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Una vez más nos ponemos en contacto con la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, en relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia, arriba indicado, en la que la parte afectada exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 27 de mayo de 2022, compareció ante esta Institución Dña. (...), donde trasladaba que el pasado 13 de octubre de 2021, presentó un recurso de alzada frente a la Resolución denegatoria de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA), de 3 de septiembre de 2021, que le denegaba el acceso a la misma, por no estar dada de alta como demandante de empleo.

La interesada ponía de manifiesto ante esta Institución no estar conforme con el contenido de la misma, hecho que sustentaba su recurso con la correspondiente documentación al respecto. Asimismo, nos expresaba que vivía con hijos a su cargo, percibiendo una ayuda familiar a punto de expirar, junto con una petición de Ingreso Mínimo Vital que estaba pendiente de estudio, y sin saber como hacer frente a sus gastos futuros.

2.- Por estos hechos nos interesamos ante la Administración el pasado 23 de junio de 2022, y realizamos un reitero de nuestra petición el pasado 18 de agosto del mismo año, recibiéndose Informe de la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente donde, en lo esencial, se manifestaba que:

“(…) Con fecha 13/10/2022, la persona interesada presentó recurso de alzada en el Registro de la Delegación Territorial de esta Consejería en Cádiz, en el que manifiesta su disconformidad con la Resolución dictada en fecha 03/09/2021, por la Delegación Territorial de esta Consejería en Cádiz, por la que se acuerda denegar, a la unidad familiar representada por la persona interesada, el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía regulada por el Decreto-Ley 3/2017 de 19 de diciembre.

El citado recurso, junto con el informe preceptivo y el expediente administrativo, tuvo entrada en la Dirección General de Servicios Sociales, como órgano competente para resolver, el 21/02/2022.

A la fecha de emisión del presente informe el recurso no ha sido resuelto, dado que existen recursos anteriores pendientes de resolver, y de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada de lo contrario, de la que deba quedar constancia”.

Una vez dictada la resolución del recurso de alzada interpuesto por la persona interesada, será remitida copia a esa Institución para su conocimiento y efectos”.

3.- En este sentido, puesto en conocimiento el conjunto de esta información a la interesada, nos ha mostrado su disconformidad con la misma. Sin perjuicio de lo anterior, señalar que esta Institución no ha recibido la citada Resolución que se mencionaba en el informe y que respondería al recurso de alzada presentado por la afectada.

Así pues, en base a los referidos antecedentes, podemos concluir que se han sobrepasado más que ampliamente todos los plazos que hubieran sido razonables para proceder a la resolución expresa que solicitamos, por lo que consideramos procedente realizar las siguiente

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del mencionado artículo 21 establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Asimismo, el apartado 2 del mismo artículo dispone que el plazo máximo para resolución y notificación será el fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate y nunca podrá ser superior a seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea.

En relación con lo anterior, el artículo 122 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece expresamente el plazo para dictar y notificar la resolución en los recursos de alzada en tres meses; y si transcurrido este plazo sin que hubiese recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en los supuestos excepcionales que señala la norma.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable -y menos aún, con arreglo al principio proactione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art.24.1 CE-, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa».

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 31, garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con los de principios de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

También de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima.

Parecidos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula a esa Dirección General de Participación y Equidad, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN 1: Que se den las instrucciones necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se proceda a emitir la resolución expresa que corresponda al recurso de alzada presentado por la interesada con fecha 13 de octubre de 2021.

RECOMENDACIÓN 2: Que se doten de los medios precisos, de índole técnica, informática o de cualquier otra naturaleza, así como del personal necesario, para que puedan resolverse los recursos administrativos en unos plazos razonables y respetando los plazos establecidos por su normativa reguladora.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Una vez más nos ponemos en contacto con la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, en relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado, en la que la parte afectada exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 5 de junio del 2022, compareció ante esta Institución Dña. (...), interponiendo una queja donde exponía sentir cierto desconcierto con la resolución de 20 de mayo, dictada por esa Delegación Territorial, con respecto a su solicitud de tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

En concreto, en su comunicación ponía en valor el informe emitido por su médico de atención primaria, en el que se hacían constar las patologías que limitaban su movilidad, explicitando el facultativo que la interesada estaba necesitada de apoyo de una tercera persona en su vida cotidiana.

