Alerta por correo electrónico de las novedades

ANTECEDENTES

 La persona interesada denuncia la atención educativa prestada por el equipo directivo del Instituto donde se encontraba escolarizado su hijo, diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad, y con un grado de discapacidad del 33 por 100. Y ello sobre la base de que durante los tres cursos escolares en los que el menor permaneció en dicho centro no se había seguido ninguna actuación específica acorde con su patología, lo que provocó en el alumno falta de interés, apatía ante el hecho educativo, además de comportamiento de indisciplina, resultando que fue expulsado del instituto en varias ocasiones, incluso de alguno de estos incidentes se dio traslado a la fiscalía.

Tras la admisión a trámite de la queja ante la Administración se nos informó que desde que el menor se incorporó al instituto se habían aplicado las medidas de atención a la diversidad previstas para estos casos. De este modo se le aplicó refuerzo educativo en la materia de lengua castellana y literatura y en inglés, donde la organización flexible de los grupos fue permitiendo que el alumno se incorporara al más adecuado para que sus necesidades fuesen atendidas de una manera individualizada.

El instituto también puso en marcha la figura del cotutor para llevar a cabo un apoyo y seguimiento más estrecho, considerando las necesidades del alumno. Al mismo tiempo el equipo docente que en cada momento atendió al menor seguió unas directrices metodológicas adecuadas a las características que el alumno presentaba, elaborando materiales específicos para él.

Por lo que respecta al comportamiento del alumno, la Delegación Territorial indicó que, según información del centro docente, el negativismo y la oposición a todo lo relacionado con el trabajo de clase fueron creciendo en el alumno a lo largo del tiempo. Fueron frecuentes los olvidos y la dejadez a la hora de cumplir con los compromisos adquiridos, a la vez que iba creciendo los problemas de convivencia.

Tras analizar detenidamente toda las circunstancias que concurrían en el presente supuesto advertimos que, a pesar de sus necesidades específicas de apoyo educativo, el alumno no contaba con dictamen de escolarización ni evaluación psicopedagógica, por lo que solicitamos expresamente de la Delegación Territorial información concreta sobre este aspecto. Y en su cumplimiento informa que con objeto de dar una respuesta lo más ajustada posible a sus necesidades educativas se establece la posibilidad de considerarlo tanto como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades de aprendizaje, como alumnado con necesidades educativas especiales. El criterio para determinar que este alumnado presenta necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades de aprendizaje, será que presente un patrón persistente de falta de atención e impulsividad con o sin hiperactividad, afectando al aprendizaje escolar y a la adaptación social y familiar, precisando por ello una atención educativa diferente a la ordinaria, es decir, la aplicación de medidas específicas que no implique recursos específicos para su desarrollo.

Es el personal docente que atiende al alumnado el responsable de tomar las medidas generales de atención a la diversidad y, después, en caso de no alcanzar la respuesta esperada, poder iniciar el proceso de evaluación psicopedagógica. De ésta se puede derivar un dictamen de escolarización que tendrá la finalidad de determinar la modalidad de escolarización que se considera más adecuada para atender las necesidades educativas especiales del alumnado.

En este el caso en el centro se consideraron oportunas medidas ordinarias de atención a la diversidad y cuando la situación se había agravado, y se podría haber pensado en iniciar otras medidas, el alumno se traslado a otro centro de la provincia .

Además del citado informe, se adjunta otro elaborado por el Servicio de inspección educativa de Córdoba donde se señala que partiendo de que es incuestionable que no llegaron a elaborarse la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización que hubiera correspondido emitir en atención a las necesidades educativas del alumno, en todo caso, éste fue atendido en sus necesidades educativas como si se hubiera solicitado esa evaluación, adoptando el centro las medidas conforme a la Orden por el que se regula la atención a la diversidad del alumno que cursa la educación básica.

CONSIDERACIONES

 I.- Los trastornos de conducta y del comportamiento se han convertido en un grave problema social que afecta no solo a la familia o a las relaciones sociales, sino que tiene una especial incidencia en el ámbito educativo. Su delimitación conceptual es muy compleja, tanto por lo que entraña delimitar criterios de normalidad o anormalidad en un determinado patrón de comportamiento, como por la multitud de factores implicados en su origen y mantenimiento.

