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La reclamante manifestaba que era madre de una niña de 10 años, a la que había criado yo sola sin ninguna ayuda. Se encontraba en situación de desempleo desde hacía ya tiempo y lo único que percibía era el salario social cada seis meses alternos. De manera que los meses que no cobraba, percibía cero ingresos.

Vivía de alquiler, por el que pagaba una renta de 325 euros mensuales, teniendo en cuenta que además tenía que atender los gastos de alimento y suministros básicos, no le alcanzaba para vivir. Pedía una vivienda digna donde poder criar a su hija. En el año 2015, fue incluida en la lista de solicitantes de vivienda en régimen de alquiler social.

En numerosas ocasiones había solicitado la ayuda de los servicios sociales para poder atender el pago de los gastos de alquiler, luz o agua. No obstante, se lo habían denegado, al parecer porque no se podía conceder esta subvención en dos ocasiones.

Solicitado informe al Ayuntamiento de Punta Umbría, se nos ratificó la precaria situación económica que afectaba a la interesada y su unidad familiar.

No obstante, se nos trasladó la imposibilidad de ofrecer a la interesada una vivienda protegida en régimen de alquiler o de alquiler con opción a compra, al ser éstas las dos opciones por ella solicitadas, dado que no existían viviendas vacantes en el municipio.

Asimismo, se apuntaba por esa corporación local como solución provisional, que por parte de los Servicios Sociales se tramitaran las ayudas económicas dirigidas al mantenimiento de la vivienda que en esos momentos ocupaba la interesada en régimen de arrendamiento libre, evitándose así un desahucio.

En vista de esta información, siendo consciente esta Institución de la escasez de viviendas protegidas y del elevado número de personas que engrosan las listas de solicitantes, y habiendo podido comprobar que por parte de los Servicios Sociales se había activado el protocolo para los casos de personas en situación de especial vulnerabilidad, habiéndose prestado a la interesada la ayuda puntual necesaria para atender sus necesidades básicas, consideramos que podría ser una solución provisional aceptable la propuesta que se formulaba desde el Ayuntamiento, en el sentido de colaborar en el mantenimiento del alquiler como alternativa para garantizar a la interesada un techo digno donde vivir hasta que pudiera adjudicársele por el procedimiento legalmente establecido la vivienda que tenía solicitada.

En consecuencia, con el propósito de garantizar el derecho a la vivienda que la legalidad vigente reconocía a la interesada, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de nuestra Ley reguladora, procedimos a formular al citado organismo Resolución en el sentido de que los servicios sociales realizasen con la urgencia requerida, las actuaciones que procedieran en aras a garantizar a la interesada el pago puntual del alquiler de su vivienda, hasta que pudiera adjudicársele una vivienda protegida a través del procedimiento legalmente establecido.

En su respuesta, el Ayuntamiento de Punta Umbría nos informó que desde los servicios sociales municipales se consideró procedente acceder a apoyar puntualmente a la presente familia y en concepto de cobertura de necesidades básicas, siempre que las condiciones socio-económicas familiares fuesen las que presentaba en la actualidad, y siempre que cumpliera las orientaciones marcadas en el proyecto de intervención social.

Considerando, pues, que la Resolución formulada había sido aceptada, dios por concluidas nuestras actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución ante el Ayuntamiento de Motril, por la que recomendaba dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada con fecha 15 de junio de 2016.

Mediante informe recibido al efecto, el Ayuntamiento acepta la Resolución formulada, y nos da traslado de la respuesta que con fecha 13 de febrero de 2018 ha remitido a la parte promotora de la queja, por lo que se procede al cierre del expediente.

Lo anterior, toda vez que según nos aclaraba el Ayuntamiento de Motril, no había dado una respuesta inmediata a la reclamante por no tener constancia de su domicilio.

Añadiendo además que se habría incorporado a la dependencia habilitada para la recepción de visitantes, un libro de hojas de reclamaciones; aprobando la Comisión Gestora del Espacio Reserva Natural Concertada Charca de Suárez, unas normas concretas de acceso para visitantes; pidiendo disculpas a la reclamante por la incidencia producida durante su visita.

El interesado exponía que debido a la precariedad económica en la que se encontraba su familia, compuesta por sus dos hijos menores de edad, su mujer y él mismo, había solicitado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento una ayuda para hacer frente al pago del agua y de la luz. Manifestaba que por parte de los Servicios Sociales se le indicó que no existía la posibilidad de conceder ayudas de emergencia para el pago de los suministros básicos, así como que tampoco tendría derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad por encontrarse uno de los miembros de la unidad familiar trabajando, a pesar de que el interesado afirmaba que sus ingresos fueron únicamente de 160 € el último mes.

Nos dirigimos al Ayuntamiento competente, desde donde se nos informó que existía expediente de la unidad familiar desde antes del año 2002, habiendo sido múltiples las intervenciones realizadas. Concretamente, en los años 2016 y 2017 se les había concedido diversas ayudas familiares y para el pago de suministros.

La trayectoria socioeconómica de la unidad familiar había estado marcada por desempleo prolongado y escasez de recursos económicos. Además de actuaciones dirigidas a la ayuda para cubrir las necesidades económicas también se habían llevado a cabo diferentes actuaciones en el ámbito familiar.

Tras la petición de informe al Ayuntamiento, se incluyó a la familia en la convocatoria 2017/2018 del Programa de Pobreza Energética, realizándose el primer abono y se le facilitó documentación referida al Ingreso Mínimo de Solidaridad.

En consecuencia, consideramos que se había producido una resolución positiva de la queja planteada por el interesado y dimos por concluidas nuestras actuaciones, sin perjuicio de que entendíamos que la precariedad de la situación económica de la unidad familiar requería una continuidad en la intervención de los servicios sociales.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba resolución ante el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, por la que recomendaba dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito solicitando devolución de ingresos indebidos presentado por la parte afectada con fecha 11 de marzo de 2016.

Del informe recibido al efecto, se concluye que la Administración tributaria ha aceptado la recomendación formulada, dando respuesta al escrito formulado por la parte interesada.

Actualmente, el expediente se encuentra en trámite, no obstante en el momento en que recaiga Resolución se le dará oportuno traslado al solicitante.

La Administración educativa informa que se va a proporcionar un servicio complementario de transporte escolar que permitirá que la menor pueda desplazarse al centro educativo donde se ha podido escolarizar.

Las personas interesadas relatan los problemas surgidos en el proceso de escolarización de su hija, alumna con necesidades educativas especiales, que hasta el curso 2016/2017 asistía al un centro educativo de la provincia de Málaga, pero le comunicaron que tenía tres días para echar la inscripción de la alumna en un Instituto, ya que para el siguiente curso no podía seguir en el mismo colegio.

Relataban que tuvieron que pasar por distintas vicisitudes acontecidas en el proceso de escolarización, motivos que han impedido que la alumna pudiera asistir a ningún centro educativo.

La parte interesada manifestaba que había quedado excluida del proceso de preinscripción como consecuencia de una incidencia informática producida durante la tercera fase de adjudicación, que entiende no le es imputable ya que habría realizado correctamente todas las actuaciones que le correspondiera.

Interesados ante la Comisión del Distrito Único Andaluz, recibimos informe indicando que la parte interesada presentó alegación a la situación en la que se encontraba en la tercera lista de adjudicación de la fase 1. La alegación fue resuelta favorablemente en la tercera semana de septiembre y la interesada continuó participando en el procedimiento. Finalmente se matriculó en la Universidad en el Grado pretendido el 2 de octubre de 2017.

Así, a la vista de la información recibida, y dado que el asunto objeto de la presente queja ha quedado solucionado, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente de queja.

El interesado exponía que desde abril de 2015 su madre tenía solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia. En abril de 2016 se le reconoció el grado III de Gran Dependencia, pero aún no se había aprobado el PIA donde se estableciesen las prestaciones y los servicios que le correspondían.

Su madre vivía en una residencia cuyo coste mensual rondaba los 2000 euros, cobrando su madre una pensión de viudedad de 893 euros, por lo que ya no podía seguir sufragando la diferencia, por lo que si la ayuda no llegaba, echarían a su madre a la calle. Argumentaba que por razones de espacio, de condiciones de su vivienda, así como condiciones económicas y laborales, no le era posible llevar a su madre con él. Por otra parte, dada su pérdida cada día mas grande de memoria, los médicos desaconsejaban los cambios que se producirían en caso de tener que sacarla de la residencia.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla la cual nos respondió que una vez recepcionada la propuesta de PIA, se estimó como recurso más adecuado la Residencia para Personas Mayores y, comprobada la documentación obrante, se estaba a la espera de disponibilidad de plaza para la aprobación del PIA, para lo cual habría de tenerse en cuenta el orden riguroso de incoación.

Transcurrido un tiempo, volvimos a solicitar a la Delegación Territorial que nos informara del estado de tramitación de la aprobación del PIA y, en su caso, posible período de tiempo en que se previera su resolución, a lo que nos indicaron que con fecha 27 de abril de 2017 se reconoció el derecho de acceso al servicio de atención residencial, aunque en distinta Residencia a la que se encontraba de forma privada.

Considerando aceptada la pretensión del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.