Asimismo nos trasladaba confiar en que todo esto se había producido por error, y esperaba subsanar su situación bajo el prisma de los informes médicos que aportaba.

2.- Por estos hechos nos interesamos ante la Administración el pasado 12 de julio de 2021, recibiéndose Informe de la anteriormente denominada Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, donde en lo esencial se manifestaba que “(...) Según consta en el Sistema Informático de Servicios Sociales, la interesada presenta solicitud de tarjeta de movilidad reducida con fecha 17 de febrero de 2021, resolviéndose el 20 de mayo de 2021 en base al grado de discapacidad y de baremo de movilidad reducida que tiene reconocida a esa fecha, no encontrándose en ninguno de los casos recogidos en el artículo 4 de la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía.
Además indicarles que Dª (...) ha interpuesto RECURSO DE ALZADA con fecha 5 de junio de 2021 que ha sido enviado el 2 de julio de 2021 de forma telemática al órgano competente en razón de la materia para su resolución”.

3.- Puesto en conocimiento el conjunto de esta información a la interesada, en reiteradas ocasiones nos manifiesta desconocer la situación del recurso, que para mayor perplejidad de la interesada nos expresa que fue revisado su grado de discapacidad con un aumento del mismo.

Así pues, en base a los referidos antecedentes, podemos concluir que se han sobrepasado más que ampliamente todos los plazos que hubieran sido razonables para proceder a la resolución expresa del recurso que solicitamos, por lo que consideramos procedente realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del mencionado artículo 21 establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Asimismo, el apartado 2 del mismo artículo dispone que el plazo máximo para resolución y notificación será el fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate y nunca podrá ser superior a seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea.

En relación con lo anterior, el articulo 122 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece expresamente el plazo para dictar y notificar la resolución en los recursos de alzada en tres meses, y si transcurrido este plazo sin que hubiese recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en los supuestos excepcionales que señala la norma.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable -y menos aún, con arreglo al principio proactione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE-, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa».

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 31, garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con los de principios de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

También de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima.

Parecidos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula a esa Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Málaga, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN 1: Que se den las instrucciones necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se proceda a emitir la resolución expresa que corresponda al recurso de alzada presentado por el interesada, con fecha 5 de junio de 2021.

RECOMENDACIÓN 2: Que se doten de los medios precisos, de índole técnica, informática o de cualquier otra naturaleza, así como del personal necesario, para que puedan resolverse los recursos administrativos en unos plazos razonables y respetando los plazos establecidos por su normativa reguladora.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución, siendo esencial para el cumplimiento de los fines de un Estado de Derecho.

Asimismo, se lograría garantizar en mejor medida el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Una vez más nos ponemos en contacto con la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz, en relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia, arriba indicado, en la que la parte afectada exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de abril de 2022, compareció ante esta Institución Doña (...), donde trasladaba su disconformidad con la resolución dictada en marzo de 2022, donde se la tenía por desistida de su solicitud de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

La compareciente nos indicaba que en el seno de dicha solicitud, le fue dirigido
requerimiento de subsanación, cuya copia aportaba, de febrero de 2022, y que por su parte atendió, adjuntando copia del contrato de trabajo, como única documentación que obraba en su poder para poder hacer valer su pretensión.

2.- Por estos hechos nos interesamos ante la Administración el pasado 9 de junio de 2022, recibiéndose Informe de la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente donde, en lo esencial, se manifestaba que “(…) Atendiendo a la queja relativa a la interposición del recurso de alzada contra la Resolución dictada por la Delegación Territorial; le informamos lo siguiente;

(…) Se ha comprobado que el citado organismo emitió informe en fecha 18/10/2022, siendo remitido a esa Institución en fecha 19/10/2022.

Con fecha 31/03/2022, la interesada presentó recurso de alzada en el Registro de la Delegación Territorial de esta Consejería en Cádiz, en el que manifiesta su disconformidad con la Resolución dictada en fecha 23/03/2022, por la Delegación Territorial de esta Consejería en Cádiz, por la que se acuerda declarar, a la unidad familiar representada por la persona interesada, desistida de su solicitud de acceso a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

El citado recurso, junto con el informe preceptivo y el expediente administrativo, tuvo entrada en esta Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, como órgano competente para resolver, el 13/09/2022.

A la fecha de emisión del presente informe el recurso no ha sido resuelto, dado que existen recursos anteriores pendientes de resolver, y de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada de lo contrario, de la que deba quedar constancia.

