El Consejo de Participación de la Infancia y Adolescencia de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, participa en un encuentro preparativo para las XXXVI Jornadas de Coordinación de Defensorías que organizará el Sídic de Greuges de Cataluya (Defensor del Pueblo de Cataluña) y que tendrá como temática principal "la infancia y la adolescencia en riesto de desprotección". Este encuentro previo está organizado y acogido por el Ararteko (Defensoría del Pueblo del País Vasco)

El encuentro previo tiene como objetivo oir su voz y fomentar la participación entre los niños, niñas y adolescente procedente de diferentes comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Valencia, Euskadi y Navarra) sobre los riesgos de desprotección en la infancia y adolescencia, para integrar sus opiniones en las posteriores Jornadas de Coordinación y ser debatidas por los Defensores del Pueblo participantes. La voz de las niñas, niños y adolescentes en estos temas que les incumben y les preocupan es una cuestión de suma importancia para tratar el problema de los riesgos de desprotección desde todos los ámbitos y con todas las opiniones.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la apuesta "sostenida" por la mediación en un seminario organizado por el Parlamento vasco y su homólogo en este territorio, el Ararteko, sobre el futuro de las leyes de estas instituciones defensoras de los derechos de la ciudadanía.

En su intervención en Vitoria-Gasteiz, Jesús Maeztu ha agradecido la oportunidad de abordar una de las insignias de su mandato, y ha señalado que "la mediación está en el ADN de la Defensoría. Es un proceso de gestión en cultura de paz, que toma como punto de partida la necesidad de comprender el conflicto para gestionarlo".

El Defensor ha relatado como antecedente cómo se analizó el encaje de la gestión en cultura de paz en el marco normativo actual, y lo cotejó con las normas reguladoras de otras Defensorías en España, concluyendo en la apuesta por el uso de los métodos alternativos de solución porque "son participativos, flexibles, transversales y adaptativos, y ponen a la persona en el centro de su eje de actuación".

Así, Jesús Maeztu ha explicado en la mesa junto a la síndic de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, la valedora del Pobo de Galicia, María Dolores Fernández Galiño, y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, que el Defensor inició su impulso de gestión en cultura de paz en 2016, a través del impulso de la mediación, con una vocación de intervención transversal a todas las áreas de trabajo y de forma pionera en el territorio nacional. Un trabajo de más de siete años cuya ausencia de desarrollo normativo ha supuesto un "obstáculo", pero que se ha ejercido con normalidad con un fuerte respaldo de la ciudadanía.

Los principios de la mediacion del Defensor son voluntariedad del proceso, imparcialidad, confidencialidad y una actuacion ágil y creativa que persigue un triple objetivo :ayudar a las partes a encontrar una posible solución ante un derecho vulnerado, mejorar el clima de dialogo y potenciar la cultura mediadora a la ciudadania y administraciones.

Para el Defensor andaluz, "el proceso contribuye de manera directa a su empoderamiento y a potenciar la capacidad de autoprotección de sus derechos y libertades. En este sentido, la ciudadanía valora el encuentro en la medida que se siente escuchada y encuentra un espacio para poder explicarse; obtiene y discute la información, generando entendimiento sobre la complejidad y las dificultades que puede encontrar la Administración en su gestión".

"Hoy me enorgullece afirmar que la mediación es una verdadera alternativa procedimental dentro de la institución, con sello propio, que pretende velar y garantizar los derechos de la ciudadanía con su propia participación a través de una intervención que les de protagonismo, le facilite el diálogo y la comprensión mutua de intereses con efecto preventivo de otros posibles conflictos", ha enfatizado. De hecho, el Defensor ha avanzado el porcentaje de mediaciones cerradas con acuerdo, en torno al 82% en 2022.

En este encuentro participan defensores y exdefensores autonómicos y europeos, representantes del Parlamento Vasco y expertos provenientes del ámbito académico, y pretende ser un espacio de reflexión donde analizar el camino recorrido hasta la fecha y compartir diversas herramientas existentes también a nivel internacional.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio con el objetivo de impulsar la elaboración de protocolos que protejan a las mujeres ante posibles amenazas y agresiones de índole sexual en locales de ocio nocturno.

Para ello, el Defensor ha preguntado sobre los planes previstos a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ante el conocimiento de únicamente un protocolo ante este tipo de casos, el del Ayuntamiento de Granada.

“Estos protocolos pueden prevenir la violencia o las actitudes sexistas que sufren las mujeres en estos locales. Los famosos pinchazos por sumisión química, la discriminación a la mujer, las agresiones al derecho a estar tranquilas y disfrutar de su ocio, vulneran el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad, a la dignidad de la persona e incluso en los casos más extremos el derecho a la vida”, ha expresado el Defensor del Pueblo andaluz.

Para Jesús Maeztu, “es muy importante contar con una prevención y una rápida reacción cuando se producen agresiones a en discotecas, salas de fiesta, bares, festivales de música… ante comportamientos sexistas que pueden desembocar en algunas ocasiones en agresiones sexuales en el mismo espacio o ya fuera del mismo”.

El Defensor del Pueblo andaluz considera que estos protocolos deben de estar disponibles para prevenir, difundir y visibilizar esta información en estos locales y en redes sociales, a fin de ayudar a crear un entorno seguro para el personal de los propios locales y para el público, y así disuadir a los potenciales agresores.

Según el texto de la queja, en los últimos años se ha constatado la necesidad de contar con herramientas para prevenir y reaccionar de forma específica y adecuada ante la violencia sexual, tanto por las administraciones como por el propio sector empresarial de ocio nocturno.

En Andalucía, ante la alarma generada en el verano de 2022 por el incremento de denuncias de pinchazos y de sumisión química a niñas y mujeres en eventos festivos, varias administraciones públicas anunciaron que elaborarían protocolos de actuación.

La queja expone que la Junta de Andalucía anunció en agosto de 2022 la actualización del Protocolo de Actuación y coordinación sanitaria ante agresiones sexuales en Andalucía del año 2020, que cuenta con dos programas asistenciales para víctimas de agresiones sexuales: el Servicio de atención telefónica inmediata 24 horas contra la violencia sexual y el Servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía. No obstante, subraya el Defensor en su actuación, estos programas de la Junta de Andalucía no se centran en la prevención, detección, reacción y atención a la persona afectada en establecimientos de ocio y, en particular, nocturnos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, estos deben ofrecer unas pautas comunes respecto a cómo actuar ante las agresiones sexistas, que faciliten una respuesta eficiente ante la misma y eviten todo tipo de revictimización. Entre otras actuaciones, se podría valorar, a juicio del Defensor, la formación en la prevención de las agresiones sexuales a todo el personal de los locales de ocio (camareros/as, personal de guardarropía, dj, personal de seguridad, etcétera), incluyendo temas como la sensibilización, conceptos jurídicos básicos, procedimientos operativos para actuar ante determinadas conductas, coordinación con otros recursos y atención a la persona afectada. También pueden incluir herramientas para el análisis del diseño de los locales y la detección de zonas que puedan ser de riesgo a fin de adoptar medidas como mejorar la visibilidad, evitar recovecos, mayor presencia de personal en determinadas zonas, entre otras cuestiones.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdh) ha trasladado hoy su preocupación al Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, por la situación de las personas que se alojan en asentamientos levantados para campañas hortifrutícolas en las provincias de Huelva y Almería.

Jesús Maeztu ha analizado con APDH la situación y ha subrayado el compromiso de la Defensoría, que se traduce en un apoyo permanente a las iniciativas de los agentes claves y en especial de la administración para la erradicación total de los asentamientos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, los asentamientos chabolistas de los pueblos freseros de Huelva y hortícolas de Almería se han cronificado, por lo que ha considerado necesario identificar los factores que inciden en esta cronificación; determinar una hoja de ruta para su eliminación que pueda servir de referencia a las Administraciones competentes para abordar esta realidad, y analizar las dificultades para la implementación de iniciativas que permitan acabar con esta problemática a través de la articulación de las políticas públicas.

El proyecto Infancia segura: prevención y respuesta a la violencia entre iguales quiere empoderar y capacitar a niños, niñas y jóvenes para que sean agentes activos en la creación de entornos seguros tanto para ellos como para sus iguales, así como formar a los profesionales que trabajan con la infancia en la identificación, prevención y respuesta a la violencia entre iguales.

Con esta iniciativa, se quiere dar un impulso a la Ley de Protección a la Infancia así como favorecer la participación y el protagonismo de los niños y niñas sujetos de derechos.

El proyecto está liderado por Aldeas Infantiles SOS Internacional y su implementación se llevará a cabo en España, Bélgica, Francia, Italia y Rumanía. El proyecto incluye diferentes actividades:

Formación y participación. El proyecto Infancia segura: prevención y respuesta a la violencia entre iguales llevará a cabo varias formaciones presenciales con las que se capacitará a 455 niños, niñas y jóvenes y a 572 profesionales.

Conductas protectoras y autoconfianza. El proyecto se apoya en la metodología de conductas protectoras, que aboga por el desarrollo de la autoconfianza en los niños, niñas y adolescentes y en el fomento de habilidades que les ayuden a no ser victimizados. Además, pone a los niños, niñas y jóvenes en el centro del aprendizaje e incide en la educación entre iguales.

Violencia entre iguales. A pesar de la prevalencia de la violencia entre iguales en diferentes entornos, para los profesionales que acompañan a los niños, niñas y jóvenes, responder a ella de una manera efectiva es todo un desafío. De ahí la importancia de que tanto los chicos y las chicas como los profesionales que los acompañan estén capacitados y empoderados para hacer frente a estas situaciones.

Hacia un compromiso global. El proyecto cuenta con un Grupo Nacional de Coordinación.El Grupo Nacional de Coordinación es un instrumento que pretende involucrar a socios clave y lograr un mayor compromiso por parte de las administraciones públicas y otros actores implicados, todo con el objetivo de concienciar a la comunidad y de introducir el tema de la violencia entre iguales en la agenda pública.

Materiales didácticos. Encontrarás una serie de recursos didácticos realizados en el marco del proyecto y en cuya elaboración han participado profesionales, jóvenes, adolescentes, niños y niñas.

Podéis encontrar toda la información en la web de Aldeas Infantiles SOS

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, han mantenido hoy una reunión en el marco de las sesiones de trabajo acordadas para la coordinación y el seguimiento de los asuntos competencia de ambas instituciones, con el fin de avanzar en mecanismos de colaboración y coordinación, así como para el intercambio de información.

En los despachos entre el Defensor del Pueblo andaluz y su interlocutor directo en la Junta de Andalucía se abordan posibles anomalías en el funcionamiento de organismos públicos, desde el análisis de quejas o consultas recibidas; cuestiones de carácter general que reclamen la intervención o interés; o casos concretos de intervención en defensa de derechos humanos vulnerados o en riesgo grave.

El Defensor del Pueblo andaluz ha explicado algunos de los datos principales del Informe Anual 2022 presentado la pasada semana en comisión parlamentaria, con una nueva estructura sobre los derechos defendidos en línea con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Fueron más de 30.000 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario, que acometió 25.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría.

Sanz se ha interesado por el grado de colaboración de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos con el Defensor del Pueblo andaluz. El Defensor ha indicado que para el conjunto de las administraciones esta colaboración es del 82%, siendo de la Junta de Andalucía de un 90% y de los entes locales de un 72%.

Jesús Maeztu y Antonio Sanz celebran reuniones periódicas con el objetivo de mantener líneas de colaboración que deriven en una correcta labor de supervisión en defensa de los derechos de la ciudadanía. El Defensor ha estado acompañado de sus adjuntos -Juana Pérez Oller, Jaime Raynaud y Virginia Salmerón-, y de los jefes de área de las distintas materias que abarca la Institución. Maeztu ha explicado a Sanz la nueva organización de la Oficina en línea a los objetivos y los planes de trabajo. Maeztu y Sanz han recorrido las instalaciones de la Oficina y han conversado con algunos trabajadores de la Institución.

Por primera vez el comisionado parlamentario detalla las acciones de defensa de derechos en línea con los principios de la Agenda 2030

Las actuaciones con personas vulnerables representan más de la mitad de las actuaciones que acomete el Defensor del Pueblo andaluz, en concreto, el 51%, englobadas en acciones relacionadas con la defensa de los derechos de la ciudadanía en dependencia y servicios sociales, vivienda, salud y bienestar social, educación, prestaciones de la Seguridad Social, personas migrantes, personas presas e igualdad de género.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado hoy en la comisión correspondiente del Parlamento de Andalucía el Informe anual 2022 de la Institución, en la que por primera vez ha ordenado los derechos que defiende en línea con los principios de la Agenda 2030. Al bloque en defensa de la dignidad de las Personas le continúan los de Planeta (21%), Prosperidad (21%) y, por último, Cultura de Paz y Alianzas (7%).

Más de 30.000 personas acudieron al Defensor este año para la defensa y garantía de sus derechos, lo que Jesús Maeztu ha traducido en más de 12.400 quejas y otras 12.700 consultas con respuesta, a lo que se incluye más de 600 acciones de promoción de derechos.

Entre los temas destacados, Jesús Maeztu ha resaltado los relacionados con la sanidad, especialmente la preocupación ante la atención primaria y ante el agravamiento de la salud mental; los riesgos de la transición digital, y la erradicación de los asentamientos de personas migrantes, enfocado en Huelva y Almería.

“Somos el último recurso para esas solicitudes; marcadas por la desesperación o la desesperanza, que han dejado en muchas ocasiones de confiar en las administraciones públicas como procuradores de sus derechos", ha enfatizado el Defensor. Maeztu ha puesto de ejemplo casos relacionados con las atenciones que necesitan personas mayores, personas con discapacidad, dependientes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, familias o mujeres solas con hijos, en cuestiones como ingresos de subsistencia, acceso a una vivienda digna; suministros básicos, recursos para la educación en necesidades especiales, entre otros, "que, además, sufren asfixiantes demoras en su tramitación".

“Muchas de las situaciones que padecen estas personas tienen un hilo conductor: la pobreza y la desigualdad”, ha subrayado el Defensor. Sobre la situación de la sanidad, el Defensor ha señalado que es el sistema público de salud lo que ofrece seguridad a la población, por lo que ha considerado que “la respuesta debe ser, en nuestra opinión, la misma que reclamamos en los tiempos más duros de la pandemia: solo desde un fortalecimiento de la financiación pública de la sanidad y de un incremento de los profesionales se logrará mejorar la salud de la población, atendiendo los problemas clínicos y sanitarios con criterios de necesidad, no de disposición económica”.

“Estoy convencido de que los problemas de la atención primaria deben resolverse con recursos públicos y dentro del sistema sanitario público”, ha subrayado Jesús Maeztu, quien ha confiado en que “el consenso de mejora alcanzado hace apenas 48 horas en la mesa técnica, sirva para reforzar los pilares de nuestro sistema público de Atención Primaria, preservar los derechos estatutarios de la ciudadanía y dignificar a sus profesionales”.

El Defensor ha abogado además por la prevención y detección en la atención a la salud mental, y ha pedido que las patologías y trastornos de índole mental no se mantengan en la invisibilidad. Al mismo tiempo Maeztu ha mostrado su preocupación ante el incremento de casos de suicidios, especialmente “duro y cruel” en el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y se ha felicitado de la acogida a su petición de un plan específico en Andalucía contra el suicidio, con enfoque particular en la población juvenil.

Sobre otros asuntos destacados, Maeztu ha comentado la necesidad de una transición digital justa que integre a todas las personas, también a las vulnerables con problemas de adaptación y competencias digitales. Maeztu ha reclamado una regulación de la cita previa para acabar con los retrasos en la atención a la ciudadanía y la incomunicación, al tiempo que ha reclamado que exista la alternativa de la atención presencial. Asimismo, ha puesto el foco sobre la automatización de algunos procedimientos, caso de la solicitud de prestaciones de subsistencia, que excluye a algunas personas, y al igual que sucede en el acceso a servicios de interés general como son los relacionados con los bancos, lo que se conoce como exclusión financiera.

Asimismo, Jesús Maeztu ha resaltado el trabajo de este comisionado para lograr la erradicación de los asentamientos en las poblaciones freseras de Huelva y en las hortícolas del poniente almeriense.

Los defensores del Pueblo de España, Andalucía y Cataluña han coincidido hoy en reinvindicar a los menores de edad como sujetos de derechos y han destacado la importancia de ofrecer mecanismos y recursos para garantizar y proteger su interés en casos de desamparos y retiradas.

En el Congreso de Familia organizado en Málaga por los colegios de Abogados de Málaga, Barcelona, Madrid, Antequera y la Plataforma Familia & Derecho, el Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha demandado "visibilizar los casos de violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes" y ha demandado que se les dé participación "porque ellos mismos arreglan los problemas".

Los defensores han coincidido en que son muy pocos los menores que acuden a estas instituciones garantistas de derechos, pero que tienen instrumentos para actuar de oficio. "Cuando hablamos del sistema de protección hay que destacar que son seres humanos. Se deben crear espacios para que participen y no se extravíen en este proceso", ha señalado el Defensor del Pueblo de España, Angel Gabilondo.

"Lo que no nos llega es significativo de lo que no nos llega", ha intervenido Esther Giménez-Salinas, Síndic de Greuges de Cataluña, que ha señalado que las niños y adolescentes deben tener las mismas garantías que los adultos y que, en su opinión,  "la pena privativa de libertad y la retirada de la patria potestad es lo mas duro que existe. Dejar de ver crecer a tus hijos y que ellos no puedan crecer a su lado es el castigo mas grande. No se trata de ser buenos o malos padres, la vida es gris, y las dificultades son el canal de en medio".

Para Gabilondo, preguntado sobre el mejor sistema de protección, se deben reforzar las garantías, pero también es necesario que la Administración tenga recursos. "Es imprescindible dotarnos de estructuras y medios, pero no sé si la sociedad cree en ello. Hay que prestarle visibilidad a este asunto y fijarse sobre todo en el tiempo, porque en el caso de la infancia no se puede demorar".

Maeztu ha incidido en las necesidades de protección de los menores migrantes y las víctimas de trata, tambien como sujetos de derechos. Asimismo, el Defensor andaluz ha alentado a utilizar la mediación para resolver conflictos en estos procesos.

Los colegios de abogados de Málaga, Barcelona, Madrid, Antequera y la Plataforma Familia&Derecho han organizado el tercer Congreso de Familia: infancia, familia y capacidad, que aborda, entre otros temas, el acoso en redes sociales, la instrumentalización de los menores en los procesos de familia, la defensa del interés del menor y la fiscalidad y crisis matrimoniales.