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La persona interesada en el presente expediente de queja nos exponía que su hija, que sufre un grado de discapacidad del 66%, deseaba comenzar, para el curso 2025-2026, sus estudios profesionales de Arte, pero había sido informada de que en el acceso a estas enseñanzas no existía cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad, considerando la interesada que esto suponía el incumpliendo la normativa vigente, de obligado cumplimiento para las administraciones públicas.

Además, señalaba la interesada, era conocedora de que ya esta Institución había realizado una actuación en 2023 (en la queja 23/4411) para que se solventara esta situación, encontramos en 2025 sin que en la normativa de Escuelas de Arte de Andalucía se hubiera recogido nuestra resolución, por lo que continuaban sin regular este cupo de admisión.

Según se le había manifestado en la Escuela de Arte a la que pretendía acceder, las enseñanzas profesionales de Artes se regían por una normativa especial que no contemplaba ese cupo específico, por lo que considerando la interesada que esto suponía un supuesto de discriminación hacia el alumnado discapacitado, solicitaba la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz.

Admitida la queja a trámite y solicitado el preceptivo informe a la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, este nos ha indicado en su respuesta que en el ejercicio de las competencias que le atribuye el Decreto 164/2024, de 26 de agosto, y en concreto lo dispuesto en su artículo 10.3.a), tiene previsto iniciar la tramitación de la normativa que regule el procedimiento de admisión del alumnado en los ciclos formativos de grado medio y superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. Dicha normativa tendrá como finalidad, decía el informe, entre otros aspectos, establecer una reserva de plazas del total de plazas autorizadas en cada ciclo formativo, destinada a personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, que participen en los procedimientos de acceso y admisión a estas enseñanzas.

Continuaba el informe señalando, para nuestra satisfacción, que no existiendo una regulación específica que contemplara dicha reserva en el proceso de admisión a los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, la cual dispone que las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, autorizaría una reserva de plazas destinada al alumnado con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, que participe en los procedimientos de acceso y admisión a dichas enseñanzas durante el curso académico 2025/2026.

A la vista de la respuesta recibida, entendemos que el asunto objeto de la presente queja está solucionado, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

La persona interesada en el presente expediente de queja nos exponía que diez alumnos y alumnas habían sido admitidos en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil (3 años) en determinado colegio público de Andalucía, en el procedimiento ordinario de escolarización para el curso 2024-2025, de manera prioritaria conforme al artículo 20.2 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Sin embargo, ninguno de sus respectivos padres, madres, tutores o guardadores eran trabajadores del centro docente, tal como se establece en el artículo señalado, si bien todos estos eran profesionales militares con domicilio habitual en la localidad.

Esta actuación había supuesto que, al menos cuatro de los alumnos admitidos conforme se señala, lo hubieran sido con puntuación inferior ( 17, 16, 15 y 4 puntos, respectivamente) a la que ha correspondido a su hijo (17,5), por lo que a efectos de que se corrigiera dicha actuación y se permitiera el acceso tanto a su hijo, como a aquellos otros solicitantes que por el mismo motivo se habían quedado sin plaza, solicitaba la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz.

Dando respuesta a nuestra solicitud de información, la que dirigimos a la Delegación Territorial competente, esta nos indicó que, efectivamente, el centro docente adjudicó sendas plazas a los cuatro alumnos y alumnas con puntuación inferior a la del hijo de la interesada al ser sus progenitores personal militar, y esto en virtud de lo establecido en la Resolución 96/2007, de 12 de julio, de la Subsecretaría por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la cesión de uso de las instalaciones y equipos de cuatro institutos de educación secundaria y once centros de educación infantil y primaria (BOE núm 181, el lunes 30 de julio de 2007), puesto en relación con el artículo 20.2 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

Esta información nos llevó a analizar el contenido del convenio y del Decreto señalados, entendiendo que hay que distinguir -porque el propio Decreto así lo hace-, entre los que son criterios para la admisión del alumnado y lo que son criterios de prioridad en la admisión, perfectamente diferenciados los unos de los otros tanto por el momento en el que son aplicados, como por la trascendencia que tienen en la asignación de las plazas escolares.

De este modo, como conocemos, mientras que los criterios para la admisión del alumnado son aquellos que deben ser aplicados y valorados por el centro docente única y exclusivamente cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes que se hayan presentado (artículo 10.2 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero), atribuyéndoles a cada uno de ellos la puntuación que les corresponde (artículos del 21 al 28 del mismo Decreto), los criterios de prioridad son aquellas situaciones o circunstancias concretas (apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 20) que determinan que el alumno o alumna en quienes concurran son adjudicatarios de una plaza vacante con anterioridad a que se valoren el resto de solicitudes según los criterios de admisión antes señalados (artículo 20.5). Por lo tanto, no es posible ningún tipo de equiparación entre unos criterios y los otros, puesto que si bien la finalidad de su aplicación, en ambos casos, es la adjudicación de las plazas vacantes, los supuestos que determinan esta adjudicación y el momento en el que ha de realizarse son radicalmente diferentes.