Una vez dictada la resolución del recurso de alzada interpuesto por la persona interesada, será remitida copia a esa Institución para su conocimiento y efectos”.

3.- Puesto en conocimiento el conjunto de esta información a la interesada nos ha manifestado su disconformidad con el proceder de este asunto. Asimismo nos expresa su desconcierto en la disparidad de la información recibida por parte del órgano gestor competente.

Sin perjuicio de lo anterior, apuntar que esta Institución no ha recibido la citada Resolución que se mencionaba en el informe y que respondería al recurso de alzada presentado por la afectada.

Así pues, en base a los referidos antecedentes, podemos concluir que se han sobrepasado más que ampliamente todos los plazos que hubieran sido razonables para proceder a la resolución expresa que solicitamos, por lo que consideramos procedente realizar las siguiente

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del mencionado artículo 21, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Asimismo, el apartado 2 del mismo artículo dispone que el plazo máximo para resolución y notificación será el fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate y nunca podrá ser superior a seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea.

En relación con lo anterior, el articulo 122 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece expresamente el plazo para dictar y notificar la resolución en los recursos de alzada en tres meses; y si transcurrido este plazo sin que hubiese recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en los supuestos excepcionales que señala la norma.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable -y menos aún, con arreglo al principio proactione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art.24.1 CE-, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa».

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 31, garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con los de principios de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

También de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima.

Parecidos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula a esa Dirección General de Participación y Equidad, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN 1: Que se den las instrucciones necesarias para que, a la mayor brevedad posible, se proceda a emitir la resolución expresa que corresponda al recurso de alzada presentado por la interesada con fecha 31 de marzo de 2022.

RECOMENDACIÓN 2: Que se doten de los medios precisos, de índole técnica, informática o de cualquier otra naturaleza, así como del personal necesario, para que puedan resolverse los recursos administrativos en unos plazos razonables y respetando los plazos establecidos por su normativa reguladora.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución, siendo esencial para el cumplimiento de los fines de un Estado de Derecho.

Asimismo, se lograría garantizar en mejor medida el derecho a la buena administración, contenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Recordamos al Ayuntamiento de Sevilla la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que responda expresamente el escrito presentado por la promotora de la queja.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 12 de enero de 2021 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por Don … , a través de la cual nos exponía el motivo de su queja, el cual versaba sobre la falta de resolución expresa al recurso de reposición por el que impugna la resolución que le desestima la licencia de ocupación de vía pública para ejercer la venta ambulante, contra el Ayuntamiento de Sevilla.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración una respuesta expresa y motivada al referido recurso.

III. Con fecha 23 de marzo de 2021, esta Institución requirió respuesta al Ayuntamiento de Sevilla, así ante la ausencia de información por su parte, con fecha 4 de mayo del año en curso se procede a reiterar la citada petición, sin emitir hasta la fecha resolución expresa alguna.

En base a los referidos antecedentes y alegaciones tras analizar toda la información, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Especialidad del procedimiento de revisión en vía administrativa.

Don … , resulta ser sujeto legitimado según el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para interponer el recurso de reposición contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, y podrán interponerse por los motivos de nulidad o anulabilidad.

Procedimiento éste, que el artículo 124 de la citada ley establece el plazo de un mes para dictar resolución expresa.

Segunda.- Legislación básica estatal para todas las administraciones.

Si bien, los principios generales y disposiciones de común aplicación contenidos en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge para los administrados, entre otras garantías, la obligación de dictar resolución expresa y a notificarla (artículo 21.1 Ley 39/2015) a todas las Administraciones Públicas (incluida en esta obligación la administración municipal en el ejercicio de la potestad de revisión de los actos administrativos).

Pues bien, sobre estos fundamentos normativos, el recurso de reposición interpuesto, debió haber dado lugar al dictado y notificación de resolución expresa al mes, computados desde la fecha en que la solicitud tuvo entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación (artículo 21.3.b) Ley 39/2015).

Desde un punto de vista genérico y sin ánimo de exhaustividad, la demora administrativa vulnera la siguiente normativa estatal y autonómica de aplicación: el derecho a una buena administración, que comprende el de resolución de los asuntos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y artículo 5.1.d) de la 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía), en relación con los artículos 20, 21 y 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, alusivos a la obligación de resolver expresamente y en plazo, a la obligatoriedad de términos y plazos y a la responsabilidad de la tramitación.

Por todo ello, constituye un deber de la Administración, que confirma y fundamenta su voluntad, expresada en el acto administrativo, resolver lo solicitado en el sentido que se estime oportuno conforme a Derecho, lo que facilita el control jurisdiccional del acto, al dar a conocer su motivación y el porqué de su actuación. Al propio tiempo supone una garantía del ciudadano para el ejercicio de su defensa.

En conclusión, consideramos que deben adoptarse reformas estructurales y procedimentales que permitan observar el plazo legal en la resolución de expedientes en materia de revisión, especialmente en los recursos de reposición y dotarse de medios personales que precise el Ayuntamiento de Sevilla, para paliar estos retrasos tan llamativos, que deben ser puestos de relieve por los responsables de esa Alcaldía, a los efectos oportunos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos en la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN. - para que se adopten las medidas que permitan observar el derecho de Don … , a obtener una resolución expresa y motivada, que ponga término al recurso de reposición presentado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tramita expediente referente a las molestias, y el consecuente peligro, debido a las numerosas carreras ilegales que se celebran en la zona en la que reside el promotor de la queja.

ANTECEDENTES

I. Tuvo entrada en esta Institución escrito remitido por el interesado en el que nos comunicaba que eran numerosas las noches y madrugadas en las que algunos vehículos a motor se daban cita para realizar carreras en la rotonda situada entre las calles Camino Real de los Neveros y Avenida Ingeniero Santa Cruz, lo que suponía una actividad ilícita y un peligro para peatones y vecinos, que generaba un insoportable ruido que impedía descansar y dormir a las familias. Que en numerosas ocasiones se había llamado a la Policía Local y Guardia Civil, indicándoles no tener efectivos.

Que se había solicitado al Ayuntamiento que tomara medidas al respecto, colocando badenes, radares o aumentando la presencia policial, sin haber obtenido respuesta las quejas y reclamaciones hasta la fecha.

II. Reunidos cuantos requisitos formales se prevén en el artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la referida queja y, consiguientemente, solicitar del Ayuntamiento de Huétor Vega la emisión de informe junto a la documentación oportuna que permitan el esclarecimiento de los motivos de la queja.

III. A este respecto, por la Jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento se emitió con fecha 28 de abril de 2021 el siguiente informe:

“1.- La Jefatura de Policía Local informa que NO tenemos servicio de NOCHE y en la medida de nuestras posibilidades teniendo en cuenta que por turno de mañana y tarde hay dos agentes, se acude siempre a cualquier llamada de cualquier ciudadano de este municipio.

Esta Jefatura de Policía Local dispone en plantilla en la actualidad de 10 agentes, de los cuales uno de ellos se encuentra en segunda actividad y dos más se encuentran en baja laboral prolongada, desconociendo esta Jefatura los motivos de ésta.

2.- Que en cuanto a la seguridad vial, existen badenes en ambas calles, si bien en el Camino Real de Los Neveros existen en mal estado y pendientes de reponer, teniendo constancia este Ayuntamiento a través del área de mantenimiento, pendientes de reponer en su caso y en cuanto a la Avda Ingeniero Santa Cruz, si existen badenes los cuales refuerzan la seguridad vial en la zona.

3- En cuanto a las carreras de vehículos, siempre que hemos tenido efectivos policiales y a disposición el vehículo radar que cede la J.P.T, se han realizado controles en ambas vías en horario de tarde”.

Una vez valorada dicha información, y en tanto que se reconocen las carencias denunciadas por el interesado, se solicitó una ampliación de la misma, con objeto de conocer si los badenes finalmente habían sido repuestos y si se había solicitado el apoyo de otros cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado ante la imposibilidad que nos trasladaban de poder abordar estas situaciones con los agentes municipales.

Dicha solicitud de información fue evacuada con fecha 22 de septiembre de 2021 en el siguiente sentido:

1.- La Jefatura de Policía Local informa que las circunstancias del número de agentes en activo siguen siendo las mismas, y debido a las fechas en las que nos encontramos, hay que tener en cuenta el periodo de vacaciones a disfrutar por los integrantes de la plantilla, con lo que el servicio se ve aún mas mermado.

2.- Que en cuanto a los badenes, éstos los hay en ambas calles, si bien en el Camino Real de Los Neveros, existen algunos de ellos en mal estado y pendientes de reponer, desconociendo si estos son los mismos que ya existían, o por el contrario, son diferentes, teniendo de todas formas constancia este Ayuntamiento a través del área de mantenimiento, pendientes de reponer en su caso y en cuanto a la Avda Ingeniero Santa Cruz, si existen badenes los cuales refuerzan la seguridad vial en la zona.

3.- Cuando por las circunstancias detalladas anteriormente, no existe servicio de Policía Local, es la Guardia Civil de la localidad de La Zubia, la que asume las competencias en la localidad de Huétor Vega, por ser parte de su demarcación. Transmitiéndole puntualmente cualquier incidencia, para su conocimiento”.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La buena administración y demás principios que rigen la relación entre la Administración y el Administrado.

Viene a establecer la Constitución Española en su artículo 103 que «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, debe tenerse presente que el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) garantiza en su artículo 31 el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

En este contexto, debemos considerar como inherente a una sociedad democrática avanzada el acceso de los ciudadanos a la información pública, contando tanto la Constitución Española (CE) como el Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA), con diferentes preceptos que fundamentan la regulación de la transparencia (arts 9.2 y 3, 20.1 y 105.b CE., y arts 10.1, 11. 30.1 EAA).

A este respecto, debemos volver a reseñar el derecho a una buena administración reconocido en el artículo 31 del EAA con la transparencia, que repetimos comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Así, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley autonómica 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, han regulado las obligaciones transparencia de la actuación de los poderes públicos mediante la publicidad activa y el acceso a la información pública.

Segunda.- De la Seguridad Vial y la Contaminación Acústicas.

En relación a los hechos denunciados por el interesado, “... que suponía una actividad ilícita y un peligro para peatones y vecinos, que generaba un insoportable ruido que impedía descansar y dormir a las familias ...”, el Ayuntamiento de Huétor Vega dispone de Ordenanzas municipales reguladora de ambas cuestiones, así la nº7 reguladora del tráfico, sus aspectos de movilidad, su impacto ambiental y la seguridad vial, como la nº3 reguladora de la protección contra la contaminación sonora y vibraciones.

Respecto a la primera, de conformidad con la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, el municipio es competente para la regulación, mediante una Ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas.

Esta ordenanza en su Exposición de motivos reseña que la Carta Europea de la Autonomía Local señala que las competencias encomendadas a las Entidades Locales deberán ser normalmente plenas y completas (art. 4.4), gozando las Entidades Locales de autonomía para la gestión de los intereses que le son propios.

Y de la misma forma, el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, confieren a los municipios la competencia para la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como para su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra administración.

Esta Ordenanza desarrolla las competencias que tiene atribuida el Ayuntamiento en materia de tráfico, circulación, estacionamiento y seguridad viaria, con el objeto de preservar y fomentar la seguridad vial y la prevención de accidentes (art. 1).

Para ello, se realiza una remisión a la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en su artículo 53 determina las funciones de los Cuerpos de Policía Local, en concreto a las funciones previstas en la letra b:

«a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.

e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.

f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello».

A este respecto, en los dos informes que en abril y septiembre del pasado año fueron evacuados por el Ayuntamiento, se nos daba traslado de la carencia de Agentes que existe en el municipio, así se indicaba lo siguiente:

“NO tenemos servicio de NOCHE y en la medida de nuestras posibilidades teniendo en cuenta que por turno de mañana y tarde hay dos agentes, se acude siempre a cualquier llamada de cualquier ciudadano de este municipio.

Esta Jefatura de Policía Local dispone en plantilla en la actualidad de 10 agentes, de los cuales uno de ellos se encuentra en segunda actividad y dos más se encuentran en baja laboral prolongada”.

Ante esta falta de efectivos, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce competencias a los municipios en materias de seguridad en lugares públicos y de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas.

Y a partir del reconocimiento de dichas competencias, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de mayo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad admite distintas modalidades de ejecución de las mismas, desde la creación de Cuerpos de Policía propios, por parte de las Corporaciones Locales, hasta la utilización de personal auxiliar de custodia y vigilancia.