De todos los trastornos de conductas, los más frecuentes son los que padece el hijo de la reclamante, esto es, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Una patología que se caracteriza por dificultades para mantener atención en las tareas, no seguir las instrucciones, dificultades para organizar, planificar y ejecutar tareas, y se suele evitar aquellas que implican un esfuerzo mental sostenido. Además, cuando dicha patología va acompañada de hiperactividad, es habitual que el alumno hable en exceso durante el desarrollo de las clases o abandone su asiento, entre otras.

Muchos de los síntomas descritos parecen darse en el caso de este menor, por lo tanto, no cabe la menor duda de que al tratarse de un alumno con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, es un alumno incluido dentro del concepto de necesidades educativas especiales, en el actual marco normativo, lo que le hace acreedor de recibir apoyos y atenciones específicas educativas, que deben abordarse desde un enfoque interdisciplinar y sistemático, en el cual intervengan diferentes servicios, instituciones, y organismos.

Sin perjuicio de lo señalado, no podemos dejar de tener presente la complejidad del asunto que nos ocupa. Esta dificultad se hace extensiva igualmente a la determinación de la existencia o no de un presunto acoso escolar del alumno denunciado por la madre. De todos es conocido las enormes dificultades para detectar estos casos, especialmente cuando se trata de un acoso de tipo psicológico, a lo que debemos añadir los aspectos de un marcado componente subjetivo que se encuentran presentes ante situaciones como las que describimos.

Sentado lo anterior, las recomendaciones de la Administración educativa incluidas en el “Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de trastornos graves de conducta”, considera como recursos útiles y necesarios para este tipo de alumnado el profesorado de pedagogía terapéutica, de apoyo curricular, de aulas de convivencia, segundos tutores o monitores con conocimiento de control conductual, y educadores sociales, entre otros.

En este caso se acordó el refuerzo educativo en algunas materias; algunas horas de libre disposición se dedicaron a un programa de entrenamiento en habilidades sociales y control de la impulsividad; se puso en marcha la figura del cotutor; y el equipo docente siguió unas directrices metodológicas adecuadas a sus características, elaborando materiales específicos para él. Y en cuanto a los problemas conductuales del alumno se tomaron medidas disciplinarias (amonestaciones, apercibimientos, comunicación con la familia, firma de compromisos con el alumno y la familia, y estancias en el aula de convivencia).

A pesar de todo las medidas de adaptación acordadas por el instituto éstas no fueron lo suficientemente efectivas.

Y en este contexto llama la atención las conclusiones recogidas en el informe de la Coordinadora del equipo técnico provincial para la orientación educativa y profesional, conforme a las cuales la adopción de otras medidas educativas y de atención a la diversidad para el hijo de la reclamante no pudieron llevarse a efecto porque el alumno se trasladó a otro centro de otra provincia. Esta aseveración no está en consonancia con lo expresado en el primer informe que nos remitió la Delegación Territorial en el que se reconoce que los problemas con el menor fueron creciendo en el tiempo. Si los problemas no eran novedosos, lo lógico hubiese sido que esas otras medidas que se apunta en el informe de referencia se tomaran y pusieran en práctica antes de la decisión de la familia de trasladar al menor a otro instituto.

Así las cosas, la evolución del menor -si se hubiera modificado las medidas adoptadas de atención a la diversidad realizadas hasta aquella fecha- quizás no hubiese sido necesario el traslado del alumno a otro centro educativo, con el coste que ello supuso no solo para el menor si no para la familia, pues el IES donde se encontraba escolrizado es el único centro de Educación Secundaria en el municipio. Sobre todo teniendo en cuenta el informe de evaluación psicopedagógica elaborado por el orientador del IES donde el alumno se encuentra escolarizado en la actualidad, informando que el alumno asiste a clase con regularidad, y no falta, siendo su actitud correcta tanto con los profesores como con los compañeros/as. Aunque lleva poco tiempo en su nuevo centro, afirma que casi todos son sus amigos y que se lleva bien en clase.

Añadir también que en el nuevo centro se encuentra escolarizado en la modalidad B, esto es, en grupo ordinario con apoyo en periodos variables.

II.- Hay otro asunto que debe merecer nuestra atención. Nos referimos a las medidas de coordinación con los equipos sanitarios que atendían al alumno.