Partiendo de dicha premisa, la Resolución señalada establece en su sección Quinta lo que literalmente trascribimos a continuación:

Quinta. Condiciones de escolarización.

1.- La escolarización de los hijos e hijas del personal militar se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente sobre admisión y escolarización del alumnado en los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los universitarios. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que a los hijos e hijas del personal militar se les otorgará máxima puntuación por el criterio de proximidad al domicilio o del lugar de trabajo y la correspondiente a la condición de que su padre, madre o tutor legal trabaja en el centro docente.

En todo caso, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía garantizará puestos escolares en el nivel educativo correspondiente a los hijos e hijas del personal militar que por razones profesionales traslade su residencia a Andalucía una vez iniciado el curso escolar

A la fecha de la firma del convenio, era de aplicación el Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulaban los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios, y entre los criterios de admisión se encontraban tanto el de que los padres, madres o tutores legales trabajaran en el centro docente (artículo 17.2.a, 1 punto según el artículo 20), como el de proximidad al domicilio familiar o del lugar de trabajo (artículo 17.2.b, siendo la máxima puntuación 10 puntos, según el artículo 21. a), por lo que la redacción y contenido del convenio se adecuaba y tenía perfecto encaje en la normativa aplicable en aquel momento.

Sin embargo, este Decreto fue derogado por la Disposición Derogatorio Única del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, Decreto este último que, a su vez, fue derogado por la Disposición Derogatorio Única del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, hoy vigente.

Por lo tanto, tal como se dice en el convenio, además de que no podría ser de otro modo, la normativa aplicable al procedimiento de escolarización de los hijos e hijas del personal militar afectados es en la actualidad el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

La cuestión es que en este último se produce una modificación de especial trascendencia en relación al asunto que tratamos, de modo que si bien se sigue considerando como criterio de admisión el de la proximidad al domicilio familiar o del lugar de trabajo (artículo 10.2. b), el que los los padres, madres o tutores legales trabajen en el centro docente se establece ahora como un criterio de prioridad (artículo 20.2).

Por lo tanto, y como antes hemos señalado, no pudiéndose equiparar de ningún modo los criterios de admisión a los criterios de prioridad, y teniendo en cuenta los términos en los que está redactado el convenio, este ya no encuentra el encaje legal necesario como para que a los hijos e hijas del personal militar se les pueda aplicar el artículo 20.2 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, que es la actuación que se llevó a cabo el centro docente en cuestión. Este procedió a la admisión prioritaria de ese alumnado, resultando que, baremadas sus solicitudes a los efectos que pudieran corresponder, al menos cuatro de los admitidos por ese criterio prioritario lo hicieran con puntuación inferior a algunos de los alumnos y alumnas que no fueron admitidos en el centro docente.

Así las cosas, en nuestra consideración, no estando previsto ni en el convenio, ni en el Decreto regulador del procedimiento de admisión actualmente aplicable, que el alumnado cuyos progenitores sean personal militar tenga acceso prioritario al centro docente solicitado, el único modo de que así fuera sería, o bien modificando el convenio -y que en este se recogieran de manera explícita estas circunstancias-, o bien mediante la modificación del artículo 20 del Decreto regulador del procedimiento de admisión, añadiendo a los criterios de prioridad ahora establecidos el de que también tengan acceso prioritario el alumnado cuyos padres, madres, tutores o guardadores sea personal militar y que pretendan su acceso a centros docentes de titularidad del Ministerio de Defensa pero cuyas instalaciones y equipos hayan sido cedidos a la Administración educativa Andaluza.

Exactamente en estos términos nos dirigimos a la Delegación Territorial de Sevilla, la que declinó realizar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto. Esta falta de respuesta del organismo territorial nos obligó a dirigirnos a la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, y esta sí estimó todas nuestras consideraciones, informándonos de que, para el procedo de escolarización para el curso 2025-2026, se habían dado instrucciones a todas las Delegaciones Territoriales que pudieran estar afectadas para que al alumnado cuyos progenitores son personal militar se les aplicara el convenio en cuento a lo que resulta compatible con el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, de modo que si bien les es aplicable la puntuación máxima en el criterio de proximidad al domicilio o lugar de trabajo, no lo puede ser el de prioridad por la circunstancia de que el padre, madre o tutor legal preste servicios en el centro docente solicitado.

