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ANTECEDENTES

El  asunto que motivo la admisión a trámite de la queja presentada a instancia de un vecino fue el que por el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción se estaba aplicando un Reglamento de Funcionarios, aprobado por el  Pleno Municipal en 2003 y que podría estar incurso en invalidez, al no haber sido publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia. (BOP).

Del contenido del escrito de queja merece recoger lo alegado por el  interesado en cuanto a la no aplicación  de dicho Reglamento que considera que nunca  debió ser aplicado al no haberse publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que en el propio texto se recoge  -artículo 2.1- que entrará en vigor el día de su firma, retrotrayendo sus efectos desde el 1 de enero de 2003.

Por parte de la Administración Municipal, en su preceptivo informe emitido,  puso de manifiesto que por parte del interesado se habían sustanciado diversas reclamaciones ante órganos jurisdiccionales, especialmente en el ámbito penal (que terminó en sobreseimiento), sosteniendo que el Reglamento de Funcionarios de 2003 contenía ilegalidades que se habrían puesto de manifiesto por una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como el hecho de que dicho Reglamento no se hubiese publicado en Boletín Oficial.

Asimismo, por la Alcaldía se informó que tanto la Delegación del  Gobierno del Estado en Andalucía (que recibió denuncia del interesado), como la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no se habían pronunciado acerca de la ilegalidad que pudiera suponer el hecho de que dicho Reglamento de Funcionarios no hubiera sido publicado en el Boletín Oficial.  

La citada Delegación del Gobierno, en cualquier caso, sí recibió el texto del Reglamento de Funcionarios, aprobado por el Pleno de la Corporación en el año 2003 y fue puesto en su conocimiento conforme a las disposiciones vigentes.

Durante el procedimiento de instrucción (Jurisdicción penal) instado por el interesado se analizó en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla el contenido de dicho Reglamento y su falta de publicación, en el Boletín Oficial, sin que entrase a hacer valoración alguna sobre ello

CONSIDERACIONES

Primera.-  El artículo 4 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local –LRBRL- reconoce a las distintas entidades que integran la Administración local, entre otras la potestad reglamentaria y de autoorganización.

La propia LRBRL parece referirse inicialmente a ordenanzas y bandos, omitiendo la referencia a los Reglamentos, aunque lo cierto es que tanto “ordenar” cómo “reglar” son sinónimos y participar en consecuencia de la naturaleza de disposiciones administrativas de carácter general; y los acuerdos que adopten han de ser objeto de publicación o notificación en los términos previstos en la Ley (art. 70.2).

Segunda.- El Reglamento de Funcionarios, objeto de este expediente de queja, debe entenderse negociado al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y  artículos 32, 35 y siguientes de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas (con las modificaciones introducidas por la Ley 7/90 de 19 de julio), vigente en la fecha de aprobación del Reglamento, regulando las condiciones de trabajo y ayudas sociales del personal funcionario que presta servicios para el referido Ayuntamiento y establece sus propios sistemas de aplicación.

Una vez aprobado expresa y formalmente –previo acuerdo en la Mesa de Negociación- por el Pleno de la Corporación, el Reglamento tiene el carácter de una disposición general elaborada a través de un procedimiento especial de carácter convencional que por su naturaleza de norma organizativa interna sus exclusivos destinatarios son los funcionarios de la Corporación.

No obstante, el reiterado Reglamento de Funcionarios se enmarca más bien dentro de los denominados “Acuerdos” que, en materia de personal, pueden suscribir la Administración  y los representantes sindicales, a los que nos referimos seguidamente, para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, y cuyos procedimientos de elaboración y aprobación difieren de los establecidos para los reglamentos orgánicos, ordenanzas fiscales (reguladoras de los tributos locales así como las que desarrollan la gestión, inspección y recaudación de los anteriores) y las ordenanzas locales que regulan el resto de materias locales, en las que sus destinatarios son la colectividad en general y su publicidad un requisito ineludible para su eficacia.

 Tercera.-  Conforme a lo establecido por los artículos 35 y 36 de la citada Ley 9/1987,  los  representantes de las Entidades Locales y de las Organizaciones Sindicales podrían llegar a Acuerdos y Pactos para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, remitiendo los mismos (una vez celebrados) a la oficina pública a que hace referencia la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y siendo de inmediato publicados en el «Boletín Oficial del Estado» o diarios oficiales correspondientes.

En materia de empleo público, los Pactos se celebran sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y vincularán directamente a las partes. Y, los Acuerdos versarán  sobre materias competencia de los órganos correspondientes de las Entidades Locales. Para su validez y eficacia será necesaria la aprobación expresa y formal de estos órganos en su ámbito respectivo. En ambos casos (Pactos y Acuerdos),  las partes deben establecer el plazo de vigencia, así como su ámbito personal, funcional y territorial.

Cuando los Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación (sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente), circunstancias éstas que concurren en el ya mencionado Reglamento de Funcionarios.

Cuarta.- En todo caso, las partes cuando suscriben inicialmente el acuerdo pueden derivar su validez a la aprobación de otro órgano administrativo. En el asunto objeto de este expediente, el Reglamento de Funcionarios de 2003 fue sancionado –aprobado- por el Pleno de la Corporación, considerándose que es plenamente aplicable al mismo la previsión contenida en los artículos 32, 35 y 36 de la entonces vigente Ley 9/1987, coincidente con el actual artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que garantiza su cumplimiento salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas (que no se da en este caso).

