Tras las crisis económica y sanitaria vividas, se abre ante nosotros un tiempo nuevo y desafiante. En estas circunstancias parece aún más pertinente poner en común aprendizajes, propuestas innovadoras, e ideas que faciliten avanzar hacia la articulación de nuevos pactos sociales, con el fin de fortalecer los sistemas de protección social y ampliar modelos de participación.

En esta línea, el II Encuentro de primavera organizado por el Foro Profesional de la Infancia los días 16 y 17 de mayo de 2024 en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, bajo el título Caminando hacia un nuevo contrato social. Del debate a la acción, supuso una gran oportunidad para avanzar hacia este pacto social a partir de las propuestas de la comunidad dedicada a la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una reunión de profesionales que a diario protegen y garantizan el bienestar de esta población y cuyas aportaciones recogidas en esta publicación -todos compartiremos- solo se pueden calificar como necesarias.

Así lo pone de manifiesto esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, como miembro fundacional del consejo desde 2015 junto a colegios profesionales, asociaciones; universidades, academias, administración autonómica, entidades provinciales y locales, instituciones públicas, observatorios, federaciones y sindicatos, con los que compartimos la oportunidad de demandar políticas públicas y establecer estrategias ante uno de los mayores retos de esta sociedad: la pobreza infantil, generadora de situaciones de desigualdad y vulnerabilidad.

Si en la primera edición de este encuentro de primavera, bajo el título Abriendo camino hacia un nuevo contrato Social, tuvimos la oportunidad de debatir sobre el devenir -a veces desesperante- de los trámites administrativos para la garantía y protección de los derechos de los menores, en esta ocasión, como ha recogido con acierto el nuevo título, pasamos a la acción.

Este tipo de iniciativas, siempre loables, necesitan de personas y entidades generosas para su organización y es aconsejable no mencionar a unas en detrimento de otras. Ello no obsta a un reconocimiento e infinito agradecimiento a la figura de Rafael Muriel, a quien tanto echaremos de menos, como miembro imprescindible de este Foro y figura clave en el proceso de su creación. Su ausencia nos llevará a tomar el relevo a otros colaboradores -sin duda, bajo la coordinación del inagotable Ignacio Gómez de Terreros- para seguir trabajando en pro de nuevas iniciativas que visibilicen esta cruda realidad, en la línea del exitoso documental ya realizado sobre el impacto de la pobreza en la infancia.

Unidos en este compromiso, os animo a continuar en esta senda de cultura de paz y alianzas para lograr los proyectos y programas que contribuyan a reducir las situaciones de desigualdad y pobreza de la infancia. Ojala, con un nuevo pacto social cohesionado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz

Ana López Jiménez

Vicerrectorado de los Servicios Sociales de la Universidad de Sevilla

Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Sevilla, a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología que amablemente nos ha cedido sus espacios para celebrar el II Encuentro de Primavera que organiza el Foro Profesional por la Infancia en Andalucía.

En esta ocasión, se va a debatir sobre propuestas de acción que permitan avanzar en el camino de un nuevo contrato social.

Debates que ya se iniciaron con mucho éxito en el primer foro que se celebró el año pasado.

Por parte de la Universidad queremos agradecer al Foro Profesional por la Infancia la invitación a formar parte de la organización de este evento.

La pobreza, las desigualdades afectan a muchas zonas de nuestro país y muy especialmente a Andalucía.

El gradiente de la pobreza se extiende de norte a sur y de este a oeste.

En el caso de Andalucía, el riesgo de pobreza se reparte por todo el territorio andaluz, aunque hay que destacar, haciendo referencia a pobreza extrema, que 11 de los 15 barrios más pobres de España se encuentran en Andalucía.

Fundamentalmente, son las áreas urbanas las que acumulan más zonas desfavorecidas, en parte por decisiones políticas que han propiciado la creación de guetos o por las especiales características de los territorios.

El rasgo más evidente de la marginación que se vive en estas zonas es que la esperanza de vida en estos barrios excluidos es de 8,8 años menor que los barrios sin desigualdad. La distribución de la mortalidad sigue un patrón de desigualdad social, es decir, las mayores desigualdades en parámetros de salud se corresponden con zonas de mayor desigualdad social.

La pobreza y la desigualdad tiene además rostro de mujer, de mujer migrante y de menores y jóvenes.

Los principales incrementos de pobreza se producen, en términos absolutos, en el caso de:

• Los hogares encabezados por personas de nacionalidad extranjera (del 35% al 72%),
• El conjunto de las personas de nacionalidad extranjera (del 38,4% al 60,7%).
• Los hogares monoparentales (del 32,4% al 52%).
• Los de cinco o más miembros (36% al 53,3%).
• Los hogares encabezados por mujeres (del 21,9% al 37,3%).
• Los hogares sin ingresos (del 84,6% al 100%).
• Las personas menores de 30 años (con incrementos de 10,6 y 14,8 puntos porcentuales, dependiendo del tramo de edad).

Ante estos datos, que persisten en el tiempo, son pocos los recursos que la administración del estado, autonómica y local destinan a la lucha por la pobreza.

Se trata desde el análisis y conocimiento profundo de la situación de plantear soluciones que nos permitan avanzar en el desarrollo y bienestar de la infancia, de la adolescencia y de la juventud, entre otros.

Para proponer soluciones es importante reflexionar sobre que sociedad queremos y a ello dedicaremos la primera mesa de este foro.

Continuaremos con una proyección documental y con otra importante mesa que debatirá sobre el reto demográfico.

Las mesas de debate se completarán con talleres simultáneos dedicados a la salud

El compromiso del Foro es también nuestro compromiso, desde el Vicerrectorado estaremos muy pendientes de las conclusiones para seguir avanzando y contribuyendo a la justicia social, especialmente en los colectivos más vulnerables.

Les deseo que disfruten de las jornadas

Muchas gracias

Ignacio Gómez de Terreros

Foro Profesional por la Infancia (FPIA)

Asistimos al II Encuentro de Primavera, en el que nos encontramos profesionales del ámbito de los Colegios profesionales, Asociativo (UNICEF, Save the Children, Cruz Roja, EDUCO, Caritas, Fundación D. Bosco) a las que denominamos “Asociaciones amigas”, de las cinco Universidades (US, UPO, UNED, CEU Fernando III), Academia de Medicina de Sevilla, de las Consejerías de Igualdad, Educación, Salud y Justicia, del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, del Observatorio de la Infancia de Andalucía, del Instituto de Estadística de Andalucia, del Consejo Andaluz de la Infancia y Adolescencia, del Consejo Audiovisual de Andalucía, de la FAPMI, Diputación y Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa, Activos sociales y sindicales.

Expreso en nombre del FPIA y del Comité organizador, nuestro profundo agradecimiento a las autoridades presentes en este acto inaugural, muestra de apoyo que nos estimula y anima. Eludo lo que sería un largo listado protocolario de nominación. Mis disculpas

No obstante, no puedo obviar el apartado de agradecimiento, a quienes han hecho factible el presente encuentro:

Su Comité organizador, constituido por representantes de la:

• Defensoría de Pueblo Andaluz
• Colegio Profesionales de Psicología, Trabajo Social, Educadores Sociales, Asociaciones de Médicos Escolares, Pediatría Social y Grupo coordinador del Foro, al que denominamos coloquialmente “la cocina”.
• La Universidad de Sevilla:
  • El Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación. Vicerrectora Profª. Dª Ana López Jiménez y D. Agustín Luque Fernández director de su secretariado.
  • La Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la U. S.
• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
• La Diputación Provincial de Sevilla:
  • Su Diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad Dña. Encarnación Fuentes Herrera y Dña. Teresa Rama González coordinadora en las facetas relacionadas con la Infancia y la Familia.
  • A su responsable de la imprenta D. Luis Cerezo y a D. Esteban Ruiz Martín por su extraordinario trabajo creativo y de diseño gráfico.
• Observatorio de Desigualdad de Andalucía (ODA).
• Activos Sociales y Sindicales: Plataforma de afectados de la Hipoteca, UGT y CCOO.

Hemos contado con la colaboración económica de Colegios Profesionales: Trabajo Social de Sevilla, Psicología, Educadores Sociales.

Comprenderéis, se trata de un encuentro nada fácil desde el punto de vista organizativo, si no se contara con la implicación y respaldo de las instituciones. En el del año pasado, la profesora Olga Cantó nos expresaba envidia sana por su vivencia en el primer encuentro

Mis primeras palabras van dirigidas a homenajear a nuestro entrañable compañero Rafael Muriel Fernandez (q.e.p.d.), pilar insustituible del equipo coordinador del Foro y figura clave en el proceso de su creación.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 23 de noviembre de 1952, falleció el pasado 13 de febrero del 2024 dándonos ejemplo de entrega y compromiso hasta los últimos momentos de su vida.

Mucho le deben los niños/as andaluces a esta gran figura de la Pediatría Social, de la que fue un gran maestro. Claro ejemplo del trabajo vocacional, del sentido de la responsabilidad y de las cualidades humanas, en una lucha incansable por los derechos de la infancia, adolescencia y juventud, sin olvidarnos de las de otras sensibilidades desarrolladas en la Consejería de Salud, como la referida a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer.

Sabiduría, afabilidad, compresión, generosidad, tolerancia y actitud de la “escucha”, destacaron en su personalidad. Ejemplo de empatía y humanismo en su desarrollo profesional. Siempre abierto a nuestros requerimientos.

Su trabajo en la Consejería ha dejado profunda huella entre sus compañeros y responsables Institucionales, estando previsto un próximo acto de reconocimiento.

Siempre ha estado implicado en el denominado “Grupo Sevilla” de la Sociedad Española de Pediatría Social, contribución marcada por su sencillez y falta de protagonismo, interviniendo activamente en el desarrollo exitoso del relevo generacional.

Su compromiso con la infancia en situación de vulnerabilidad y desigualdad, sin duda, ha dejado una huella imborrable a los profesionales de las diferentes disciplinas que hemos tenido la fortuna de compartir con él, los trabajos desarrollados durante los 9 años de existencia del Foro. Su insistencia en el trabajo en equipo, en la coordinación, cooperación y corresponsabilidad de profesionales e Instituciones.

Sus últimos esfuerzos dentro del Foro, hasta pocos días antes de su muerte, estuvieron encaminados a la planificación de este II Encuentro de Primavera, al desarrollo del guion del documental que a continuación veremos y a los avances en el proyecto de creación por el FPIA en conexión con la UNED, de una “Catedra de Desigualdades”. Nos ha dejado su planteamiento y propuesta de desarrollo, animándonos a dar los pasos, para hacerla realidad.

Querido Rafael, puedes estar muy orgulloso de tus aportaciones al bienestar social. Descansa en Paz.

La sociedad civil debe superar el techo de cristal que el poder político y las instituciones establecen para entender y poner soluciones. Es necesario hacer confluir la responsabilidad política e institucional, con el enfoque y los trabajos que realizan las ONGs y los especialistas en las materias de salud, derechos, desigualdad, pobreza, infancia, adolescencia, juventud y las familias, para, conjuntamente, aportar propuestas y soluciones que nos permitan caminar hacia un nuevo contrato social que haga posible el desarrollo y el bienestar de la infancia y de las siguientes generaciones; compromiso que asume el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía y el Comité Organizador del Encuentro.

Breve recordatorio sobre el Foro. El Foro Profesional por la Infancia de Andalucía se puso en marcha el 5 de mayo del 2015, con el impulso y apoyo de nuestro Defensor del Menor de Andalucía D. Jesús Maeztu a iniciativa del equipo técnico asesor de la Fundación Gota de Leche, ante la grave situación de pobreza infantil en Andalucia y la urgencia de establecer estrategias que permitieran aglutinar, aunar los esfuerzos de los Colegios Profesionales relacionados con la infancia, en la lucha contra la desigualdad social.

Tiene como objetivo, hacer visible la situación de vulnerabilidad de los menores de edad en general y en especial de los más desfavorecidos. Trabajar en un escenario funcional y abierto que analiza conjuntamente los temas y valora las diferentes situaciones en función del interés del menor. El próximo año celebraremos su décimo aniversario. Sus actividades se pueden consultar en la web www.fpia.eu.

En cuanto a la metodología, señalar que nos encontramos ante un encuentro cerrado con invitaciones a profesionales experimentados y de carácter interdisciplinario. No hablamos de ponentes, sino de introductores, dado que lo que prima es la participación y los debates, para entre todos, poder llegar a conclusiones y propuestas. realistas y operativas, que elevaremos a los responsables institucionales.

Para la consecución de dichos objetivos, se hace preciso que las intervenciones sean breves y así puedan ser más numerosas, intentando aportar si es posible propuestas constructivas.

También solemos insistir en que tan importante es realizar una buena intervención, como escuchar las intervenciones de los demás, en un escenario cooperativo y no de confrontación, que facilite el trabajo colaborativo, sobre todo en el nivel local de respuesta a las desventajas y adversidades

Finalmente, daros las gracias por vuestra asistencia y participación, que nos lleven a conseguir los objetivos planteados ante los nuevos retos y dificultades.

Porque, estamos convencidos de que es posible reducir las desigualdades y la pobreza que afectan a nuestra infancia, si empleamos los recursos, las políticas y los esfuerzos necesarios por parte de todos, desde un escenario de corresponsabilidad.

Estamos aquí para aportar nuestras ideas en el caminar hacia un “nuevo contrato social” que haga posible el bienestar y el desarrollo de la infancia y de las siguientes generaciones.

Muchísimas gracias y vamos por ello.

Margarita Guerrero Calderón directora general de INJUVE Ministerio de Juventud e Infancia con Ignacio Gómez de Terrero coordinador de FPIA

Ante todo, no podemos menos que introducirnos en este II encuentro, dedicándoselo a nuestro entrañable compañero Rafael Muriel Fernández, fallecido el pasado mes de febrero, ejemplo de compromiso y tenacidad en la lucha contra las desigualdades y la defensa de las personas vulnerables, compañero clave en el desarrollo e impulsor de la creación del Foro Profesional por la Infancia.

Él y su memoria estarán siempre muy presente, entre los componentes del Foro que hemos tenido el privilegio de compartir dinámica de trabajo coordinado para la consecución de objetivos, de lo que fue un gran maestro.

Cuando valoramos los resultados del I Encuentro de Primavera de 2023, que titulamos “Abriendo Camino a un Nuevo Contrato Social. Desde la Infancia, adolescencia y juventud…” nos encontramos gratamente sorprendidos por el excelente trabajo interdisciplinario desarrollado por sus componentes, en su análisis de las dificultades en la reducción de la pobreza en la que se encuentran muchas familias y un alto porcentaje de nuestra infancia, adolescencia y juventud, sin que las medidas Institucionales / legislativas, hayan conseguido los objetivos deseables.

El éxito del primer Encuentro y la persistencia o el incremento de las desigualdades, hacen considerar al equipo organizador la necesidad de darle continuidad con la celebración de un II Encuentro de Primavera de 2024, que titulamos “Caminando hacia un Nuevo Contrato Social. Ante las desigualdades…Desde el análisis a la acción”.

Este II Encuentro se propone como objetivo, no sólo conocer y valorar los estudios y publicaciones de entidades como Cáritas, Save the Children, Observatorio de la Infancia de Andalucía, UNICEF, Consejo de la Juventud de España, EDUCO y el Observatorio de Pobreza y Desigualdad de España e investigadores de diferentes Universidades españolas, entre otros; sino el de elaborar sugerencias y propuestas para la acción, dentro de nuestra mirada de corresponsabilidad y de cooperación, dirigida al ámbito institucional y al de las entidades políticas, dada la gravedad de presente y de futuro para nuestras generaciones más jóvenes.

Los Colegios Profesionales que forman el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía, desde hace tiempo advierten de la gravedad que supone tener unos porcentajes tan alto de pobreza y desigualdades, siendo nuestro país unos de los que tienen mayor tasa de familia en estado de pobreza. Sin embargo, seguimos constatando los pocos recursos que se dedican a luchar para la reducción de la pobreza por parte de las instituciones locales, autonómicas y estatal. La situación viene agravada por la devolución de fondos destinados por la Unión Europea para paliar este grave problema en nuestra comunidad.

Precisamos de un esfuerzo real y significativo que ayude a los más pobres y que se enfrente a la codicia, a los mitos y sinrazones que pretenden hacemos creer que no es posible reducir la pobreza.

En el encuentro de 2023 pudimos identificar las condiciones necesarias para alcanzar un nuevo pacto social renovado que busque reducir las desigualdades y alcanzar una sociedad cada vez más cohesionada.

Insistimos, que el encuentro de 2024 debe tener como objetivo no solo el análisis, sino, también, dar un paso para la acción. La sociedad civil debe superar el techo de cristal que el poder político y las instituciones establecen para entender y poner soluciones. Es necesario hacer confluir la responsabilidad política e institucional, con el enfoque y los trabajos que realizan las ONGs y los especialistas en las materias de derechos, desigualdad, pobreza, infancia, adolescencia, juventud y las familias.

Se trata de aportar propuestas y soluciones que nos permitan caminar hacia un nuevo contrato social que haga posible el desarrollo y el bienestar de la infancia y de las siguientes generaciones; compromiso que asume el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía y el Comité Organizador del Encuentro.

Olga Cantó Sánchez

Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico. Facultad de Económicas, Empresariales y Turismo. Universidad de Alcalá y EQUALITAS. Madrid. España.

Introducción

En la gran mayoría de los países de la OCDE las desigualdades sociales han crecido en el último medio siglo (OCDE, 2015; 2019; Chancel et al., 2022). Las principales causas de esta tendencia al alza en la desigualdad de renta y riqueza en los países más ricos del planeta estarían ligadas a dos elementos clave. Por un lado, el progresivo aumento de la concentración de las rentas del trabajo y de capital en los tramos más altos de la escala de ingresos por la intensificación del cambio tecnológico en el conjunto del sistema productivo que desplaza la demanda laboral hacia los trabajadores con mayor cualificación. Por otro, la creciente globalización en el comercio ejerce un efecto sobre la demanda de trabajadores menos cualificados que ven caer sus remuneraciones al aumentar el peso económico de las importaciones de países con salarios más bajos.

A su vez, la creciente desregulación de los mercados de trabajo en los países desarrollados ha ido reduciendo el impacto de algunos de los elementos institucionales que mayor capacidad tenían para contener el aumento de la desigualdad de las rentas del trabajo: los salarios mínimos, los costes de despido o la extensión de la negociación colectiva, entre otros. También ha aumentado la desigualdad de las rentas de capital, cuya contribución a la desigualdad total ha crecido en la mayoría de los países. Todos estos cambios no han podido ser compensados por el efecto redistributivo del sistema de impuestos y prestaciones con la misma fuerza que en las décadas previas.

En España el alto nivel de desigualdad en la distribución de ingresos, sensiblemente mayor que la de la mayoría de los países europeos, es uno de los problemas sociales y económicos más importantes. La mayor incidencia del desempleo en períodos recesivos junto con la menor capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones sociales son elementos clave para explicar nuestra situación en el contexto comparado. Si esta desigualdad persiste en el tiempo nuestro país será más vulnerable ante cualquier shock económico futuro ya que la evolución de la desigualdad en las distintas fases del ciclo desde hace cinco décadas sugiere que ésta crece rápidamente cuando la economía está en recesión y se reduce menos cuando se expande.

La prolongación e intensidad de la crisis que se inició en 2008 provocó un importante aumento de los ingresos procedentes del trabajo, y dio lugar a una importante caída del porcentaje de población perceptora de rentas medias, sobre todo medio-bajas. Esta tendencia negativa no se ha visto compensada por el crecimiento experimentado desde 2014, muy desigual, por lo que muchos hogares aún se encontraban en una situación de notable vulnerabilidad cuando llegó la crisis de la COVID-19 en 2020. Los efectos de shocks transitorios pueden persistir en el tiempo y las desigualdades de hoy transformarse en aún mayores desigualdades futuras, sobre todo si afectan a jóvenes y a menores de edad que ven reducidas sus oportunidades vitales, guiándonos aun futuro donde se acumulen problemas sociales en varios ámbitos clave del bienestar humano como la salud, la vivienda y la educación.

En este capítulo se presenta un análisis descriptivo de los niveles de desigualdad y pobreza económica en España a lo largo del último medio siglo (1973-2021), a partir de datos de encuestas de hogares. Se analizan los principales cambios en la estructura distributiva por clases sociales y se estudia cómo ha contribuido la evolución de la desigualdad de las rentas de mercado a la de la desigualdad global y qué papel han jugado las políticas públicas de prestaciones e impuestos en la cohesión social. El último apartado recoge las principales conclusiones.

La evolución de la desigualdad y la pobreza en España

A mediados de los años setenta, la OCDE publicó uno de los primeros informes con información comparada sobre el alcance de la desigualdad en los países ricos. Su autor utilizó datos de encuestas de ingresos de distintos países y seleccionó una muestra que incluía a Australia, Canadá, Francia, la República Federal Alemana, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos (Sawyer, 1976). Aunque con algunos problemas de homogeneidad de las fuentes, los indicadores de desigualdad estimados dibujaban un panorama nítido. Los países nórdicos eran los que disfrutaban de menores niveles de inequidad gracias a la extensión de sus sistemas de impuestos y prestaciones sociales, Estados Unidos era el país donde la desigualdad era mayor y, entre el resto de los países europeos ricos, España destacaba como el más desigual por la mayor distancia entre el porcentaje de la renta disponible que recibían los hogares pertenecientes al quintil más bajo y el que recibía el 20% más rico.

Esta posición desfavorable en los rankings internacionales de desigualdad no parece haberse modificado sustancialmente. Con datos inmediatamente previos al inicio de la pandemia, España se colocaba, junto con algunos países de Europa del Este, entre los países de la Unión Europea (UE) donde la desigualdad era mayor. Esta aparente ausencia de cambios relevantes en el largo plazo resulta llamativa, ya que los instrumentos generales de corrección de las desigualdades de las rentas primarias se han extendido notablemente. Mientras que a principios de los años setenta el gasto público en España apenas excedía el 20% del PIB, en la actualidad es más del doble de ese porcentaje, correspondiendo casi dos tercios de ese gasto a protección social, esencialmente sanidad y educación. Un crecimiento similar, aunque más contenido en su nivel máximo, ha sido el de los ingresos públicos, con un amplio desarrollo de la imposición personal progresiva sobre la renta.

En general, existe cierto consenso en cuanto a que las principales razones que explican los altos niveles de desigualdad en España son su estructura productiva, con un menor peso de las ramas de alta tecnología que en los países europeos de mayor renta, el alto nivel de desempleo, la notable incidencia del trabajo de bajos salarios y el reducido tamaño del sistema de impuestos y prestaciones monetarias.

Uno de los puntos clave es que los altos niveles de desempleo en España no son el único elemento para explicar las diferencias con los países europeos de mayor renta y hoy parece más difuminado que nunca ese automatismo entre la creación de empleo y la reducción de la desigualdad. Otros elementos, como la extensión de la temporalidad y la parcialidad de los contratos, la concentración de situaciones laborales precarias en algunos hogares o la persistente debilidad del sistema de prestaciones e impuestos, han pasado a tener mayor importancia.

A partir del Gráfico 1, constatamos, en primer lugar, que la intensa crisis económica de los años setenta no dio lugar a aumentos importantes de la desigualdad, pese a que el desempleo creció rápidamente, porque su efecto fue parcialmente compensado por el notable incremento de los salarios y por el tardío desarrollo de los instrumentos básicos del Estado de bienestar, incluyendo la puesta en marcha de un sistema más ambicioso de fiscalidad progresiva. Fue en los años ochenta cuando se produjo la mayor reducción de la desigualdad de las últimas cinco décadas con la reducción de un 5,4% del índice de Gini. La reactivación de la economía en la segunda mitad de esa década, con una importante reducción de la tasa de desempleo y el notable crecimiento del gasto social hicieron que la desigualdad disminuyera, mientras que en la mayoría de los países de la OCDE se daba la tendencia contraria. Tras un cierto repunte en el primer tercio de los años noventa como consecuencia de una breve pero intensa etapa recesiva, los indicadores de desigualdad apenas cambiaron durante la etapa de bonanza económica que se prolongó hasta la crisis de 2008. Esto apunta a que el crecimiento de la actividad económica y del empleo no se tradujeron en cambios en la desigualdad de ingresos, porque factores como la extensión de la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios evitaron un reparto más equitativo del crecimiento.

Con la crisis de 2008, en cambio, la desigualdad de rentas de mercado aumentó rápidamente. El drástico crecimiento del desempleo, el incremento de las diferencias salariales cuando se derrumbó el sector de la construcción y la insuficiencia de las políticas públicas de protección de rentas que sostuvieran unos niveles mínimos de ingresos, hicieron que la desigualdad de mercado aumentara considerablemente, un 14,2% y la disponible lo hiciera hasta un 9,5% del índice de Gini entre 2005 y 2013 y que esta última lo hiciera, además, durante un largo periodo de tiempo y a un ritmo mayor que el de la mayoría de los países europeos.

Esta evolución de la distribución de la renta desde 2005 en adelante ha estado marcada por el empeoramiento de la situación económica de los hogares con rentas más bajas en relación con la mediana de ingresos. En el Gráfico 2 se presentan las grandes tendencias de la pobreza en España por grupos de edad. Al igual que la desigualdad, es entre 1980 y 1990 cuando la incidencia de la pobreza se redujo para todos los grupos sociales, y especialmente para los mayores de 64 años. Posteriormente, y a pesar de la falta de información entre 1990 y 2003, parece claro que en esos años el crecimiento de la renta mediana implicó el empeoramiento relativo de los más mayores. En contraste, en la década siguiente la incidencia de la pobreza de los mayores de 64 años se redujo intensamente, y se dividió por la mitad, pasando de un 34 a un 15 por ciento entre 2003 y 2013. Desde entonces, su situación ha empeorado progresivamente con un incremento de 5 puntos porcentuales a medida que la mediana de renta crecía entre 2013 y 2017.

En todo ese periodo la evolución de la incidencia de la pobreza en los menores de 18 años y en los adultos en edad de trabajar (18-64) fue muy distinta. La pobreza infantil creció fuertemente a partir de 1990 pasando del 20% al 26,7% en 2003 y se ha mantenido consistentemente por encima del 25% toda la primera década de este siglo con un empeoramiento importante a raíz del segundo golpe de la Gran Recesión cuando alcanzó la incidencia más alta en cinco décadas (el 30,5%, lo que supone que prácticamente uno de cada tres menores viva por debajo del umbral de la pobreza). La incidencia de la pobreza de los adultos en edad de trabajar es más baja que la de los menores, pero tiene una tendencia temporal similar, crece consistentemente entre 2003 y 2013 y es estable a niveles altos desde entonces hasta hoy.

El intenso impacto de las dos últimas crisis económicas sobre la desigualdad y la pobreza ha suscitado diferentes cuestiones sobre la recomposición de la población por grupos de renta. Aunque el principal efecto del cambio de ciclo económico ha sido el deterioro de las rentas de los hogares con ingresos más bajos, una de las cuestiones relevantes es también la extensión de las caídas de ingresos hasta capas relativamente bien posicionadas en la distribución de ingresos que apunta al empeoramiento de la situación de la llamada clase media.

Tanto desde la opinión pública como desde los propios analistas del proceso distributivo se han generalizado las representaciones del posible declive de la clase media y del hipotético aumento de la polarización en la sociedad española. Se trata de una cuestión relevante, en la medida en que el devenir de las clases medias es fundamental para la estabilidad social, como pilar del modelo económico, productivo y de consumo vigente (Ayala y Cantó, 2018; 2022).

Aunque algunas definiciones de la clase media han tratado de combinar características económicas propias de este estrato, sobre todo las relacionadas con la educación y la ocupación, se han generalizado los intentos de acotar los distintos grupos teniendo en cuenta distintos umbrales de ingresos.

Ciertamente, refutar o confirmar la idea de declive de las clases medias puede ser abordado a partir de la evolución de los distintos grupos de renta en el largo plazo. Entre los economistas se han generalizado las representaciones de las distintas clases a partir de un enfoque relativo sugerido por Atkinson y Brandolini (2013). Este enfoque toma como referencia tres grupos sociales definidos a partir de la mediana de la renta por adulto equivalente. En esta propuesta, la clase media la integrarían los hogares cuya renta equivalente se sitúa entre el 75 y el 200% de la mediana y las otras dos clases serían las determinadas por estos dos umbrales (menos del 75% y más del 200% de la mediana).

Como se puede apreciar en el Gráfico 3, desde la consolidación de la democracia hasta el comienzo de los años noventa del siglo pasado se registró un proceso de crecimiento del segmento de población con rentas medias, sobre todo el de rentas medias-bajas. Un proceso inverso fue el seguido por el grupo con rentas altas, que en los años de mayor corrección de la desigualdad fue perdiendo peso hasta llegar a un valor mínimo del 8% a comienzos de la década de 1990. La ganancia de peso de las rentas medias en el largo plazo se explica por varios factores, como el desarrollo tardío del Estado de bienestar en España, el crecimiento del nivel educativo de la población, el aumento de la tasa de actividad femenina, la mejora de algunas ocupaciones y el propio incremento de las rentas salariales. Especialmente importante, como en otros países, fue la expansión del sistema de prestaciones e impuestos, dada la mayor incidencia de las prestaciones sociales en las rentas medias y bajas y el efecto moderador de las rentas más altas que tiene la imposición progresiva. Antes de la crisis de 2008, la población con rentas medias suponía casi dos tercios del total. Como consecuencia de esta crisis, se produjo una importante caída de este peso en pocos años, paralelo al crecimiento del grupo de rentas bajas -casi uno de cada seis hogares pasó al estrato de rentas más bajas- y del segmento con mayor renta. Tal cambio afectó a las desigualdades internas en cada grupo de renta, con un importante aumento de la desigualdad dentro de los hogares con rentas medias. Ese proceso se invirtió, de nuevo, durante la recuperación previa a la pandemia, cuando se volvió a un cuadro muy similar al que había antes de la crisis.

Hay algunos rasgos sociodemográficos que diferencian también al grupo de renta media en España. En comparación con otros países, se trata de una población de mayor edad, con un menor nivel educativo, que en una proporción importante tiene que trabajar a tiempo completo para acceder a este nivel de renta y lo hace, sobre todo, a través de ocupaciones medias, a diferencia de otros países donde una parte importante de las clases medias tienen ocupaciones que pueden considerarse como de mayor cualificación y mejor remuneradas. Estos rasgos sugieren importantes diferencias intergeneracionales en España, donde parece que las generaciones que se incorporaron en las dos últimas décadas al mercado laboral han tenido menos oportunidades, debido a un estancamiento generalizado de la productividad y la pérdida estructural de calidad en el empleo. En otros países, estas generaciones más jóvenes han tenido mejores oportunidades para acceder a las rentas medias.

España presenta algunas singularidades en la distribución de la población según el nivel de renta en 2019 (un 35% en el estrato de rentas bajas, un 59,6% en el segmento intermedio y un 9,0% en el grupo de renta alta). Esa segmentación se aleja notablemente tanto de la de los países nórdicos como de la de los países centroeuropeos, donde las clases medias (y especialmente las medias-bajas) tienen una dimensión mayor. De los países de mayor renta, solo en Estados Unidos las rentas medias tienen un peso inferior, levemente superior al 50% de la población. El hecho que más determina la diferente extensión en cada país de las rentas medias es la combinación entre un segmento de rentas medias-bajas extenso y un estrato de rentas medias-altas más contenido. Dentro de esta caracterización, España se sitúa más cerca de los modelos anglosajones que de los centroeuropeos y nórdicos, por el limitado peso del estrato de rentas medias-bajas (34,8% del total). En contraste con otros países en los que ese estrato supone más de un 40% de la población como en Alemania o Francia (un 42% en Alemania y un 45% en Francia en 2019). Este grupo de renta medio-baja fue el que más sufrió durante la Gran Recesión reduciendo su tamaño poblacional a favor del de las rentas bajas, lo que supuso que en 2013 su peso poblacional cayese hasta el 31%, siendo superado, por primera vez en varias décadas, por el del grupo de rentas más bajas (33%).

El papel de las políticas públicas para reducir la desigualdad y la pobreza

Una amplia literatura económica ha tratado de identificar los elementos que contribuyen al mayor nivel de desigualdad de ingresos en España y la falta de simetría en su evolución en periodos de expansión y recesión. Salvo en la profunda y prolongada crisis de los años setenta del pasado siglo, en todos los períodos de contracción de la economía la desigualdad creció considerablemente. Este aumento se relaciona, sobre todo, con cambios estructurales en los factores que determinan la distribución de las rentas primarias, especialmente aquellos de tipo tecnológico, comercial e institucional. Común a todos ellos es la creciente internacionalización de la economía, que ha aumentado la presión sobre la capacidad competitiva de cada país. Estos cambios también han afectado a las características del ciclo económico y la capacidad redistributiva de las políticas públicas.

La desigualdad en la distribución de las rentas del trabajo y de capital, las rentas primarias, es elevada en el caso de España debido a las características de la estructura productiva. En ella, destaca el alto peso de las actividades de bajo contenido tecnológico que no requieren de empleados de alta cualificación y favorecen, por tanto, relaciones laborales marcadas por la temporalidad y la parcialidad, sobre todo en las fases de ralentización de la actividad económica. En las etapas expansivas, sin embargo, con la excepción de los años ochenta, la desigualdad disminuyó solo levemente.

Del conjunto de rentas que reciben los hogares, las del trabajo asalariado son, por su dimensión, las que más contribuyen a la desigualdad de las rentas primarias en España. Sin embargo, son las rentas del trabajo por cuenta propia y las rentas de capital las que se distribuyen más desigualitariamente. España es, de hecho, uno de los países de la Unión Europea donde la desigualdad en las rentas de capital es mayor. Algunos trabajos han estimado un aumento importante en varios países de la importancia de la desigualdad en estas rentas para explicar la desigualdad total desde mediados de los años ochenta.

La contribución a la desigualdad de las rentas del trabajo dependiente tiene un cierto componente cíclico. Aumentó durante la crisis de 2008 y disminuyó, aunque moderadamente, en los años posteriores. La razón de este comportamiento es la alta sensibilidad al ciclo económico de sectores, como el de la construcción, donde el salario total depende más de las horas trabajadas que del salario por hora. En las etapas expansivas, los trabajadores de estos sectores experimentan una importante mejora de unas rentas que, en otra situación, serían sensiblemente inferiores.

Como se puede ver en el Gráfico 4, el desarrollo y mejora de algunos instrumentos básicos del Estado de bienestar en las últimas décadas del siglo pasado (mejora de las pensiones contributivas, extensión del impuesto directo sobre la renta, mejora de las prestaciones por desempleo) dio lugar a importantes aumentos de la capacidad de corrección de la desigualdad y la pobreza, pero su impacto redistributivo mejoró muy poco entre 1990 y 2005. Claramente, los estabilizadores automáticos (prestaciones por desempleo e impuestos) impulsaron su capacidad de reducción de la desigualdad y la pobreza entre 2005 y 2013, para moderarse después hasta la nueva crisis de 2020, en la que de nuevo las políticas públicas rápidamente aumentan su capacidad de reducir la desigualdad en 1,5 puntos porcentuales. Así, aunque el alcance del sistema de impuestos y prestaciones no consiga evitar que los aumentos de la desigualdad de las rentas primarias se traduzcan en incrementos de la desigualdad de la renta disponible en las fases recesivas, su efecto de colchón es muy importante.

En 2020, advertimos que el sistema aumentó especialmente su capacidad de reducción de la pobreza, lo que subraya la mejora en la capacidad de amortiguar las pérdidas de ingresos de la cola más baja de la distribución. Esta mejora puede estar ligada a los efectos económicos de los ERTE y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva política estatal focalizada sobre el 10% más pobre y que está dirigida a la población más pobre que en algunas CCAA no recibía una renta mínima o que la que recibía era muy baja. Es esperanzador ver que la capacidad redistributiva del sistema se mantiene en 2021 por encima de la de los años previos a la pandemia.

Conclusiones

Uno de los problemas sociales y económicos más importantes de España es el alto nivel de desigualdad en la distribución de ingresos. Es una situación que persiste en el tiempo y que nos hace más vulnerables a posibles shocks económicos adversos. El análisis de las tendencias muestra que para reducir el problema no es suficiente con que la economía alcance niveles altos de crecimiento, dado que la estructura productiva y las características de las ocupaciones y de nuestro mercado de trabajo tienden a generar empleos de bajo salario, además de una mayor extensión del desempleo. España es, además, uno de los países europeos con un sistema de impuestos y prestaciones de menor capacidad redistributiva de la Unión Europea.

Esas características estructurales hacen que cuando la economía decrece la desigualdad aumente mucho, normalmente por la vía de un rápido incremento de hogares con rentas bajas y la caída del peso relativo de los hogares con rentas medio-bajas. En estas circunstancias, los efectos que cabe esperar de los shocks son, fundamentalmente, un aumento de la desigualdad y de la pobreza severa, especialmente en los hogares con menores, con el riesgo de que, como sucedió en recesiones anteriores, sus consecuencias se hagan endémicas.

Cualquier intento de rebajar los altos niveles de desigualdad en España pasa por modificar la distribución de las rentas que reciben los hogares antes de la intervención del sector público. Sin cambios en la estructura productiva será difícil moderar las diferencias actuales. Existe margen, en cualquier caso, en el ámbito de la regulación, con instrumentos que moderen el efecto desigualador de las rentas del capital o mejoren los salarios más bajos como caminar hacia la eliminación de la dualidad en la tributación del impuesto sobre la renta, los aumentos del salario mínimo y la mejora de las modalidades de contratación o, a más largo plazo, las políticas educativas, que pueden tener un papel relevante en la mejora de la distribución.

Además, España es uno de los países de la Eurozona con una menor capacidad redistributiva del sistema de prestaciones e impuestos. Para reducir ese diferencial es necesario aumentar el tamaño (y en algunos casos la progresividad) del sistema fiscal y extender la protección no contributiva, especialmente la dirigida a los jóvenes y a los hogares con menores. Esas políticas deberían incluir tanto a los hogares con rentas inferiores al umbral de pobreza como a los altamente vulnerables que forman parte de la clase media-baja. Para moderar las diferencias de los efectos de las expansiones sobre la desigualdad, muy modestos, y de las recesiones, con un gran impacto, resulta necesaria la extensión de los instrumentos contracíclicos. Los primeros resultados que permiten valorar el efecto de las políticas más recientes apuntan a que tanto los ERTE como el Ingreso Mínimo Vital podrían estar detrás del aumento de la capacidad de las políticas públicas de reducir la pobreza a partir de 2020, lo que podría contribuir a evitar la cronificación de la inseguridad y vulnerabilidad económicas ligadas a esta última crisis.

Bibliografía

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6. Cantó, O. (2019): Desigualdad, Redistribución y Políticas Públicas: ¿hay una brecha generacional?”, ICE, Revista De Economía, (908).
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11. OCDE (2018): A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264301085-en
12. OCDE (2019): Under Pressure: The Squeezed Middle Class, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/689afed1-en
13. Sawyer, M. (1976): Income distribution in OECD Countries, OECD Economic Outlook, Paris: OECD.

Conclusiones

1. Se está produciendo un cambio en la estructura poblacional caracterizado por la disminución de la población infantil y juvenil y por el aumento de la población de mayor edad, lo que se conoce como Reto Demográfico. A este cambio hay que añadir el asociado a la afluencia de inmigrantes.
2. La caída de la natalidad en los últimos cincuenta años no garantiza el reemplazo generacional.

El número de nacimientos se ha reducido en más del 50%; la Tasa Bruta de natalidad ha pasado del 20,3‰ a 7,3‰; el Indicador Coyuntural de Fecundidad de 3,09 hijos/as por mujer a 1,22. La histórica reducción de la mortalidad infantil conlleva, a su vez, la del número de hijos/as procreados, con el consiguiente descenso de la natalidad.

3. El crecimiento natural de la población es negativo desde 2019, superando el número de defunciones al de nacimientos.

Esto tiene importantes repercusiones sociales y económicas en la atención a las personas mayores, la alteración del mercado de trabajo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y, el papel que cumple la inmigración en este contexto.

4. Existen barreras que influyen en el retraso o inexistencia de un proyecto de maternidad/paternidad, y están directamente relacionadas con factores económicos, sociales y culturales que están provocando precariedad laboral, e incertidumbre de futuro, a lo que hay que añadir el escaso apoyo institucional a las responsabilidades de la crianza.
5. Hay un claro desajuste entre las aspiraciones reproductivas y los hijos/as que se tienen. Cómo pone de manifiesto la Encuesta de Fertilidad, el número de hijos deseados supera al de los alumbrados. Es significativo, además, el aumento de la edad en que las mujeres tienen el primer hijo: nacen más niños/as de madres mayores de 40 años que de menores de 25.

Propuestas

1. Desarrollar medidas que, implicando a las distintas administraciones públicas, tengan como objetivo reducir la brecha existente entre la deseabilidad y la realidad reproductiva:
   1. Impulsar la creación de empleo juvenil de calidad, especialmente femenino.
   2. Facilitar el acceso a la vivienda.
   3. Ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral mediante adaptación de las jornadas, teletrabajo, permisos de crianza, etc.
   4. Propiciar la integración de inmigrantes, tanto por justicia social como por su importante significación demográfica, social y económica.
   5. Incentivar la solidaridad social respecto a la crianza de niños/as en espacios vecinales.
2. Fomentar en todos los ámbitos de la sociedad la cultura de la corresponsabilidad del cuidado.
3. Legislar desde las distintas administraciones para reducir la presión de los cuidados sobre una red familiar cada vez más limitada. Especialmente con el impulso y mejora de la normativa sobre la Ley de Dependencia y otras ayudas para los cuidados de personas mayores o con problemas para llevar una vida autónoma.
4. Adoptar y favorecer el cumplimiento por parte de las empresas de las normas establecidas sobre conciliación familiar y cuidados de personas dependientes.
5. Analizar y priorizar, por parte de las Administraciones, las medidas asociadas a la situación específica de las parejas vulnerables.
6. Apoyar la integración de inmigrantes, tanto por justicia social, como por su significación demográfica, social y económica.
7. Incentivar la solidaridad social respecto a la crianza de niñas y niños en los espacios vecinales.

Conclusiones

1. El espacio público debe estar al servicio de las personas de todas las edades, especialmente de niñas y niños, priorizando a las personas antes que a los vehículos.

La ciudad debe ofrecer el espacio público al servicio de las personas, especialmente de los niños y las niñas que lo necesitan para desarrollarse como personas autónomas.

2. El espacio público es necesario para el desarrollo personal de los niños y niñas a través del juego y de la actividad no supervisada por adultos.

El juego no supervisado por los adultos es necesario para el aprendizaje y para el desarrollo personal desde las primeras etapas de la infancia.

La ocupación del espacio público por los niños y por las niñas es necesaria para que tengan la oportunidad de aceptar o transgredir las normas de forma autónoma y autorregulada, aprendiendo las consecuencias.

Los niños necesitan salir solos a la calle, ir solos al colegio, salir solos para jugar, para relacionarse con otros niños con sus diferencias, con otras personas diferentes y la ciudad debe permitirlo y facilitarlo.

3. Una ciudad que es buena para los niños es buena para todos.

La presencia de niños y niñas solas en la calle es un indicador de la calidad y del estado de salud de una ciudad.

4. El miedo de padres y cuidadores no debe limitar el desarrollo autónomo de los niños y niñas.

Hay que superar los miedos de los padres y madres reduciendo los riesgos y ordenando adecuadamente la ciudad.

5. La transformación de la ciudad poniendo las prioridades de las personas por delante de otros intereses es posible, se ha hecho y se está haciendo.
6. Adaptar la ciudad a las personas es compatible con usos comerciales del espacio público, regulado mediante normas y ordenanzas establecidas al efecto.

Propuestas

1. Transformar el espacio público como espacio de encuentro, de actividades socioculturales y de disfrute de los niños, poniendo siempre a las personas por encima de otros intereses.
2. Reducir el espacio dedicado a los vehículos, desplazando el tráfico prescindible, implantando modelos de plataformas únicas con preferencia peatonal, adecuando las velocidades de paso y priorizando el uso y ritmo peatonal.
3. Facilitar el acceso a viviendas asequibles de precio regulado atendiendo a los ingresos y capacidades económicas, a familias en situación o en riesgo de vulnerabilidad y canalizar la ayuda a través de entidades públicas.
4. Desarrollar programas de alquileres públicos de viviendas asequibles.

Garantizar el seguimiento y apoyo social de las familias en situación o en riesgo de vulnerabilidad, mediante un proyecto grupal y comunitario de desarrollo global (social, educativo y laboral).

5. Coordinar la interacción de todas las administraciones y especialmente entre las distintas áreas y servicios de ámbito local, no sólo de una concejalía con competencias, en un planteamiento integrador que supere las propias áreas de movilidad, tráfico o urbanismo.

Conclusiones

1. La vivienda es un recurso público y un bien básico para la vida; un derecho fundamental equiparable a la sanidad o la educación, con el consiguiente reflejo presupuestario que ello debe conllevar.
2. El incremento del precio del alquiler puede tener graves efectos; tales como situaciones coyunturales de vulnerabilidad habitacional que afecta incluso a familias insertadas en el mercado laboral con ingresos limitados y, limitación en la rotación del parque público de viviendas por la gran diferencia entre las rentas de alquiler pública y privada.
3. Frente a la vulnerabilidad habitacional, es necesaria la coordinación entre los sistemas públicos de vivienda, el sistema judicial y los servicios sociales; siendo ésta una clave fundamental para atender las situaciones de vulnerabilidad y poder crear alternativas habitacionales adecuadas a las necesidades de las familias y en especial de los menores de edad.
4. Es manifiesta la relevancia del Tercer Sector como colaborador con las administraciones públicas, para poder llegar donde la acción directa de los fondos públicos no lo hacen.

Propuesta

1. Desarrollar una atención integral e interdisciplinar a la vulnerabilidad habitacional, evitando dar respuesta única y exclusiva a las situaciones de urgencia o emergencia y generando soluciones a largo plazo que atiendan a las necesidades reales de las familias.
2. Mejorar la normativa que regula el acceso a vivienda pública a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas, incluyendo cupo específico de familias con menores a su cargo.
3. Motivar para el cumplimiento de las normativas específicas en materia de vivienda, que ofrezcan a las familias respuestas sólidas y estables, evitando la continuas prorrogas legislativas.
4. Incremento de la partida presupuestaria de las administraciones públicas destinada a familias en situación habitacional de vulnerabilidad.

Conclusiones

1. La población infantil y juvenil extranjera en Andalucía asume mayores tasas de abandono escolar temprano, pobreza, carencia material severa y exclusión social que en el resto de España, a pesar de ser sensiblemente inferior en porcentaje.

Según el INE en 2022 había en España 776.507 menores de 15 años extranjeros, lo que significa el 12% de los menores de 15 años. Si sumamos a los hijos de extranjeros nacionalizados, podemos estimar razonablemente que estaríamos por encima del 15 %.

La población extranjera menor de 18 años en Andalucía supone el 10,37% frente al 15,24% en el conjunto España. (OIA 2023).

En Andalucía, el porcentaje de alumnado extranjero en primaria y secundaria (6,3% y 5,7%) es sensiblemente menor que en el conjunto de España (10,5% y 8,9% respectivamente). (OIA 2023).

El abandono escolar temprano de la población extranjera se sitúa en el 44,5%, frente al 21,8% en el conjunto de la población escolarizada.

2. Las familias con padres y madres extranjeros asumen mayores niveles de desigualdad.

Soportan una Tasa de pobreza y exclusión social del 71,6% y una Tasa de carencia material y social severa del 26,8%. (ECV 2023).

3. Los movimientos migratorios deben ser considerados como una oportunidad de la sociedad para mayor enriquecimiento en todos los sentidos, no como una amenaza.

La migración es una realidad que puede formar parte del largo ciclo vital de cualquier persona, en el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

4. La gestión de la migración, y más específicamente la de las personas de menor edad es un problema europeo, y no atañe a un solo territorio.

De igual modo no puede recaer en una Comunidad Autónomas, por solidaridad y por mandato legal es necesario un reparto justo y equitativo en el conjunto de nuestro Estado.

Hay que tener presente que un niño o una niña migrante es, ante todo, un niño o una niña.

5. La implementación de políticas públicas a través de subvenciones al Tercer Sector, a veces puede constituir una amenaza entre Entidades, en la medida en que se establecen espacios de competencia por los recursos.

Propuesta

1. Impulsar marcos institucionales de alianza y de coordinación, como espacios y mecanismos a aprovechar por las administraciones, entidades y ciudadanía para revertir la situación de desigualdad que padece la población infantil y juvenil extranjera en nuestro territorio; tales como:
   • Estrategia de Inmigración de Andalucía 2021-25.
   • III Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2024-27 (próximo a su aprobación).
   • I Plan para la Erradicación de Asentamientos Informales (en elaboración).
2. Avanzar en las alianzas entre el Tercer Sector y la Administración para la implementación de las políticas públicas, siendo a la Administración a quien corresponde liderar sin ceder su responsabilidad; participando las Entidades en la toma de decisiones con espíritu crítico, reflexivo y constructivo. Asimismo, las entidades deben exigir, denunciar y tener incidencia política.
3. Evitar que la implementación de las políticas públicas a través de subvenciones al Tercer Sector suponga una delegación de responsabilidades de las Administraciones, y que nos lleve a espacios de competición entre Entidades.
4. Poner el acento en aquellos focos de exclusión donde interseccionan varios factores de exclusión; como es el caso de los asentamientos urbanos y los asentamientos temporeros.

Es una realidad inasumible en la actualidad; si bien hay iniciativas de resolución en las que tienen un papel de colaboración las entidades del Tercer Sector, pero sin olvidar la voz de los propios migrantes, olvidarlo es avocar en el fracaso de las intervenciones.

5. Avanzar sobre las experiencias de buenas prácticas en relación a Ucrania. Serían aplicables a otras circunstancias en que las personas no son blancas y del contexto europeo.
6. Reivindicar el desarrollo de políticas públicas con los recursos necesarios y de calidad.

Conclusiones

1. La infancia no es homogénea en referencia a la salud mental. En los cuadros diagnósticos no aparece la infancia desfavorecida debido a que se toma como referencia la población de clase media.
2. El suicidio, como problema de salud mental, tiene una elevada prevalencia en la población general y en la infanto-juvenil, con tendencia creciente en los últimos años.

Es la primera causa de muerte violenta. Incremento del 32,35% entre 2019 y 2022. En adolescentes la distribución por sexo H/M se ha modificado de 3:1 a comienzo del 2000 a 1:1 en la actualidad.

3. En todos los comportamientos suicidas están presentes las 3D.

Dolor inconmensurable, Desesperanza y Desvinculación de los demás y de los propios proyectos. Quienes tienen una conducta suicida no quieren dejar de vivir, sino de sufrir.

4. No podemos ver el suicidio como algo asociado a la enfermedad mental, del modelo biomédico hay que dar paso a modelos más contextuales y fenomenológicos.

La Salud viene más determinada por factores sociales (precariedad, maltrato, abuso, dinámicas familiares gravemente disfuncionales,...). Los daños adversos tempranos (experiencias adversas) en la infancia predicen el sufrimiento en la infancia y etapas posteriores.

5. El acceso a internet es un factor de riesgo para la salud mental de los menores de edad.

Consumo de pornografía, ciberacoso, exigencia de imagen corporal y autoestima.

6. La salud mental se juega en las distancias cortas.

Es necesario saber escuchar el sufrimiento en las miradas, en los silencios, en las ausencias.

Propuestas

1. Visibilizar el tema del suicidio, no ocultarlo, pero publicarlo en el apartado de Salud y no en el de sucesos.
2. Tener una visión comunitaria y desarrollar un trabajo multidisciplinar en red, aumentando la coordinación y comunicación en el triángulo centro educativo, centro de salud, centro de servicios sociales.
3. Abordar el suicidio desde una responsabilidad compartida por los diferentes sectores profesionales de las actuaciones dirigidas a la promoción de la salud y el bienestar mental, a la prevención de dificultades emocionales, así como participar en la recuperación y el tratamiento integral de los problemas de salud mental; independientemente de los profesionales y equipos especializados que deben dar una asistencia accesible y de calidad a los problemas de salud mental de las personas menores de edad.
4. Facilitar la incorporación de especialistas en Psicología Clínica en el ámbito de los Equipos de Orientación, considerando a la escuela como lugar estratégico de concienciación, con protocolos de actuación para la prevención del riesgo de suicidio y programas de bienestar emocional.
5. Formar en salud mental a pediatras y profesores para la detección precoz, manejo inicial y posible derivación a servicios especializados en salud mental. Para poder ver hay que saber mirar a los niños y a su salud mental.
6. Incrementar las inversiones públicas en salud mental, aumentando la dotación de personal y la disponibilidad de recursos.