A la vista de la respuesta recibida, entendemos que el asunto objeto de la presente queja está solucionado, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

La presente queja fue admitida a trámite a fin de analizar las actuaciones de las autoridades educativas en orden a los criterios de admisión en estudios de máster organizado por la Universidad.

Para conocer la respuesta de los organismos competentes, nos dirigimos ante los servicio del Distrito Universitario que se nos ha informado con fecha 28 de julio de 2025.

“En contestación a su escrito de 17 de julio de 2025, relativo a la queja le informamos lo siguiente:

1. La persona afectada presentó su solicitud para cursar estudios de másteres oficiales el 8 de junio de 2025, solicitando cinco másteres. Su primera preferencia fue el Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Formación y Orientación Laboral.

2. El 7 de julio se publicó la primera adjudicación de los estudios de máster, y fue adjudicataria del máster de su primera preferencia.

3. Ese mismo día, tras la publicación de las listas, se detectó un error material en el cálculo de la puntuación de acceso de aquellos solicitantes que, habiendo finalizado sus estudios, aún no estaban en posesión del título o de la certificación oficial con la nota media.

4. El 8 de julio se procedió a corregir la adjudicación, incorporando la nota de admisión adecuada para los solicitantes afectados por esta situación.

5. Ese mismo 8 de julio se notificó a todos los solicitantes su nueva situación tras la subsanación del error material.

6. En el caso que nos ocupa, fue admitida en el Máster en Género e Igualdad, su tercera preferencia, habiendo manifestado interés en el mismo realizando reserva de la plaza asignada.

7. Actualmente, tras la segunda adjudicación, se encuentra en el sexto puesto de la lista de espera del máster de su primera preferencia”.

En el ámbito académico que se analiza, se han considerado las argumentaciones expresadas por la persona interesada y que motivaron la admisión a trámite de la queja. Por su parte, tras la intervención de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, las autoridades del Distrito Único han acogido dichas manifestaciones y acreditan las sucesivas actuaciones acometidas ante el caso, interviniendo para clarificar los contenidos de la reclamación presentada conforme al marco normativo específico que resulta de aplicación en el proceso de matriculación.

Por otra parte, la actuación supervisora del DUA recalca que, en un análisis del caso, “la interesada fue admitida en el Máster en Género e Igualdad de la Universidad, su tercera preferencia, habiendo manifestado interés en el mismo realizando reserva de la plaza asignada; y tras la segunda adjudicación, se encuentra en el sexto puesto de la lista de espera del máster de su primera preferencia”.

Por tanto, parece que esta discrepancia expresada en la queja ha tenido una acogida desde las autoridades y se describen las medidas correctivas que ratifican, finalmente, el adecuado cumplimiento de los requisitos de matriculación.

Consecuentemente, y al día de la fecha, procede concluir nuestras actuaciones

El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a los procesos de acreditación y certificación del grado de Enfermería por la Universidad de Sevilla que se produjo en el curso de varios expedientes cuyos titulares requerían dichos registros para gestionar diversos trámites académicos o laborales.

En su día nos dirigimos ante las autoridades de la Universidad hispalense, trasladando dicha problemática y hemos recibido una completa comunicación sobre el tema con fecha 30 de julio de 2025.

“Recibido en nuestra oficina de registro con fecha 26/6/25 escrito de esa Institución, referente a la queja presentada con motivo de la solicitud de expedición del título universitario oficial de Graduado en Enfermería en la plataforma de la sede electrónica de la Universidad de Sevilla, a continuación le transcribo informe emitido por la Sra. Vicerrectora de Transformación Digital:

“El pasado 17/06/25 se realizó una actuación programada en los sistemas informáticos del Servicio de Informática y Comunicaciones consistente en la actualización de la versión del gestor documental de la Sede Electrónica Oficial de la US en producción. A raíz de esta actualización, por una incompatibilidad entre librerías de la nueva versión, el procedimiento de Expedición de Título Universitario Oficial disponible en la Sede Electrónica Oficial no permitía finalizar la solicitud, quedando afectadas 62 solicitudes con expedientes abiertos no completados.

El lunes 23/06/25 sobre las 12:00h se corrigió la causa que originó dicha incidencia, procediendo en ese momento a notificar por correo uno a uno a los 62 usuarios afectados cómo proceder para finalizar la solicitud realizada. Posteriormente, se siguió contactando con dichos usuarios de forma personalizada hasta confirmar que las solicitudes quedaban totalmente realizadas y que el usuario podía disponer de documento justificativo de ello”.