Esta misma Ley Orgánica, conjugando la práctica indivisibilidad de la seguridad pública y la autonomía de las distintas esferas de la Administración Pública, destaca la necesidad de una intercomunicación entre los distintos cuerpos de seguridad mediante el principio de cooperación recíproca y de coordinación orgánica, estableciendo unos cauces de auxilio y cooperación ante supuestos de insuficiencia de medios, y unos mecanismos orgánicos de coordinación, como es el Consejo de Política de Seguridad.

De la misma forma, en la espera autonómica y local se establece la posibilidad de constituir Juntas de Seguridad, con objeto de armonizar su actuación y la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (art. 54), y cuya presidencia corresponde al Alcalde.

Finalmente, la Disposición Adicional Quinta viene a establecer que «En los supuestos en los que dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en esta Ley».

Volviendo a la Ordenanza de seguridad vial, en cuanto a las infraestructuras que estable se entiende por “calmado del tráfico” el conjunto de medidas estructurales y de señalización encaminados a, entre otros fines, a reducir la intensidad y velocidad de los vehículos, hasta hacerlos plenamente compatibles con el uso y actividades que se desarrollan en el entorno en el que se aplica, y con el objetivo, entre otros de disminuir la intensidad del tráfico o moderar su velocidad.

Para tal fin, los tipos de dispositivos para calmar el tráfico son principalmente las bandas transversales y resaltos y los elementos de ordenación estructural, cuestión sobre la que se nos comunico en un primer informe de abril de 2021 lo siguiente:

“... en cuanto a la seguridad vial, existen badenes en ambas calles, si bien en el Camino Real de Los Neveros existen en mal estado y pendientes de reponer, teniendo constancia este Ayuntamiento a través del área de mantenimiento, pendientes de reponer en su caso y en cuanto a la Avda Ingeniero Santa Cruz, si existen badenes los cuales refuerzan la seguridad vial en la zona ...”.

Y posteriormente en un segundo informe de septiembre de 2021 con objeto de conocer si los badenes finalmente habían sido repuestos, la situación continuaba siendo la misma:

“... en cuanto a los badenes, éstos los hay en ambas calles, si bien en el Camino Real de Los Neveros, existen algunos de ellos en mal estado y pendientes de reponer, desconociendo si estos son los mismos que ya existían, o por el contrario, son diferentes, teniendo de todas formas constancia este Ayuntamiento a través del área de mantenimiento, pendientes de reponer en su caso y en cuanto a la Avda Ingeniero Santa Cruz, si existen badenes los cuales refuerzan la seguridad vial en la zona ...”.

En cuanto a la realización de estas “carreras de vehículos”, y en cuanto al “insoportable ruido que impedía descansar y dormir”, la Ordenanza reguladora de la protección contra la contaminación sonara y vibraciones define la “Actividad clandestina” como aquella actividad que estando sujeta de conformidad a la normativa de aplicación a autorización, licencia o permiso careciera de ellas, o que debiendo haber presentado comunicación previa o declaración responsable, no lo hubiera hecho; y la “Molestia” como el estado de la persona afectada cuando los ruidos o vibraciones de una fuente emisora son discernibles. Determinando que el ejercicio de la potestad sancionadora le corresponde al municipio (art. 37).

La propia Ordenanza reguladora de tráfico viene a prohibir emitir ruidos o circular con escape libre (art. 29. c y e), establecer como velocidad máxima 30 km/h (art. 49), o prohibir que los vehículos produzcan ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados u otras circunstancias anómalas, además de no permitir la circulación de aquellos vehículos con niveles de emisión de gases, humos, partículas o ruidos superiores a los límites establecidos en la normativa aplicable (art. 53).

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se realiza al Ayuntamiento de Huétor Vega la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber de cumplir los preceptos de legalidad constitucional y ordinaria que hemos referido en la parte expositiva, así como los que son de debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1. - de que en relación a las infraestructuras establecidas en la Ordenanza reguladora del tráfico, sus aspectos de movilidad, su impacto ambiental y la seguridad vial, se proceda al restablecimiento del buen estado de los badenes que existan en la vía Camino Real de los Neveros, o aquellos nuevos que se hayan de establecer en otras vías.

RECOMENDACIÓN 2. - de que se proceda a realizar los trámites necesarios para el aumento necesario de la plantilla de Agentes de Policía Local que permita el cumplimiento de sus funciones en relación al contenido de sus propias ordenanzas municipales.

RECOMENDACIÓN 3. - de que, en caso de persistir la situación descrita, se traslade dicha cuestión a la Junta Local de Seguridad.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz