Los efectos de la devastadoras crisis económica que estamos padeciendo en los últimos años se están dejando sentir con especial intensidad en la calidad de vida de niños y niñas. Muchos han sido los estudios e informes realizados por diversas Organizaciones donde se concluye que el mayor impacto negativo de la actual situación económica se ha producido en los hogares con menores de edad, impacto no sólo referido a cuestiones de renta (pobreza relativa) o a indicadores de privación (condiciones de vida), sino también a términos de exclusión social.
Estos trabajos diagnostican que la pobreza es más extensa, más intensa y más crónica y crea una sociedad dual y polarizada, en la que la distancia entre ricos y pobres es cada vez mayor. Es decir, la pobreza multiplicada por la crisis se ha extendido a más capas sociales, se ha agravado y se ha hecho permanente. Y en relación con los menores, los estudios anuncian el incremento de la pobreza infantil y de la demanda de ayudas públicas: Hay más niños pobres y éstos son más pobres. De este modo, el incremento de la pobreza en la infancia ha sido significativamente mayor que en el del total de la población.
Ciertamente la crisis no sólo está aumentando la exclusión y la marginalidad de determinadas familias -ávidas de ayudas antes de que se produjera la actual coyuntura económica- sino que está desdibujando las fronteras de la pobreza extendiéndola hacia las clases medias. Se trata de familias que se encontraban en una situación normalizada pero que la prolongación de la crisis las ha convertido en un colectivo de especial vulnerabilidad como consecuencia, principalmente, de la pérdida del empleo de uno, varios o de todos los miembros de la unidad familiar. Por desgracia, en muchos casos, esta ausencia de ingresos les impide hacer frente al pago de las hipotecas o de los alquileres, y el resultado final se traduce en la pérdida de la vivienda familiar por embargo –principalmente por el impago de las hipotecas a las entidades bancarias- o, en su caso, por desahucio al no abonar las rentas a los propietarios.
En estas situaciones se encuentran un gran número de andaluces y andaluzas con cargas familiares que, vencidas sus ilusiones del pasado por la crudeza de la crisis, se preguntan ahora cómo afrontar un futuro sin vivienda. Como resulta fácilmente imaginables, estas circunstancias están generando verdaderos dramas familiares, lo que ha dado lugar a que distintos ámbitos se exigiera a los poderes públicos una respuesta concreta a esta nueva realidad que tanta alarma social está ocasionando.
Así las cosas, recientemente se ha aprobado el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de Noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios. Una norma que tiene por objetivo la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en situación de especial riesgo de exclusión. Pero no podemos olvidar que es una norma excepcional y con carácter temporal de la que no pueden beneficiarse muchos ciudadanos pues han cumplir los dos tipos de requisitos exigidos en la misma. Pero, sobre todo, hemos de tener en cuenta que esta norma no afronta la situación de quienes ya han sido sometidos a un proceso de lanzamiento que ha culminado con el desalojo de sus viviendas.
Todavía es pronto para aventurar el impacto que el mencionado Real Decreto-Ley tendrá y cómo contribuirá a paliar el drama social al que aludimos, pero lo cierto es que según los últimos datos, en España se producen miles de desalojos de viviendas al día y en un altísimo porcentaje de los cuales hay menores de edad implicados.
Centrándonos en el tema de los menores, no resulta difícil imaginar los efectos que se producen en estos casos: Pierden su elemento material de cobijo y resguardo. Su casa es su referente de vida y de relación con el entorno. La vivienda es su escenario vital, su lugar de convivencia y desarrollo. Su domicilio es determinante para su vida escolar, sus relaciones ente iguales y su propio entorno urbano. Si asumimos el efecto de estas expulsiones de los hogares en las personas adultas, en el caso de menores los impactos son mucho más duros.
Es por ello que expertos en psicología infantil vienen advirtiendo las graves consecuencias que la pérdida de la vivienda puede tener en niños y niñas. Así, se mencionan cambios de conducta, problemas de relación con los padres y situaciones desadaptativas con su entorno.
El panorama que describimos tiene su fiel reflejo en las quejas que la ciudadanía plantea a la Institución, unas reclamaciones -en ocasiones más bien unas llamadas de auxilio- que ponen de relieve con toda su crudeza la desesperación de muchas personas ante la impotencia de no poder hacer nada por cambiar una situación que les impide satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, entre las que se encuentra disponer de una vivienda digna.
Pues bien, una Institución que tiene encomendada la misión de velar por los derechos de la infancia y adolescencia, como es el Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor, no puede quedar impasible ante esta realidad y debe dar la voz de alarma -así lo ha venido haciendo desde que comenzó la crisis- cuando considera que los derechos de las personas menores de edad se puedan encontrar comprometidos.
Así las cosas, se propone la apertura de una QUEJA DE OFICIO para analizar la incidencia que los desahucios de las viviendas por impago de las deudas está ocasionando en las personas menores de edad en Andalucía, así como las respuesta que ante esta realidad están recibiendo de los poderes públicos. En concreto, la actuación va dirigida con los siguientes organismos:
a) Consejería de Salud y Bienestar Social.
b) Consejería de Fomento y Vivienda:
c) Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