Además de lo expuesto, informamos que la persona promotora de la queja abonó los derechos de expedición del título universitario el 24/6/25, fecha en la que se procedió a la grabación de su expediente para su inscripción en el Registro Nacional de Titulados Universitarios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades académicas para abordar las inquietudes trasladadas en la queja.

A la vista del contenido de dicho informe, podemos advertir las indagaciones de los servicios académicos para evaluar la dificultad informática sobrevenida que, efectivamente, impidió la acreditación que se solicitada sobre la titulación de grado de Enfermería por la Universidad de Sevilla.

El cuerpo de la información ratifica que finalmente la causa del problema fue atendida y resuelta, por lo que ha sido posible la continuidad de los trámites previstos para la expedición y registro de dicho título de grado.

Igualmente, se explica la disposición de los servicios académicos para atender las peticiones personalizadas de información y asesoramiento desde que se pudo corregir la deficiencia el pasado 23 de junio.

Con todo, nos congratulamos de la resolución positiva del caso y procedemos a concluir en esta fecha nuestras actuaciones, por más que nos hubiera gustado ofrecer un trámite más ágil si hubiéramos podido contar también con la información desde la parte promotora anunciando la superación del problema.

En suma, procede concluir los trámites del presente expediente de queja

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de evaluación, dictamen y estudio del alumnado con necesidades educativas y los consiguientes refuerzos de apoyo de profesionales para su atención y apoyo, en el centro educativo de referencia.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema con fecha 24 de julio de 2025.

“PRIMERO.- El proceso de elaboración y revisión del informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización se encuentra regulado por las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En relación a la información a los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumnado sobre el contenido del informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización se determina:

4.6. Información del contenido del dictamen de escolarización a los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna.

En el caso de que el padre, la madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal manifieste su disconformidad con el contenido del dictamen de escolarización, tras haber sido informada en la reunión mantenida con el orientador u orientadora, podrán formular reclamaciones, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:

a) Como primer paso, deberán elevar un escrito razonado sobre los motivos de su desacuerdo ante la dirección del centro en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la comunicación. La reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con el contenido de dicho dictamen.

b) La dirección del centro, dará traslado de esta reclamación al Equipo de Orientación Educativa (EOE). En los casos de alumnado de nueva escolarización que no esté preinscrito o inscrito en ningún centro, la reclamación se dirigirá directamente al EOE que haya elaborado el dictamen de escolarización, en el plazo establecido anteriormente.

c) Recibida la reclamación en el EOE el coordinador o coordinadora dará traslado, por escrito, al equipo técnico provincial para la orientación educativa y profesional (ETPOEP). El coordinador o coordinadora del ETPOEP con los coordinadores de área de dicho equipo que considere oportunos, a la mayor brevedad posible, analizarán la información aportada, los procedimientos de revisión efectuados y los criterios tenidos en cuenta para la toma de decisiones, de forma que:

• Si los considera de acuerdo con la legislación vigente, el proceso establecido en este Protocolo, los criterios científicos y profesionales y los procedimientos comunes adoptados por el EOE, informará al coordinador o coordinadora del EOE sobre la ratificación del dictamen realizado.

• Si, por el contrario, se considera la modificación de algún aspecto del dictamen, lo trasladará al coordinador del EOE para su consideración y en su caso revisión del mismo.

En cualquiera de los dos casos, el ETPOEP dará traslado de la decisión adoptada, por escrito, a la dirección del centro quién a su vez informará, por escrito, a la familia. En el caso, de que se haya considerado la modificación del dictamen de escolarización, el EOE realizará las valoraciones que considere oportunas, en un plazo de 20 días hábiles. Una vez realizadas las nuevas valoraciones, se procederá, en su caso, a la modificación del dictamen, informando de nuevo a la familia según la convocatoria de reunión a la que se hace referencia al inicio de este procedimiento. Si en ese momento la familia muestra su conformidad se dará fin al proceso de reclamación.

d) En el caso de que la familia mantenga su desacuerdo con la decisión comunicada o con la nueva valoración (apartado c), podrá elevar un segundo escrito de disconformidad, en el plazo de 5 días hábiles,a partir del día siguiente de la recepción de la información, ante la persona titular de la Delegación con competencias en materia de educación, la cual constituirá una comisión técnica, en el plazo de 10 días hábiles desde la recepción del escrito de disconformidad, para valoración del dictamen de escolarización. Esta comisión estará compuesta por: el o la jefe o jefa de servicio de Ordenación Educativa, que ejercerá la presidencia, el inspector o inspectora de referencia del centro, un miembro del equipo técnico provincial para la orientación educativa y profesional y un orientador u orientadora que se designe, perteneciente a un EOE de otra zona educativa.

e) Para la valoración del dictamen de escolarización, la comisión técnica a la que se refiere el apartado anterior, oído el orientador u orientadora que realizó el dictamen, tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

• El dictamen se ajusta al modelo establecido en la normativa vigente.

