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Este año hemos iniciado una queja de oficio sobre la situación que padecen las mujeres desprotegidas socialmente. Vamos a aportar el fundamento de hecho que incorporábamos a la queja para que se comprenda la situación que queremos reflejar:

La Consejería de Asuntos Sociales nos remite un informe detallado dando cuenta de las medidas puestas en marcha y las que se prevén adoptar. En síntesis, nos informa de lo siguiente:

"Las acciones que el Instituto Andaluz de la Mujer lleva a cabo en esta materia concreta se refieren fundamentalmente a:

- Facilitar información y asesoramiento de carácter Jurídico, Psicológico, Social y de Empleo a las mujeres usuarias de los Centros de la Mujer, con sedes en todas las capitales andaluzas.

- Favorecer, mediante subvención a los Ayuntamientos andaluces, la creación y funcionamiento de Centros de Información a la Mujer en toda Andalucía.

Con el objetivo de paliar las diferencias sociales que generan las múltiples dificultades que el colectivo de mujeres mencionado encuentra en la búsqueda de empleo para su inserción profesional, los Departamentos de Fomento de Empleo de los Centros de la Mujer, llevan a cabo para Andalucía las actuaciones siguientes:

- Información y asesoramiento sobre Cursos de Formación Ocupacional, Información Profesional y, fundamentalmente, sobre "Técnicas de Búsqueda de Empleo", ofreciéndoles la posibilidad de asistir a un módulo de 20 horas impartido en el Centro gratuitamente. Estos módulos de Técnicas de Búsqueda de Empleo se han empezado a impartir este año en todas las provincias andaluzas y el requisito básico que se estableció para la mujer solicitante es el que fuera una persona realmente preocupada por la búsqueda de empleo y que hubiese sido atendida en el Centro de la Mujer. Naturalmente, se han tenido en cuenta, a la hora de la selección de los grupos, otros factores, como es el carecer de medios económicos y encontrarse con responsabilidades familiares no compartidas.

Las esperanzas puestas en estas sesiones semanales de Técnicas de Búsqueda de Empleo como un método eficaz de encontrar un trabajo, hacen que se implante como tarea primordial del Departamento de Fomento de Empleo y se ha acordado que se realicen cada dos meses en todos los Centros de la Mujer.

- Cursos que capaciten a la Mujer para acceder a empleos cualificados en sectores donde tradicionalmente está poco representada y en sectores donde hay buenas perspectivas de empleo.

Desde la creación del Instituto Andaluz de la Mujer se han convocado estos Cursos anualmente, publicando las bases de la convocatoria en el B.O.J.A. y difundiéndola por todas las provincias a través de los Centros de la Mujer. (B.O.J.A. nº 19 de 7 de Marzo de 1989, B.O.J.A. nº 34 de 27 de Abril de 1990 y B.O.J.A nº 12 de 15 de Febrero de 1991).

En la gran mayoría de los Cursos convocados por el Instituto Andaluz de la Mujer los requisitos básicos para las mujeres solicitantes eran el de encontrarse desempleadas y tener una formación académica mínima de Graduado Escolar o equivalente.

Las profesiones a las que han ido encaminados han sido variadas (Producción Videográfica y de T.V., Turismo Rural, Vídeo Interactivo, Creación, Gestión de Empresas, Cultivos Biológicos, Diseño Gráfico, Tratamiento Informático de la Imagen, etc. ) y la duración de ellos ha oscilado entre 800 horas y 1.500 horas.

- Cursos de Agentes para la Igualdad de la Mujer (B.O.J.A. 30 de Marzo de 1991).

Los Departamentos jurídicos en las provincias atienden, en gran medida, consultas presentadas por mujeres que buscan la solución legal a una convivencia no deseada y aquellas que denuncian el impago de las pensiones que en derecho les corresponden.

El trabajo de atención a esta población desarrollado por los Departamentos citados arroja una cifra de 6,.564 consultas atendidas en toda Andalucía. (Año 1990).

El Instituto Andaluz de la Mujer, consciente de la real indigencia en que estas mujeres se encuentran, así como la indefensión que acarrea el impago sistemático de las pensiones fijadas en sentencias y/o resoluciones judiciales, ha formalizado relaciones con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entendiendo que, una información adecuada a este Tribunal, en los asuntos planteados con más asiduidad por las mujeres, es un instrumento adecuado para mejorar el estado actual de la cuestión.

