Esta Defensoría lleva trabajando durante sus 40 años de constitución por la defensa de los derechos de la población andaluza, dando cuenta, en los distintos informes anuales presentados al Parlamento Andaluz, de los problemas que nos transmite la ciudadanía con respecto a las administraciones autonómicas y locales de nuestra comunidad, con especial significado, los referidos a las personas más vulnerables y, en especial, a quienes se encuentran en situaciones de severa exclusión por interseccionar distintos factores que requieren una especial atención.
Así, el informe FOESA 2022 sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, refleja cómo se han reducido las tasas de integración social con un crecimiento de las situaciones de exclusión severa, manifestándose con más virulencia en quienes tienen problemas en tres o más dimensiones de la vida cotidiana; crece el porcentaje de personas afectadas por problemas en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, etc. siendo la pobreza, los gastos excesivos de vivienda y las barreras económicas a los cuidados de salud los problemas más frecuentes.
Contribuir al conocimiento de estas desigualdades es una constante en la que la Defensoría andaluza viene trabajando año tras año, analizando sus causas, recomendando y/o sugiriendo a los organismos públicos mejoras en sus procedimientos que propicien la correcta protección de los derechos de quienes se encuentran en esta situación.
Unas desigualdades que son bien conocidas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio que como recurso orientado a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social tiene como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Unos servicios, que tal y como se expone en el preámbulo de la Ley andaluza 9/2016 de 27 de diciembre están “configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad”.
Una Ley que se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la ciudadanía, “situando a las personas como centro de todas las políticas sociales”. Se configura en la norma de referencia, el derecho a las prestaciones esenciales del sistema como un derecho subjetivo de ciudadanía exigible ante las Administraciones Públicas que ostentan las competencias en la gestión y provisión de las mismas con el fin de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales y sociales básicas.
Unas prestaciones que “se regularán mediante el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que aprobará el Consejo de Gobierno, que definirá cada uno de los servicios y prestaciones ofrecidas, su ámbito y alcance, las condiciones requeridas para acceder a los mismos y su disponibilidad dentro del sistema, de tal forma que todas las personas puedan conocer de manera transparente en qué medida se adaptan a sus circunstancias personales”
Somos conocedores en esta Defensoría de la importancia que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para quienes tienen dificultades para garantizar su necesidades básicas. Hablamos de personas que carecen de ingresos suficientes para sufragar los gastos mínimos que permiten tener una vida digna, de quienes son objeto de desahucio de su vivienda habitual o de quienes carecen de él, personas que en ocasiones pertenecen a minorías étnicas o son migrantes que necesitan el apoyo de éstos recursos para alcanzar su ciudadanía.
También nos han transmitido los problemas a los que se enfrentan los distintos profesionales que conforman estos equipos, que tienen que enfrentarse cada día a la sobrecarga de trabajo como consecuencia de la deficitaria conformación de los mismos y la aprobación del Catálogo de Prestaciones, después de haber transcurrido más de 5 años desde la publicación de la Ley. Una situación que nos han hecho llegar estos profesionales a través de las distintas reuniones mantenidas en las visitas que se programan en más de las 55 comarcas que hemos visitado en este último mandato, además de en las quejas recibidas sobre el mismo problema.
Y en el caso de la ciudad de Almería en reiteradas ocasiones y desde 2022 se han puesto en contacto con esta Defensoría a través de la queja 22/7509, representantes de la Secretaría General UGT Servicios Públicos del Ayuntamiento de Almería a los efectos de trasladarnos la deficitaria conformación de los equipos de los distintos centros, con ausencia de profesinales de distintos perfiles, cuestión que, según nos trasladan, sigue produciéndose sobre todo en lo relacionado a personal técnico y administrativo. (Se adjunta el último escrito recibido en abril de 2024 para su conocimiento)
Organismos supranacionales, nacionales, autonómicos y locales han aprobado una serie de medidas que tienen como objetivo principal, prevenir y erradicar la exclusión social y la vulnerabilidad que sufren las personas más vulnerables.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, tienen por objeto garantizar una serie de derechos básicos y fundamentales con los que debe contar cada ser humano para poder desarrollarse en libertad, igualdad de condiciones, seguridad y demás derechos necesarios para garantizar el desarrollo de una vida digna y autónoma, siendo éste el objetivo fundamental de los SSSSCC.
La Constitución Española, recoge los derechos fundamentales que corresponden a cada persona que conforma la sociedad, siendo necesario, en muchas ocasiones, la intervención de los SS.SS.CC para garantizar la salvaguarda de los mismos.
En lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, como desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueda promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25, pudiendo ejercer en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las materias que en el apartado 2 del mismo artículo se establecen.
La Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía que establece que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales, tienen, entre otros, el objetivo esencial de garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como promover su inclusión social.
Igualmente, en su artículo 2 hace referencia al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que tienen como objetivo atender “las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social “.
Además, interesada como está, esta Defensoría en que culmine el proyecto normativo del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, se ha tenido conocimiento del estado de tramitación, al informar la Consejería Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a esta Institución, que finalmente el Consejo Andaluz de Concertación Local ha mostrado su conformidad con el último borrador del proyecto de decreto, y que se prosigue con los sucesivos pasos para la tramitación de esta norma.
En base a lo expuesto se apertura una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a los Ayuntamientos con una población superior a 20.000 habitantes, así como a la Diputación Provincial en relación a los municipios más pequeños, acerca de la conformación de los servicios sociales en cada una de las ciudades, ratios asignadas, así como protocolos de actuación, sistemas de atención articulados, y mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos relacionados con la población destinataria.
Una actuación en consonancia con la Agenda 2030, que recoge dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible los relacionados con la eliminación de la pobreza, reduciendo todo tipo de desigualdad, y favoreciendo el acceso a los distintos derechos potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas.
Por tanto, con el fin de estudiar la problemática descrita sobre el desgaste que parece condicionar el funcionamiento de estos servicios, se apertura queja de oficio (art. 10.1 de la Ley 9/83 de 1 de diciembre), solicitando a los organismos antes enumerados la emisión de un informe, en el que se nos indique, entre otras cuestiones, la conformación de los equipos y perfiles profesionales que integran los servicios sociales comunitarios de cada uno de los ámbitos enumerados, así como las ratios de población a la que atienden en función de las características de cada territorio.
Es igualmente de interés para esta Defensoría conocer los protocolos de actuación se están llevando a cabo para garantizar la atención de la población y en especial los casos de urgencia social que requieren una atención inmediata, los mecanismos de coordinación con el resto de recursos públicos que gestionen otras Administraciones que permita mejorar la atención a la ciudadanía, y los sistemas de interoperabilidad con otras Administraciones que gestionan recursos de protección social que permita suprimir trámites de consulta innecesarios y agilizar las peticiones de la ciudadanía.
Y teniendo una relevancia significativa el presupuesto destinado al sostenimiento de los Servicios Sociales, nos hemos interesado por las fuentes de financiación y porcentajes de participación de cada una de ellas, haciendo constar si el presupuesto destinado así como las aportaciones de las distintas administraciones es acorde con las necesidades detectadas y en su caso propuestas elevadas para un mejor funcionamiento.