• Cumple los aspectos formales establecidos en normativa y en este protocolo, entre ellos, la información a la familia.

• Los apartados del dictamen están redactados de forma precisa.

• La identificación de las NEE, la propuesta de atención específica y de modalidad de escolarización se corresponde con la información recogida en el proceso de evaluación psicopedagógica.

• Coherencia entre la identificación de las NEE y la propuesta de atención específica y de modalidad de escolarización.

f) Como resultado de la revisión anterior, la comisión técnica podrá determinar la necesidad de solicitar nuevas valoraciones. Para ello, se designará al orientador u orientadora correspondiente del EOE especializado. En aquellas NEE para las que no exista dicho profesional especialista, se designará un orientador u orientadora de un EOE de una zona diferente a la que se originó la reclamación. Una vez realizadas las nuevas valoraciones, el orientador u orientadora emitirá un informe cuyas conclusiones serán consideradas como determinantes por la comisión técnica para resolución de la reclamación.

g) La comisión técnica deberá resolver en el plazo de 10 días hábiles a partir de su constitución, levantando acta de todas las reuniones realizadas, trasladando por escrito el resultado definitivo a la persona titular de la Delegación con competencias en materia de educación. En el caso de haber determinado la realización de nuevas valoraciones, el plazo será de 20 días hábiles.

h) La persona titular de la Delegación con competencias en materia de educación, en el plazo de 15 días hábiles a partir de su recepción, adoptará la resolución pertinente en torno a las diferencias en conflicto. Esta resolución se trasladará a la familia reclamante y al coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. En el caso de que la reclamación de la familia sea estimada se adoptarán las medidas necesaria para la modificación del dictamen de escolarización.

i) La resolución de la persona titular de la Delegación con competencias en materia de educación pondrá fin a la vía administrativa.

SEGUNDO.- Con fecha 1 de julio de 2025 la interesada presenta escrito de disconformidad con la modalidad de escolarización C “Aula Específica en centro ordinario”.

TERCERO.- Con fecha 3 de julio de 2025 el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional determina la ratificación del dictamen realizado.

CUARTO.- Con fecha 7 de julio de 2025 la interesada presenta escrito mostrando de nuevo su disconformidad con la decisión adoptada.

QUINTO.- Con fecha 17 de julio de 2025, mediante escrito, desde la Jefatura del Servicio de Ordenación Educativa se informa a la familia que “Según lo dispuesto en el punto 3.4.7. de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa, tras recibir la reclamación presentada por Dª., donde manifiestan el mantenimiento del desacuerdo con la decisión comunicada sobre la ratificación del contenido del dictamen de escolarización por parte de Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional en Jaén, como Jefa del Servicio de Ordenación Educativa, dado que las fechas del calendario escolar no permiten respetar los plazos para el procedimiento de reclamación, la Comisión Técnica encargada de valorar el informe y dictamen de escolarización se constituirá cuando se reanude el curso escolar, por lo que el procedimiento de reclamación se resolverá en el siguiente curso”.

Todo lo cual es también informado a la interesada telefónicamente por la coordinadora del área de NEE del Equipo Técnico Provincial quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén para abordar las necesidades del alumno y de su familia.

También observamos que el informe recibido de la Delegación explica los procesos regulados para definir el estudio y evaluación del alumnado que deba ser atendido por los Equipos de Orientación y Evaluación. Como se indica en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, la finalidad es lograr aportar un criterio técnico y especializado sobre las características de los alumnos y alumnas que presenten indicios o signos que aconsejan ofrecer un dictamen sobre las necesidades de apoyo que, en su caso, se determinen.

Este singular apoyo deriva de los respectivos informes psicopedagógicos de cada alumno o alumna que permite determinar las necesidades de recursos específicos del alumnado de necesidades educativas especiales. Además, en función del dictamen de escolarización, se establece, en ocasiones, la atención en centros específicos de educación especial, o bien en aulas específicas en centros ordinarios o bien la atención del alumnado se realiza dentro de las aulas con apoyos en periodos variables para que el alumnado pueda continuar con su desarrollo evolutivo y formativo y su integración global en la sociedad.

Por otra parte, los recursos se distribuyen cada curso escolar, tras el estudio de las necesidades detectadas en todos los centros educativos a través de los Servicios de Ordenación Educativa proponiendo la distribución de estos recursos personales.