Para la población mencionada y desde el Instituto Andaluz de Servicios Sociales existen:

Ayudas económicas convocadas por la Orden de 16-01-91 de la Consejería de Asuntos Sociales, la cual en el Capítulo II Sección 5ª contempla Ayudas Económicas de urgencia social, definidas en el Artículo 45 de dicha Orden como las destinadas a atender situaciones y necesidades de urgencia Social, cuya apreciación corresponderá, en todo caso, al órgano competente para resolverlas.

El programa de Solidaridad de los Andaluces regulado por el Decreto 400/1990 de 27 de Noviembre, contempla, igualmente, entre sus posibles beneficiarios, la población femenina en situación de necesidad específica.*".

Básicamente, éstas son las medidas que se adoptan en el seno de los organismos dependientes de la Junta de Andalucía. Valorándose positivamente todas estas medidas, entendemos que se deberán fortalecer las ayudas económicas si se quiere mitigar el problema e incidir eficazmente en la resolución de esta cuestión social. Intentaremos seguir profundizando en el estudio de estas situaciones

En escrito que la interesada presentó en esta Institución, nos denuncia su precaria situación: es separada, tiene dos hijos y espera el tercero. Su marido, heroinómano, no cumple el deber de pagarle la pensión fijada en la sentencia de separación. Vive en precario en un piso propiedad de sus suegros, bajo amenaza de desahucio. Habiendo solicitado el salario social, le es concedido un cursillo mediante resolución que es recurrida por la interesada por coincidirle con el parto y lactancia de su próximo hijo.

En el informe que nos remite a petición nuestra la Delegación en Sevilla de la Consejería de Trabajo, se nos dice que no les era conocida la circunstancia del embarazo a la hora de decidir sobre la medida más adecuada para atender la necesidad de la peticionaria y que se hallaba pendiente de resolución un recurso de alzada presentado por la misma contra la resolución adoptada.

Una vez estudiado el contenido del mismo se observa que con la tramitación seguida no se ha conseguido dar una respuesta efectiva a la demanda planteada, bien sea por el lapsus de tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la adopción de la medida contemplada en el Programa que ha hecho que varíen las circunstancias a tener en cuenta, o bien por la propia deficiencia en el cuestionario utilizado para realizar el estudio.

Sin entrar en la evaluación de cuál de los dos motivos puede haber incidido más en la deficiencia, nos pareció adecuado sugerir, en aras a conseguir la eficacia que prescribe el artículo 103 de la Constitución, que se adoptaran medidas tendentes a reducir los plazos de tramitación, para eliminar, en lo posible, el riesgo de que aparezcan circunstancias que varíen el supuesto de hecho sobre el que se va a aplicar la medida, y que se estudie la modificación de los cuestionarios a los que son sometidos los solicitantes de ayudas del Programa para recoger este tipo de incidencias.

En este sentido se formula Sugerencia en el siguiente sentido:

Ante esta Institución comparecieron dos ciudadanas. Ambas venían a exponer una problemática similar, por lo que se decidió tramitarlas conjuntamente.

En su escrito, la primera reflejaba esta situación:

Es madre de tres hijas mayores de edad, dos de ellas aún continúan estudiando y, por tanto, nada pueden aportar económicamente a la familia. Es separada, y según la sentencia, tendría derecho a percibir una pensión alimenticia en favor de una de sus hijas, que desde que alcanzó la mayoría de edad, dejó de recibirse.

A pesar de estar intentando, por vía judicial, hacer cumplir al cónyuge con sus obligaciones respecto de las hijas, este dilatado procedimiento aún no ha llegado a su fin.

Había estado trabajando durante algún tiempo como limpiadora suplente en un Instituto, pero actualmente está desempleada, a pesar de haber seguido diversos cursos de formación del INEM y solicitado puestos en diversas bolsas de trabajo.

La segunda interesada presentaba un caso similar:

Madre de dos hijos, separada legalmente y con derecho a percibir del cónyuge una contribución económica por las cargas familiares; también se encuentra ante el hecho del incumplimiento de las obligaciones señaladas en la sentencia de separación, a pesar de constarle que su marido percibe ingresos como trabajador autónomo. Ha presentado denuncia penal por tal hecho, pero parece haber sido archivada sin más trámite.

Ambas, antes de dirigirse a esta Institución, habían solicitado la colaboración de asistentes sociales y del Instituto de la Mujer, además de haber buscado insistentemente empleo, pero ninguna de estas vías ha solventado sus actuales problemas económicos.

Presentamos estos dos casos como ejemplificativos de la situación por la que atraviesa un colectivo importante de mujeres con cargas familiares, que ven incumplidas las obligaciones señaladas en las sentencias de separación o divorcio por el cónyuge, con la difícil y lenta solución que este camino conlleva, y no encuentran un empleo.

Ante estos casos, que demandan una clara protección social, es por lo que, después de ser admitidas a trámite, se interesó informe acerca de los planes, programas o medidas, que se han previsto para situaciones como las presentadas, colectivo al que van dirigidas y grado de valoración de su eficacia.

Cumplimentando esta petición, la Consejería de Asuntos Sociales nos manifiesta que es consciente de la situación de precariedad que conlleva esta circunstancia y nos describe las medidas previstas para mejorarla:

- En principio se excluye la prestación económica directa sustitutoria de la pensión debida.

- Los Departamentos Jurídicos de los Centros de la Mujer asesoran a las mujeres antes y durante el proceso de separación, y, una vez finalizado, para exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales. En este último aspecto, también se dirigen los esfuerzos hacia la Administración de Justicia para llamar su atención sobre la gravedad de esta situación.

- Entendiendo que la vía judicial se presenta lenta, se intenta paliar la situación con medidas como cursos de formación o sobre técnicas de búsqueda de empleo, donde la situación de "mujer sola con cargas familiares no compartidas" es especialmente tenida en cuenta.

A la vista de ese informe estimamos necesario hacer un serie de consideraciones:

1ª.- Ya en el Informe Anual que esta Institución sometió al Parlamento en el año 1991, dábamos cuenta de las gestiones realizadas en la queja de oficio iniciada tras constatar que un número de ciudadanas nos venian expresando la lamentable y difícil situación por la que atravesaban, al carecer de los medios económicos necesarios para poder subsistir, tanto ellas, como los hijos que se encuentran a su cargo.

2ª.- En el informe remitido desde esa Consejería en aquella ocasión se nos detallaban las medidas puestas en marcha y las que se pretendían emprender.

. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer:

. Información y asesoramiento de carácter jurídico, psicológico, social y de empleo.

. Información y asesoramiento sobre cursos de formación ocupacional, profesional y, sobre todo, técnicas de búsqueda de empleo.

. Cursos de capacitación para empleos cualificados en sectores que, o bien la mujer, tradicionalmente, está poco representada, o existen buenas perspectivas de empleo.

. Cursos de Agentes para la igualdad de la Mujer.

. Desde el Instituto Andaluz de Servicios Sociales:

. Ayudas económicas de emergencia social para atender a las necesidades de este carácter, aunque su apreciación corresponde al órgano que ha de resolverlas.

* Desde la Consejería de Trabajo:

. Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía, que puede ser aplicable a este colectivo.

3ª.- En aquel entonces valorábamos positivamente estas medidas, pues podrían ofrecer un adecuado ámbito de cobertura, aunque entendíamos que deberían fortalecerse las ayudas económicas si se quería mitigar el problema e incidir eficazmente en la resolución de esta cuestión social.

4ª.- Al recibir de nuevo esta problemática a través de las quejas que se nos presentaron, vimos una buena oportunidad para poder realizar un estudio pormenorizado de la evolución de la situación y, sobre todo, conocer la evaluación realizada sobre la eficacia de las medidas que se estaban aplicando.

Por eso, en nuestra petición de informe para la tramitación de estas dos quejas se incluyó, entre los aspectos sobre los que debiera versar, el de si se había procedido a esa evaluación.

5ª.- El informe remitido se limita a describir las medidas que se adoptan en este momento, descartando, de entrada, la prestación económica directa sustitutiva de la pensión debida, pero no nos ilustra suficientemente sobre el citado aspecto, por lo que no nos es posible, en este momento, realizar una aportación más sustancial.

6ª.- Sin embargo, sí debemos aprovechar la ocasión para, además de servir de portavoces de las personas que se encuentran en esta situación y que, con su queja, quieren mostrar que las actuaciones de los poderes públicos ante la misma no se ha producido con la adecuada eficacia, dirigir una recomendación a esa Consejería en el sentido de que se proceda a la evaluación de las medidas que desde ese departamento se adoptan, con el objeto de poder determinar su eficacia y la necesidad de modificarlas, complementarlas o intensificarlas.