Recordemos que, según se recoge en el propio informe del departamento de orientación del IES, la madre informó del diagnóstico elaborado por los facultativos correspondientes, y, facilitó a los responsables del centro escolar el contacto con la doctora que venía atendiendo al menor para que se adoptaran medidas de coordinación conjuntas entre el ámbito sanitario y educativo a fin de consensuar pautas de actuación conjuntas acerca de cómo atender al menor, especialmente en relación a sus problemas conductuales. Unas gestiones que, al parecer, nunca llegaron a producirse.

Pues bien, respecto a la ausencia de iniciativa para realizar la colaboración propuesta por la madre –asunto que no ha sido cuestionado en ninguno de los informes remitidos por la Delegación Territorial- hemos de expresar nuestro reproche habida cuenta de la trascendencia que dicha colaboración tiene para el alumnado con trastornos de conducta. Y es que el éxito de la intervención con este tipo de alumnado se debe a la colaboración y reparto de tareas. Es prioritario abrir canales de comunicación para evaluar de forma coordinada la aplicación de medidas, actuaciones, terapias y tratamientos.

Tal como recoge el mencionado “Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de trastornos graves de conducta”, en el caso de estos alumnos la concepción sistemática y ecológica del caso, aporta mayores posibilidades de intervención, y “cuando la actuación es realmente coordinada, y existe corresponsabilización, genera resultados consistentes”.

III.- Llegados a este punto debemos detenernos en la inexistencia de informe psicopedagógico y de dictamen de escolarización para el hijo de la reclamante.

En primer lugar, afirma la Inspección educativa en su último informe que, a pesar de las vicisitudes acontecidas con el menor en el IES, no ha sido hasta el curso 2014-2015 cuando la madre ha puesto en cuestión las actuaciones llevadas a cabo y la ausencia de dictamen de escolarización e informe psicopedagógico. Sin embargo, estos datos contrastan con las afirmaciones de la reclamante recogidas en los diversos escritos que obran en el expediente de queja, según las cuales aquella, a la vista de los problemas del alumno, estuvo demandando expresamente que el menor fuera atendido por el Equipo de Orientación Educativa y que fuese este órgano especializado quien determinara las adaptaciones curriculares, o la modalidad de escolarización. Unas peticiones, que como hemos tenido ocasión de comprobar, no fueron tenidas en cuenta.

La importancia de estos dos documentos (informe psicopedagógico y dictamen de escolarización) es incuestionable. El primero es el resultado de una previa evaluación, de carácter interdisciplinar y contextualizada que tiene como finalidad, recabar la información relevante para delimitar las necesidades educativas especiales del alumno y para fundamentar las decisiones que, con respecto a las ayudas y apoyos, sean necesarias para desarrollar las capacidades curriculares en el currículo.

En este caso, dicho instrumento, que correspondía elaborarlo al departamento de orientación del instituto, no se realizó, y ello a pesar de la patología del alumno y de las diversas incidencias, sobre todo en el nivel de actuaciones contrarias a la convivencia, que venían aconteciendo en el ámbito educativo. Un informe que debería haber formado parte del expediente del alumno y al que hubiera podido acceder, con las correspondientes garantías de confidencialidad, el equipo educativo del nuevo centro donde se encuentra escolarizado el hijo de la reclamante.

Y el mismo tratamiento, en cuanto a su trascendencia, para el dictamen de escolarización. Se trata de un documento que tiene como finalidad determinar la modalidad de escolarización que se considere adecuada para atender las necesidades especiales del alumno o alumna, y que se realizará, por el Equipo de Orientación Educativa de la zona, y también formará parte del expediente académico del alumno.

Se reconoce en uno de los informes remitidos por esa Delegación Territorial la inexistencia de ambos instrumentos, si bien, en ningún caso se aportan explicaciones o justificaciones acerca de las razones por las que no se dieron las instrucciones oportunas para su realización,

Extraña que, a pesar del comportamiento mostrado por el alumno, teniendo en cuenta los síntomas de patología, no se hubiese requerido el asesoramiento de los Equipos de Orientación Educativa especializados en trastornos de conducta. La actuación de estos Equipos ha supuesto un avance en la atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales por diversidad funcional, completando la intervención que ya recibían de los equipos de orientación y de los departamentos de orientación, con una intervención de mayor especialización.