Pues bien, en el marco de esta metodología, observamos que se han acogido las peticiones de la familia atendiendo a los sesgos que se relatan sobre posibles indicios de notas o características de que el alumno presenta necesidades de atención específica. Para atender esta petición, el equipo evaluador ha considerado el caso y determina que “Con fecha 3 de julio de 2025 el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional determina la ratificación del dictamen realizado”, a pesar de las peticiones disconformes de la familia.

Es este tipo de situaciones, debemos señalar que esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y Defensor del Pueblo Andaluz no puede contradecir los criterios técnicos elaborados desde los profesionales del sistema educativo, puesto que no corresponde a esta Institución la supervisión de los cometidos propios de los especialistas en las distintas disciplinas que intervienen en estos procesos de estudio y dictamen. Pero sí nos manifestamos decididamente por agilizar las respuestas de estos Equipos cuando las circunstancias acreditan su necesaria intervención, conforme a la normativa y protocolos que están establecidos

En este sentido, asumiendo el procedimiento señalado, también añade la Delegación que “dado que las fechas del calendario escolar no permiten respetar los plazos para el procedimiento de reclamación, la Comisión Técnica encargada de valorar el informe y dictamen de escolarización se constituirá cuando se reanude el curso escolar, por lo que el procedimiento de reclamación se resolverá en el siguiente curso”.

Comprendiendo la preocupación generada en la familia por disponer de los recursos adecuados, valoramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de estudio, otorgando un plazo de tiempo oportuno para estudiar el caso y resolver lo procedente en función de las fechas lectivas disponibles.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas dentro del proceso aún no concluido al día de la fecha.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los impactos térmicos en un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia de Córdoba y la aplicación de medidas de control y adaptación.

Hemos recibido comunicación desde la Delegación educativa sobre el tema con fecha 15 de julio de 2025.

“En relación a su escrito con entrada en esta Delegación Territorial, de fecha 2 de julio de 2025, referente a la queja formulada para solicitar la reparación inmediata y definitiva de la unidad de climatización averiada en el CEIP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación (A.P.A.E.), es a ésta a quien corresponde la gestión de las infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza, cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma, pero dicho colegio público es de propiedad municipal y por consiguiente las competencias en "Conservación y Mantenimiento" del mismo recaen sobre el Ayuntamiento.

El artículo 171.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone “De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006. de 3 de mayo, de Educación, la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial dependientes de la Administración educativa corresponderán al municipio respectivo.”

En este sentido se pronuncia el Informe emitido por el Servicio de Legislación e Informes de la Consejería de Educación y Deporte a instancias del Secretario General Técnico sobre “La obligación de los Ayuntamientos de Conservación y Mantenimiento de Centros Educativos", e Informe de la Dirección de Obras y Construcciones Educativas de dicha Agencia Pública Andaluza de Educación sobre "El deber de conservación de los centros escolares de propiedad municipal" de fecha 25 de enero de 2017, no corresponde a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a través de esta Agencia Pública de Educación Andaluza actuar en materia de "Conservación y Mantenimiento" en centros educativos de Infantil, Primaria y Educación Especial por ser actuaciones competencia y obligación de las Entidades Locales.”

No obstante, puestos en contacto con la dirección del CEIP, ésta refiere que ya se han iniciado actuaciones para la puesta en marcha de la unidad de climatización averiada por parte del Ayuntamiento.

En resumen, es el Ayuntamiento quien podrá informar con más exactitud sobre el estado de las actuaciones emprendidas para conseguir la reparación de la unidad de climatización, por ser las mismas de su competencia”.

Por su parte, el ayuntamiento informaba del caso mediante escrito recibido el 22 de julio DE 2025:

“El CEIP dispone de un sistema de climatización formado 3 equipos independientes, cada uno da servicio a una zona del colegio, de los cuales dos equipos funcionan correctamente y uno de ellos se encuentra averiado.

La empresa adjudicataria actualmente del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y FRÍO INDUSTRIAL EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS. Los técnicos de la empresa se personaron en el colegio para tratar de solucionar la avería, pero debido a la complejidad de la misma pudieron no solucionarla y dieron aviso al Servicio Técnico oficial del fabricante de las máquinas.

El Servicio Técnico oficial acudió al colegio, identificó la avería y el día 8 de julio, envió el presupuesto de reparación, el cual ya ha sido aceptado.

Una vez la empresa reciba el material necesario, confirmarán la fecha en la que se llevarán a cabo los trabajos de reparación de la avería, que en todo caso, y si no surgen nuevas complicaciones, debería estar resuelta antes del inicio del nuevo curso escolar.”