A tenor de las consideraciones mantenidas, se decidió formular la siguiente Recomendación:

La Recomendación fue acogida favorablemente por la Consejería de Asuntos Sociales

 Diariamente recibimos quejas de los ciudadanos en demanda de la obtención de prestaciones sociales en abstracto. Los ciudadanos andaluces que soportan estados de necesidades vitales severas se dirigen a la Oficina solicitando nuestra intermediación para lograr obtener la satisfacción de las mismas. Unas veces, en demanda de trabajo, otras de dinero para remediar eventualidades sociales urgente, y en general, quejándose de la difícil situación social que padecen. Lo paradójico es que mientras la necesidad sea más radical, menos posibilidades jurídicas existen para intervenir con eficacia. La problemática social más grave que recibimos la representan los ancianos que susbsisten con pensiones mínimas y las madres con cargas familiares. En el primer caso, cuando el anciano vive solo, o cuando de la pensión debe abonar el alquiler de una vivienda o padece una enfermedad crónica que precisa ayuda, la situación se torna insostenible. En estos casos, la exigua pensión se muestra insuficiente para asumir un mínimo de vida en dignidad. Igualmente trágica es la situación de aquellas mujeres que asumen en exclusiva la carga familiar, máxime cuando no disponen de trabajo renumerado. Además de estas situaciones destacadas, todo un elenco de eventualidades sociales afloran en demanda de prestaciones ante nuestra Institución: padres de familias parados, inmigrantes, extoxicómanos, enfermos de sida marginales, etc.

Por último, en otro sector, el de las mujeres desprotegidas, se reciben quejas de mujeres desempleadas que soportan cargas familiares sin ningún tipo de recursos. Son éstas quejas de emergencia social. En general, se refieren a mujeres que han padecido un proceso de ruptura matrimonial, que no reciben apoyo económico y que acaban siendo las únicas responsables de los hijos. Esta difícil realidad social ya ha sido reflejada por esta Institución, en otras ocasiones, por ejemplo en el Informe del año 1991, y se han gestionado distintas quejas concretas sobre madres desprotegidas. Lo preocupante es que no se detecta una intervención administrativa efectiva, ni mejora sobre esta situación. Es habitual que los Servicios Sociales Comunitarios concedan parcas ayudas de emergencia social que sólo alivian transitoriamente el estado carencial, pero no se adoptan medidas estructurales eficaces para remediar este grave déficit social. Estas familias monoparentales acaban padeciendo el desamparo social y una intensa desprotección.

El análisis del ejercicio del derecho a la igualdad, cuando utilizamos el enfoque de género, nos permite obtener una visión de la realidad social más cercana a los problemas reales del individuo.

En este sentido, queremos referirnos a un tema de absoluta actualidad, el de las familias monoparentales, sobre el que tuvimos ocasión de actuar, en calidad de meros intermediarios, entre la población afectada y la Administración competente, a la que hicimos llegar su preocupación por una problemática muy concreta.

En efecto, resulta evidente el avance experimentado por nuestra sociedad, en la consolidación de las familias monoparentales, formadas mayoritariamente por mujeres con cargas familiares. Esta tendencia viene favorecida, entre otros factores, por el cambio político experimentado en nuestro país con la instauración de la democracia y la aprobación de la ley del divorcio de 1981. Según datos recogidos en las memorias anuales del Consejo General del Poder Judicial hasta el año 1998, el grupo más numeroso de familias monoparentales es el encabezado por mujeres separadas o divorciadas, cuando hasta hace bien poco era el grupo de viudas el que constituía el contingente mayor.

También la extensión de la ideología feminista en los últimos 20 años ha propiciado, el que un volumen importante de mujeres se plantee llevar adelante proyectos familiares en solitario, bien a priori, o bien una vez constatado el fracaso de una unión anterior. Precisamente han sido los estudios alentados desde el movimiento feminista, los que alertaron acerca de las situaciones extremadamente difíciles en que, con frecuencia, se ven envueltas las familias monoparentales encabezadas por mujeres.

A propósito de estas dificultades, en la declaración que hizo en Pekín en 1995, la Conferencia Mundial sobre Mujeres hizo referencia específica al colectivo de familias bajo la responsabilidad de las mujeres. De acuerdo con esta declaración, una cuarta parte de los hogares del mundo son dirigidos por mujeres y muchos otros dependen de los ingresos de estas, aún con la presencia de hombres, e instaba tanto a gobiernos como a organizaciones no gubernamentales a desarrollar medidas específicas destinadas a permitirles salir de esas situaciones de marginalidad.

En esta línea de argumentación se encuadra el escrito de consulta que nos remitió la Presidenta de la Asociación de Mujeres que Afrontan Solas su Maternidad (ACANA), entidad que tiene por objeto reivindicar la puesta en marcha de medidas destinadas a atender las necesidades de este colectivo de mujeres en Andalucía, y que viene colaborando con diversas instituciones públicas, entre otras el Instituto Andaluz de la Mujer, en el desarrollo de programas sociales de apoyo a mujeres trabajadoras con cargas familiares, facilitándoles así el que puedan conciliar su vida familiar y laboral. 

En esta ocasión acudían a esta Institución tras la publicación del Decreto 137/2002, de 30 de Abril, de apoyo a las familias andaluzas, para exponernos sus reflexiones sobre el contenido de la norma, cuya aprobación celebran, y manifestarnos su preocupación por los escasos efectos positivos que su aplicación reportará a las familias monoparentales, especialmente en una de las medidas más necesarias para ellas, como es la concesión de plazas en centros de atención socio educativa para sus hijas e hijos.

A juicio de la asociación ACANA, el conjunto de medidas de apoyo que contempla el Decreto supone un avance importante para todas las familias andaluzas, tanto parentales como monoparentales, si bien en el caso de éstas últimas, entienden que la nueva norma no contempla con exactitud la realidad y especiales circunstancias que concurren en las familias monoparentales, donde las cargas familiares y los deberes laborales recaen, todo el tiempo, sobre una única persona, sin posibilidad de conciliar o repartir tiempos y espacios.

Para este colectivo, los centros de atención socio educativa y los servicios de ludoteca infantiles constituyen el principal apoyo para las familias monoparentales, y así lo había entendido hasta ahora la Administración Autónoma, y en especial el Instituto Andaluz de la Mujer, que en los últimos años había formalizado diferentes líneas de colaboración con algunas entidades asociativas, entre ellas ACANA, para la prestación del servicio de guardería a los hijos de mujeres que afrontan solas su maternidad, mediante Escuelas de Verano así como Talleres educativos durante el curso académico

Sin embargo, en su comunicado lamentaban que para la aplicación de esta medida, la nueva normativa no haya establecido alguna prioridad para las familias monoparentales frente a las parentales, sino que uno y otro tipo de familias quedaban equiparadas a todos los efectos en el reparto de las plazas de centros de atención socio educativa disponibles, obviando así la principal dificultad que ha de afrontar toda familia monoparental, a saber, la de compaginar el cuidado de los hijos con el desempeño de sus obligaciones laborales y su vida personal.

Las intenciones de la asociación al dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz, no eran otras que las de expresar su preocupación porque esa interpretación de la norma acabara desvirtuando el espíritu de las, de por sí escasas, medidas de apoyo a las familias monoparentales impulsadas desde Europa.

Dimos pues un tratamiento diferente a esta consulta, y decidimos trasladar el caso, para su consideración, a la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, organismo impulsor del Decreto de ayudas a las familias, que rápidamente contestó nuestro comunicado manifestando lo siguiente:

La respuesta de la Consejería nos pareció bastante clarificadora de la interpretación que actualmente estaba recibiendo la norma, por lo que se la facilitamos a la asociación ACANA, al objeto de que les sirviera como referente a la hora de solicitar las diferentes ayudas, todo ello sin perjuicio de que se dirigieran mediante escrito de queja a esta Institución, en el supuesto de que apreciasen algún tipo de irregularidad en la aplicación de esa norma.

Por otro lado, las previsiones anunciadas por la Consejería de Asuntos Sociales se han materializado mediante la publicación en BOJA de fecha 7 de febrero de 2003, del Decreto 18/2003, de 4 de Febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas, con el que, según se indica en el propio preámbulo, se pretende «facilitar el acceso a las plazas de los centros de atención socio-educativa en los casos de familias monoparentales".

Efectivamente, de acuerdo con la nueva redacción dada al art. 9 c) del Decreto 137/2002, de 30 de Abril, el requisito de que el padre y la madre trabajen, en el supuesto de acceso a las plazas de atención socioeducativas, no será exigible cuando se trate de familias monoparentales.

Cuando estas quejas son admitidas a trámite constatamos que, por lo general, las Administraciones Locales a las que solicitamos la correspondiente información conocen el problema y, con bastante frecuencia, han actuado sobre uno o varios de los aspectos de necesidad como el empleo, los bienes de primera necesidad o los programas de intervención familiar. En definitiva son los Ayuntamientos quienes se vienen ocupando de atender aquellas demandas que valoran como necesarias, al tiempo que tratan de exigir de estas familias el compromiso de recuperación a través de los programas de intervención familiar.

Sin embargo, los Ayuntamientos no siempre disponen de información actualizada sobre la situación económica, laboral o familiar de los usuarios, lo que lleva a que, en ocasiones, se adopten decisiones erróneas o se aborde parcialmente la problemática que presenta la persona o el grupo familiar.

Así lo exponía en la queja 04/2398 una mujer, separada y madre de 3 hijos, que se encontraba desempleada y con escasos recursos económicos para atender las necesidades más básicas de sus hijos, ya que su ex esposo no estaba abonando la pensión por alimentos. Desde hacía 12 años vivía en la que fue la vivienda conyugal, sin título alguno que acreditase algún régimen de tenencia, y que había sido cedida por el Ayuntamiento de su localidad. La vivienda en cuestión no reunía suficientes condiciones de habitabilidad, aunque los pocos arreglos se habían llevado a cabo gracias a las ayudas otorgadas por el propio Ayuntamiento. Como en la mayoría de los casos, esta mujer había expuesto su situación de necesidad -acceso a un empleo, ayudas económicas, regularización de la situación de la vivienda en la que reside etc- ante el Departamento Municipal de Servicios Sociales, sin que se le hubiera ofrecido respuesta.

Admitida a trámite esta queja, y estudiada la respuesta del Ayuntamiento así como el escrito de alegaciones que a la misma presentó la interesada, pudimos constatar que existían muy diferentes interpretaciones de los datos que figuraban en el expediente.

En primer lugar, el Departamento Municipal de Servicios Sociales desconocía que la situación económica de esta familia se había agravado en los últimos tiempos, debido fundamentalmente al desempleo de ella y sus hijos, y al incumplimiento del pago de la pensión por alimentos a que venía obligado su ex marido, hecho que había sido denunciado por la afectada y que había originado la apertura de un procedimiento abreviado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Respecto al impago de la pensión alimenticia de 360 €, desde el Departamento Municipal se afirmaba que conocían la existencia de denuncias en los años 2000, 2002 y 2004, pero al mismo tiempo les constaba que el órgano jurisdiccional había dictado providencia ordenando el embargo de dicha cantidad directamente de la nómina de su marido, a pesar de lo cual esta mujer seguía asegurando que no la recibía.

Esta discrepancia nos pareció lo suficientemente importante como para realizar una visita al domicilio de la interesada, a través de la cual pudiésemos esclarecer estas y otras cuestiones esenciales. De acuerdo con el informe social elaborado por la Trabajadora Social del Defensor del Pueblo Andaluz tras la visita, el embargo del sueldo a su ex marido permitió que percibieran la pensión por alimentos durante un tiempo hasta que fue despedido y creó una empresa que, al poco tiempo quebró, por lo que dejó de abonar la pensión por alimentos.

El matrimonio había durado 24 años, tiempo durante el cual la interesada había sufrido todo tipo de humillaciones y malos tratos por parte de su marido, los cuales ni siquiera cesaron tras la separación, como lo prueban las tres órdenes de alejamiento que se dictaron contra él, la última de las cuales acordada dos meses después de presentar su queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Como consecuencia de su conflictiva vida matrimonial, la interesada había precisado atención médica en salud mental para intentar paliar el cuadro ansioso depresivo ocasionado por la violenta convivencia.

Pudimos advertir además, que la baja cualificación profesional de nuestra reclamante estaba constituyendo un obstáculo importante para su inserción laboral y, en consecuencia, recomendábamos que fuera incluida en alguno de los programas específicos de intervención para colectivos con dificultades de inserción laboral, como fórmula para mejorar la situación económica familiar y su estado anímico y de salud en general, algo deteriorado tras años de convivencia marcada por los malos tratos conyugales. Para todas estas cuestiones, sugeríamos a la interesada que se mantuviera en contacto con su Ayuntamiento además de acudir al resto de organismos y entidades públicas y privadas con competencias en materia de fomento del empleo.

Pero sin duda la mayor urgencia de la familia se centraba en resolver el problema de las deficientes condiciones de habitabilidad de su vivienda y la regularización de su titularidad. De las manifestaciones de la propia interesada, y del informe municipal, se desprendía que el Departamento de Vivienda, aún siendo consciente de que esta familia carecía de título de propiedad sobre la vivienda, le había prestado ayuda consistente en el suministro de materiales para la realización de obras de reparación. En este sentido, sugeríamos al Ayuntamiento que, en la medida de lo posible, orientase y asesorase a la interesada para la regularización de la situación jurídica de la vivienda que ocupaba, para que una vez llevada a cabo la misma, pudiera acceder a algunas de las Actuaciones y/o Programas que en materia de Rehabilitación contemplan los actuales Planes de Vivienda y Suelo, en caso de que cumpliese con los requisitos exigidos.

Como acabamos de exponer, el origen de muchas de estas situaciones se encuentra en el desequilibrio económico producido tras las separaciones y divorcios, desequilibrio que con bastante frecuencia perjudica principalmente a la mujer. En la queja 04/891 una mujer de 25 años de edad, en situación de desempleo, y madre de tres hijos de 8 meses,1 y 6 años, manifestaba que su marido les había abandonado llevándose consigo todos los ahorros de la familia –en torno a los 23.000 euros-. De momento estaban alojados en casa de sus padres, quienes asumían el alojamiento y la manutención de los cuatro, hasta tanto el Departamento de Servicios Sociales de su localidad les respondía sobre la petición de ayuda de emergencia que había presentado.

Un caso parecido nos presentaba en la queja 04/1199 una mujer separada, madre de cinco hijos que no percibían la pensión por alimentos de su padre. Al parecer había ocupado varias viviendas en régimen de alquiler, y en todos los casos había incumplido su obligación de pago del alquiler debido a su escaso nivel de ingresos económicos –su sueldo como empleada doméstica no alcanzaba los 300 euros. Por este motivo había sido demandada y se encontraba pendiente de desahucio tras el último juicio por falta de pago de renta. En este sentido manifestaba su desesperación y la de sus hijos, por no poder acceder a una vivienda protegida en alquiler a un precio ajustado a su situación económica, demanda que ya había sido planteada ante el departamento municipal de servicios sociales de su localidad.

Las actuaciones de las entidades públicas receptoras de este tipo de peticiones –f undamentalmente los Ayuntamientos- no pueden ofrecer otra respuesta que el programa de viviendas de promoción pública de segunda ocupación, en el caso de estar disponibles, o la inclusión en lista de espera por reunir los requisitos exigidos en la normativa vigente para ser adjudicataria de una vivienda de este tipo. 

7.2. IMAGEN INSTITUCIONAL

7.2.1. Junta de Andalucía.

7.2.1.1. Valoraciones.

   

• La Consejería de Justicia y Administración Pública utiliza la denominación Oficinas de Información al Ciudadano, y los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo adscritos a éstas, se denominan Negociado de Atención al Ciudadano y Auxiliar Administrativo-Atención al Ciudadano, obviando la aplicación de la normativa que regula la utilización de lenguaje no sexista.

7.2.1.2. Recomendaciones

   

• Aplicar la normativa de eliminación del lenguaje no sexista en la denominación, organización y funcionamiento de las Oficinas de Información Administrativa.

 

7.2.2. Ayuntamientos

7.2.2.1. Valoraciones

   

• Llama la atención que, en la creación de estas Oficinas Municipales de atención al público en general, la mayoría de las Administraciones Públicas hayan obviado la aplicación de la normativa que regula la utilización de lenguaje no sexista en todo tipo de comunicaciones y especialmente en las que hagan referencia a sus relaciones con los usuarios de los servicios públicos.
  
  En este sentido, hemos de destacar aquellas oficinas que han optado por una denominación que engloba al conjunto de la población, como es la de Oficina de Atención Ciudadana, o la elección realizada por la Oficina de Información al Ciudadano y Ciudadana del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en la provincia de Sevilla.

      

7.2.2.2. Recomendaciones

   

• Aplicar la normativa de eliminación del lenguaje no sexista en la denominación, organización y funcionamiento de las Oficinas Municipales de Información Administrativa.

