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Previamente, Jesús Maeztu mantendrá una reunión con Lorenzo Del Río, presidente del Tribunal Superior. y luego con el Fiscal Superior Jesús García Calderón para repasar las actividades comunes que se desarrollan entre la fiscalía y el Defensor, así como nuevos proyectos de colaboración.
Jesús Maeztu mantendrá un encuentro con el presidente de la Diputación en el inicio de su mandato y para repasar diversos temas que afectan a las relaciones entre la Institución parlamentaria y el ente provincial.
La comunidad de propietarios de un inmueble en el que residen 20 personas, más de la mitad con una edad superior a los 70 años y algunas de ellas discapacitadas, se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz ante la pretensión del Ayuntamiento de Rota de exigir el pago de un canon anual por la instalación de una rampa de acceso al inmueble que ocuparía el dominio público. Por ello, esta Institución ha formulado Sugerencia al Ayuntamiento de Rota para que, en aplicación de diversos preceptos constitucionales y estatutarios, se aplique, en todo el municipio, una exención del canon, siempre y cuando la finalidad de la ocupación parcial y en precario del espacio público tenga por finalidad dotar de accesibilidad a los inmuebles en los que residan personas discapacitadas y no existan otras alternativas técnicas y menos costosas que permitan superar las barreras arquitectónicas que el inmueble presente.
La interesada, en nombre de una comunidad de propietarios de un edificio de Rota (Cádiz) nos exponía que en el inmueble residían 20 personas, de las que más del 50 % tenía una edad superior a los 70 años y que, incluso, un anterior propietario tuvo que cambiar su domicilio por la imposibilidad de acceder a la vivienda por los peldaños de escaleras situados en el portal entrada. Continuaba esta representante de la comunidad de propietarios diciéndonos, textualmente, lo siguiente:
“Al tener un garaje situado en la planta sótano, resulta imposible la construcción de una rampa de acceso de minusválidos dentro del edificio. Igualmente hemos planteado la instalación de un elevador pero por las condiciones del portal éste tendría que quedar al exterior y por tanto expuesto a frecuentes vandalismos por lo que se ha descartado igualmente esta opción. La única opción posible es la construcción de una rampa de acceso al edificio que ocupe la vía pública.
Tras varias reuniones con la Delegada de Urbanismo, no se muestra contraria a la construcción de la rampa pero nos informa que tendríamos que abonar el canon por concesión administrativa de 36,30 € año por m². Existen algunas deducciones que tampoco nos aseguran que se nos puedan aplicar.
Según las directrices que marca el Ayuntamiento la rampa que deberíamos construir tienen una longitud de 20 metros X 1,50 metros de ancho lo que supone un canon anual de 1.060 €. Se ha solicitado varias veces al Ayuntamiento que en atención a la imperiosa necesidad de la construcción de la rampa se nos exima del canon establecido, dado que a pesar de la superficie que necesitamos ocupar, aún quedarían 4,80 metros de acera hasta la calzada".
La pretensión de esta comunidad de propietarios es hacer posible que personas mayores y discapacitadas puedan acceder sin barreras arquitectónicas al inmueble donde residen, de forma libre y sin trabas y, por consiguiente, en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.
Al respecto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Española, según el cual los poderes públicos deben amparar a las personas discapacitadas especialmente para el disfrute de los derechos que el Titulo I de la Carta Magna otorga a todos los ciudadanos, esta Institución ha llevado a cabo innumerables actuaciones e informes especiales ante las Administraciones Públicas andaluzas en orden a garantizar el respecto a dicho precepto constitucional y, consecuentemente, para que este colectivo pueda disfrutar en condiciones de igualdad del acceso al ejercicio de sus derechos fundamentales y básicos.
Así, en estas actuaciones, hemos planteado la conveniencia de que, aunque lo sea a precario, sea posible que rampas, ascensores, etcétera, puedan ocupar parcialmente el espacio público, siempre y cuando la finalidad sea propiciar la plena accesibilidad de los espacios comunitarios de uso público y, más singularmente, el acceso al propio domicilio.
Igualmente, desde esta Institución, se subraya la necesidad de valorar que este tipo de ocupación parcial y a precario del dominio público, no tiene una finalidad económica, como otro tipo de instalaciones que se ubican en dicho espacio, sino que únicamente persigue que sea posible el acceso de personas con movilidad reducida a su domicilio y, consecuentemente, al ejercicio de un derecho básico como el libre desplazamiento en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía. Ello determina que no entendamos que no resulta asumible la exigencia de una contraprestación por dicha ocupación parcial, cuando resulta obvio y patente la ausencia de afán de enriquecimiento alguno en dicha ocupación parcial.
Esta consideración y el tenor literal del artículo 49 de la Constitución Española y el artículo 37, apartado 1, 5º, del Estatuto de Autonomía para Andalucía que establece como principio rector de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma la autonomía de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, incluyendo la plena eliminación de las barreras.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente
SUGERENCIA de que, en aplicación de los mencionados preceptos constitucionales y estatutarios, se aplique una exención total del canon por concesión administrativa, siempre y cuando la finalidad de la ocupación parcial y a precario del espacio público tenga por finalidad dotar de accesibilidad a los inmuebles en los que residan personas discapacitadas y no existan otras alternativas técnicas y menos costosas que permitan superar las barreras arquitectónicas que el inmueble presente.
Defensor del Pueblo Andaluz
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
El Defensor del Pueblo Andaluz finaliza la actuación de oficio iniciada para conocer los datos sobre las multas de tráfico impuestas por los Ayuntamientos en los últimos cinco años (2008 a 2012). Esta investigación se ha centrado en las actuaciones seguidas por los Ayuntamientos andaluces; por tanto, no se incluyen las sanciones impuestas por los órganos del Ministerio del Interior.
Como resumen, los datos que hemos obtenido no permiten concluir que exista un ánimo recaudatorio por parte de los municipios que venga a compensar la disminución de ingresos como consecuencia de la crisis económica. De hecho, la mayoría de los municipios han disminuido el número de expedientes sancionadores en los últimos años. Otra cosa es que, con frecuencia, el nivel de recaudación se haya mantenido, en algunos casos como consecuencia de una mayor eficacia en la gestión.
Por tanto, la imagen que se tiene sobre el objetivo recaudatorio de la imposición de multas en la esfera local no viene respaldada por los datos procedentes de la información requerida a los Ayuntamientos
03/07/2013 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
Con la finalidad de ofrecer una información adecuada en torno a las sanciones de tráfico y valorar si es cierto que, en los últimos años, se están imponiendo más multas de tráfico en nuestros municipios, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio dirigiéndose a todos los municipios de Andalucía de más de 20.000 habitantes para enviarles un cuestionario y conocer, con datos objetivos, la realidad de la idea –que sabemos que existe en la sociedad y en los medios de comunicación- de que las multas, en algunas ocasiones, son utilizadas como instrumento de recaudación de los Ayuntamientos.
Con motivo de la celebración de la IV Jornada sobre Seguridad Vial, esta Institución quiere que se genere un debate en torno a las sanciones de tráfico como medida educativa y preventiva. También sabemos que existe en la sociedad y en los medios de comunicación la idea de que las multas, en algunas ocasiones, son utilizadas como instrumento de recaudación de los Ayuntamientos, apreciación ésta que ha dado lugar a no pocas noticias en los medios de comunicación de ámbito nacional, cuando no en programas de televisión, foros de Internet, etc., en los que, de manera reiterada, se plantea la proporcionalidad y la adecuación de la imposición de multas en relación con los fines perseguidos por las mismas: su carácter preventivo, educativo y sancionador.
De acuerdo con ello y con la finalidad de poder ofrecer una información adecuada en torno a esta cuestión y valorar si es cierto que, en los últimos años, se están imponiendo más multas de tráfico en nuestros municipios, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio dirigiéndose a todos los municipios de Andalucía de más de 20.000 habitantes para enviarles un cuestionario y conocer, con datos objetivos, la realidad de esta idea muy marcada en la sociedad.
18/05/2015 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
Hemos recibido las respuestas de todos los Ayuntamientos, aunque no han respondido a nuestro cuestionario o, al menos, no nos consta la recepción de sus respuestas, los siguientes: en la provincia de Almería, el Ayuntamiento de la capital de provincia, Almería; en la provincia de Cádiz, Barbate y Jerez de la Frontera; en Córdoba, Cabra; en Huelva, Almonte y Huelva; en la provincia de Málaga, Alhaurín de la Torre, Benalmádena y Ronda y, por último, Sevilla y Utrera en la provincia de Sevilla. Es decir, de los 80 municipios a los que nos dirigimos, todos aquellos de más de 20.000 habitantes, han respondido 69 y no lo han hecho 11.
Tras valorar las respuestas recibidas, hemos preparado un informe que se ha trasladado a todos los Ayuntamientos a los que nos dirigimos, con un resumen de las respuestas recibidas, unas valoraciones y conclusiones y, en base a todo ello, unas resoluciones que nos ha sugerido el resultado de la información obtenida.
Como resumen, los datos que hemos obtenido no permiten concluir que exista un ánimo recaudatorio por parte de los municipios que venga a compensar la disminución de ingresos como consecuencia de la crisis económica. De hecho, la mayoría de los municipios han disminuido el número de expedientes sancionadores en los últimos años. Otra cosa es que, con frecuencia, el nivel de recaudación se haya mantenido, en algunos casos como consecuencia de una mayor eficacia en la gestión.
Por tanto, la imagen que se tiene sobre el objetivo recaudatorio de la imposición de multas en la esfera local no viene respaldada por los datos procedentes de la información requerida a los Ayuntamientos
En consecuencia, una vez redactado el citado informe, entendemos que procede cerrar la actuación de oficio abierta en su día.
La Defensora Soledad Becerril, junto a Jesús Maeztu visitaron a primera hora de la mañana el centro penitenciario de Sevilla 1, dentro de las actuaciones habituales de presencia de estas Instituciones como garantía de los derechos de las personas internas en instalaciones penitenciarias. Luego se trasladaron a la sede del Defensor del Pueblo Andaluz donde celebraron un encuentro de trabajo.
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