A pesar de que por parte del instituto donde se encontraba escolarizado se pusieron en práctica medidas de atención a la diversidad –cuyo resultado ya ha sido comentado- no se le realizó evaluación psicopedagógica ni dictamen de escolarización, por lo que nunca fue calificado, a pesar de sus necesidades, como alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y, por consiguiente, tampoco fue incluido como tal en el Programa Séneca de la Administración educativa.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN

Que se den las instrucciones oportunas al equipo directivo del Instituto de Enseñanza Secundaria en cuestión así como al Departamento de orientación educativa del mismo para que se incrementen las medidas de intervención y coordinación con otras administraciones, especialmente en el ámbito sanitario y de servicios sociales, así como con los servicios de orientación educativa especializados, en los supuestos de los alumnos escolarizados en el centro con trastornos de conducta o sobre los que existan sospechas de estar afectados por esta patología, elaborando a tal efecto y cuando resulte necesario las correspondientes evaluaciones psicopedagógicas.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Por esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, en relación con las autorizaciones de Comisiones de Servicios excediéndose el plazo máximo previsto legalmente para esta modalidad de provisión excepcional y temporal de puestos de trabajo.

ANTECEDENTES

La presente queja versa sobre las prórrogas de las comisiones de servicio por periodo mayor al máximo previsto legalmente, de tal manera que por el Ayuntamiento de Sevilla se sigue autorizando prórrogas más allá del período máximo previsto legalmente, respecto a determinadas situaciones que disfrutan personal de la plantilla municipal.

Admitida a trámite, el informe municipal elaborado por la Jefatura de Servicio de Recursos Humanos, justifica las prórrogas de las Comisiones de Servicios en los términos siguientes:

“El Ayuntamiento de Sevilla, ante las necesidades coyunturales de personal en unidades concretas, con el objeto de paliarlas y de potenciar el servicio público, ha de recurrir a la forma de provisión consistente en comisión de servicios, superando, en determinados casos, el límite temporal de 2 años dispuesto por el art. 64 del RD 365/1995, de 10 de marzo. No obstante, dicha actuación viene provocada por una situación de exigencia para el cumplimiento, por parte de la Administración, de sus reglas de actuación impuestas”.

Y, lo anterior, es debido a los motivos y circunstancias que se describen seguidamente:

(...) el 20 de marzo de 2009, fruto de la negociación colectiva existente en nuestro ámbito municipal, se acuerda en Mesa General de Funcionarios y Comisión Negociadora, que los concursos de provisión de puestos se convoquen regularmente y de forma periódica, antes de que transcurran dos años desde la conclusión del anterior.

El acuerdo sindical sobre las bases se obtiene en sesión de Mesa General de Empleados Públicos de fecha 13/03/15. Esta propuesta de Bases se firma en Mesa General de Empleados Públicos de fecha 25/03/15.

Siendo requisito, imprescindible para la legalidad de las bases, la previa modificación del art. 42 del Reglamento de Personal Funcionario (en el que, con carácter general, se regula el baremo de méritos a tener en cuenta en las bases de las convocatorias de los concursos), el Excmo. Pleno, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2015 acordó aprobar el acuerdo suscrito el día 21 de abril de 2015 por la Ilma. Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública y los representantes de las Secciones Sindicales de CCOO, UGT y CSI-F, relativo a la modificación del art. 42 del Reglamento de Personal Funcionario. Se aprueba inicialmente dicha modificación y se publica el texto en el B.O.P. núm. 106, de fecha 11/05/15, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1995, de 2 de abril (audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias). En consecuencia, a día de hoy, aún nos encontramos inmersos en el citado trámite de audiencia”.

CONSIDERACIONES

Primera.- Marco regulador del derecho a la carrera profesional de los empleados públicos.

El derecho a la carrera administrativa se configura por el Estatuto Básico del Empleado Público (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre -que deroga el anterior Estatuto de 2007-) como un derecho individual de los empleados públicos, al establecer en su artículo 14 el derecho de estos “a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.»

Por otro lado, el artículo 16.1 del mismo Estatuto señala que “1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional”, lo que incluye el derecho a la promoción mediante el acceso a puestos de trabajo de igual o nivel superior a través de concurso de méritos.

Y, en su artículo 16.2, define la carrera profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional de cada empleado.