En conclusión, el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), en el marco de la negociación colectiva aprobó el Reglamento de Funcionarios de 2003 que, a día de la fecha, no se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia, como es preceptivo. No obstante, el incumplimiento de dicho requisito formal en modo alguno condiciona su validez: dicha omisión (la publicidad) tiene, en lo que a este específico caso se refiere, la consideración de irregularidad administrativa no invalidante.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983,  de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: para que disponga cuanto sea necesario para que se publique, íntegramente, el Reglamento Municipal de Funcionarios de 2003, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

Esta Institución viene constatando, en los últimos años, un creciente aumento de la demanda de vivienda de personas que forman parte de aquellas capas de la población andaluza que se encuentran, por distintas circunstancias, en situación de exclusión social. Se trata, en la mayoría de los casos, de unidades familiares con ingresos económicos muy escasos, que les impiden acceder en condiciones normales a las viviendas protegidas que, con carácter habitual, se vienen promoviendo en Andalucía, esto es, viviendas en propiedad de régimen general, de régimen especial, de iniciativa municipal o autonómica, o viviendas en alquiler de renta básica o en alquiler con opción a compra, pues en todos los casos los índices de IPREM exigidos son inalcanzables para personas que subsisten con lo mínimo y son usuarias habituales de los Servicios Sociales.

Esta creciente demanda viene acompañada, lamentablemente, por el incremento de familias que, sin encontrarse en situación que podemos calificar de exclusión, viven muy precariamente. A nadie escapa que la agudizada crisis económica que se viene padeciendo desde ya hace varios años ha contribuido, sin duda, a agravar la entidad del colectivo que necesita una implicación de los poderes públicos para acceder a este derecho constitucional. La Exposición de Motivos del Decreto 395/2008, de 24 de Junio, por el que aprobaba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, se refería a este tipo de familias como aquellas “con especiales dificultades sociales para el acceso a la vivienda, ya sea por su escaso nivel de ingresos o por encontrarse en riesgo de exclusión social”.

Para este tipo de situaciones de dificultad en el acceso a la vivienda, incluso a la vivienda protegida, el vigente Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 prevé lo que denomina “Viviendas para personas con riesgo de exclusión social”, reguladas actualmente en los artículos 59 y siguientes del Texto integrado del citado Plan Concertado, publicado por Orden de 7 de Julio de 2009, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y que comprende, por un lado, las viviendas de promoción pública para la integración social y, por otro, los alojamientos de promoción pública.

Así, el programa de viviendas de promoción pública para la integración social, a tenor del artículo 59 del Plan Concertado, tiene como objeto el de facilitar el acceso a una vivienda protegida en régimen de alquiler a veinticinco años a familias con especiales dificultades sociales, cuyos ingresos no superen el IPREM, o a familias que, superando dicho nivel de ingresos, se encuentren en situación de exclusión social por la imposibilidad del acceso a una vivienda.

Se establece, adicionalmente, que en las promociones acogidas a este programa, se reserve el 30% de las viviendas para adjudicarlas a familias indicadas, destinándose el resto a familias cuyos ingresos no superen 2,5 veces el IPREM, con el fin de fomentar la integración y cohesión social.

Asimismo, el artículo 60 del Plan Concertado establece, entre otras cuestiones, que las viviendas de este tipo deberán ser promovidas sobre suelo público, por promotor público, o privado cuando actúe por concesión administrativa, y su régimen de uso será el alquiler, aunque excepcionalmente quepa la adjudicación en régimen de propiedad. También dice este precepto que estas viviendas podrán ser puestas a disposición del Ayuntamiento respectivo, o de la correspondiente entidad sin ánimo de lucro, para su gestión en alquiler, en los términos que se prevean en los convenios a suscribir, las circunstancias sociales y familiares de las personas destinatarias expresadas en los correspondientes informes de los servicios sociales.

Por otra parte, consta en el artículo 61 del Plan Concertado que estas viviendas se financiarán en su totalidad con fondos públicos procedentes de la Comunidad Autónoma o, en su caso, complementando la financiación cualificada establecida en el Plan Estatal para viviendas en alquiler a 25 años, de régimen especial.

También contempla el Plan Concertado, en sus artículos 63 y siguientes, los que denomina “Alojamientos de Promoción Pública” para personas con riesgo de exclusión social, que deben ser promovidos sobre suelo público y que tienen por objeto facilitar el acceso a un alojamiento protegido en régimen de alquiler de renta básica a veinticinco años, a ocupantes con especiales dificultades cuyos ingresos no superen el IPREM o que, superando dicho nivel de ingresos, se encuentren en situación de exclusión social por la imposibilidad de acceso a una vivienda.

En relación con estas previsiones normativas, siendo el presente año 2012 el último de vigencia del Plan Concertado 2008-2012, y ante la creciente demanda de viviendas por personas en riesgo de exclusión social durante los últimos años, como se ha expuesto al inicio de este escrito, hemos considerado oportuno interesarnos ante la Dirección General de Vivienda por el número de promociones y, dentro de éstas, por el número de viviendas de promoción pública para la integración social y de alojamientos de promoción pública para personas con riesgo de exclusión social, que se hayan calificado en Andalucía de forma provisional y, en su caso, definitivamente, al amparo del vigente Plan Concertado 2008-2012, indicando las provincias y los municipios en los que se hayan llevado a cabo estas promociones, así como cualquier otra información que pueda resultar relevante, como, concretamente, que promotores se han hecho cargo de poner en marcha estas promociones de viviendas.

Ello, con objeto de hacer una valoración sobre la entidad de ejecución de este tipo de viviendas a la luz de las previsiones del reiterado Plan Concertado y en consonancia con las circunstancias existentes al momento de su redacción y con las circunstancias que actualmente rodean el ejercicio del derecho a la vivienda por estas capas de población a que nos referimos. Se trata de evaluar el compromiso real y efectivo que las Administraciones Públicas de Andalucía han asumido a la hora de responder a la necesidad de disfrutar del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada de un amplio sector de la población de Andalucía.

Pues bien, desde la Dirección General de Vivienda se nos ha informado (en oficio de 17 de Febrero de 2012) que, en los años de vigencia del Plan Concertado 2008-2012, se han calificado provisionalmente un total de 1.108 viviendas para la integración social (de las cuales el 30% se destina a colectivos en riesgo de exclusión social) y 174 alojamientos protegidos. De este número total, se tiene constancia por la Dirección General de Vivienda que han sido definitivamente calificadas 174 viviendas, significando lo siguiente:

“En todos los casos se trata de promotores públicos, aunque el Plan Concertado posibilita la promoción privada en estos programas siempre que actúen por concesión administrativa.

Puesto que desde julio de 2010 la competencia para calificar provisionalmente corresponde a los ayuntamientos, es posible que existan promociones cuya calificación provisional no haya sido hasta la fecha comunicada a la correspondiente Delegación Provincial de esta Consejería a efectos de iniciar los trámites para su financiación”.

CONSIDERACIONES

Llama la atención una circunstancia que se desprende a simple vista del análisis de los datos que nos ha facilitado la Dirección General de Vivienda: no se ha promovido ni una sola vivienda para la integración social, ni un solo alojamiento protegido, en las provincias de Jaén, Granada y Córdoba durante los años de vigencia del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

Estas cifras se encuentran muy por debajo de las previsiones del Pacto Andaluz por la Vivienda, de 13 de Diciembre de 2007, en el que fijaba de forma orientativa una cifra de 10.000 viviendas para hogares con ingresos inferiores al IPREM.

Aunque esta Institución no es ajena a las dificultades por las que están atravesando las Administraciones Públicas en nuestro país, singularmente las entidades locales, nos parece insuficiente el número de viviendas de esta naturaleza que se han promovido en nuestra Comunidad Autónoma durante los años 2009-2011, años en los que ha crecido especialmente la demanda de este tipo de viviendas, como consecuencia de los efectos de la crisis económica, de las crecientes tasas de desempleo y de las dificultades que las familias se están encontrando a la hora de acceder una vivienda digna y adecuada, ejercitando así un derecho previsto constitucional y estatutariamente.

En este sentido, nos parece oportuno apelar, en estos momentos, a la singular importancia que ostentan los municipios en el entramado competencial para garantizar el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y adecuada, tanto desde la perspectiva urbanística, como desde la perspectiva de la promoción de viviendas protegidas y, dentro de éstas, de viviendas para la integración social.

No puede olvidarse, a este respecto, que el artículo 1.2 de la Ley 1/2010, de 8 de Marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía (LRDVA, en lo sucesivo) establece que, a los efectos de garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, la Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones Locales, dentro de los ámbitos competencias determinados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y demás legislación aplicable, promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de una política de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque de viviendas existente.

Del mismo modo, cabe recordar que el artículo 9.2 de la Ley 5/2010, de 11 de Enero, de Autonomía Local de Andalucía, fija como competencias propias de los municipios andaluces, entre otras, las de planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida, que incluye, a su vez, la de promoción y gestión de la vivienda.

Precisamente uno de los instrumentos que la LRDVA articula para garantizar este derecho es el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, elaborado (y aprobado) por los Ayuntamientos de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general, de manera que se los crecimientos urbanos se vinculen a la necesidad real de vivienda existente en el municipio, para lo cual resultarán esenciales los datos de demanda de vivienda que resulten de los Registros Públicos Municipales de Vivienda Protegida.

Asimismo, no podemos dejar de recordar en este momento que la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, en adelante), contempla en su artículo 17.8 segundo párrafo (según redacción dada por la reciente Ley 2/2012, de 30 de Enero) que el cincuenta por ciento, o en su caso el porcentaje que establezca el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localice el diez por ciento de cesión del aprovechamiento medio del área de reparto que le corresponda a la Administración, habrá de destinarse a los grupos con menor índice de renta que se determinen en los correspondientes planes y programas de viviendas protegidas.

Por todo ello pensamos que los municipios deben ejercitar todas sus competencias para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada de aquellas capas de la ciudadanía que menos recursos tienen, que incluso no alcanzan los umbrales de renta para poder ser beneficiarios de viviendas protegidas. Y, en este sentido, siendo en esta Institución conocedores de la gran demanda de vivienda de familias que cuentan con lo mínimo para subsistir, creemos que debe fomentarse en mayor medida la promoción de viviendas para la integración social, fundamentalmente en régimen de alquiler, que permitan junto a las viviendas de protección oficial del parque público residencial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, ofrecer una oferta adecuada a la gran demanda existente hoy día de una vivienda para unidades familiares que a duras penas pueden subsistir.

En aras de difundir estas circunstancias y la necesidad de hacer una reflexión sobre la escasa promoción pública de este tipo de viviendas pese al creciente aumento de la demanda, hemos considerado oportuno solicitar la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como cauce que nos permita llegar al máximo número de Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma. No en vano, la Exposición de Motivos del Decreto 395/2008, de 24 de Junio, por el que aprobaba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que dicho Plan se sustenta en la concertación social y que, a tales efectos, se había suscrito un convenio con la FAMP “como parte sustancial en el desarrollo del referido Pacto”. Ello, con independencia de que también hagamos llegar a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda la misma reflexión, dentro de sus competencias, con objeto de que en lo sucesivo se tengan en cuenta estas circunstancias para la elaboración del próximo plan de vivienda y suelo.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA 1: para que desde la FAMP se haga llegar a los Ayuntamientos de Andalucía, por el medio que se considere oportuno, la necesidad de ejercitar las competencias legales y reglamentarias que les atribuyen tanto la LOUA como la LRDVA, para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a aquellos sectores de la ciudadanía que menos recursos tienen y que, por diferentes motivos, no pueden acceder a una vivienda, ya sea de promoción libre, ya sea protegida, fomentando, especialmente, la promoción de viviendas para la integración social, así como alojamientos transitorios, de forma integrada en el conjunto de la ciudad y evitando la concentración excesiva de este tipo de viviendas.

SUGERENCIA 2: para que desde la FAMP, en vista de que nos encontramos en el último año de vigencia del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008- 2012, se promueva, en los foros o ámbitos que se considere oportuno, el debate entre los municipios andaluces con objeto de hacer una valoración de la efectividad del derecho a la vivienda de las capas más desfavorecidas de la población de nuestra Comunidad, con el fin de proponer medidas futuras para llevar a cabo el mandato del artículo 47 de la CE, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación.