Otro tema que nos parece importante al analizar el estado de los derechos fundamentales, desde la perspectiva de su ejercicio, es el grado de cumplimiento del derecho a que la Administración elabore y redacte las comunicaciones y documentos de forma que no contengan expresiones discriminatorias por razón de sexo. O lo que es lo mismo, la eliminación del lenguaje sexista en las comunicaciones oficiales de los organismos dependientes de la Junta de Andalucía.

En este punto queremos destacar nuestras conclusiones sobre el estado de esta cuestión, tal y como fueron expuestas con ocasión de la presentación, en el mes de Julio de 2002, del Informe Especial sobre Atención Ciudadana en Andalucía, mediante el cual hemos abordado el análisis de los servicios de información administrativa general de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos y Diputaciones Andaluzas, a través de varios factores de estudio: la normativa reguladora, la implantación y diseño de las oficinas, su imagen institucional, la aplicación de las nuevas tecnologías etc.

Al analizar la imagen institucional de las oficinas y puntos de información y atención ciudadana de la Junta de Andalucía, pudimos comprobar que la Consejería de Justicia y Administración Pública, competente por razón de la materia, venía utilizando la denominación Oficinas de Información al Ciudadano, al tiempo que los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo adscritos a éstas, se denominaban Negociado de Atención al Ciudadano y Auxiliar Administrativo-Atención al Ciudadano, obviando en todo momento la aplicación de la normativa que regula la utilización de lenguaje no sexista, entre otras la Orden de las Consejerías de Presidencia y Asuntos Sociales de 24 de Noviembre de 1992 (BOJA nº 126).

En consecuencia, formulamos Recomendación en el sentido de que para la denominación, organización y funcionamiento de las Oficinas de Información Administrativa, así como de los puestos a ellas adscritos, se aplicara la normativa vigente en materia de eliminación del lenguaje sexista.

Otro aspecto a destacar en materia de educación e igualdad es el referido a la eliminación del lenguaje sexista en los libros de texto. En la queja 04/1324 la interesada, en nombre de la Coordinadora de Mujeres de Sevilla, exponía que tras llevar a cabo la revisión de algunos de los libros de texto que están siendo utilizados en las diferentes disciplinas del primer y segundo ciclo de la ESO en Andalucía, habían detectado la permanencia de distintas formas de sexismo de forma manifiesta. Como ejemplo, aportaban datos recogidos de varios libros de texto de dos editoriales, correspondientes a las disciplinas de Ciencias Sociales, Matemáticas, Tecnología Informática de 2º y 3º de ESO.

Admitida a trámite la queja, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación informó que, habiendo procedido a la revisión de los contenidos y páginas concretas de los libros de texto mencionados en el escrito de queja, no se habían detectado elementos discriminatorios graves que estuvieran conculcando lo establecido en el Decreto 51/2000 de 7 de Febrero, por el que se regula el registro, la supervisión y la selección de los libros de texto.

El procedimiento de análisis se había llevado a cabo en el seno de la comisión de personas expertas creada mediante Orden de 21 de Febrero de 2000, dictada en desarrollo del citado Decreto, que tiene por objetivo estudiar y valorar las reclamaciones de cualquier sector de la comunidad educativa en relación con deficiencias de cualquier índole detectadas en los libros de texto y material complementario depositados en el Registro de la Consejería de Educación, y en ella está representada la propia Consejería, editoriales y expertos científicos.

Nos informó igualmente, que en la actualidad se estaba revisando la normativa que regula este procedimiento, para incorporar la posibilidad de contar con la participación en la Comisión de personas que representen al Instituto Andaluz de la Mujer para intervenir en los procesos de valoración, estudio y propuestas de mejora que realice dicha comisión.

Por último nos comunicaba que habían puesto estos hechos en conocimiento de las empresas editoras de los libros de texto analizados, al objeto de que informasen sobre las actuaciones que se fueran a realizar en este tema.

En consecuencia, habida cuenta de la información recibida, dimos por finalizadas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Por el contrario, en la queja 1430/91, del estudio de la información municipal recibida, observamos varias irregularidades, entre ellas la posible discriminación de una aspirante por su condición de mujer, en el procedimiento de selección de personal para participar en el programa de " Fomento 91" en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

A la vista de lo actuado, consideramos oportuno formular Recordatorio de deberes legales a la primera autoridad municipal y Sugerencia sobre promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a los puestos de trabajo.

Como quiera que no se recibió respuesta alguna a nuestras Resoluciones, se comunicó al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva), la inclusión de este expediente en el Informe del presente año, dando cuenta de ello a la interesada.