Conclusiones

1. El uso de internet puede suponer una oportunidad para la comunicación y un riesgo para el desarrollo integral de NNA.

El uso de internet por los NNA es un entorno natural y les ofrece oportunidades en vías de comunicación, relaciones y contactos, ocio y juegos. Pero a la vez, suponen riesgos para ellos si son mal utilizados y puede convertirse en una puerta de entrada a contenidos inapropiados para su desarrollo integral.

2. El uso inadecuado de internet puede tener graves consecuencias a corto plazo para su integridad física, mental y social.

Los NNA pueden verse envueltos en contenidos violentos, mensajes que incitan a las autolesiones e incluso al suicidio, visualizar pornografía, o en una amenaza de explotación sexual y abuso sexual en línea, cuando aún son personas que están en proceso de desarrollo.

El acceso al consumo de pornografía en NNA es alarmante y la edad va entre los 8 a los 17 años. En España según estudio realizado por Save the Children, la edad media de inicio del consumo de pornografía es a los 11 años.

3. Se ha modificado el patrón de trastornos de salud mental en NNA, en relación con nuevos códigos sociales.

Actualmente han cambiado las enfermedades mentales en los niños, niñas y adolescentes. Las tres principales son:

1. Trastorno límite de personalidad, en su mayoría de 16 a 18 años con conductas muy sexualizadas.
2. Trastornos alimentarios.
3. Trastornos del comportamiento.

Esto nos indica que la sociedad actual está inmersa en una carencia de límites, relaciones poco consistentes y poco compromiso; cuestiones importantes y que son necesarias para el desarrollo infantil.

4. A través de internet se puede convertir a los NNA en consumidores de pornografía o en agresores, con consecuencias para su salud mental.

Las diferentes formas de violencia sexual y el consumo de pornografía a través de internet y tecnologías de relación y de comunicación social, pueden tener consecuencias en su comportamiento y están corriendo un riesgo enorme para su desarrollo futuro; tales como aumento de impulsividad, se vuelven inestables e imprevisibles, teatralidad, seducción, manipulación, exhibicionismo, superficialidad, conducta lábil, vanidad y narcisismo, demandante de experiencias.

5. Necesidad de potenciar y favorecer los factores protectores en el uso de las redes y las nuevas tecnologías.
6. Se suscitan dos controversias sobre cuestiones que deben ser objeto de seguimiento y valoración:
   1. Sobre el uso de Google en las aulas.
   2. La necesidad de utilización del móvil por hijos e hijas de parejas separadas. Para tener contacto con uno de ellos se les facilita el móvil a edades muy tempranas y esto puede llevar a que su uso no sea adecuado.

Propuestas

1. Adoptar un marco legal de protección de NNA frente a los riesgos de las tecnologías de relación y de comunicación social.

Se requiere realizar, desde el marco de la protección a la infancia y adolescencia, regulaciones legislativas en el uso de las tecnologías durante la infancia, tales como ha hecho el gobierno francés en el uso de internet:

• Tener más de 11 años para tener un móvil sin internet.
• Tener más de 13 años para tener un smartphone sin acceso a redes sociales.
• Tener más de 15 años para poder acceder a “redes éticas” creadas específicamente para menores.
• A partir de 18 años acceso libre a Instagram o TikTok.

En resumen retrasar a los 18 años lo que algunos están haciendo ahora a los 8 o 9 años.

2. Establecer una buena educación sexual desde la familia y en el centro educativo. No es de recibo que los NNA aprendan por internet lo relativo a la sexualidad.
3. Ofrecer educación afectivo-sexual adaptada a la edad, en igualdad de género y diversidad dada por la familia y por profesionales formados y especializados; y siendo responsables de que esta es una tarea fundamental en la educación de las personas menores de edad.
4. Formación de profesionales para que puedan realizar un acompañamiento a las familias, reforzando y apoyando el rol de los progenitores, a través de competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo adaptativo y funcional de sus hijos e hijas.
5. Desarrollar el pensamiento crítico de NNA mediante talleres y grupos de discusión en concordancia con la edad para ayudar a los NNA a que tengan, a compartir sus dudas y curiosidades, pero siempre con un referente adulto de su confianza.

Conclusiones

1. A veces, las convocatorias de subvenciones a entidades del Tercer Sector suponen un factor competitivo y pueden llevar a entorpecer la colaboración entre las mismas; frente a la necesidad de desarrollar políticas que faciliten y favorezcan la mayor colaboración.

Es necesario establecer estrategias y canales para la colaboración, con el objetivo fundamental de alcanzar el bienestar de las personas, que sólo es posible si la atendemos desde una perspectiva integral y holística.

2. La intervención social precisa de la actuación integrada de todos los agentes que influyen en ella: Entidades del Tercer Sector, profesionales de las Administraciones, de los servicios públicos y del voluntariado.

Sin una política integrada, la intervención social aislada de cada entidad no es capaz de abarcar toda la realidad social.

Debe partir desde la definición de roles de cada agente, es decir dónde empiezan y acaban las responsabilidades de cada uno, y en qué partes será de forma conjunta.

3. El empleo supone una herramienta para dignificar a las personas y fomentar su autonomía, haciendo que dejen de ser dependientes de un sistema de prestaciones.

Son necesarias políticas y canales que posibiliten los procedimientos para insertar socio laboralmente a personas en exclusión social o en riesgo de estarlo.

Para la creación de estos canales y estrategias, es necesario que tanto profesionales como políticos/as se lo crean, porque es la única forma de trasladar la motivación a la ciudadanía.

4. El marco de inserción socio-laboral de la familia incide de manera importante en la infancia, ya que es una etapa crucial tanto en el desarrollo cerebral, como en la adopción de los rasgos de personalidad, en el carácter y en el proceso de socialización de niños y niñas.

Tiene importancia la inclusión de padres y madres desde la perspectiva sociolaboral, para evitar que en un futuro se repitan patrones de exclusión y para que en el hogar puedan ser cubiertas las necesidades básicas sin ser dependientes de prestaciones.

No podemos seguir practicando la asistencia social y poniendo parches simplemente, sino que es necesaria esa visión preventiva.

Propuestas

1. Establecer estrategias y canales para la colaboración entre los diversos agentes implicados, con una perspectiva integral y holística.
2. Desarrollar políticas y canales que posibiliten la inserción socio-laboral de personas en exclusión social o en riesgo de estarlo, con prioridad si tienen personas menores de edad a su cargo.
3. Adoptar una posición activa y convencida por parte de los profesionales y responsables políticos en la aplicación de las estrategias y medidas de inserción laboral, trasladando esta motivación al conjunto de la ciudadanía.
4. Asegurar la inclusión de padres y madres desde la perspectiva socio-laboral, satisfaciendo las necesidades básicas sin ser dependientes de prestaciones.
5. Trabajar desde una visión preventiva, no quedándose en la práctica de la asistencia social y la aplicación de simples parches.

Conclusiones

1. Desde la mirada sindical es importante considerar la necesidad y la demanda de un trabajo de colaboración interinstitucional entre sindicatos y la Inspección del Trabajo.
2. Existe legitimidad sindical para la participación y colaboración en la creación de la normativa jurídica.
3. Un enfoque de interculturalidad puede mitigar problemas sociales y laborales, desde las administraciones locales.

Propuestas

1. Desarrollar un programa de colaboración entre Sindicatos y la Inspección de Trabajo para resolver los problemas laborales de las trabajadoras del hogar y de las cuidadoras; con el objeto de articular acciones para la reivindicación de sus derechos laborables que son los más vulnerables.
2. Normalizar la participación y la colaboración sindical en la creación de la normativa jurídica, basada en el conocimiento de la realidad en la que viven los trabajadores y poder así lograr anteproyectos de ley más objetivos.
3. Articular acciones con los Ayuntamientos desde una ventana abierta a la inteculturalidad, al ser el primer contacto de la ciudadanía con la Administración Pública.

Ignacio Gómez de Terreros

Coordinador del Foro Profesional por la Infancia de Andalucía.

Ante todo, agradecer la presencia de Dña. Margarita Guerrero Calderón Directora General del Instituto de la Juventud (INJUVE). Ministerio de Juventud e Infancia, con el ruego que le haga llegar a la Sra. Ministra Dña. Sira Rego, el resumen de las conclusiones y propuestas que han sido recogidas por los relatores, durante el desarrollo del encuentro y, a Dña. Rosa María Siverio Pérez, Directora General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente del Ayuntamiento de Sevilla, que igualmente nos acompaña en el acto de clausura. Presencias, que revelan el interés de las administraciones por eventos de debates interdisciplinario como el presente.

En mi despedida a nuestra conferenciante la Profª Olga Cantó, le pedí que como complemento a su magistral conferencia y en el contexto que compartimos, “de los datos a la acción”, cuales serían sus prioridades de repuestas.

Reflexionando sobre ¿QUÉ SOCIEDAD QUEREMOS? nos refiere cuatro puntos prioritarios:

1. Política clave, comedores escolares públicos gratuitos en todos los colegios e institutos con apoyo escolar por las tardes, clave para familias que no les pueden ayudar.
2. Financiación educación 0-3 años pública para que sean gratuitas o casi para el 50% más pobre.
3. Apoyo económico y de vivienda para clases medias bajas, no solo las bajas.
4. El Gobierno central debería unir IRPF y sistemas de prestaciones, para llegar a todos los que lo necesitan, ajustando bien para que no surja la guerra civil entre clases bajas y medias-bajas que confunden de dónde vienen sus problemas.

Nos hace una última reflexión en relación a la mesa sobre Salud mental, indicándonos que para ella son cruciales las denominadas “tres d” (desesperación, desaliento, desánimo), considera que la desesperanza es la peor, la falta de esperanza en las mejoras de sus hijos.

Me permito añadir una muy personal mía, fruto de mi larga experiencia profesional. Hay que cuidar al cuidador. Muchas veces enfrentados a labor frustrantes y dolorosas que le sobrepasan, estrés profesional que nos llevamos a nuestras casas y que en la literatura científica se conoce como “burnout”, “el profesional quemado”. Incido en ello, dada la importancia preventiva y de repuesta que debemos tener muy presente y que no se ha mencionado durante el encuentro.

Otro punto señalado por Olga y que continuamente reitero en todas las ocasiones que se me presentan es la de la etapa de 0-6 años, dada que la misma es clave en el desarrollo de la personalidad del niño. La verdadera prevención hay que comenzarla en las Escuelas Infantiles (anteriores guarderías), periodo en que las familias están más predispuestas a recibir aportaciones de los profesionales para su parentalidad positiva. Si esperamos a la adolescencia ya es tarde. De ahí el punto 2 que nos señala la profesora Cantó.

Es para mí una gran satisfacción que el primero y principal objetivo de los encuentros de primavera, como ocurrió en el del 2023, está plenamente conseguido. La repuesta profesional de los más diversos ámbitos relacionados con el bienestar infantil, el conocernos, el intercambiar ideas y dificultades. La necesidad de trabajo coordinado, colaborativo, entusiasta y tenaz si queremos obtener resultados. En mi experiencia profesional tanto en la etapa de la “Casa Cuna”, como del Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, el trabajo colaborativo y de confianza con la fiscalía, trabajo interdisciplinario de equipo y con las asociaciones, los contactos fluidos con la administración, han conllevado una gran rentabilidad.

Se hace preciso una mirada de corresponsabilidad profesional, institucional y comunitaria, que permita reducir la brecha existente entre responsables institucionales y activos profesionales y sociales. Que los que tienen que tomar decisiones, lo hagan con un claro conocimiento de la realidad, que los profesionales de primera fila tenemos que aportarles. No solo de trasmitir, sino acompañarlas de sugerencias y propuesta, como la que vamos a realizar cuando por el comité organizador se valide el documento de conclusiones y propuesta fruto del encuentro. Corresponsabilidad colaborativa de doble dirección. de abajo a arriba y de arriba a abajo, dentro del espíritu colaborativo señalado, que conlleva actitud de escucha.

Otro tema a incidir es el del relevo generacional. Lo estamos llevando a plena satisfacción en el denominado a nivel nacional, como “grupo Sevilla” de la Sociedad Española de Pediatría Social de la Asociación Española de Pediatría. Los Profesionales jubilados y los prontos a la jubilación, deben tener muy claro la importancia de favorecer el relevo generacional con mirada de futuro. Ahora le toca a ellos y a nosotros nos corresponde apoyarlos, mostrarle nuestra disponibilidad y abrirles las puertas que le faciliten su labor. No cerrarles el camino.

El primer encuentro lo titulamos “Abriendo camino hacia un nuevo Contrato Social”, el actual en línea de continuidad “Caminando hacia un nuevo contrato social”, camino a recorrer en una administración desesperantemente lenta y burocrática que nos lleva a la frustración y desesperación. Cuando la actual vicepresidenta 1ª, la ministra Dña. María Jesús Montero, en su etapa de Consejera de Salud de nuestra Comunidad Autónoma me pidió impartiera la conferencia conmemorativa del 25 aniversario del programa materno- infantil, le indiqué que dada mi actitud crítica reconsiderara la propuesta, pero me insistió y acepté. Lógicamente en su preparación investigué todo lo realizado en dicho periodo. Os puedo asegurar, y así lo expuse, que no era consciente de los pasos que se habían dado en dicho periodo. Por supuesto que hay que ser muy tenaz y afrontar las dificultades con constancia, sin desesperanza, con reisiliencia y ser consciente de los avances que se van produciendo, para nunca caer en el desánimo. “Lo posible está hecho, lo imposible se hará.”

El éxito de los dos encuentros, ha dejado claro su gran rentabilidad y nos anima a continuarlos en el futuro.

Rosa María Silverio Pérez

Directora General de Barrios Preferentes y Servicios Sociales.

Buenas tardes.

En primer lugar agradecer la invitación al Foro Profesional por la Infancia de Andalucía y en especial a Ignacio Gómez de Terreros por crear espacios tan importantes como éste y por generar entusiasmo, motivación y toma de consciencia con la infancia más vulnerable. Gracias, además a todas y todos los profesionales de entidades públicas y privadas que trabajan por el bienestar de los niños y las niñas.

Por otra parte, quisiera trasladaros el saludo del Delegado D. José Luis García Martín del Área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, que no ha podido estar hoy aquí por motivos de agenda. Sin embargo, quiere trasladaros su enhorabuena por esta iniciativa.

En este periodo que llevamos trabajando, como nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, en el ámbito de los Servicios Sociales, estamos avanzando en la mejora de la atención a las personas menores de edad como sujetos de derechos, y para ello estamos poniendo en marcha las siguientes medidas:

Estamos sensibilizados con dar valor al trabajo interdisciplinar llevado a cabo, tanto de los Equipos Básicos de Intervención en un primer nivel de atención como en un segundo nivel más específico y especializado de los Equipos de Tratamiento Familiar, formados por las tres figuras fundamentales de la Educación Social, el Trabajo Social y la Psicología. Es clave devolver el valor del trabajo interdisciplinar con la infancia y adolescencia y sus familias para poder abordar problemas y dificultades que puedan presentar de una forma integral.

La interdisciplinariedad conlleva, pues, una mirada compartida y requiere de una cohesión en estos equipos para dar respuestas adecuadas y eficaces en las situaciones de riesgo y/o desprotección que se puedan dar en las personas menores de edad. No olvidemos que estas situaciones son una competencia propia de los Servicios Sociales Comunitarios.

Hemos creado por primera vez en el Ayuntamiento de Sevilla una Sección específica de Menores y Familia, encabezada por Reyes Casares, para centralizar y formalizar el trabajo con este sector de población desde la promoción, prevención, e intervención. Desde los Servicios Sociales Comunitarios en esta Sección van a estar representadas las tres figuras profesionales antes mencionadas, necesarias para la planificación de actuaciones dirigidas a las personas menores de edad.

Consideramos que tenemos que situar a la persona y su contextos de desarrollo en el centro de la Intervención Social.

Estamos trabajando también, por incrementar la dotación de personal en los Servicios Sociales Comunitarios, a pesar de las limitaciones legales que tenemos.

Por otra parte, en materia de vivienda y asentamientos, que es otra problemática que consideramos muy importante, estamos avanzando también en todo lo expuesto anteriormente por nuestra compañera Victoria Rodriguez, y a través de los dos equipos de intervención en infravivienda.

Además, se está actualmente trabajando en un Programa de Realojo, que conlleva acompañamiento permanente, desde un abordaje integral en el domicilio, para favorecer la inclusión social de las personas que han sido realojadas, favoreciendo su adaptación a su nuevo contexto social y previniendo los conflictos que pudieran aparecer. Para ello, es de justicia mencionar que la coordinación actual con EMVISESA está siendo fundamental y gracias al trabajo constante con nuestros equipos, los realojos de familias con personas menores de edad son posibles.

En definitiva, estamos reconstruyendo caminos con todas las dificultades y el tiempo que requiere para volver a devolver el trabajo con la infancia y la adolescencia al lugar que le corresponde.

Solo, por último me queda dar las gracias desde la Dirección General de Barrios de Atención Preferente y Servicios Sociales la cual dirijo por este Encuentro y comunicarles que estamos a vuestra disposición y que no olvidemos que detrás de cada niño y cada niña nace la humanidad.

Muchas gracias.

Margarita Guerrero Calderón

Directora General de Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).
Ministerio de Juventud e Infancia

Buenas tardes a todos/as:

Muchas gracias al Foro Profesional por la Infancia de Andalucía por su invitación y por medio del Dr. Ignacio Gómez de Terreros a todos sus miembros y componentes del equipo organizador de las Jornadas. Mostrar mi satisfacción de que nos acompañe igualmente en esta mesa de clausura Dña. Rosa María Siverio Pérez, Directora General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, muestra de la importancia de implicación de las diferentes administraciones, en encuentros profesionales como el presente.

Igualmente, gracias a las personas que han actuado de relatores, por su trabajo de recogida de las intervenciones. Gracias a ellos/as me llevo un buen resumen de las mismas, quedando en espera del documento completo, que nos va a ser muy útil como instrumento de trabajo. Documento que no puede quedar abandonado en un cajón, sus diagnósticos, sus reflexiones colectivas constituyen un importante instrumento que va servir para mejorar las políticas públicas y en ese sentido nos toca analizarlos y recoger sus conclusiones y propuestas.

Ignacio hablaba de encontrarnos y conocernos, y yo añadiría, el que nos reconozcamos desde los diferentes espacios en los que estamos luchando por la infancia y la juventud, lo considero fundamental.

También nos hablaba desde su larga trayectoria, desde esa perspectiva que puede tener a lo largo del tiempo, de la importancia de vencer a las frustraciones que a veces nos encontramos con las Administraciones Públicas, con “sus tiempos”. Considero que esto es un trabajo de pedagogía, que nos toca hacer en los diferentes niveles de la administración pública. Decirles que la gente no entiende de competencias, que tienen necesidades y son las distintas administraciones las que les toca dar respuesta y soluciones y llegar a acuerdos.

He recordado una frase de que me vino a la cabeza con sus palabras, de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Me encuentro mucho, con personas muy implicadas con la infancia y la juventud que continúan remando a pesar de las dificultades, lo que no se entendería sin una profunda vocación de servicio y realmente como activistas en vuestro espacio. Este tipo de jornadas es un ejemplo de esa visión crítica, de qué podemos hacer para mejorar las cosas, moviéndolas si durante tantos años seguimos con los mismos problemas. Suelo decir, igual ha llegado el momento de cambiarnos las preguntas, de cambiar las soluciones, porque cómo vamos a tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo.

Una de las cuestiones que tenemos sobre la mesa, que estamos incidiendo mucho desde nuestro espacio, es una propuesta sobre la prestación universal de crianza en los presupuestos del año que viene. Una medida precisa que pueda aliviar y leía un hilo de Twitter en el que explicaban una experiencia de otro país en relación a porqué puede ser una prestación universal y no correcta. Tipo de debate que suelen ser recurrentes.

Lo que está claro es que al final, las personas que más lo necesitan las sometemos a un nivel de burocracia del que están exento quien no las necesita. Hay que hacer un profundo análisis crítico de cómo se ha gestionado históricamente este tipo de ayudas y si están consiguiendo realmente reducir la desigualdad, que amenaza nuestra democracia creciente, la dificultad en resolver las demandas de la de la gente.

Escuchando vuestras propuestas tiene mucho sentido trasladarla, para que todo lo que me habéis expuestos en la presentación de los relatores, se puedan plantear desde unos servicios públicos fuertes y no raquíticos, porque esto que nos decía Ignacio de cuidar al que cuida, significa tener presupuesto, para que no tengamos infraestructuras raquíticas, con gentes quemadas, con escaso tiempo para atender a las personas.

Habéis hecho todo un trabajo que nos va a servir. El propio título “caminando hacia un nuevo contrato social” nos pone el acento en lo importante, en lo urgente y dar el paso desde el análisis a la acción, la hoja de ruta que debería ser. Para mí es fundamental contar con un diagnóstico, tener unas propuestas, una planificación y un presupuesto que permita su puesta en marcha y todo hacerlo con participación.

En nombre de la ministra de Juventud e Infancia Dña. Sira Rego expresaros el agradecimiento del propio Ministerio por la celebración de este congreso, en su segundo año, foro imprescindible que convoca a expertos de distintos ámbitos a reflexionar sobre este tema vital y que también nos interpela a pasar a la acción, que para mí es lo más importante, que no nos quedemos únicamente con esta lectura de la urgencia del diagnóstico ,sino también de la urgencia de pasar a la acción.

Lo segundo que quiero reiterarles, es que además de tomar notas, es mi deseo que podamos establecer un espacio continuado de trabajo, para que lo que estáis haciendo pueda nutrir de reflexiones, en la generación de las políticas en los distintos ámbitos, en nuestro caso a nivel del Estado, que tenéis las puertas abiertas, pues considero imprescindible que seamos capaces de disminuir ese distanciamiento de la que Ignacio hablaba. Las personas como yo, que venimos del otro lado, fui vicepresidenta del Consejo de la Juventud antes de ser directora general del Instituto de la Juventud de España, sabemos de lo imprescindible y fundamental en solventarla.

Resaltar, que por primera vez en la historia democrática, nuestro país tiene un Ministerio de Juventud e Infancia, ello nos está permitiendo situar algunos elementos, os digo que no es fácil, porque justo este año estamos con presupuestos prorrogados y es muy difícil administrativamente levantar una nueva estructura o sea nos damos de frente con procesos internos de forma permanente, así que entendemos bien vuestra frustración en los distintos ámbitos, pero esto no es excusa para desarrollar trabajo y desde luego que lo primero que se hizo desde que llegamos al ministerio, fue desplegar un proceso de diagnóstico y poner en marcha algunos elementos como el grupo de expertos para generar entornos digitales seguros. Son algunos de los elementos que nos están permitiendo establecer diagnósticos y hoja de ruta. Próximamente conoceremos públicamente los trabajos que se han hecho.

Si ha sido posible que hoy tengamos un Ministerio de Juventud e Infancia, es por el trabajo que entre otros habéis hecho desde los colectivos de las organizaciones de la sociedad civil, que como vosotros habéis puesto en valor la importancia de tener políticas públicas enfocada a la infancia.

Y aquí quiero haceros una reflexión con un poco más de fondo y es que vivimos en una sociedad que habla de una ciudadanía de primera y una ciudadanía a segunda que viene a ser la infancia, la juventud, la migración también que reparte roles, dejando quizás fuera a los que tienen menos poder de participar en la sociedad, por eso también habéis hablado, reflexionado, sobre el urbanismo amigable, sobre cómo construir ciudades para la vida y es que para resolver esta cuestión de atajar la pobreza infantil, la pobreza juvenil no es resolver dos problemas concretos en dos tareas que evidentemente son los que más pobreza tienen, sino es cohesionar la sociedad es fortalecer la democracia.

Nosotros en este caso lo que decimos es que necesitamos reivindicar todos los derechos también para estas personas, de participación política, como el voto a los 16, de participación, como la de los consejos de la infancia o de la Juventud, de la capacidad de asociarse, se habla del derecho a explorar la ciudad solos, del derecho a poder opinar y construir las sociedades y participar en su diseño.

A nivel del Gobierno, para que también tengáis algunas ideas de lo que se está trabajando, reforzando el proceso de garantía infantil, quizás una de las más importantes es la que os decía antes de la prestación universal por crianza de 200€ por hijo al mes hasta que cumpla los 18 años, estos juntos obviamente a la educación de 0 a 3 años requiere una reflexión y es que necesitamos lealtad institucional, esto lo digo porque existen recursos que se están devolviendo y que no se están utilizando. En esta misma comunidad que es líder en pobreza infantil se han devuelto 119 millones de euros de fondos europeos, que se dice pronto, que habrían servidos para crear 12000 plazas de escuelas infantiles, de educación de 0 a 3 años, Es imprescindible la colaboración interinstitucional y que podamos aprovechar esos recursos que existen y donde no existan unir fuerzas para exigir más recursos, pero aquellos que existen que se optimicen para poder implementarlos, porque está claro que 12000 plazas públicas nos habrían venido muy bien, siendo una de las claves que los expertos nos están indicando.

Otras cuestiones que queremos también poner sobre la mesa, es que estamos trabajando intensamente en mejorar el acceso al ingreso mínimo vital. La reflexión que os hacía antes de la “yincana burocráticas” para cobrar una subvención pública por personas que más necesitan conlleva una discriminación, ya que es muy fácil seguirle la pista desde el nivel estatal y del autonómico.

Socialmente parece ser que las personas jóvenes no pueden ser pobres y estos es mentira, no es así, hay personas jóvenes pobres y personas trabajadoras pobres, pero como existe concepción social, hay una justificación de que haya políticas con discriminación etérea. Nosotros lo estudiamos en mi etapa en el Consejo de la Juventud de España con un profesor de Derecho constitucional. Nuestro ordenamiento jurídico solo permite un tipo de discriminación y es la discriminación positiva solo para corregir desigualdades. No existe ningún sitio de nuestro ordenamiento jurídico la justificación de una discriminación como en el caso del ingreso mínimo vital por el que uno pueda acceder entre 18 y 23 años salvo excepciones o si tienes entre 23 y 30 años especiales requisitos.

Todo esto evidentemente que hay que problematizarlo y hay que trabajarlo, no se le puede dar carta de naturaleza a este tipo de discriminaciones dentro de las políticas públicas, porque al final a los datos que tenemos del informe de seguimiento del ingreso mínimo vital, que es una muy buena herramienta, pero que es insuficiente, que no está llegando, una serie de elementos que en el proceso de tramitación parlamentaria incluso se hicieron 400 enmiendas que no se pasaron, quiero decir que necesitamos mejorar las herramientas de las que ya disponemos, porque esto también genera desafección política, poque no dejar a nadie atrás no puede ser únicamente un lema, tiene que ser una voluntad permanente de revisar aquellos lugares y hoy en la administración existe una inercia a complicar excesivamente las cosas, no digo que no haya que ser garantista, por supuesto hay que ser plenamente garantista, pero hay que mejorar el acceso para que estas barreras no sirvan de exclusión y muchas veces, vosotras que trabajáis en estos ámbitos y yo por lo que puedo conocer tengo la cantidad de experiencia suficiente para deciros que efectivamente estos procesos burocráticos sirven para excluir o para generar un agotamiento, simplemente en las personas que más lo necesitan, unas personas que están en una situación de exclusión que tienen que enfrentarse a procesos de una hostilidad importante, con esa desesperanza , con ese desanimo, claro luego se pregunta como está su salud mental. Creo que este tipo de cuestiones hay que problematizarla y nosotros desde las comisiones estamos trabajando en ello.

Igual que por supuesto la ley de vivienda, tenemos una ley de vivienda que tiene que ser aplicada y desarrollada a todos los niveles y no vale hacer insumisión por parte de las Comunidades Autónomas, cada entidad tiene su rol, el nivel estatal tiene que tener más vivienda pública, no es posible que tengamos solo el 2,3% de vivienda pública, pues estamos generando los recursos para hacer mas vivienda, pero solo tampoco es inmediato, entonces necesitamos defender las ciudades de la turificación, eso lo está haciendo muchas ciudades del mundo, no es una cuestión que solo pasa en España, frente a fenómenos globales tendremos que actuar decididamente para garantizar que la vivienda efectivamente sea un derecho.

En otra cuestión sobre la que estamos trabajando, es generar un proceso participativo para desarrollar la primera ley de juventud en España, obviamente atendiendo a todo el marco competencial existente, no tenemos una ley marco, que desarrolle el articulo 48 de la Constitución. Queremos también que las personas jóvenes puedan ser partícipe en el diseño de esta ley marco, para que no sea una ley que llega desde arriba, sino una ley que salga desde ellos, desde ellas.

Para ir acabando, recordar que ya en el siglo XVIII Tomas Rey dijo aquello de que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y creo que nuestra sociedad será tan fuerte como sean sus eslabones más débiles, que ahora mismo son la infancia y la juventud, los dos segmentos de la población con más tasa de pobreza. Creo que para que una sociedad sea fuerte y cohesionada, solo la podemos conseguir trabajando juntos desde nuestros distintos ámbitos de actuación, pero juntos y juntas, así es, que lo que vengo a decirles, es que cuenten con nosotros, cuenten con el Ministerio de Juventud e Infancia, que cuenten con INJUVE, para que estas propuestas sean una realidad.

Muchas gracias por su trabajo, por su tiempo y por su compromiso.

No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer.

J.W. Goethe

EL VALOR DEL COMPROMISO

El II Encuentro “Caminando hacia un nuevo contrato social”, se subtitula “del debate a la acción”, subrayando la fuerza de transformación del conocimiento compartido y participado, pero sin olvidar el compromiso con la efectiva aplicación de este conocimiento.

El método aplicado en la organización del Encuentro se ha basado en el reconocimiento y la importancia de posibilitar el análisis y el debate, con la participación de un centenar de personas expertas en diversas disciplinas vinculadas a la respuesta ante las desigualdades. Asimismo, las materias abordadas responden a un amplio abanico de preocupaciones y situaciones críticas.

Las conclusiones y propuestas tratan de reflejar las debilidades existentes, pero especialmente los puntos de mejora y las oportunidades de intervención.

Si este fuera el objeto y punto final, si solo el ahondar en el conocimiento cubriese las expectativas, difícilmente podríamos considerar que este Encuentro constituyera un aporte real en la lucha ante las desigualdades.

En el objetivo transformador de avanzar hacia un nuevo contrato social es preciso incorporar la acción, llevar el conocimiento a la acción.

Y en este planteamiento integral situamos el “día después” del Encuentro. Esta publicación, junto a los documentos compartidos en red, es un primer paso para ampliar la difusión y con ello las alianzas y complicidades. Démosle para ello la mayor divulgación.

De otra parte, está el compromiso del Foro Profesional por la Infancia en Andalucía (FPIA), como organización promotora, de buscar alianzas y el compromiso de las distintas Administraciones Públicas y Entidades para el desarrollo de proyectos y programas que recojan las propuestas formuladas.

Hemos trazado un camino conjunto y continuaremos avanzando para hacer frente a los retos abiertos.