SUGERENCIA 3: en el sentido de que, teniendo en cuenta las limitaciones, se someta a la consideración de esa Federación Andaluza de Municipios y Provincias el que, si bien es cierto que desde unas limitaciones presupuestarias de todos conocidas, es necesario atender a amplios sectores de la población que, sin encontrarse en una situación de exclusión social, se ven expulsados del mercado libre de la vivienda, no teniendo otra alternativa, para disfrutar del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, que acceder a una vivienda protegida, ello no traiga como consecuencia que se abandone, de plano, la construcción de viviendas destinadas a personas en situación de exclusión social, por más que sabemos que ello implica realizar una inversión de los poderes públicos que no es fácil de recuperar, como ocurre con las viviendas protegidas adquiridas en régimen de venta.

En definitiva, la incidencia de la crisis económica en los presupuestos autonómico y local no debe conducir a dejar completamente de lado el dar una respuesta, por limitada que sea, al colectivo que se encuentra en situación de exclusión social

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

La interesada, en su escrito de queja, nos indicaba que residía, junto a otras familias, en un inmueble de dos plantas. En la primera residían cinco familias y, en la planta superior, eran diversos apartamentos que habían sido embargados a su dueño por falta de pago y que, por tanto, estaban vacíos. El problema estaba en que debido a la lamentable situación en que se encontraban estos apartamentos, cuando llovía el agua llegaba a las viviendas de la primera planta. Habían denunciado esta situación al Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), que en su informe técnico atribuía el origen de estos problemas a la humedad descendente por la mala calidad de la impermeabilización de la cubierta inclinada, el poco mantenimiento, las roturas y la ausencia de la cubierta en algunas zonas, indicando como solución la impermeabilización de las viviendas, ya que podía provocar, a medio plazo, la caída de partes del forjado, con lo que afectaría a la seguridad estructural del inmueble.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento, éste nos indicó que había ordenado a la Policía Local, dadas las singularidades que presentaba el inmueble, investigar la identidad de sus propietarios, a fin de dictar una orden de obras de conservación.

A la vista de tales hechos, y una vez que recibimos informe de 28 de Julio de 2010, con fecha 13 de Agosto de 2010 interesamos nuevo informe con objeto de que se nos mantuviera informados de las actuaciones que realizara el Ayuntamiento. Este escrito no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, mediante peticiones realizadas con fechas 20 de Septiembre y 21 de Octubre de 2010. Como quiera que tampoco se obtuvo contestación, con fecha 26 de Noviembre de 2010 se dirigió nuevo escrito en el que se indicaba expresamente:

"Ante tal situación, resulta oportuno recordar (como ya se la hacía saber en anteriores escritos) que el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, señala que los poderes públicos están obligados «a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor el Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones», del mismo modo que el artículo 18.1 obliga a que «en el plazo máximo de quince días se remita informe escrito»".

Junto a este Recordatorio del deber de colaboración de los poderes públicos y de los procedimientos de tramitación de los expedientes de queja, esta Institución significaba textualmente en el mismo escrito:

"Este Comisionado del Parlamento ha valorado la situación en la que se encuentra la tramitación del expediente de queja y considera oportuno dirigir a Usted Advertencia formal de que su falta de colaboración «podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo Andaluz como hostil y entorpecedora de sus funciones haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su Informe Anual o Especial, en su caso, al Parlamento de Andalucía (art. 18.2)".

Sin embargo, hasta la fecha y a pesar de las conversaciones telefónicas que ha mantenido personal de esta Institución con ese Ayuntamiento y del correo electrónico que enviamos el pasado 30 de Septiembre de 2011 a esa Alcaldía-Presidencia, no se ha recibido la información tantas veces solicitada.

CONSIDERACIONES

Los amplios plazos transcurridos desde estas actuaciones hacen temer que los problemas de conservación del inmueble se hayan incrementado, con lo que la reclamante se ve obligada a residir en un inmueble en unas penosas condiciones de habitabilidad y seguridad. Fue por ello por lo que, en nuestro escrito de 13 de Agosto de 2010, interesábamos que las actuaciones de la Policía Local de identificación de los titulares de las viviendas del inmueble y de requerimiento a los mismos, en caso de resultar procedente, de ejecución de las obras de conservación necesarias, se efectuaran a la mayor brevedad posible, puesto que el mal estado de la cubierta del edificio plantea riesgos para la interesada.

No tenemos noticias de nuevas actuaciones de ese Ayuntamiento en torno a este asunto, puesto que ya no hemos obtenido ninguna otra comunicación por su parte.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO: del deber legal de observar lo dispuesto en el artículo 158, apartado 1, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece que los municipios deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados, en condiciones deficientes para su uso legítimo.

RECOMENDACIÓN: de que, en ejercicio de las competencias municipales antes recordadas, se proceda sin demora y con carácter urgente a identificar a los titulares de las viviendas del edificio situado en la ..., número .., de esa población, donde reside la reclamante, ordenándoles realizar las necesarias obras de reparación de la cubierta del inmueble que subsanen de forma definitiva los problemas de falta de impermeabilización detectados, ejecutándose en caso necesario tales obras de forma subsidiaria por ese Ayuntamiento

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

El interesado había presentado en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz solicitud de subvención autonómica a los adquirentes de viviendas protegidas con fecha 20 de Junio de 2008, y hasta la fecha de su comparecencia en esta Institución para formular queja, el 21 de Noviembre de 2011, no tenía información alguna del estado de su expediente.

Tras admitir a trámite la queja, en el primer informe emitido por esa Delegación Provincial, de 23 de Enero de 2012, consta lo siguiente:

“1) Con fecha 18 de Diciembre de 2007 la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes emite visado del contrato presentado por ..., reconociéndose las ayudas directas a las que puede acceder en virtud de lo establecido en el Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo.

2) Posteriormente, con la fecha indicada en su escrito de 20 de Junio del 2008, el interesado solicitó en esta Delegación Provincial la concesión de la subvención autonómica indicada en el visado.

La vivienda del Sr. ... corresponde a una promoción de 122 viviendas de protección oficial con una subsidiación autonómica de 1.000 € para formalización de escrituras, siendo la fecha de la firma de las mismas de 18/01/2008. Los citados expedientes, debido a la coyuntura económica actual, que hace que las disponibilidades presupuestarias sean muy limitadas, están pendientes aún de poder tramitar su abono, y ello, en base a lo establecido, tanto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el artículo 7.3 del citado Plan 2003-2007, que indica que «Las ayudas económicas directas están condicionadas a la existencia de disponibilidad presupuestaria».

No obstante no se ha procedido a su resolución denegatoria, ya que a medida que se genera el crédito correspondiente, se están tramitando en función al orden de fecha de entrada en el Registro General de esta Delegación Provincial”.

Habida cuenta de que, a la fecha de este informe, habían transcurrido 3 años y 7 meses desde que el interesado presentara su solicitud de subsidiación, así como por el hecho de que la ayuda fue solicitada al amparo del plan 2003-2007, no nos parecía justificado que se nos dijera, como motivo de la falta de resolución, la escasez de disponibilidad presupuestaria, generando una expectativa de futuro para cuando se fuera dotando de nuevas partidas presupuestarias este programa de ayudas.

Nos parecía que era necesario aclarar, si se trataba de limitación de disponibilidad presupuestaria o, por el contrario, de agotamiento del programa de ayudas, pues, debe tenerse en cuenta que se trata de una ayuda del plan 2003-2007.

Por este motivo, interesamos de esa Delegación Provincial un informe adicional en el que se nos indicara cuál fue la última solicitud de subsidiación autonómica de 1.000.-euros para formalización de escrituras –presentada por la adquisición de vivienda protegida promovida al amparo del plan 2003-2007-, que se hubiera concedido en esa Delegación Provincial y la fecha en la que fuera presentada dicha solicitud.

Asimismo, interesábamos que se nos indicara cuántas solicitudes de esta misma ayuda –presentadas por la adquisición de viviendas promovidas al amparo en el plan 2003-2007- se encontraban en la misma situación de “pendientes de tramitar su abono”, por carecerse de disponibilidad presupuestaria.

Finalmente, interesábamos que se nos informara cuál fue la fecha en la que se aprobó la última partida presupuestaria disponible destinada para este programa de ayudas, indicando, además, a partir de qué fecha estuvo disponible.

En respuesta a esta última petición de informe, se nos ha respondido con el siguiente oficio:

“-Con fecha 18 de Diciembre del 2007 se emite visado de contrato de D. ... por el que se reconocen ayudas para la adquisición de su vivienda de protección oficial.

- Con fecha 20 de Junio del 2008 solicitó en esta Delegación Provincial la concesión de la subvención autonómica indicada en el visado.

- El expediente de la promoción es el ...0039/05 calificada de acuerdo con lo establecido en el texto integrado del Decreto 149/2003, que aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. En el artículo 7.3 de dicho Plan, dentro del Capítulo II. “Financiación cualificada autonómica”, se puntualiza que las ayudas económicas directas están condicionadas a la existencia de disponibilidades presupuestarias.

- A día de hoy la promoción del Sr. ... aún no ha podido tramitarse debido a las disponibilidades presupuestarias, ya que a pesar de ser una ayuda que se encuadra en el plan 2003-2007, la fecha de escrituración es del 2008 y es ésta la que marca el orden de tramitación ya que es la fecha en la que efectivamente cada beneficiario se subroga al préstamo del promotor y se firman las escrituras de compraventa objeto de la subvención en cuestión.

- Con fecha 7/02/2011 se pagaron los gastos de escritura para la promoción ...0026/05. Se adjunta copia de la solicitud y resolución de un beneficiario en la que se puede apreciar que la fecha de escritura de compraventa es de Agosto del 2007.

Esta línea de subvención tiene en la actualidad aproximadamente unas 2.800 solicitudes pendientes de abono”.

De acuerdo con los dos informes que constan en este expediente de queja resultan, en consecuencia, los siguientes datos:

1º.- El programa de ayuda autonómica de 1.000.- € para la formalización de escrituras por la adquisición de viviendas protegidas, está condicionado a la existencia de disponibilidades presupuestarias.

2º.- Esta línea de subvención tiene en la actualidad unas 2.800 solicitudes pendientes de abono.

3º.- La fecha que marca el orden de tramitación de las solicitudes es la de escritura de las viviendas protegidas, al ser la fecha en la que efectivamente cada beneficiario se subroga al préstamo del promotor y se firman las escrituras de compraventa objeto de la subvención en cuestión.

4º.- La última solicitud de esta línea de ayudas que ha sido abonada en esa Delegación Provincial corresponde a una Escritura Pública firmada con fecha 2 de Agosto de 2007, presentada por el interesado en fecha 21 de Mayo de 2008. El abono efectivo se ha producido con fecha de 7 de Febrero de 2011.

5º.- La solicitud de ayuda del interesado en esta queja corresponde a una Escritura Pública firmada con fecha 18 de Enero de 2008, y presentada en esa Delegación Provincial en fecha de 20 de Junio de 2008.

6º.- De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha que marca el orden de tramitación de las solicitudes es la del otorgamiento de la escritura de las viviendas protegidas, antes que la solicitud del interesado en esta queja, deben ser tramitadas todas las solicitudes correspondientes a viviendas protegidas escrituradas entre el 3 de Agosto de 2007 y el 17 de Enero de 2008.

Cabe igualmente llegar a la conclusión, por tanto, que las 2.800 solicitudes de esta ayuda corresponden a viviendas protegidas cuya escritura pública fue otorgada en fecha posterior al 2 de Agosto de 2007, encontrándose, de esta forma, en la misma situación que la del promotor de esta queja; es decir, sin ser resueltas ni, en su caso, abonadas, por falta de disponibilidad presupuestaria, con independencia de que fueran presentadas durante la vigencia del Plan de Vivienda 2003-2007

CONSIDERACIONES

El problema, a nuestro juicio, es que si se han seguido admitiendo solicitudes de esta ayuda sin advertir de esta ausencia de disponibilidad presupuestaria a pesar de conocer esta circunstancia, nos parece -no encontramos o no tenemos otra forma de decirlo- una falta de consideración hacia estas personas que, confiadamente, se han dirigido a esa Consejería, concretamente a esa Delegación, precisamente porque necesitan estas ayudas públicas, teniendo la expectativa de que, por reunir los requisitos exigidos, van a ser acreedores de las ayudas, las cuales recibirían algún día.

Si, por el contrario, se han tramitado y abonado solicitudes de esta naturaleza correspondientes a viviendas protegidas cuya escritura pública fue otorgada en fecha posterior al 2 de Agosto de 2007, se habría preterido el derecho de los interesados que hubieran escriturado sus viviendas con anterioridad, vulnerándose con ello el art. 14 CE.

Cabe decir, por otra parte, que la Orden de 27 de Junio de 2007, por la que se publicaba el texto integrado del Plan de Vivienda 2003-2007, establecía en su artículo 7 (modalidades de financiación cualificada), apartado 3 que «Las ayudas económicas directas están condicionadas a la existencia de disponibilidades presupuestarias».

Sin embargo, creemos que dado el tiempo transcurrido desde la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de otorgamiento de la Escritura Pública, así como teniendo en cuenta la derogación expresa del Plan de Vivienda 2003-2007, por el Decreto 395/2008, de 24 de Junio, por el que se aprobó el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, salvo en lo que respecta a las actuaciones creadas a su amparo, la situación de incertidumbre, inseguridad jurídica e indefinición en la que queda este ciudadano y el resto de los que se encuentren en la misma situación no se puede justificar manifestando que “No obstante no se ha procedido a su resolución denegatoria, ya que a medida que se genera el crédito correspondiente, se están tramitando en función al orden de fecha de entrada en el Registro General de esta Delegación Provincial”.

Esta actuación es impropia de una Administración que se rige por el modelo configurado por la Constitución, en el art. 103.1, y desarrollado por la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. El artículo 3 de esta última Ley citada establece que la Administración de la Junta de Andalucía debe ajustar su actuación a, entre otros principios, el de transparencia y buena administración, manifestándose este último en que, por ejemplo, los asuntos de los administrados sean resueltos en un plazo razonable, siguiendo el principio de proximidad a la ciudadanía.

Por ello creemos que esta situación lo único a lo que conduce es a que el ciudadano siga esperando más allá del tiempo ya transcurrido con la expectativa de una hipotética, probable o posible futura nueva dotación presupuestaria para este programa de ayudas. Dotación que se generaría con cargo a un Plan desaparecido hace años, por lo que, en realidad, es bastante improbable que se genere ese nuevo crédito.

Llegados a este punto, esta Institución debe recurrir, una vez más, a recordar a esa Delegación Provincial, cuáles son los principios por los que se rige la actuación de las Administraciones Públicas, derivados tanto de la Constitución Española, como de la LRJPAC, del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo (en adelante, EAA) y de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (en lo sucesivo, LAJA).

Así, el artículo 9 CE establece en su apartado 1 que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; y en su apartado 3 recuerda que la Carta Maga garantiza, entre otros, el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica; mientras que el artículo 103.1 CE establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Por su parte, la LRJPAC señala en su artículo 3.1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros, el principios de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, respetando en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima; mientras que el artículo 42 de esta misma Ley, en su apartado 1, fija la obligación de toda Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y de notificarla, y en el párrafo 2 de su apartado 4 recuerda lo siguiente:

«En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente».

También el vigente EAA se refiere a estas cuestiones, pues no en vano su artículo 31 menciona el principio de buena administración, según el cual se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.

O el artículo 133.1 del EAA, en cuya virtud la Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con, entre otros, los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima, proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Y, finalmente, los artículos 3 y 5 de la LAJA, que, reiterando lo ya indicado, vuelve a recordar que la Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general a través de sus órganos y entidades instrumentales, con sujeción a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico, organizándose y actuando de acuerdo con, entre otros, los principios de eficacia, confianza legítima, transparencia, buena fe, proximidad a la ciudadanía o buena administración –que a su vez incluye el de que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo y el de obtener información veraz-.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO: del deber legal de esa Delegación Provincial de respetar, en su actuación, los principios y criterios recogidos en los artículos 9 y 103 de la Constitución, 3.1 y 42 de la LRJPAC, 31 y 133 del EEA y 3 y 5 de la LAJA, especialmente en lo que respecta a los principios de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, transparencia, información veraz a los ciudadanos y buena administración.

En este sentido, creemos que desde esa Delegación Provincial debe hacerse una valoración objetiva de la situación, la cual debe partir del análisis de las posibilidades reales y ciertas que tienen de ser concedidas todas las ayudas del tipo de las que nos ocupan que se encuentran pendientes de disponibilidad presupuestaria y, de acuerdo con ello, informar a los interesados, verazmente y con lealtad plena a la ciudadanía, y resolver lo que proceda.

RECOMENDACIÓN: para que, desde esa Delegación Provincial, se haga una valoración objetiva de la situación dictando las medidas oportunas a fin de que:

1. Se realice un análisis de las ayudas que queden pendientes de liquidar con cargo al Plan Andaluz 2003-2007, evaluando su montante total y la fecha de la última solicitud que ha sido tramitada y abonada por esa Delegación Provincial o EPSA, a fin de que quede determinada con claridad cuál sería la inmediata siguiente y pendiente de abonar si hubiera disponibilidad presupuestaria, siguiendo el riguroso orden de antigüedad según el criterio fijado de la fecha del otorgamiento de la escritura pública. Según la información que disponemos, en principio la última abonada fue la correspondiente a una escritura pública firmada el 2 de Agosto de 2007.

2. Se realice ese mismo análisis respecto de las mismas ayudas que queden pendientes de liquidar del Plan Concertado de Vivienda 2008-2012, tanto de las solicitudes tramitadas y abonadas por esa Delegación como por EPSA.

3. Se informe a los solicitantes de ayudas de la situación real que, normativa y presupuestariamente, afecta a los mismos. Es decir, de la vigencia normativa de tales ayudas, del montante de las no abonadas, de la fecha de entrada en el registro de la última solicitud que fue abonada y, en definitiva, se haga saber a los interesados la realidad de la situación, puesto que la falta de disponibilidad presupuestaria no puede convertirse en la justificación para que la Administración desatienda su obligación de resolver expresamente bajo la excusa de que cabe esperar nuevas partidas presupuestarias de las que se puede beneficiar un ciudadano que ya lleva casi 4 años esperando que se resuelva su solicitud. Teniendo en cuenta, además –como hemos indicado en distintas partes de este escrito-, que el Plan de Viviendas 2003-2007 dejó de estar vigente hace años.

4. Se informe de la situación de la solicitud del interesado y de sus posibilidades reales de ser atendida tanto a éste como a esta Institución.

5. Para el supuesto de que se detecte que se han tramitado ayudas respecto de solicitantes cuyas escrituras públicas se realizaron con anterioridad al 2 de Agosto de 2007 y no se han tramitado sin que haya causa legal que lo justifique, al haberse preterido los derechos de otros ciudadanos, se exija, previos los trámites legales oportunos, la responsabilidad a que haya lugar, actuando de igual forma si se han tramitado solicitudes cuyos escrituras se formalizaron con posterioridad al 2 de Agosto de 2007, sin respetar el riguroso orden de antigüedad.

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

ANTECEDENTES

1. El presente expediente viene siendo objeto de tramitación en esta Institución desde hace ya más de 3 años sin que hasta la presente fecha haya sido posible dar por concluido el mismo.

El expediente se inicia tras recibirse con fecha 14.10.08 escrito del promotor de la presente queja denunciando las molestias generadas por la presencia de animales de corral en dos viviendas colindantes con la suya en la localidad de Vícar (Almería), concretamente en las viviendas sitas en la calle (...).

Según afirmaba el interesado, había denunciado en diversas ocasiones al Ayuntamiento dichas molestias, así como la existencia de una construcción ilegal ligada a la explotación avícola, sin que por parte de la Corporación Municipal se hubieran adoptado las medidas procedentes.

2. Desde que la queja fuera admitida a trámite con fecha 22.12.08 esta Institución viene realizando todo tipo de gestiones ante el Ayuntamiento de Vícar a fin de dar solución a la situación denunciada por el interesado. Entre esta multiplicidad de gestiones podemos citar las siguientes:

‑ 22.12.08. Petición de informe al Ayuntamiento de Vícar.

‑ 25.03.09. Resolución al Ayuntamiento de Vícar.

Esta Resolución se dicta tras recibirse un informe del Ayuntamiento del que se deducía, por un lado, la veracidad de las denuncias formuladas por el interesado y el conocimiento por el Ayuntamiento de la comisión de diversas infracciones en materia de sanidad animal y, de otro lado, la falta de actuación del Ayuntamiento en vía sancionadora ante el incumplimiento reiterado por el infractor de los requerimientos que le eran dirigidos.

La Resolución dictada se concretaba en lo siguiente:

Recordatorio de los deberes legales contenidos en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales, en la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, y en la Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica. Así como de los dispuesto en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.

Recomendación a fin de que ordene la incoación de procedimiento sancionador contra los propietarios de las viviendas sitas en calle (...) por incumplimiento de lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales de referencia.

– 29.07.09. Se acuerda el archivo de actuaciones tras recibirse informe del Ayuntamiento del Vícar comprometiéndose al cumplimiento de la Resolución dictada.

– 28.10.09. Se procede a la reapertura del expediente tras recibirse escritos del promotor de la queja denunciando el incumplimiento por el Ayuntamiento de los compromisos asumidos y la persistencia de las molestias e irregularidades denunciadas.

– 24.11.09. Petición de informe al Ayuntamiento de Vícar requiriendo la acreditación de las actuaciones emprendidas para dar cumplimiento a la Resolución dictada por esta Institución.

– 21.12.09. Nuevo archivo de actuaciones que se produce tras recibir un informe el Ayuntamiento anunciando que se retomaban las actuaciones de restablecimiento de la legalidad que habían sido paralizadas tras comunicar los infractores que cesaban por voluntad propia en las prácticas denunciadas.

– 29.03.10. Nueva reapertura del expediente de queja tras recibirse escritos del promotor de la queja denunciando que persistían las molestias derivadas de la tenencia de animales en la vivienda vecina.

– 05.04.10. Recepción de informe del Ayuntamiento señalando que los animales denunciados no presentan riesgos sanitarios y se encuentran en debidas condiciones higiénico sanitarias.

– 09.08.10. Nueva petición de informe al Ayuntamiento de Vícar tras recibirse varios escritos del promotor de la queja denunciando la persistencia de las molestias denunciadas.

– 07.10.10. Se recibe informe del Ayuntamiento comunicando el dictado de providencia del Sr. Alcalde ordenando la práctica de nuevas actuaciones de inspección a los servicios municipales para verificar las denuncias del interesado.

– 01.12.10. Nueva petición de informe al Ayuntamiento sobre el resultado de las actuaciones inspectoras emprendidas habida cuenta las reiteradas denuncias del promotor de la queja insistiendo en la persistencia de las molestias e irregularidades denunciadas.

– 13.01.11. Nueva decisión de archivo de actuaciones tras recibirse informe del Ayuntamiento comunicando la apertura de expediente sancionador contra el presunto infractor, incluyendo la orden de cesación en las molestias causadas con advertencia de remisión al Juzgado por desobediencia en caso de incumplimiento.

– 15.09.11. Nueva reapertura del expediente tras recibirse nuevamente escritos del promotor de la queja denunciando que la situación seguía igual, sin que el Ayuntamiento hubiese adoptado medidas efectivas para la cesación de las molestias.

– 25.10.11. Nueva petición de informe al Ayuntamiento de Vícar.

3. Con fecha 09.01.12 se ha recibido informe del Ayuntamiento de Vícar por el que se nos da traslado, a su vez, del informe evacuado por la Policía Local en el que se constata la veracidad de las denuncias del interesado en cuanto a la existencia en la vivienda colindante de tres perros de gran tamaño, jaulas con palomas, tres gallos y seis gallinas.

El informe concluye señalando que el Sr. Alcalde, a la vista del informe de la Policía Local, ha “decidido tomar las medidas pertinentes”.

CONSIDERACIONES

1. Sobre el derecho a una buena administración.

El art. 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce el derecho a una buena administración en los términos que establezca la Ley, señalando que comprende, entre otras cuestiones, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos «sean resueltos en un plazo razonable».

Si tomamos en consideración que las denuncias del promotor de la presente queja por las molestias que se ve obligado a soportar a consecuencia de la tenencia irregular de animales de granja por un vecino vienen siendo denunciadas ante el Ayuntamiento desde algunos años antes de que se presentara la queja en esta Institución y tenemos en cuenta que la tramitación del presente expediente de queja se dilata ya desde hace más de 3 años, sin que en todo este tiempo haya sido posible conseguir que por la Administración competente sea resuelto el problema planteado, no podemos sino concluir que se ha producido un flagrante incumplimiento del derecho a una buena administración por parte del Ayuntamiento de Vícar.

2. Sobre los principios que deben regir el actuar administrativo.

El art. 103 de la Constitución incluye entre los principios que deben regir el actuar de cualquier Administración pública el principio de eficacia.A este respecto, de los antecedentes relatados al comienzo de la presente Resolución se deduce claramente que el actuar del Ayuntamiento de Vícar en el presente asunto está muy lejos de poder ser calificado como eficaz, habida cuenta que todas las medidas dictadas y las resoluciones adoptadas hasta la fecha se han revelado como notoriamente ineficaces para solventar el problema denunciado por el promotor de la presente queja.

3. Sobre la obligación del Ayuntamiento de hacer cumplir las normas y reglamentos.

El art. 7 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, señala lo siguiente:

«1. Las competencias locales facultan para la regulación, dentro de su potestad normativa, de las correspondientes materias.

2. Corresponderá a la entidad local, en el ámbito de sus competencias propias, la ejecución administrativa, incluyendo la incoación y la resolución final de los procedimientos, de acuerdo con las Leyes.»

En este sentido, el artículo 13 de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia de Animales, aprobada por el Pleno municipal con fecha 09.02.06 establece en su art. 13 un conjunto de prohibiciones entre las que cabe citar la contemplada en el apartado 1, letra q) «Mantener animales en lugares que ocasionen molestias evidentes a los vecinos».

Por otro lado, la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, aprobada por el Pleno Municipal con fecha 28.11.07, establece en su artículo 21 que queda prohibida, entre otras actividades, la siguiente: «11. La crianza y tenencia de animales de animales de corral dentro del recinto de la población».

Asimismo, el art. 59 de la Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica establece lo siguiente:

«1. Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el comportamiento de aquéllos.

2. Se prohíbe, desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos que sus sonidos perturben el descanso de sus vecinos».

Igualmente es importante reseñar que la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, en su artículo 4.1, prohíbe “Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos”.

A la vista de lo anterior, puede concluirse que la permanencia de animales de corral en las viviendas ubicadas en calle (...) supone una vulneración de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales, de lo estipulado en el art. 21.11 de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, y de lo regulado en el art. 59 de la Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica. Asimismo, contraviene lo dispuesto en el art. 4.1. de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.

De los antecedentes expuestos y de la documentación obrante en esta Institución se deduce que el Ayuntamiento de Vícar es conocedor, al menos desde el 13.09.05, de las molestias derivadas para los vecinos de la zona de las (...) como consecuencia de la presencia irregular de animales de corral en las viviendas sitas en calle (...).

El hecho de que estas situaciones de irregularidad implican la vulneración de diversas normas de ámbito general y de ordenanzas reguladoras de ámbito estrictamente municipal, es perfectamente conocido por el Ayuntamiento a la vista de las innumerables denuncias realizadas por el promotor de la presente queja, de los informes evacuados por las Consejerías de Salud y Agricultura y Pesca, que figuran incorporados al expediente municipal y de las diversas actas de inspección levantadas por miembros de la Policía Local como consecuencia de los requerimientos formulados por esta Institución.

Pese a lo anterior, las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento en los seis años transcurridos desde la recepción de las primeras denuncias han consistido básicamente en la evacuación de sucesivos informes por parte de la Policía Local y por parte de otras Administraciones con competencias en la materia, que básicamente vinieron a constatar la veracidad de las denuncias recibidas, la iniciación de procedimientos sancionadores que quedaban inconclusos y el dictado de providencias y resoluciones conminando al cese en las actividades molestas que han sido sistemáticamente desatendidas por su destinatario sin que ello le reporte la menor consecuencia.

4. Sobre la oportunidad de activar los medios de ejecución forzosa de las resoluciones administrativas previstas en el ordenamiento jurídico.

El art. 95 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común señala que «las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales».

Por su parte el art. 96 de la citada Ley 30/1992, detalla los medios a través de los cuales las Administraciones Públicas podrán ejecutar forzosamente sus resoluciones, citando entre ellos la «multa coercitiva».

En el presente caso parece notoria la falta de voluntad de la persona responsable de las molestias a acatar y cumplir en sus justos términos las resoluciones dictadas por ese Ayuntamiento en ejercicio de sus competencias y en aras del restablecimiento de la legalidad conculcada.

En este sentido, estimamos que resulta procedente acudir a los medios de ejecución forzosa que estipula el ordenamiento jurídico, entendiendo que de todos los posibles el más adecuado al presente caso sería el recurso a la imposición de sucesivas multas coercitivas hasta conseguir el pleno acatamiento del orden jurídico perturbado y el cese en la actividad causante de las molestias.

Por todo lo anterior, y en ejercicio de las facultades y atribuciones que a esta Institución confiere el Art. 29.1 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO: de los deberes legales citados en las normas reseñadas en el cuerpo de la presente resolución.

RECOMENDACIÓN: para que sin más dilaciones se adopten cuantas medidas sean necesarias para conseguir el pleno acatamiento del orden jurídico perturbado y el cese definitivo en la actividad causante de las molestias denunciadas por la persona promotora de la presente queja

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones