Página 131 - Informe Anual 2011. Defensor del Menor de Andalucía

3. Los menores de edad en Andalucía: datos cuantitativos
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3.5. Menores en Centros de Trastorno de Conducta de la Junta de Andalucía.
3.5.1. Introducción y definiciones.
El Observatorio de la infancia en Andalucía ha realizado 2011 un estudio “Centros
de protección de menores en situación de desamparo que presentan trastornos
de conducta en Andalucía” en el que se analizan datos relativos a los chicos y
chicas dentro del sistema de protección que precisan cuidados específicos por tener
problemas de trastornos de conducta ubicados en la comunidad autónoma.
Definición: El trastorno de conducta, también denominado trastorno disocial,
se caracteriza por la persistencia y reiteración de conductas que violan las normas
sociales y los derechos de las personas. Los síntomas pueden comportar agresión a
las personas y animales, destrucción o robo de bienes ajenos y violación grave de
las normas familiares y sociales mediante fugas, absentismo escolar o vagabundeo
antes de los 13 años (Kazdin y Buela Casal, 1999).
3.5.2. Prevalencia de Trastornos de Conductas en Andalucía.
Como ya se ha enunciado anteriormente en el capítulo de salud, en Andalucía en
2010 se han realizado 142.792 consultas en las unidades de salud mental infanto-
juvenil. Del total de consultas en dichas unidades 9.121 son consultas iniciales y
133.671 son sucesivas.
Parece interesante estudiar los trastornos conductuales
1. Suponen uno de los motivos principales de derivación a las unidades de atención
a Salud Mental Infanto-Juvenil.
2. Los daños que presentan los niños y niñas afectan al ámbito académico,
relaciones sociales, posibles problemas con la justicia y suelen aumentar el riesgo
de desarrollar otros problemas como el consumo de sustancias o la depresión.
3. Suelen estar atendidos simultánea o consecutivamente por varios recursos
(Servicios de Salud Mental Infanto-Juvenil, Educación especial, Recursos
especializados de Servicios Sociales e Igualdad y Bienestar Social o Justicia
Juvenil) como consecuencia se da por un lado, un grave deterioro en la calidad
de vida de las personas que son víctimas de la conducta de estos menores, y
por otro lado, un elevado coste tanto económico como de esfuerzo institucional
y profesional que nos lleva a enfatizar la necesidad de coordinación de los
diferentes recursos destinados a la atención de estos menores, sin menoscabo
del coste que la sociedad debe pagar por la atención a las víctimas.