La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a Jerez de la Frontera este próximo martes 17 y miércoles 18 de octubre para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en el centro social La Granja (Avenida de Arcos, sin número, en el distrito noreste), en horario el martes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, y el miércoles solo en horario de mañana. La tarde del martes se dedicará a una reunión con el movimiento asociativo de Jerez y el miércoles a un encuentro con profesionales de los servicios sociales.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

La OIAC ha realizado más de 50 visitas a las comarcas y capitales de provincia de Andalucía para conseguir un acercamiento más personal y cercano con los ciudadanía de nuestra Comunidad Autónoma.

El Defensor de Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha apostado por el impulso de la mediación como vía para la solución de conflictos y la cultura de paz ante los defensores reunidos durante tres días en el XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y en la XXVIII Asamblea de la FIO que se celebra en Barranquilla (Colombia).

El Defensor del Pueblo andaluz, quien ocupa la quinta vicepresidencia del Consejo Rector de la FIO, ha explicado ante los asistentes la evolución del grupo de trabajo sobre mediación y ha resaltado que la mediación va a resultar idónea para gestionar muchas de las confrontaciones que se nos presentan entre ciudadanía y poderes públicos en el ámbito del derecho administrativo, y además sobre la gran mayoría de parcelas de su gestión pública: educación, salud, urbanismo, justicia, vivienda, servicios sociales, o medioambiente, entre otras.

Jesús Maeztu ha abogado por consolidar esta vía en el trabajo cotidiano de los defensores, algunos de los cuales están ya avanzando en su implantación, y ha ofrecido un informe monográfico publicado esta semana por la Institución en la que aborda la mediación en la Institución y el comportamiento de las entidades públicas que ejercen mediación en Andalucía.

Asimismo, Jesús Maeztu ha participado en el Consejo Rector de la FIO, en el que se ha analizado el trabajo que realizan las diversas instituciones de la Federación y su contribución a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Asimismo, los responsables de la Defensoría andaluza han participado activamente en las redes temáticas que integran la FIO, caso de la Red de Defensorías de Mujeres, y en la Red de Niñez y Adolescencia.

En el encuentro se abordan temas relacionados a cómo prevenir y transformar los conflictos sociales en la región; los desafíos actuales en torno a los derechos de las mujeres y la importancia de la perspectiva de género en la construcción democrática de los países; además, la sostenibilidad como eje de la transformación social, el desarrollo inclusivo y el ambiente sano. En este foro iberoamericano participan representantes de defensores del pueblo nacionales, autonómicos, provinciales y locales, así como organismos internacionales, autoridades gubernamentales y académicos.

Las familias andaluzas representadas por Codapa (más de 2.800 AMPA en toda Andalucía) se reunieron este jueves con Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, para denunciar la ausencia de profesionales que atiendan al alumnado con necesidades en los centros educativos andaluces.

De esta manera, y en decenas de centros andaluces, Codapa señaló que no se está cumpliendo con el derecho a la educación del alumnado con estas necesidades, ya que no pueden asistir a sus clases sin estos profesionales. El Defensor, que recibió las reivindicaciones, procederá a recopilar información para satisfacer las demandas de las familias.

Codapa estima que entre 80 y 100 centros educativos andaluces se encuentran sin la tan necesaria figura del PTIS (Personal Técnico de Integración Social). Esta figura es la encargada de que el alumnado con necesidades específicas pueda integrarse o bien en las aulas ordinarias, o bien crear un aula específica para tales necesidades. Codapa ha manifestado tal preocupación al Defensor del Pueblo andaluz, que ha hecho acuse de recibo de tales demandas, preocupándose por la situación que atraviesan cientos de familias en Andalucía, que no pueden dejar a sus hijos e hijas en los centros con la tranquilidad que se precisa.

Las familias manifestaron a Jesús Maeztu su indefensión ante tal acontecimiento, y la incertidumbre por no saber cuándo podrán sus hijos e hijas asistir a la escuela. La Confederación manifestó además que no hay una ratio establecida para estas PTIS, ni una planificación adecuada que impida que se llegue a este punto en el comienzo escolar, y solicitó al Defensor del Pueblo que interceda para que esto no siga ocurriendo en los próximos cursos.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, participa desde este martes 2 de octubre en la XXVIII Asamblea y XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) a celebrar hasta el próximo jueves en Barranquilla (Colombia).

Esta cita reúne a defensores del pueblo, procuradores, proveedores, presidentes de comisiones nacionales o estatales de DDHH de aproximadamente 20 países iberoamericanos para brindar un foro para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy a una representación del Consejo Andaluz de Personas Mayores. En la reunión, esta representación del sector de centros residenciales no lucrativos de Andalucía han trasladado al Defensor andaluz las necesidades que consideran más preeminentes.

En primer lugar, el Consejo ha estimado que la financiación de las plazas concertadas públicamente en las Residencias de Mayores debe ser adecuada a los costes. En segundo lugar, estos representantes del Consejo Andaluz de Personas Mayores han reclamado el establecimiento de líneas de subvención específicas para afrontar el coste de las plazas solidarias para personas mayores sin recurso residencial del Sistema de la Dependencia. En tercer y último lugar, han demandado la atención sanitaria a las personas mayores que viven en Centros residenciales, en condiciones efectivas de igualdad con el resto de la población. Por parte de la Defensoría han participado, además, la asesora responsable del Área, Emma Escóbar, y la directora de Gabinete, Soledad Rosales.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha puesto en marcha la XVI edición del Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia “Así veo mis derechos”, en el que invita a participar hasta el 13 de noviembre a los más de 3.500 centros educativos de la comunidad autónoma -de educación infantil, educación secundaria y educación especial, públicos y privados- en un certamen con un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre este sector de población y, en segundo lugar, hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

De este modo, el Premio de la la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la Dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro. Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño, que se celebrará el próximo 20 de noviembre. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados.

En una carta dirigida a los directores y directoras de los centros educativos, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha recordado que la Institución celebra este año el 25 Aniversario de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia y los 40 años del Defensor del Pueblo Andaluz. destacando que esta es una convocatoria especialmente importante para esta Defensoría, ya que “es una oportunidad única para que los niños y niñas andaluces, de la mano de sus educadores, conozcan un poco más sus derechos y deberes y nos lo cuenten como mejor saben hacerlo: dando rienda suelta a su imaginación. Porque hablar de los derechos y deberes de la infancia e inculcarles la importancia de hacer oír su voz en su defensa y promoción, es una parte importante de su formación”.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre la necesidad de mejorar la detección de diferentes situaciones de riesgo para la infancia.

Jesús Maeztu ha intervenido en el taller que se celebra hoy y mañana en Sevilla sobre 'Las situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia: análisis de instituciones garantistas desde un enfoque de Derechos del Niño', preparatorio de las XXXVI Jornadas de Coordinación que organizará en noviembre la Síndic de Greuges de Cataluña.

En el taller han intervenido responsables en materia de infancia del Defensor del Pueblo de España, el Ararteko vasco, el Síndic de Greugues de la Comunidad Valenciana, el Justicia de Aragón, el Procurador del Común de Castilla y León, el Síndic de Greuges de Cataluña, la Valedora do Pobo de Galicia, la Diputación del Común y el Defensor del Pueblo de Navarra.

El Defensor de la infancia ha instado a averiguar este tipo de situaciones con el fin de eliminar la vulnerabilidad de niños y niñas, y ha destacado situaciones como la trata de seres humanos, los problemas de suicidios y salud mental, o los abusos sexuales a la infancia. "¿Quién enciende las alarmas?", ha subrayado Maeztu.

El Defensor ha añadido deficiencias para detectar estas situaciones ante la carencia de datos sobre estos problemas en casos como enfermedad mental, acoso escolar o abuso infantil, "y hay que hablar sobre esto y conocer estas situaciones". El Defensor también ha analizado las declaraciones de desamparo y ha demandado herramientas y recursos humanos para evitar la desprotección de los menores.

La primera sesión de trabajo de este taller ha abordado un análisis comparativo de la normativa sobre situación de riesgo en las distintas comunidades autónomas, así como una puesta en común de datos cuantitativos sobre situaciones de riesgo y declaración de desamparo en los distintos territorios. La segunda sesión ha analizado las situaciones de riesgos y los programas preventivos del riesgo.

En la tarde del lunes se analizarán los problemas en materia de riesgo detectados por las Defensorías y actuaciones más significativas en la materia, así como una descripción de buenas prácticas. El taller concluirá este martes con la aprobación de valoraciones y recomendaciones que recogerá el documento resultado de este taller.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy un mayor acompañamiento psicológico, especializado y específico, para los niños y niñas huérfanos por la violencia de género y sus familias; un sistema de ayudas económicas públicas para estas víctimas menores de edad cuando pierden a sus madres y mejoras en la información disponible sobre la situación en la que quedan.

“La sociedad y los poderes públicos no pudieron proteger a sus madres, pero sí deben ayudar a estos niños y niñas a superar el trauma, reparar el daño y garantizarles un futuro digno”, ha enfatizado Jesús Maeztu en la entrega al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, del Informe Anual de Infancia y Adolescencia 2022, que incluye como capítulo relevante un estudio sobre la infancia huérfana por la violencia de género.

Jesús Maeztu ha considerado que “estos niños y niñas necesitan una atención propia, especializada y adaptada a sus características y necesidades específicas” porque, además, “les ha tocado vivir uno de los mayores dramas a los que se puede enfrentar el ser humano: en muchas ocasiones, ser el hijo o hija del asesino de su madre”.

Desde 2003 -año en el que se incluyó a los menores en las estadísticas- y hasta la elaboración de este informe, el número de niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia de género se elevó a 388, 75 de ellos en Andalucía, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, y las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado. Otros 12 menores (6 de ellos en agosto) se han quedado huérfanos desde febrero en Andalucía, por lo que se trataría de 87 niños y niñas huérfanos por violencia de género en la comunidad autónoma en estas dos décadas.

El Defensor ha identificado varios retos a mejorar por las administraciones públicas para garantizar recursos y protección a estas víctimas, como serían entre otros una ampliación del acompañamiento superior a las 48 horas tras el entierro de la mujer; medidas para evitar la victimización de estos menores en los procesos judiciales -por ejemplo, en cuanto al otorgamiento de la guarda y custodia a las familias, o ante la futura excarcelación o permisos de su progenitor-; medidas de protección sobre sus derechos patrimoniales, y la necesidad de una acreditación de la condición de víctima para poder acceder a recursos y servicios más allá de la protección judicial.

En cuanto a la importancia de las ayudas económicas, el Defensor ha destacado la nueva regulación de la pensión de orfandad, con una incidencia baja de este tipo de beneficiarios hasta ahora, y ha señalado diversas ayudas autonómicas para huérfanos por violencia de género menores de edad en otras comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares, de la que sin embargo carece Andalucía. Maeztu también ha demandado una mejora en el sistema de recopilación e información de datos estadísticos, y potenciar acciones de investigación, campañas de sensibilización social e información.

En cuanto al estado de la infancia andaluza, el Defensor ha señalado que fueron 4.965 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.389 se refieren a quejas y 2.576 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1.806 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.787 fueron instados por la ciudadanía y 19 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 583 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.

Acerca de otras materias del Informe, el Defensor ha destacado el derecho a la salud, caso de la atención especializada de pediatría, especialmente preocupante en entornos rurales, y las quejas sobre la salud mental, “una asignatura pendiente que no permite más demora”. En coincidencia con el inicio del curso escolar, Maeztu se ha centrado en la persistencia de carencias en la bioclimatización de muchos centros educativos de Andalucía; la reiteración de quejas sobre la asignación de recursos y medios profesionales para el alumnado de necesidades especiales; y su preocupación por las conductas violentas en las aulas.

Por último el Defensor de la Infancia ha resaltado otros problemas como el acceso a la vivienda; los cortes de luz; la protección del medio ambiente; los estereotipos sobre los menores migrantes; y el incremento de las notificaciones sobre malos tratos a menores de edad. Maeztu ha avanzado que las situaciones de riesgo en la infancia serán objeto de la próxima jornada de coordinación de las Defensorías del estado y autonómicas, organizadas en noviembre por la Sindic de Greuges, y cuyos talleres preparatorios se celebrarán a partir de la próxima semana en Sevilla.