Tras estudiar la comunicación enviada, entendemos que se toma como referencia el “Protocolo General de Actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, como herramienta organizativa complementaria al Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética”. Conforme a ello, las autoridades educativas aprecian los posibles riesgos para el alumnado del centro, a la vez que señalan de manera ordenada el conjunto de medidas de contención para evitar los riesgos térmicos, especialmente producidos en las épocas estivales.

Centrados en el incidente específico, según se indica, la gestión principal del caso en orden al abordaje de la avería del equipo de climatización se viene asumiendo desde el ayuntamiento y confiamos que sus actuaciones concluyan con la puesta a disposición de estos equipos y su regular servicio para el centro educativo.

Aun comprendiendo la atención de las familias vinculadas al centro por esta situación, que sin duda resulta molesta y alteran en momento singulares la actividad ordinaria del centro y de su comunidad educativa, se advierte en el informe recibido una respuesta colaboradora todo ello en un contexto progresivo de adecuación de estas instalaciones a las exigencias climáticas que, ciertamente, se hacen cada vez más presentes.

De hecho, esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia ha emprendido actuaciones para conocer estos procesos de mejora en materia de climatización del importante inventariado de centros educativos que existen en Andalucía, a través de la queja de oficio 23/4455.

Por ello, consideramos que el asunto parece haberse acogido oportunamente, otorgando un plazo de tiempo oportuno para la aplicación de las medidas anunciadas para la reparación de de las instalaciones del centro educativo. Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.

La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con las situaciones disruptivas y comportamientos de fuerza por parte de un alumno de un determinado centro educativo en Jaén.

Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información ante los servicios de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén, que ha remitido un detallado informe con fecha 24 de julio de 2025.

“Conclusión: El Incumplimiento de las normas de convivencia se ha abordado desde el centro conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, en el que se recoge que: Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o alumna y garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

En cuanto a las actuaciones especificas llevadas a cabo por el centro. Con fecha de 18 de junio, y una vez constatada la persistencia de la conducta del menor, se ha recabado, a través de la orientadora del centro, información referente a la evolución de las actuaciones que, desde el equipo de orientación, se están desarrollando en el marco de la detección e identificación de posibles necesidades educativas especiales del alumno. De dicha información, se destacan los siguientes hitos:

• El 09/04/2025 se mantiene una reunión de coordinación entre la orientadora del Equipo Especializado en TEA y la orientadora del centro, con el fin de analizar las discrepancias entre las escalas cumplimentadas por la tutora y las cumplimentadas por la familia.

• El 13/05/2025 tiene lugar la visita al centro de la orientadora del Equipo Especializado, con objeto de proceder a la toma de datos en el marco del proceso de elaboración del informe de Evaluación Psicopedagógica del menor.

• El 14/05/2025, la orientadora del centro mantiene una reunión con la madre del alumno, a fin de informar sobre los resultados de la evaluación desarrollada en el proceso de Evaluación Psicopedagógica.

En consecuencia, se ha verificado que las actuaciones del centro se están desarrollando conforme a lo establecido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo, así como la organización de la respuesta educativa”.

En atención al informe recibido desde los servicios educativos, podemos considerar que la situación planteada inicialmente ha sido sometida a estudio y consideración, a partir de la iniciativa de algunas familias del alumnado escolarizado que han manifestado su preocupación ante la tutora y ante el equipo directivo por el bienestar de sus hijos/as, así como el del alumno, como señalan en el escrito dirigido a esta institución. Por tanto, el informe, finalmente ha confirmado una situación de tensión en el aula específica que ha necesitado de un abordaje de las posibles medidas correctivas.

A tenor siempre del criterio profesional y técnico de los servicios especializados del centro, de la Inspección y la propia Delegación, podemos considerar que la situación expresada en la queja ha quedado ampliamente ratificada toda vez que se confirman incidentes graves, frecuentes y generalizados en el aula que reflejan los retos de comportamiento que presenta un alumno.

Efectivamente, el caso ha generado una comprensible y justificada preocupación por el colectivo de familiares del alumnado que está escolarizado en la misma aula específica y que demandan una respuesta acorde a la situación creada. Más allá de las valoraciones sobre el grado de preocupación generado —que presenta supuestos de especial gravedad— pretendemos incidir en el aspecto más destacable e indiscutible de la situación y es la necesaria adopción de medidas de refuerzo de profesionales específicamente orientados a la atención de estos menores en sus desempeños habituales en el aula.

En concreto, el Centro identifica las dotaciones de profesionales que intervienen en el caso y avanza en la necesidad de extremar las medida de atención y seguimiento del caso. También reseñamos que se han iniciado los pasos de análisis de la conducta del menor mencionado, en el marco de las peticiones presentadas por otras familias de compañeros de clase. Para su elaboración, se detallaron las diferentes actuaciones llevadas a cabo por los servicios de orientación incluyendo:

• La descripción de los testimonios recogidos del personal del centro con funciones en el aula de referencia.

• El análisis de cada uno de los hechos denunciados.

• Las medidas adoptadas por el centro para dar respuesta a la situación detectada en el aula.

Tras este análisis solicitado de la situación recogemos la posición básica de la Delegación cuando manifiesta que se han dispuesto las medidas previstas para dar respuestas educativas ante una situación ciertamente complicada y que evidencia un significativo impacto en el entorno de convivencia más próximo al menor.

Por tanto ―sin llegar a formalizar esta posición como Resolución de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía― nos posicionamos por instar la máxima agilidad en la valoración de las medidas acordadas y en promover la incorporación de todas las nuevas decisiones que se definan para el próximo curso.

Del mismo modo, es importante resaltar la necesaria información y participación hacia las familias del alumnado más afectado, como paso necesario para afrontar en sus debidos términos estos incidentes trabando la colaboración de la comunidad educativa a partir de la visibilización de medidas efectivas y comprometidas de respuesta desde los responsables educativos.

A la vista de lo actuado y de la propuesta de perseverar en la atención del alumno en el centro, podemos anticipar una reacción que, una vez adoptada de manera efectiva para el próximo curso, permitirá su evaluación y comprobar los efectos correctivos que se persiguen.

Procedemos pues a concluir nuestras actuaciones, confiando en que resulten útiles las medidas anunciadas para el siguiente curso evitando los supuestos que se han analizado. En todo caso, permanecemos dispuestos a desplegar las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias.

Se recibía en esta Institución escrito del representante de una entidad mercantil de la localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través del cual exponía que desde 2011 viene presentando en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor denuncias por lo que considera una ocupación ilegal de parte de un camino público por parte de la propiedad de una finca próxima a la de titularidad de la empresa que representa. Ocupación que se habría llevado a cabo mediante la colocación de un vallado que ocupa parte del mismo.

Asimismo, acreditaba haber presentado diversas denuncias por obras que consideran ilegales y por el almacenamiento de residuos en la parcela de referencia con peligro de incendio.

Según exponía, el Ayuntamiento acordó mediante resolución **/2023 iniciar un procedimiento de recuperación de oficio "por invasiones, ocupaciones, usurpaciones e impedimentos de la posesión pública pacífica del Camino del Chorrillo municipal". Sin embargo, según denunciaban, dicho procedimiento no se habría llevado a efecto, habiéndose autorizado por el contrario la realización por una empresa de obras de mejora de dicho camino, sin que previamente se haya producido el necesario deslinde del mismo, ni se hayan cumplido las ordenes dictadas para el retranqueo de la valla colocada ocupando parte del camino.

Con fecha de noviembre de 2024 el interesado remitió escrito al Ayuntamiento pidiendo la ejecución de la resolución **/2023, planteando su disconformidad con las obras autorizadas y denunciando falta de respuesta a las denuncias presentadas por obras ilegales y acumulación de residuos peligrosos. Según denunciaba, este escrito no habría tenido respuesta por parte del Ayuntamiento.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Alcor para solicitarle informe en relación con los hechos detallados en el escrito presentado por el interesado, así como trasladarle la necesidad de resolver expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por el interesado con fecha de noviembre de 2024.

Desde el Ayuntamiento se nos informó, en esencia, de que:

• se ha externalizado el levantamiento topográfico sobre estudio y propuesta de deslinde de fecha 30/12/2024 realizado por ingeniero de topografía colegiado.

• consta en los archivos municipales expediente nº ***/2025 que tiene como objeto el restablecimiento de la legalidad de las actuaciones y vertidos, así como de la explanación realizada el polígono (.) parcela (.), se impulsa igualmente de oficio la tramitación del mismo.

• certificación de conformidad con el planeamiento urbanístico en vigor de la intervención descrita en la Memoria Técnico de Mejora Rural “Camino del Chorrillo”. No obstante, se tendrá en cuenta las apreciaciones realizadas por el interesado.

De todo ello dimos traslado a la parte interesada para que aportase las alegaciones que considerara en derecho.

El interesado trasladó a esta Institución su disconformidad con lo informado por el Ayuntamiento y comunicó el traslado al Ayuntamiento de su disconformidad, estando dicho organismo en plazo para dar una respuesta a dichas alegaciones.

Ante las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento y en vista de que la intervención de esta Institución había impulsado la resolución del expediente de recuperación de oficio del camino en cuestión, entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de solución y procedimos al cierre del expediente de queja.