Asimismo, la propia Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, al regular la carrera administrativa de los funcionarios, señala:

«Artículo 21. La carrera de los funcionarios se instrumenta a través del grado personal y de la posibilidad de acceder a otros puestos de trabajo mediante los sistemas previstos en esta Ley para su provisión...».

El sistema o modelo de carrera, que tiene su basamento en la ordenación de la función pública a través de su clasificación en cuerpos, escalas y categorías y en los puestos de trabajo (elemento estático de la carrera), tiene su otro componente en el reconocimiento de los ascensos profesionales a través, entre otros instrumentos (formación, evaluación del desempeño, etc.), de la provisión u ocupación sucesiva de puestos de trabajo (elemento dinámico de la carrera profesional), del que el concurso de méritos se erige como la modalidad ordinaria de provisión por excelencia.

En tanto resulta una asignatura pendiente de nuestro sistema estatutario del empleado público el desarrollo de la “carrera profesional horizontal” (que se define en el Estatuto Básico del Empleado Público como aquella “que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puestos de trabajo” mediante procesos de evaluación), la carrera vertical a través de la provisión de puestos de trabajo periódicamente convocados, constituye, hoy por hoy, el principal instrumento del funcionario público para obtener mejoras en su status profesional y retributivo.

Así pues, el derecho a acceder a nuevos puestos por parte de los empleados públicos se integra en el más amplio derecho a la carrera profesional, quedando en el ámbito reglamentario la regulación de los procesos de provisión de puestos, y en concreto la determinación, en su caso, de la periodicidad en la convocatoria de los mismos.

Segunda.- La obligación de convocar periódicamente concursos y el carácter temporal de las comisiones de servicios.

El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, en su articulo 64.3, limita las comisiones de servicios a una duración máxima de un año prorrogable por otro, caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.

Por tanto, en ningún caso, se pueden prorrogar por más de dos años ni tampooco encadenarse, ya que en tal supuesto nos encontraríamos ante un fraude de ley con el único objeto de burlar la aplicación de la norma reguladora.

En ese mismo sentido, como no podía ser de otra forma, se regula la temporalidad de las comisiones de servicios en el vigente y prorrogado Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla.

Para la efectividad del derecho a la carrera profesional por vía de provisión de puestos de trabajo no basta las previsiones legales expuestas, sino que es preciso que dicho derecho sea susceptible de ser ejercitado ante la oferta de los mismos mediante convocatoria pública.

El Ayuntamiento de Sevilla, siguiendo la regla general de provisión de puestos de trabajo, utiliza el concurso como sistema normal de provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios, todo ello de conformidad con lo que determinen las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus funciones.

Fruto de la negociación colectiva existente en el ámbito municipal, con fecha 20 de marzo de 2009, se acuerda en Mesa General de Funcionarios y Comisión Negociadora, que los concursos de provisión de puestos se convoquen regularmente y de forma periódica, antes de que transcurran dos años desde la conclusión del anterior.

A pesar de ello, la convocatoria de concurso de provisión de puestos de trabajo por el Ayuntamiento de Sevilla no se ha producido, después de más de seis años desde que tuvieron lugar las respectivas tomas de posesión de puestos de funcionarios pertenecientes a las Escalas de Administración General y Especial (10 de marzo y 30 de junio de 2009).

Tercera.- La traída a colación de la modificación del Reglamento de Personal Funcionario como trámite previo a la convocatoria de concurso.

Sin perjuicio del acuerdo sindical sobre las bases del concurso y los términos del baremos de méritos vigente en el artículo 42 del Reglamento de Personal Funcionario, cuya modificación previa a la aprobación de las bases resulta imperativa, a la fecha de emisión del informe municipal, aún se encuentra en trámite la aprobación definitiva de la modificación puntual, en concreto del art. 42 del citado Reglamento.

Todas estas cuestiones, si bien pueden justificar las demoras pasadas difícilmente pueden justificar el incumplimiento de la obligación de convocar periódicamente concursos de méritos, en el marco regulador vigente, toda vez que la potestad reglamentaria corresponde en exclusiva y con carácter irrenunciable al Gobierno municipal, sin perjuicio de la intervención de los órganos de participación y de asesoramiento en el proceso de elaboración de dichos reglamentos, que en este punto el consenso sindical sobre las bases fue alcanzado en la Mesa General de Empleados Públicos en fecha de 25 de marzo de 2015.

A este respecto cabe resaltar que tras las antedichas vicisitudes administrativas, el Acuerdo de 20 de marzo de 2009, en tanto marco de referencia, impone la obligación por parte de la Administración gestora del empleo municipal, de llevar a cabo las convocatorias de concursos de méritos, con la periodicidad señalada, sin que esta obligación esté limitada por acuerdo sindical o reforma reglamentaria alguna, más allá de aquellas actuaciones que puedan favorecer la normalidad en la gestión del proceso.

Así pues, la obligación de promover los concursos en los periodos señalados persiste y ha de llevarse a cabo conforme a la normativa vigente en cada momento, con independencia de la conveniencia o necesidad de modificar la norma de cobertura, concursos que si bien pueden ser objeto de demora en su convocatoria si la norma a modificar se va a acometer inmediatamente, no así cuando la hipotética modificación normativa se demora sine die sin visos de inmediatez, mutando el carácter temporal de las comisiones de servicios por permanencia, en flagrante vulneración del ordenamiento jurídico que aquí referenciamos.

Cuarta.- El derecho de los empleados públicos a una buena administración en su vertiente de promoción de la carrera profesional de los mismos.

No se agota el incumplimiento administrativo con referencia a la legalidad en materia de empleo público, y en concreto las normas reguladoras de la provisión de puestos en la función pública andaluza, sino que este incide, a su vez, en otro marco administrativo general que hace referencia al derecho de la ciudadanía, aquí de los empleados públicos con vinculación funcionarial, a una buena administración en la gestión del empleo público.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece el derecho de todos los andaluces a una buena administración, en su artículo 31: “Se garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable...”.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, ...., así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

En definitiva, estimamos que el incumplimiento de la Administración Municipal en relación a la obligación de acometer periódicamente (cada dos años) concursos de méritos contraviene, más allá de la previsión reglamentaria a este respecto, el derecho del colectivo funcionarial al desarrollo de su carrera profesional y a los otros aspectos relacionados con el mismo (mejora retributiva, conciliación familiar, etc.).

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, se le formula ese Ayuntamiento de Sevilla la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN 1: Que se adopten las medidas administrativas y reglamentarias precisas en orden a preservar el derecho a la carrera profesional de los empleados públicos, y en particular en su vertiente de convocatorias de concursos de méritos de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Sevilla.

RECOMENDACIÓN 2: Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de 20 de marzo de 2009, de la Mesa General de Funcionarios y Comisión Negolciadora, se adopten las medidas oportunas que garanticen la efectiva obligación de convocar, con periodicidad bianual y, en todo caso para este ejercicio de 2015, concursos de méritos (traslados) del personal funcionario de los Cuerpos y Especialidades de la Administración General y Especial del Ayuntamiento de Sevilla, y de las agencias de naturaleza administrativa y de régimen especial.

SUGERENCIA: Que se persevere en el consenso sindical en la Mesa General de Funcionarios y Comisión Negociadora de esa Entidad Local, las distintas propuestas de mejora relativas a los concursos de méritos y, en su caso, los acuerdos que faciliten el pronto, pacífico y ágil desarrollo de las futuras convocatorias.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En esta Institución se tramita expediente de queja en relación con la necesidad de adaptación (de tiempo y medios) para realizar los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de la Junta de Andalucía, para ingreso en los Cuerpos de Auxiliares Administrativos (C2) y General de Administrativos (C1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2013.

ANTECEDENTES

En la tramitación de dicho expediente solicitamos la colaboración del Instituto Andaluz de Administración Pública -IAAP-, como órgano encargado de la gestión de la realización de dichas pruebas, con la finalidad de conocer los argumentos legales en los que se apoyó la Comisión de Selección, y en su caso, el propio Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), para no proporcionar a la interesada los medios necesarios y la adaptación de tiempos en las pruebas, a sus minusvalías como había solicitado.

La interesada, Licenciada en Psicología, padece una minusvalía valorada en un 68%. Según acredita el Dictamen Técnico Facultativo del Reconocimiento del Grado de Minusvalía, emitido por el Centro de Valoración y Orientación de Almería, está afectada por una discapacidad múltiple (minusvalía física, psíquica y sensorial), padece una disminución de eficiencia visual y trastorno cognitivo, de coordinación y equilibrio. Debido a ello, solicitó la adecuación de las pruebas, conforme a lo establecido por la normativa vigente al caso, (Orden PRE/ 1822/2006 de 9 de junio y Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad).

Las pruebas en cuestión fueron convocadas por Resoluciones de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, para ingreso en los Cuerpos de Auxiliares Administrativos y General de Administrativos de la Junta de Andalucía (BOJA número 183, de 19.09.2014).

El primer ejercicio de cada convocatoria consistía en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test, concediéndose para su realización una duración de 90 minutos.

Del informe recibido de la Dirección General del Instituto Andaluz de Administración Pública, merece la siguiente reseña:

“Para poder dictaminar el tiempo adicional en los procesos selectivos de acceso al empleo público que corresponde a personas con discapacidad, (…) los/as Jefes/as de los Departamentos adscritos al Servicio de Selección, responsables de la gestión y desarrollo de las pruebas selectivas referidas, al cotejar el dictamen técnico facultativo con la orden PRE/1822/2006 y no tener claro el tiempo adicional que pudiera corresponderle, solicitaron al Servicio de Valoración y Orientación de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, informe al respecto.

El informe, emitido con fecha 18 de junio de 2015, era muy claro:

- Según consta en el expediente sobre su grado de discapacidad, y en base a la codificación del “déficit visual” (3107), 15 minutos sobre un supuesto de prueba de una hora, o en su caso, proporcionalmente.

- El resto de discapacidades acreditadas que presenta, no contemplan ninguna adición de tiempo para el desarrollo de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio consistía en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test, concediéndose para su realización una duración de 90 minutos. Por consiguiente, si sobre una prueba de una hora le correspondían 15 minutos, en este caso, al ser la duración de hora y media, le corresponderían 23 minutos adicionales.

Esta información, junto a la de otras personas discapacitadas en igual situación, se envió a los servicios periféricos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que informaran de los tiempos adicionales que pudieran corresponderle, teniendo constancia este Instituto de que así se hizo.”

En las alegaciones aportadas por la interesada a la información facilitada por el IAAP, se reafirma que las medida de adaptación mediante el incremento de tiempo concedido no se corresponde con lo regulado por la Orden del Ministerio de la Presidencia 1822/2006. A este respecto señala que en las pruebas selectivas del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1) se le concedió, para una prueba idéntica (test consistente en cuestionario con respuestas alternativas) un tiempo adicional de una hora.

A vista de lo actuado, estimamos oportuno efectuar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Principios constitucionales y régimen jurídico de la discapacidad en el acceso al empleo público.

La Constitución Española, en su artículo 9.2, establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Estos principios se reproducen en el artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por su parte, el artículo 49 del texto constitucional impone a los poderes públicos la realización de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que en su Título I otorga a todos los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho al trabajo reconocido en el artículo 35 de la Constitución.

En nuestra Comunidad Autónoma, siguiendo la normativa estatal antes citada (Real Decreto 2271/2004 y Orden PRE/1822/2006), el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, estableciendo, entre otras medidas, la reserva de plazas y las adaptaciones de tiempo y medios para la realización de pruebas selectivas.

Así, en su artículo 8, señala

“Articulo 8. Adaptaciones.

1. Las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad con los y las aspirantes de acceso libre, sin perjuicio de las adaptaciones que se exponen en los apartados siguientes y con excepción, en su caso, de lo dispuesto en el articulo 12 de este Decreto.

2. En las pruebas selectivas, incluidos los períodos de prácticas, cursos de formación, o de habilitación, se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participan en condiciones de igualdad.

3. En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como que las personas interesadas deberán formular la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación, en la que se reflejen las necesidades específicas que tiene a persona candidata para participar en el proceso de selección en igualdad de condiciones.

4. La adaptación de tiempos consiste en la concesión de un tiempo adicional para la realización de las pruebas selectivas.

5. La adaptación de medios y los ajustes razonables consiste en la puesta a disposición de los y las aspirantes de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas y/o tecnologías asistidas que precisen para la realización de las pruebas en las que participen, así como en la garantía de la accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde se desarrollen.

6. A efectos de valorar la procedencia de las adaptaciones solicitadas, se podrá solicitar a la persona candidata el correspondiente certificado o información adicional y los órganos de selección podrán requerir un informe y, en su caso, la colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o asistencial correspondiente. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.”

Como se ha dicho, la Administración General del Estado ha abordado mediante el Real Decreto 2271/2004 el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, adaptando e incluso innovando en determinados aspectos, el acceso de los discapacitados al empleo público, en relación a la normativa europea recogido en la citada Directiva 2007/78/CE, siendo este marco normativo, en defecto de normativa autonómica específica, de aplicación supletoria en dicho ámbito.

En ese sentido, se aprueba la citada Orden del Ministerio de la Presidencia, (Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio), estableciendo los “criterios generales” para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, ya reseñados anteriormente y que, tal adaptación no se otorgará de forma automática, sino “únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a los órganos de selección resolver la procedencia y concreción de la adaptación en función de las circunstancias específicas de cada prueba selectiva.”

La misma Orden 1822/2006, recoge entre sus criterios generales que a los efectos de sus recomendaciones, se considerará que la persona presenta especiales dificultades para la realización de la prueba (una vez adaptados, en su caso, los medios), cuando alguna de sus deficiencias esté comprendida en el listado de códigos reseñados en su Anexo, de lo que se evidencia que los medios necesarios resultan independientes de los tiempos a añadir. Y, ante una discapacidad múltiple, proceder tanto a la adaptación de la misma como de los tiempos.

Igualmente, argumentar que aunque la Orden en cuestión solo recoge las adaptaciones para pruebas de tipo “oral y/o escrita”, deben comprenderse en ellas la prueba tipo test como una modalidad de las escritas.

Segunda.- La adaptación de tiempo acordada por el órgano de selección.

En el caso analizado, y atendiendo la solicitud de la interesada en favor de la adaptación de tiempo, conforme a la opción establecida en la Base tercera de la convocatoria, el órgano de selección, en base a lo dispuesto en la normativa estatal (Apartado quinto de la Orden PRE/1822/2006) y autonómica (art.8 del Decreto 93/2006), requirió el informe cualificado del Centro de Valoración y Orientación de la Delegación Territorial de Almería (entonces Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, hoy Consejería de Igualdad y Políticas Sociales), que en lo que aquí interesa sólo considera la “discapacidad visual” (código 3107) relacionada con la prueba a realizar (obviando las otras discapacidades relacionadas en el correspondiente certificado de discapacidad -dictamen técnico facultativo-), considerando, en base a las circunstancias específicas de la prueba (test de contestación escrita, tras la lectura de cada una de las preguntas, mediante la señalización de la cuadrícula o círculo correspondiente), un tiempo adicional de 23 minutos.

Se trata, pues, de un informe técnico emitido por el órgano cualificado para ello, que lo hace suyo el órgano de selección, cuya asunción fundamenta la decisión del mismo y contra el que la interesada pudo realizar las alegaciones correspondientes y, en su caso, impugnar tras la conclusión del proceso selectivo.

La circunstancia de que no se haya considerado ciertas deficiencias recogidas en el dictamen relativo al grado de discapacidad tiene su amparo en la propia norma, al establecer como criterio que la discapacidad o discapacidades guarden relación directa con la prueba y las circunstancias específicas de esta, aspecto técnico sobre el que esta Institución no puede dilucidar por carecer de personal cualificado, correspondiendo dicha especialización a dicho Centro de Valoración y Orientación, órgano proponente del reconocimiento del grado de discapacidad. (…).

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula a la Secretaría General para la Administración Pública, la siguiente:

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA: Que para los nuevos procesos selectivos de ofertas de empleo público, a los que concurran personas discapacitados con grado de minusvalía del 33% o superior, y hayan solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios, se dicten resolución (inicialmente con carácter provisional) sobre concedidas o denegadas para la realización de las pruebas selectivas, y se notifiquen formalmente a los interesados, o en su caso, mediante publicidad en boletín oficial, tablón de anuncios o páginas web, con expresión, en su caso, de las causas de denegación.

A este respecto, es práctica en otros procesos selectivos de la Junta de Andalucía; por ejemplo, por la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 221, de 13 de noviembre de 2015, Resolución del día 9), que una vez evaluadas por el respectivo Tribunal Calificador y estimadas o desestimadas mediante Resolución de dicho Centro Directivo, se declare aprobada la lista definitiva de solicitudes de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas, y denegadas, para la realización de las pruebas.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz