha señalado que España ha resuelto este fenómeno “razonablemente bien”. El Defensor también ha elogiado el esfuerzo de la sensibilización por parte de las administraciones, y ha llamado a intentar comprender por qué cada año siguen llegando niños, a lo que los Defensores van a poner toda su atención.
A la inauguración han asistido, además, la Valedora del Pueblo gallego, Dolores Fernández Galiño; Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes; Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertúa; Justicia de Aragón, Ángel Dolado; Síndic de la Comunidad Valenciana en funciones, Ángel Luna; Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana y Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Echéniz, entre otras autoridades.
En el Real Alcázar de Sevilla, recepción oficial de los defensores del pueblo de España.
La atención a personas menores de edad que, siendo nacionales de otros países o apátridas, llegan a España sin referentes familiares será el fenómeno a tratar en las 34 Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, que reúne al Defensor del Pueblo estatal y a los nueve defensores autonómicos este martes 15 de octubre en Sevilla y el miércoles 16 en el Campo de Gibraltar (Tarifa y San Roque).
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, organizador y anfitrión de las Jornadas, ha destacado que corresponde a las Defensorías del Pueblo garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones, con responsabilidad en la atención a estos menores de edad, respondan a su superior interés, primando, en todo caso, el enfoque de infancia respecto a la condición de inmigrante. El colectivo de menores extranjeros no acompañados, también conocidos como Menas, tienen unas necesidades que afectan no solo a la esfera física sino, fundamentalmente, a sus esferas psicológica y emocional, por lo que requieren de una primera acogida integral y especializada.
Este fenómeno complejo por su heterogeneidad, por la especial vulnerabilidad en la que se encuentran sus protagonistas, por la complejidad de las respuestas a las consecuencias que tiene en las personas que lo protagonizan, por el entramado de administraciones que intervienen y por las repercusiones sociales que provoca, requiere en opinión del Defensor del Pueblo andaluz de una atención integral y especializada, dadas las singulares necesidades que presentan.
La inauguración de las jornadas será el martes 15 a las 9:30 horas en el Espacio Caixaforum de Sevilla a cargo de Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo estatal en funciones; Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz y Marta Bosquet, presidenta del Parlamento andaluz.
A continuación se mostrará una recreación artística, creada por Puerto Flamenco, sobre el itinerario de los niños y niñas migrantes no acompañados, con la actuación de Esperanza Fernández.
En el primero de los paneles, sobre el Viaje en origen. Trata de seres humanos, asilo y protección internacional y moderado por Manuel Lezertúa, Ararteko del País Vasco, intervienen Kaoutar Boughlala, presidenta de Codenaf; Mila Núñez, del Servicio Inmigrantes y Refugiados de Cruz Roja; Félix Flores, jefe del Grupo de la Brigada de Extranjería de Sevilla y Mercedes Alconada, asesora jurídica de CEAR.
En el segundo panel, sobre La primera acogida y protección de los niños y niñas no acompañados y moderado por Ángel Luna, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, participan Rosa Guerrero, Fiscal Delegada de Menores de Granada; Imanol Garamendi, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Huelva; Antonio Molina, jefe de Servicio de centros de protección de menores de la delegación igualdad de Cádiz; Julián Martín, director del centro de protección de menores Tolosa Latour de Chipiona, y Asunción García, gerente de Interprode.
Tras una pausa para el almuerzo, las Jornadas se retomarán con el panel sobre la Cooperación entre los Sistemas Autonómicos en la atención a niños y niñas migrantes no acompañados que, moderado por Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz, contará con la participación de Ángel Parreño, director general de los Servicios Sociales para la Familia e Infancia del Gobierno de España; Antonia Rubio, directora General de Infancia y Conciliación de la Junta Andalucía; Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Conviviencia y Cooperacion del Gobierno Vasco; María José Bajén, jefa de Servicio de Infancia y Adolescencia del Instituto aragonés de Servicios Sociales; y Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa.
La sesión la completará el panel sobre La salida del sistema de protección que, moderado por Carmen Comas-Mata, directora de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo y miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, contará con Francisca Gutiérrez, jefa de la Oficina de Extranjería de la delegación del Gobierno en Andalucía; Carmen de la Viuda, subdirectora general de Integracion y Relaciones Insittucionales del Gobierno de España; Absaqui Imad, consejero político de la Embajada de Marruecos y Fernando Arjona, responsable territorial de Accem Andalucía.
En la clausura de esta sesión los asistentes conocerán los testimonios de dos jóvenes ex tutelados, que narrarán su experiencias.
Ya en la jornada del miércoles 16 de octubre, los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos se desplazarán al Campo de Gibraltar, en concreto, a las localidades de Tarifa, San Roque y Algeciras.
En la mañana, los defensores del pueblo visitarán recursos e instalaciones previstas para la acogida de inmigrantes en la población de San Roque (centro de Cruz Roja y el Centro de Atención Temporal para Extranjeros) y posteriormente visitarán en Algeciras un centro de protección de menores.
Por la tarde, los defensores celebrarán en la Isla de las Palomas de Tarifa un acto de homenaje a las gentes de la Comarca del Campo de Gibraltar por su acogida a los menores extranjeros no acompañados. En el acto se descubrirá una escultura donada por los defensores, autoría de Alejandro Pedrajas.
Para finalizar, en la Iglesia de Santa María de Tarifa, se celebrará un acto de entrega de reconocimientos de los defensores a la sociedad civil, instituciones y personalidades de la comarca, en la que se dará lectura a la Declaración conjunta de los Defensores del Pueblo sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados, con la cual concluirán estas 34 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.
Puedes seguir las jornadas en twitter (#GeneraciónMigrante), facebook y flickr.
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Nos informan del estado de conservación del Convento de la Virgen de Regla en Chipiona.
25-06-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico.
En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz, ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección. Así, en los sucesivos Informes Anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los Informes Especiales, la Institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en los artículos 44 de la Constitución y 33 y 37.1º.18 del Estatuto de Autonomía en el ámbito de la Cultura.
Es conocida la permanente actuación de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con las actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural de este territorio. Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura. Estas quejas han abordado situaciones de deterioro de los inmuebles, régimen de protección, proyectos o intervenciones de conservación, medidas de ayudas o subvenciones, etc. lo que ha supuesto completar todo un elenco de cuestiones relacionadas con las competencias de la administración cultural.
En esta ocasión debemos centrar nuestra atención en el estado de conservación y régimen de protección del Convento de Nuestra Señora de Regla en la localidad de Chipiona.
Recientes informaciones hacen mención a la situación de riesgo que sufre este elemento, en particular el claustro gótico del convento denominado “Patio de los Plátanos” y que amenazan con daños más graves ante una situación de urgencia para intervenir. Entre los elementos más amenazados estaría un conjunto cerámico que data del siglo XVII y otros componentes arquitectónicos que necesitan una intervención decidida por las autoridades. En todo caso, se recogen afirmaciones a cargo de responsables de la comunidad religiosa encargada del Convento que explican la ausencia de proyectos o de actuaciones de intervención decididas para la protección que ostenta como Bien de Interés Cultural (BIC).
Más allá de dichas informaciones, creemos oportuno conocer con mayor detalle el estado del BIC y sus elementos así como de las medidas de conservación y proyectos calendarizados que se pretenden acometer en favor de este conjunto histórico.
Por ello, hemos considerado oportuno proponer incoar queja de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Delegación Territorial en materia de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz y el Ayuntamiento de Chipiona, a fin de conocer:
Estado de conservación del inmueble declarado BIC “Convento de la Virgen de Regla”, en Chipiona.
Relación de intervenciones y proyectos que se hubieran proyectado y/o ejecutado en los últimos años, así como sus calendarios previstos.
Régimen de uso o aprovechamiento previsto.
16-12-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
Hemos recibido informe de la Administración según el cual, la aparente amenaza de conservación del inmueble no ha sido acreditada por las inspecciones que se han realizado a instancias de la presente queja.
Por otra parte, la información nos ha permitido aclarar que dicho Convento no está dotado de la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC) a la vez que se aluden varios antecedentes que merecerían una actualización.
Consideramos desde esta Institución que, deberían acelerarse esos estudios de evaluación a fin de poder otorgar al claustro del Convento el régimen de protección que, en su caso, merezca en atención a sus valores culturales.
A la vista de las anteriores actuaciones, procedemos a concluir los trámites de la queja de oficio, dejando a salvo la oportunidad de valorar en su momento realizar el seguimiento necesario sobre el estado del Convento de la Virgen de Regla, de Chipiona.
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Conocemos las medidas de las distintas Corporaciones locales ante los incendios en asentamientos en Huelva.
27-05-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de diversos medios de comunicación social, de lo ocurrido en el último mes con varios incendios que han tenido lugar en varios asentamientos de temporeros extranjeros ubicados en la provincia de Huelva.
En estas noticias se indica que dichos siniestros han ocasionado importantes daños materiales y que, según los dispositivos de emergencia, unas 300 chabolas han resultado calcinadas.
Los dispositivos de emergencia han tenido que proceder al desalojo de los habitantes de los asentamientos que han visto arder sus escasas pertenencias. Afortunadamente no hay que lamentar ni víctimas ni heridos graves.
En algunos casos los habitantes del asentamiento afectado no pueden regresar a las que eran sus viviendas ya que han quedado totalmente calcinadas, siendo por tanto necesaria su reubicación urgente en espacios en los que puedan cubrir sus necesidades básicas.
La situación de los temporeros que se ven obligados a alojarse en este tipo de infraviviendas empeora aún más por las consecuencias que este tipo de siniestros tiene en su situación administrativa. En los incendios, según recogen las entidades que trabajan con este colectivo, muchos de ellos han perdido su documentación, por lo que se verán obligados a realizar múltiples gestiones para conseguirla de nuevo.
Es por ello que ante estos acontecimientos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, se considera oportuno solicitar informe a las distintas administraciones onubenses en los que han proliferado este tipo de asentamientos para conocer las medidas adoptadas, en el marco de sus competencias, para abordar esta compleja realidad y garantizar la integridad y bienestar de los temporeros y sus familias.
28-12-2021 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
La proliferación en los municipios andaluces de cultivos intensivos que requieren mucha mano de obra durante campañas agrícolas cada vez más largas ha propiciado la aparición en sus términos municipales de asentamientos de temporeros de origen extranjero que se desplazan a estas zonas en búsqueda de empleo.
Estos núcleos de infraviviendas, que en sus orígenes desaparecían una vez concluían las campañas, en la actualidad se mantienen durante todo el año.
La escasez de vivienda en los municipios en los que ubican así como las dificultades de parte de sus ocupantes para acceder al mercado laboral, por su irregularidad administrativa así como por su inestabilidad, entre otras razones, han cronificado esta realidad en nuestra Comunidad Autónoma.
Esta situación es especialmente gravosa en las provincias de Almería y Huelva, en las que encontramos asentamientos en los que los temporeros se alojan tanto durante las campañas agrícolas como una vez que éstas finalizan.
Especial mención refieren localidades como Níjar, El Ejido en Almería o Palos de la Frontera, Lucena del Puerto o Moguer en Huelva.
Aunque son realidades similares, presentan singularidades y problemas diferentes. Así en los asentamientos sitos en los municipios freseros son recurrentes los incendios en los que incluso han perdido la vida temporeros.
Ante esta realidad y tras los incendios declarados en Huelva en julio de 2019, desde esta Defensoría aperturamos un expediente de queja de oficio para conocer los motivos de estos siniestros e interesarnos por las medidas que desde las Administraciones competentes se habían adoptado para abordar esta problemática.
En el marco de este expediente de queja se programaron visitas a los municipios en los que se habían producido incendios para conocer las características de sus asentamientos así como los programas que se hubieran desarrollado para cubrir las necesidades tanto de los afectados por los incendios como del resto de los ocupantes de estos núcleos de chabolas.
Esta investigación se vio interrumpida en marzo de 2020, por la declaración del estado de alarma por la propagación de la COVID-19, si bien esta situación evidenció de un lado la difícil realidad de estos temporeros y de otro la necesidad de su mano de obra, especialmente en esos momentos tan difíciles.
La crisis sanitaria hizo visible esta realidad, dimensionando la dificultad de la intervención ante este fenómeno, compleja pero necesaria.
En este contexto y tras la reanudación de nuestras visitas a los municipios freseros hemos sido testigos del esfuerzo de las distintas Corporaciones afectadas ante este importante reto de eliminación de los asentamientos chabolistas, así como las dificultades con las que se enfrentan las administraciones locales para abordar esta difícil situación..
Así podemos constatar un compromiso firme y público para la erradicación de estos asentamientos y una huida de aquellas medidas que pudieran propiciar su perpetuación en sus términos municipales.
Conocedores de la complejidad de este reto esta Defensoría del Pueblo Andaluz ha programado reuniones con todos los agentes implicados y posibilitadores del cambio a nivel local. Así se están celebrado encuentros con los responsables políticos, técnicos municipales, representantes del Tercer Sector así como con los empresarios agrícolas demandantes de mano de obra.
Asimismo se han programado reuniones con la Administración Autonómica para conocer el abordaje de esta realidad en el contexto de la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025.
Recibimos escrito presentado en esta Institución referente a condiciones de salubridad y sanidad ambiental en vivienda.
Solicitado informe al Ayuntamiento de Utrera, respecto del asunto que motiva la queja, se nos contesta que el asunto es de una especial complejidad debido a la zona a tratar (orografía del terreno, acceso al mismo, etc). Hasta la fecha del informe, se han venido realizando múltiples actuaciones desde que en fecha 10 de julio de 2018, se presentó solicitud de la interesada ante la Oficina de Salubridad Pública y Consumo; realizándose diversas visitas de inspección por técnicos de la citada Oficina, delimitando la zona y propiedades afectadas, localizando a los propietarios diversos y requiriéndoles para que procedieran a la limpieza, desinsectación y desratización de sus inmuebles.
Igualmente desde el Ayuntamiento se pusieron en contacto con varias empresas para realizar visita a la zona con el personal de la Oficina de Salubridad Pública y Consumo para presupuestar el desbroce y retirada de toda la vegetación de la zona.
Añade el Ayuntamiento que el 20/05/2019 volvían a realizar visita a la zona observándose otros dos potenciales focos de plagas sitos en los n.° 12 y 28 de la calle que usted refería en sus escritos. Se procedieron a realizar los trámites oportunos para realizar sendos requerimientos para que procedieran a las operaciones referidas en sus inmuebles.
En dicha visita, en la que estuvo presente personal de la empresa que facilitó el presupuesto, se comprueba el efecto de los requerimientos efectuados a los propietarios de C/ Valderrama (...) y se decide realizar además del desbroce y retirada de vegetación un tratamiento a la chumbera existente, con el fin de acabar con la Cochinilla del Carmín.
A día de hoy, desde la Oficina de Salubridad y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Utrera se siguen con las gestiones y adopción de medidas para el restablecimiento de la limpieza, desinsectación y desratización previstas en el expediente para dar respuesta lo antes posible a las peticiones en ese sentido.
Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto se encuentra en vías de solución por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.
No obstante dejamos interesado se agilicen lo más posible las operaciones de limpieza, desinsectación y desratización en los inmuebles de la zona, apremiando a los titulares de los mismos y, si fuere el caso, ejecutando a su costa las actuaciones necesarias la Administración municipal previa obtención de los mandamientos y autorizaciones necesarios.
Ver asunto solucionado o en vías de solución
Recordamos al Ayuntamiento de Sevilla su obligación de resolver expresamente la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por una ciudadana tras una caída en la vía pública.
1. Con fecha 20 de noviembre de 2018 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por la interesada que denunciaba que el pasado abril de 2018 remitió escrito al Ayuntamiento de Sevilla por los daños sufridos tras la caía en la vía publica, C/ Mar Adriático, que ella imputa al mal estado del pavimento, del que aún no ha recibido respuesta.
2. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, sin entrar en el fondo del asunto planteado, interesamos de esa Alcaldía-Presidencia, mediante nuestro escrito de diciembre de 2018, que resolviera expresamente y sin más dilaciones la petición presentada por la interesada, informándonos al respecto.
3. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud y de haber reiterado la misma en febrero de 2019, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.
Única.- De la obligación de resolver a cabo de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21, aptdo. 1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
De esta obligación se exceptúan tan sólo los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. Por consiguiente, el supuesto objeto de estudio no resulta subsumible en tal excepción.
Asimismo, el apartado 6 del art. 21 de la Ley 39/2015 indica que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo».
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente
RECORDATORIO del deber legal contenido en el art. 21 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RECOMENDACIÓN consistente en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos presentados por la interesada, que fue el objeto de la presente intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, informando de ello a esta Institución.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
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