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La parte promotora de la queja exponía que solicitó la beca Erasmus+ que salió en convocatoria en fecha 16 de marzo de 2016. Al parecer, en el mes de julio le fue adjudicada provisionalmente, pero posteriormente le fue denegada porque afirmaban que las condiciones habían cambiado y que la convocatoria definitiva había salido el 18 de julio.

Alegaba la interesada que su estancia fue en julio y agosto, y que podían haberle abonado la parte proporcional. Añade que nunca salió resolución definitiva, y asegura que estuvo hasta el 25 de enero de este año preguntando.

Consideraba la interesada que no habrían hecho uso del principio de publicidad y realmente se sentía engañada puesto que de haberlo sabido no habría pedido el préstamo que pidió.

Interesados ante la Universidad, se nos indica que habiéndose procedido a la revisión del expediente, se ha detectado una serie de defectos en el procedimiento que han provocado que la ayuda concedida a la interesada no se haya hecho efectiva. Añaden que una vez subsanados los defectos procedimentales, se han dado instrucciones correspondientes a la Gerencia de la Universidad para que se proceda a la mayor brevedad posible a realizar el abono del importe de la ayuda concedida, dando debido traslado de estas cuestiones a la parte interesada.

Así, a la vista de la información recibida, y considerando que el asunto planteado se encuentra solucionado, se procede al cierre del expediente.

La parte promotora de la queja exponía que con ocasión de licencia de obras concedida para reforma de finca urbana contigua a su vivienda se estaban causando daños en su propiedad, razón por la cual solicitó diversa documentación que debía obrar en los expedientes que se tramiten para concesión de licencias urbanísticas. Según indicaba el interesado, el Ayuntamiento le habría permitido el acceso a la documentación solicitada, pero no le facilitaría copia de la misma, pese a que la interesaba en escritos presentados al efecto con objeto de promover las correspondientes actuaciones en demanda de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Interesados ante la Administración municipal se nos informa que el solicitante tiene a su disposición en Secretaría del Ayuntamiento la documentación requerida, que puede retirar previo pago de las tasas en concepto de reproducción de copias y acreditación de diligencia del acto. De todo lo cual se le ha dado debido traslado al interesado mediante resolución de fecha 28 de marzo de 2017.

Dado que la presente queja se admitió únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente al escrito de petición formulado por la parte promotora de la queja, se entiende que el asunto ha quedado solucionado.

La operadora de telefonía rectifica y anula la deuda en concepto de permanencia que reclamaba a la promotora de queja.

La parte promotora de la queja exponía que con fecha 27/10/2016 había solicitado alta con Vodafone y al mes solicitaba la baja por su malestar por la gestión y el servicio recibidos de la compañía.

Refería que el contrato que firmó no tenía permanencia, pero que aun así le reclamaban una deuda que correspondería a dicho concepto.

Asimismo, habiendo reclamado por este asunto ante el Servicio de Consumo en Granada, no había recibido ninguna información sobre la tramitación de su reclamación.

Interesados ante los organismos afectados, recibimos informe de Vodafone en el que nos indican que tras la revisión del expediente han realizado una factura rectificativa correspondiente a todas las cuotas facturadas desde noviembre de 2016 a junio de 2017. Anulando así la deuda que se le estaba reclamando a la parte promotora de la queja.

Por su parte, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales acredita haber enviado acuse de recibo de la reclamación a la interesada y cursado las peticiones oportunas a la empresa reclamada, recibiendo finalmente la misma respuesta de la que se daba traslado a la promotora de queja.

Dado que el asunto planteado se encuentra solucionado, se procede al cierre del expediente.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio para conocer si el Ayuntamiento de Sevilla iba a presupuestar la redacción de un plan programado para auditar la eficacia y riesgos del carril bici de Sevilla, así como la eliminación de los “puntos negros” en su recorrido.

En la misma se formuló resolución en la que se sugirió al Ayuntamiento que siguiera apostando por la mejora y ampliación del carril bici, que tomara en consideración las propuestas de las asociaciones que defienden el uso de la bicicleta para eliminar los puntos peligrosos o conflictivos de su trazado, que adoptara medidas para invertir la tendencia de disminución de los usuarios de este tipo de transporte dada su incidencia en el modelo de sostenibilidad de nuestras ciudades y, por último, que retomara los contactos con la Junta de Andalucía para que se hiciera realidad la pasarela ciclo peatonal sobre la SE-30, que debía estar debidamente conectada a la red ciclista de la ciudad. Como respuesta a esta resolución, el Ayuntamiento nos indicó expresamente que aceptaba su contenido, pero no concretaba las intervenciones y obras de mejora en las que podría traducirse dicha aceptación, por lo que interesamos un nuevo informe para que nos indicara las mismas.

En su respuesta, la Tenencia de Alcaldía de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo nos dijo, en síntesis, en qué se concretaban las actuaciones previstas, que se enmarcaban, en lo substancial, en la redacción del Programa de la Bicicleta 2016-2020, que recoge diversas actuaciones para incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, así como un estudio pormenorizado del estado de conservación de los carriles bici (que servirá para programar las actuaciones y dotarlas económicamente y subsanar las patologías que se detecten). A ello se añadía el contrato de mantenimiento en vigor que, para el corriente ejercicio 2017, introducía diversas mejoras, como una plataforma de gestión integral del servicio de mantenimiento y un aumento de su presupuesto.

Por último, ante el descenso del número de usuarios del servicio de alquiler de bicicletas, Sevici, se anunciaba una posible modificación de la tipología de los abonos para dar respuesta a la demanda existente y de sus precios.

Así las cosas, esperando que el citado Programa de la Bicicleta, cuyo periodo de vigencia ya había transcurrido parcialmente, fuera impulsado y ejecutado con eficacia y ello conduzca a una mejora apreciable del estado de los carriles bici, dimos por concluidas nuestras actuaciones, entendiendo aceptadas nuestras sugerencias dado que, por otra parte, nos constaba el proceso de puesta en funcionamiento de la pasarela ciclo peatonal sobre la SE-30.

Una funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales, de la Administración de la Junta de Andalucia, con destino definitivo en la Gerencia Territorial de la Agencia Tributaria de Andalucia en Granada, denunciaba la demora por parte de los responsables del centro de trabajo en disponer las medidas necesarias para adaptar su puesto de trabajo, por motivos de salud, y de conformidad con los informes emitidos por el Centro Provincial de Riesgos Laborales de Granada de fecha 15 de junio de 2010 y 7 de julio de 2010. Lo anterior, a pesar de los reiterados escritos y gestiones realizadas ante los responsables del órgano territorial e informes del propio Asesor Técnico de Prevención de Riesgos laborales.

Entre otras cuestiones, la interesada denunciaba las condiciones de la estancia o zona de trabajo (reducidísima, sin ventana), mobiliario inadecuado (mesa pequeña imposible poner equipo y útiles necesarios, sillón no se ajusta a lo prescrito, aparato de aire acondicionado encima de la cabeza, consiguiente el chorro de aire da directo y, si no se enciende, asfixia...).

Debido a la situación en la que desempeña sus funciones, la interesada afirmaba que todo lo descrito incidía negativamente en su salud y en su trabajo, teniendo que tener periodos de bajas y visitas constantes al médico. Además del porcentaje de discapacidad física que ya padece, la pérdida de visión con carácter irreversible por estar mal ubicada y persistir en la mala ubicación, sin motivo alguno, le seguiría produciendo más pérdida de visión.

Asimismo, señalaba la funcionaria que, aunque la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública ha estimado la adaptación, tuvo que interponer Recurso pues cada vez se encontraba peor y sin adoptarse las medidas necesarias.

Solicitado informe de la Agencia Tributaria de Andalucía y a la Secretaría General para la Administración Pública, se nos remiten, en ambos casos, dando respuesta a todas las cuestiones planteadas por lo que, consideramos que por los departamentos afectados y por el órgano competente en materia organizativa y de personal, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, se han adoptado todas las medidas posibles para adaptar el puesto de trabajo a las necesidades de la funcionaria interesada.