Hoy, 1 de mayo de 2025, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, el Defensor del Pueblo Andaluz hace un llamamiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, de la Agenda 2030 que aboga por reducir las desigualdades, siendo la apuesta por un trabajo decente una pieza esencial para incrementar los ingresos de las personas, y coadyuvar a eliminar la pobreza y las desigualdades sociales.

“Erradicar el trabajo forzoso y en precario y caminar en busca del pleno y mejor empleo, con la protección de los derechos laborales y la consecución de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, repercute en un crecimiento económico más fuerte e inclusivo y mejora la vida de miles de millones de personas”, recoge la Defensoría en su informe anual de 2024.

Los servicios públicos constituyen una garantía para la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Contar con empleadas y empleados públicos profesionalizados y suficientes es una condición necesaria para dar respuesta a las necesidades de la población, para promover el crecimiento económico, para avanzar en el Estado del bienestar (ODS 3), para consolidar las instituciones públicas (ODS 16) y para promover la cohesión territorial y social.

Actualmente, la administración pública está inmersa en un proceso de transformación digital de los servicios públicos para mejorar la eficacia y la eficiencia en su actuación, proceso que tiene que realizarse en condiciones adecuadas para garantizar los derechos de la ciudadanía y, sobre todo, tener en cuenta el lado humanista de la digitalización, poniendo a la persona en el centro, de forma que permita avanzar a la sociedad.

Con motivo del apagón masivo del día de ayer, el Defensor del Pueblo Andaluz se ha visto obligado a cancelar la jornada de hoy ante la imposibilidad de la llegada de algunos y algunas de los ponentes y público en general. Rogamos disculpen las molestias y avisaremos de la próxima convocatoria en breve. Muchas gracias.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza el martes 13 y el miércoles 14 de mayo a la Comarca de los Montes de Granada, donde atenderá presencialmente a la ciudadanía en la localidad de Iznalloz.

En este desplazamiento la OIAC atenderá a los vecinos y vecinas de Alamedilla; Alicún de Ortega; Benalúa de las Villas; Campotéjar; Colomera; Dehesas de Guadix; Dehesas Viejas; Deifontes; Domingo Pérez de Granada; Gobernador; Guadahortuna; Huélago; Iznalloz; Montejícar; Montillana; Morelábor; Pedro Martínez; Píñar; Torre-Cardela y Villanueva de las Torres.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras redes sociales de facebook o twitter.

Ubicación: Centro de Servicios Sociales Comunitarios. Plaza del Ayto Viejo, Iznalloz

Horario: Martes 13 de mayo. De 9:30h. a 14h. y de 17h. a 19h. Miércoles 14 de mayo. De 9:30h. a 14h.

Aprovechando la visita la Oficina de Informacíon y Atención a la ciudadania del Defensor del Pueblo Andaluz se reunirá también con profesionales de los servicios sociales y con asociaciones sociales de la comarca.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la atención en materia de salud pública, la preocupación por los retrasos en la dependencia y la demanda para el acceso a la vivienda como las reclamaciones ciudadanas que han protagonizado el ejercicio de 2024, con una media superior a las mil quejas y mil consultas respectivamente en los casos de salud y dependencia.

Maeztu ha entregado el Informe Anual de la Institución al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, con el que ha compartido estas problemáticas y los principales datos de un año complejo y duro con un total de 31.675 actuaciones para las más de 46.000 personas que requirieron su intervención. En concreto, 14.654 quejas gestionadas, 16.400 consultas y 621 acciones de promoción de derechos. Del total de actuaciones, el 58% se ha centrado en garantizar la dignidad de las personas y fortalecer el Estado de Bienestar; el 37% ha estado relacionado con la protección del planeta y el desarrollo económico; y el 5% restante ha abordado la defensa de los derechos humanos para promover una cultura de paz y justicia, con más de 270 mediaciones.

El Defensor ha lamentado que un año más vuelven a ser reiterativas las quejas que muestran la desesperación de las personas por los retrasos en la resolución de sus solicitudes y la asignación de la ayuda necesaria, a lo que se suma la indignación por la falta de claridad en el procedimiento y el acceso a estas prestaciones, además de la denuncia por la falta de información para conocer el estado de tramitación de dichas prestaciones.

Jesús Maeztu ha puesto el foco en 2024 en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. “No cejaré en mi compromiso de reivindicar una Renta básica, un techo digno y un suministro de luz y agua garantizados como paquete básico de ciudadanía”, ha señalado, destacando, un año más, los asuntos relacionados con los retrasos en la valoración de la discapacidad y la gestión de las prestaciones sociales (Renta Mínima de Inserción Social; Ingreso Mínimo Vital o pensiones no contributivas).

Durante su intervención, el Defensor ha subrayado otras problemáticas que han requerido la intervención de la Institución, tales como, la labor para garantizar los derechos de las personas con discapacidad; la atención a las personas mayores -que ha sido objeto de una cuestión relevante en este año-; la protección y promoción los derechos de los niños, niñas y jóvenes como Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía desde hace 25 años; la vigilancia de los derechos de las personas migrantes y la consecución de la igualdad de la mujer. También la protección de un entorno sostenible; la defensa de una educación inclusiva y de calidad; el fortalecimiento de la sanidad pública; la respuesta ágil de una justicia sin demoras y una cultura de paz para la convivencia.

El año 2024 ha coincidido con el final del VII mandato del Defensor del Pueblo Andaluz y con el aniversario de cuatro décadas en defensa de los derechos de la ciudadanía, con un balance de más de 450.000 actuaciones en la defensa, protección y promoción de derechos, y la remisión de más de 15.500 resoluciones en las que ha exigido a las Administraciones autonómica y local el deber legal de garantizar derechos concretos; recomendado cambios normativos; y sugerido acciones encaminadas a expandir los beneficios de las leyes y la garantía de los derechos de las personas, siempre con un enfoque especial hacia los colectivos más vulnerables, como son la infancia, las personas mayores, las personas con otras capacidades y las mujeres que sufren violencia.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha expresado su pesar y tristeza por el fallecimiento del Papa Francisco. A través de las redes sociales de la Institución ha querido sumarse a las muestras de condolencia con este mensaje:

" Sentimos mucho la pérdida del Papa Francisco, un gran defensor de la justicia social, la igualdad de las personas y la cultura de paz. Siempre en defensa de causas tan prioritarias para esta Institución como los derechos de los colectivos más vulnerables. Hoy estamos tristes porque perdemos a un gran mensajero de la paz y de un mundo para todos y todas, constante en su petición del fin de las guerras, la pobreza y el abuso de las personas".

Descanse en paz

• La omisión o tardanza en la prestación de asistencia sanitara cuestiona el deseable buen funcionamiento del Sistema Andaluz de Salud

Hoy, Día Mundial de la Salud, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda el derecho a la protección de la salud, reconocido en la Constitución española como un mandato dirigido a los poderes públicos para garantizar una asistencia segura y suficiente que, en su condición de servicio público, deberá observar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia.

En este sentido, la omisión o tardanza en la prestación de asistencia cuestiona el deseable buen funcionamiento del Sistema Andaluz de Salud al comprometer su finalidad última como servicio público, en cuanto garante de las medidas y prestaciones que sirvan de soporte asistencial a la vida y a la salud de las personas.

Esta problemática no se ciñe a una mera previsión de prestaciones en el marco de los principios rectores dirigidos a los poderes públicos, sino que también alcanza a los derechos que pueden ser exigidos por la ciudadanía. Los retrasos en la sanidad inciden directamente en las personas que necesitan asistencia, pero también es posible referir consecuencias indirectas en su bienestar moral, su derecho al trabajo e incluso su derecho a acceder a prestaciones sociales.

Este año, el Día Mundial de la Salud que se celebra cada 7 de abril tiene como lema “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, poniendo el acento en los esfuerzos para poner fin a las muertes prevenibles de madres y recién nacidos, y a dar prioridad a la salud y el bienestar de las mujeres a largo plazo