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Endesa anula el expediente de anomalía que se abrió por “enganche directo” tras confirmar que se trataba de un error, al corresponder a la unificación de la instalación eléctrica de dos viviendas.

En su escrito de queja, la interesada nos indicaba que era propietaria de dos viviendas colindantes, aunque fueron adquiridas en fechas distintas. En su día, agrupó estas viviendas y formó una única, que era su domicilio habitual, tras lo cual realizaron las oportunas gestiones ante Endesa para unificar en un único contador el consumo de luz.

Sin embargo, transcurrido unos años, en 2017, una de las viviendas quedó sin suministro eléctrico debido al corte de los cables que las unían, que era en el exterior de las viviendas. Tras muchas vicisitudes para conocer qué había ocurrido y qué debía hacer, a finales de septiembre acudió a su OMIC explicando que se trataba de un error pues el consumo de la instalación que no contaba con suministro eléctrico pasaba por el contador de la otra vivienda, para lo que aportó la documentación que lo demostraba.

Por su parte Endesa Distribución les remitió carta, en diciembre de 2017, comunicándoles la anomalía detectada en abril de 2017 “consistente en enganche directo sin previo contrato”, por la que calculaba un consumo de 7148kWh correspondiente al período 5/04/2016 a 31/03/2017, por importe de 1.202,44 euros.

Tras solicitar la colaboración de Endesa, ésta nos ha comunicado que trasladó a los responsables de la gestión del expediente las consideraciones de la reclamante, requiriendo su anulación. Anulado el expediente objeto de la reclamación, así como la factura emitida, procedieron a la devolución de la cantidad cobrada.

A la vista de esta respuesta, entendimos que el problema había quedado resuelto y procedimos al archivo del expediente de queja.

En su escrito de queja, el interesado nos trasladaba que había reclamado a Endesa la baja del servicio de mantenimiento OKGAS Mini sin penalización pues consideraba que la empresa había desarrollado una actuación deliberada para dificultar en todo lo posible la baja, obstaculizando y llevando a error las solicitudes reiteradas de información de las fechas de vencimiento y renovación anual del nuevo contrato, que estimaba ilegal/nulo pues lo desconocía al no haberle sido comunicado como es obligado, ni pudo firmarlo.

Tras dirigirnos a Endesa, ésta nos indicó que el servicio reclamado había permanecido en vigor desde el 22 de octubre de 2010 a 9 de mayo de 2018, fecha en la que se procedió a su baja tras la reclamación presentada por el interesado a través de una asociación de consumidores. También nos informaban que “según lo establecido en el contrato, el Servicio de mantenimiento es anual. No obstante, las partes podrán resolver el contrato mediante comunicación previa escrita a la otra con una antelación mínima de un mes a la fecha de vencimiento, si bien, en caso de resolución de contrato por parte del cliente sin haber cumplido el período de un año, deberá abonarse las cuotas pendientes hasta completar al año”. Por ello, la fecha en la que debería haber solicitado la baja era un mes antes de la renovación aunque, en este caso y debido a los diferentes requerimientos presentados, se había procedido a la baja sin ajuste de la cuota.

Por tanto, dimos por concluidas nuestras actuaciones al entender que el problema estaba solucionado.

El reclamante exponía que vivía en una calle perteneciente al casco histórico de Córdoba ya que se encontraba situada dentro de la muralla. Desde que se mudó existían unos maceteros en la acera contraria a la que lindaba con la fachada de su casa, la calle era muy estrecha por lo que los maceteros dejaban inutilizada la acera donde se ubicaban y hacían que los coches circulasen por encima del acerado que lindaba con la casa, por lo que las losas estaban siempre con movimiento, y se le sometía a un riesgo innecesario pues antes de salir de la casa a la acera tenía que mirar si venía algún coche circulando, pues al no existir espacio suficiente le arrollaría.

Lo había denunciado a la Gerencia de Urbanismo como encargada de dar permiso para colocar dichos maceteros ocupando la vía y, decía, ellos no habían dado permiso en ningún caso, por lo que comunicaron la denuncia a la Policía Local, que se personó y le dijeron al propietario de los mismos que tenía que retirarlos, pero les enseñó un documento firmado por alguien que sin ser competente para ello dio ese permiso y, en consecuencia, el interesado seguía sufriendo el tráfico por la acera a causa delos maceteros.

Ante la insistencia de retirar los maceteros la Policía Local colocó unos bolardos en dicho acerado, por lo que ahora tenía bolardos y maceteros, y éstos no cumplían ninguna normativa vigente en cuanto a la distancia a la fachada en la que estaban colocados, siendo una barrera arquitectónica.

Concluía diciendo que seguía sufriendo maceteros, bolardos y el tráfico por encima de la acera que lindaba con la fachada. La calle tenía una anchura que si se colocaran los bolardos y maceteros en la otra acera no podrían pasar los coches ni las personas en silla de ruedas, ni las las personas con los carros de la compra.

Admitida a trámite la queja solicitamos del Ayuntamiento de Córdoba que verificara si los maceteros y bolardos existentes se ajustaban a la normativa de seguridad vial y de accesibilidad que resultaba aplicable y que, de no ser así, se nos indicase las actuaciones llevadas a cabo para subsanar dichas anomalías, eliminando los obstáculos no permitidos.

Tras las diversas gestiones realizadas ante el Ayuntamiento de Córdoba, finalmente se nos remitió respuesta informando de la próxima retirada de los hitos y jardineras de la calle donde residía el interesado.

Así las cosas, estimando que ello suponía la aceptación de la petición en tal sentido y esperando que, con ello, quedasen resueltas las molestias y perjuicios que motivaron la queja, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acepta nuestra resolución y va a incorporar a la normativa municipal sobre tarifas de agua potable una respuesta adecuada cuando haya un exceso de consumo debido a averías, fugas o defectos de construcción en las instalaciones domiciliarias.

El interesado, vecino del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, nos indicaba en su escrito de queja que al volver de vacaciones había detectado la rotura de un grifo de su vivienda, por lo que cortó el suministro de agua y lo comunicó a su compañía de seguro. Debido al aumento del consumo por esa avería, acudió a las oficinas de la empresa suministradora de agua potable, Hidralia, donde le comunicaron que podía solicitar la devolución del importe del exceso de consumo accidental. Sin haber recibido la factura, se le cargó en su cuenta corriente 288,99 euros, recibiendo, posteriormente, una carta de Hidralia en la que le comunicaban que habían detectado un consumo no habitual.

Solicitó la devolución del importe correspondiente a ese exceso de consumo, al haberse producido de forma incidental e involuntaria, pero Hidralia rechazó su solicitud apelando al Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía. Por ello y tras personarse en las oficinas de Hidralia, volvió a solicitar la devolución del exceso de consumo, que volvieron a denegarle.

Tras varias actuaciones de esta Institución, formulamos Sugerencia al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a fin de que incorporara a las tarifas de suministro de agua potable una respuesta ajustada a la situación de pérdida de agua por fugas, averías o defecto de construcción o conservación de las instalaciones interiores.

En su respuesta, el Ayuntamiento nos ha comunicado que ha aceptado la sugerencia formulada por esta Institución y va a incorporar “a las tarifas de suministro de agua potable una respuesta ajustada a la situación de pérdida de agua por fugas, averías o defectos de construcción o conservación de las instalaciones”.

A la vista de la aceptación expresa de nuestra resolución, dimos por concluidas nuestras actuaciones en la presente queja.

Endesa nos comunica que ha procedido a cerrar el expediente de anomalía sin facturación al usuario al comprobar que éste contaba con un contrato de luz y que era la vivienda colindante la que no tenía suministro legal.

Un ciudadano nos traslada su disconformidad con la facturación recibida de Endesa para su vivienda, entendiendo que se trata de un error.

Explicaba que recibió una factura con un importe excesivo, 464,29 euros, correspondiente al periodo 23/11/2017-23/01/2018; y tras reclamar a Endesa se la rectificaron y le devolvieron 283,06 euros. Después recibió una segunda factura, por importe de 444,82 euros, correspondiente al periodo 23/01/2018-23/03/2018, que se vio obligado a abonar por miedo a que le cortaran el suministro. Al formular reclamación telefónica le indicaron que había un fraude en el suministro.

Nos indicaba el interesado que la confusión provenía de la colocación de los contadores para dos viviendas en su fachada y que un técnico de Endesa había constatado, al inspeccionar la instalación, que el fraude correspondía a la otra vivienda, y no a la suya.

En la respuesta que nos ha enviado Endesa indicaban, en síntesis, que habían detectado que el suministro correspondía a una vivienda unifamiliar con un solo usuario, pero en la fachada existían dos módulos de contador: uno, con contrato vigente, precintado, montaje y funcionamiento correctos, y otro, contiguo, en el que existía un servicio directo de suministro eléctrico por detrás de placa del contador y conectado a la base del portafusibles, por lo que levantaron acta de inspección y procedieron a la apertura de un expediente. Después de una segunda comprobación con videocámara a las instalaciones, habían concluido que la vivienda que tenía el suministro correcto era la del interesado, mientras que la otra no tenía contrato de suministro, por lo que se anuló el expediente y se regularizaron las facturas emitidas.

Con ello dimos por concluidas nuestras actuaciones al entender que el problema estaba solucionado.

La persona interesada en el expediente, el Sr. Director del Instuto sevillano, dando cumplimiento a lo acordado por el Consejo Escolar del centro, solicitó la intervención de esta Institución ante la falta de respuesta de la Delegación Territorial de Sevilla a la solicitud de que se procediera a la completa remodelación de los vestuarios del centro, en lamentable estado de deterioro, así como para que se realizara la necesaria diferenciación entre los de uso masculino y femenino, éstos inexistentes hasta ese momento en el centro.

Tras las actuaciones llevadas a cabo por esta Defensoría, por parte de la Delegación Territorial competente se nos informó de que, tras reunión mantenida con la Dirección del centro docente, se había adoptado el acuerdo de proceder a abordar determinadas intervenciones de mejoras, estableciéndose como prioritarias la sustitución de la caldera y depósito de combustible y reparación de la sala, así como la remodelación completa de los aseos-vestuarios, diferenciándolos para su uso por alumnos y alumnas.

La Administración dicta resolución aprobando el Programa Individual de Atención (PIA), reconociendo a persona dependiente el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla recomendando que se dicte resolución aprobando el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona dependiente y se dé plena efectividad al recurso correspondiente.

En respuesta, se recibe informe indicando que se acepta expresamente la Recomendación formulada. Así, tras la tramitación del procedimiento para la elaboración del PIA de la persona dependiente, con fecha 31 de julio de 2018 se dicta resolución por la que se aprueba el mismo reconociéndole el derecho de acceso al servicio de ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia como modalidad de intervención más adecuada.

La Administración concede la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía solicitada en el mes de enero de 2018.

Una ciudadana nos exponía que había solicitado la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) en el mes de enero y que aún no había recibido noticias. Manifestaba que se encontraba desesperada, pues tiene una niña de 11 años de edad, su marido se encuentra en el paro y que estaban a la espera de desahucio de su vivienda.

Interesados ante la Administración se nos informa de la cronología del expediente de la RMISA, desde que fuera iniciado en enero de 2018, en el que tras requerir la presentación de diversa documentación, y de que fueran debidamente cumplimentados tales requerimientos de subsanación en el mes de agosto de 2018 por la afectada, finalmente, en el mes de septiembre el expediente fue evaluado por el órgano instructor de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales proponiendo que se le conceda a la unidad familiar de la solicitante la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía formulada.

La compareciente exponía que a través de los servicios sociales de su localidad solicitó para su madre, el pasado 24 de junio de 2016, el reconocimiento y valoración del grado de dependencia y que por Resolución de 24 de junio de 2017 de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía le fue reconocida el Grado III de Gran Dependencia.

Que el posterior día 10 de julio de 2017 fue valorada y propuesto como recurso adecuado a su situación de dependencia, el servicio de atención residencial, pues la promotora del expediente no podía cuidarla las 24 horas que ahora ya precisaba, pues tenía un horario de trabajo 8 a 15.30 horas y porque su otro hijo, su único hermano, vivía fuera de nuestra comunidad autónoma.

Finalmente indicaba que su madre mientras ella trabajaba, ocupaba plaza privada en un centro de día cuyo coste era mayor que el importe de la pensión de viudedad que tenía, por lo que solicitaba nuestra ayuda en completar el expediente y asignar el recurso que a la dependiente le correspondiera de forma urgente.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, quien respondió que con fecha 4 de mayo de 2018 se aprobó el PIA concediendo el derecho de acceso al servicio de atención residencial para personas mayores como modalidad de intervención más adecuada para la persona dependiente según el grado reconocido.

Habiendo sido aceptada la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.