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En el presente expediente de queja, el Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución al Patronato de Recaudación Provincial de Málaga recomendando que a la interesada, que había aportado documento expedido por el Centro de Valoración y Calificación de discapacidades en el año 2010, con carácter indefinido y permanente, acreditativo de un grado de discapacidad del 58%, se le reconozca la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) desde la fecha de presentación de su solicitud.

Asimismo, sugería que se adopten los acuerdos o resoluciones necesarios, actuando en coordinación con la Delegación Territorial de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales y con los Ayuntamientos delegantes de la gestión de cobro de los Tributos y demás recursos de naturaleza pública, para sugerirles el establecimiento y reconocimiento en las correspondientes Ordenanzas Fiscales por el IVTM de la exención fiscal que contempla el artículo 93.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Por otro lado, nos dirigimos a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales solicitando información al respecto, indicándonos mediante informe que han solicitado en repetidas ocasiones del Patronato referido el mantener una reunión con responsables, a efectos de coordinar las actuaciones para tratar de resolver el problema planteado.

Por parte del Patronato, se recibe informe indicando la aceptación de la Resolución formulada, pero matizando que el reconocimiento de la exención lo es desde el ejercicio de 2016, en el que se completo la información y documentación acreditativa requeridas.

Además se comprometía la Agencia Provincial a que en un futuro actuaría conforme lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tratando de obtener directamente los documentos emitidos por otras Administraciones Públicas a efectos de eliminar su presentación por los solicitantes.

A la vista de la información recibida, se procede al cierre del expediente.

La parte promotora de la queja exponía que con fecha 14/12/2016 su médico de familia solicitó una colonoscopia.

Ante la tardanza el 09/03/2017 presentó una queja al Servicio Andaluz de Salud.

Habiendo transcurrido más de cuatro meses desde la solicitud de la colonoscopia y más de un mes desde que presentara la reclamación, ni le habían dado cita para la prueba, ni el SAS había contestado para informarle a qué es debido este retraso, cuando en su página web indican que el tiempo de espera para esta prueba está en 23 días.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos indica que tras concertar entrevista con el Director del Servicio de Medicina Interna, en la misma se le entregó al interesado la preparación para la realización de la colonoscopia, cuya cita se había gestionado y quedando fijada para el 11 de mayo de 2017, realizándose dicha prueba en esa fecha.

A la vista de la respuesta recibida, consideramos que el asunto planteado se encuentra solucionado.

La parte promotora de la queja exponía que en noviembre de 2015 su esposa fue intervenida quirúrgicamente de la rodilla derecha en el Hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera, con implantación de prótesis, y que desde hace más de un año, venía sufriendo fuertes dolores en ambas rodillas, como consecuencia de ello tiene limitada la movilidad corporal y serias dificultades para caminar, recomendándole el mismo doctor operarla de nuevo.

El día 30 de enero de 2017, fue asistida en consulta de traumatología del Hospital Universitario de Puerto Real, recibiendo un no rotundo a otra intervención quirúrgica por parte del traumatólogo que la atendió y prescribiéndole un tratamiento que su organismo rechazó, y enviándola a su vez a la unidad de rehabilitación, donde el doctor que atiende el servicio, manifiesta la inconveniencia de darle rehabilitación, diciendo que trasladaría sus Opiniones al doctor que la derivó, para que la tratara con carácter no demorable, eso ocurría el 17 de febrero de 2017, sin que desde entonces, hubiera sido citada a consulta, por lo que había presentado reclamación.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos indica que le fue asignada cita con Unidad de Gestión Clínica de Traumatología el día 8 de agosto de 2017.

Añaden que una vez realizada la consulta, se le informa del procedimiento y se le incluye en la lista de espera quirúrgica para rescate de la prótesis total de rodilla derecha, aceptando la parte afectada tal intervención y firmando su consentimiento.

A la vista de la respuesta recibida, consideramos que el asunto planteado se encuentra solucionado, por lo que procedemos al archivo del expediente.

El interesado expone que el 28 de marzo de 2017 se dirigió a su centro de salud para comentarle a su médico el agravamiento del problema de rodilla que viene padeciendo (está operado de los dos meniscos), y su deseo de ser atendido por un especialista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Dicha petición fue acogida favorablemente por su médico pero a la hora de realizar la solicitud de su primera cita no pudo hacerlo.

Presentó reclamación por lo que estima una conculcación de su derecho (D 128/97 de 6 de mayo), y hace unas semanas ha recibido contestación del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén refiriendo que han dado traslado de la misma al mencionado Hospital. Añade el interesado que ha presentado reclamación ante la Consejería de Salud ejerciendo el derecho de libre elección de médico especialista.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos indica que se le facilitó una cita en la Unidad de Rodilla del Servicio de Traumatología en fecha 30 de junio de 2017.

A la vista de la respuesta recibida, consideramos que el asunto planteado se encuentra solucionado.

La parte promotora de la queja manifiesta que el 01/06/2017 le llamaron desde el hospital de La Línea de la Concepción para suspender la cita que tenía para el día siguiente, en la que le iban a comunicar los resultados de una biopsia.

Dicha cancelación se produjo al parecer por la falta de urólogo para la atención de la consulta.

Pasado un tiempo le han referido la necesidad de ser intervenido de adenomectomía suprapúbica, por lo que, a tenor de la falta de profesionales de la especialidad y la demora que se le anuncia para la operación por este motivo, tras la inscripción en el registro de demanda quirúrgica ha ejercido su derecho a la libre elección de hospital a través del dispositivo Salud Responde, a favor del centro hospitalario de Jerez de la Frontera.

Desde entonces nadie le ha comunicado que se haya aceptado y contabilizado su solicitud, ni le han señalado fecha para la intervención, a pesar de que porta una sonda desde hace dos meses, y se ve obligado a acudir regularmente a urgencias.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos informa de que el paciente se encuentra inscrito en la lista de espera quirúrgica de la UGC de Urología desde el día 3 de julio de 2017, tras remisión desde el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

Así, indican que han transcurrido 35 días desde que se produjo tal inscripción, encontrándose, pues, dentro del plazo establecido en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, que se establece en 120 días.

A la vista de la respuesta recibida, consideramos que el asunto planteado se encuentra en vías de ser solucionado.

La parte promotora de la queja manifestaba que su esposa sufrió una fractura de vértebra por causa de una caída que tuvo lugar el 22.7.16.

Varios días después se vio obligada a acudir a urgencias del Hospital Virgen Macarena, siéndole practicadas diversas pruebas (RX y TAC) y evaluada por traumatólogo, figurando en el informe de alta la recomendación de que fuera revisada por unidad de columna en tres semanas.

Pues bien a partir de entonces ha sido asistida por traumatólogo en diversas ocasiones (agosto, septiembre y noviembre de 2016, y enero de 2017), de forma que en la última de ellas fue formalmente derivada a dicha unidad con carácter preferente, sin que desde entonces haya sido citada a tal fin.

Ha tenido que acudir nuevamente a urgencias el pasado 14.2.17, y por toda respuesta a la reclamación formulada en abril, se le ha informado de la remisión de aquella al director de la UGC de traumatología.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos indica que efectivamente, en enero de 2017 se le derivó a Unidad de Columna para valoración, por si procedise intervención quirúrgica. Cita que tenía prevista para el 9 de agosto de 2017, habiéndosele sido notificada a la parte afectada a su domicilio por correo postal.

A la vista de la respuesta recibida, consideramos que el asunto planteado se encuentra solucionado, por lo que procedemos al archivo del expediente.

Una ciudadana exponía que, con fecha 26/12/2016, llamó por teléfono a Atención al Cliente ONO solicitando baja de línea e internet y le dijeron que se haría efectiva con fecha 2/01/2017. Sin embargo el 10/01/2017 aún constaba de alta y no se había grabado ninguna solicitud de baja. Habiendo formulado reclamación por este asunto en tienda Vodafone, no había recibido respuesta.

Solicitada la colaboración de Vodafone por el asunto planteado, nos comunican que, según consta en sus sistemas, la solicitud de baja de los servicios contratados se realizó en fecha 13 de enero de 2017.

No obstante, en garantía de calidad, se ha procedido a la anulación de la factura emitida en fecha 20 de enero, considerándose como fecha efectiva de baja la indicada por la promotora de queja, quedando por tanto al corriente de pago.

Considerando solucionado el asunto planteado por la parte interesada, se procede al cierre del expediente.