Alerta por correo electrónico de las novedades

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz concluye la actuación de oficio al comunicarle la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las actuaciones que vienen realizando para que estos hechos no vuelvan a producirse.

08-09-2017 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, por los medios de comunicación, que en una finca existente en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz) se organizan rutas para que los conductores de vehículos todo terreno y 4x4 realicen pruebas con los vehículos. Siempre según estas noticias, varias asociaciones ecologistas han denunciado que han visionado vídeos subidos a las redes sociales “en los que se ve a los vehículos cruzando un canal que transporta agua para consumo desde el pantano de Castellar al depósito ubicado junto a Los Timbales, en la Estación de San Roque, donde el agua es depurada antes de ser enviada al suministro doméstico”.

Siempre según estas noticias, estas asociaciones han denunciado ante el SEPRONA, de la Guardia Civil, la policía autonómica y la Dirección del Parque Natural Los Alcornocales estos hechos y consideran “muy grave que los conductores de estos vehículos se diviertan cruzando un canal que transporta agua que tiene como destino el consumo humano. «Creemos que se está produciendo un atentado contra la seguridad y la salud del ciudadano. Cualquier incidente en un vehículo puede provocar el vertido de combustible u otro tipo de sustancias que podrían considerarse tóxicos», explica un portavoz de los ecologistas”.

A la vista de estos hechos nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a fin de que nos informe si tienen conocimiento de los mismos, si tales actividades son compatibles con la protección que se debe dispensar al espacio en el que se desarrollan y, en el supuesto de que se trate de actividades no amparadas en derecho, que incluso pueden suponer cierto riesgo para la protección adecuada del derecho a la salud, si se han adoptado medidas, o se tiene previsto adoptar, para impedir que se continúen desarrollando tales actividades.

15-12-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz concluye la actuación de oficio al comunicarle la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las actuaciones que vienen realizando para que estos hechos no vuelvan a producirse.

En su respuesta, la Consejería nos comunicó que los hechos tuvieron lugar en una finca privada del término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), que es un de las que se han incorporado al Parque Natural tras la publicación en el BOJA núm. 194, de 9 de octubre de 2017, del Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de Especial Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales.

Siempre según esta información, en la finca se vienen desarrollando desde hace años actividades ligadas a la entrada de vehículos todoterreno, por lo que, tras su incorporación, por parte de la dirección del Parque Natural se vienen realizando actuaciones para comprobar la existencia de actividades de esta naturaleza, así como la entrada de personas sin control alguno, por lo que la propiedad de la finca ha procedido a poner mallas en las inmediaciones de la zona húmeda del Soto, zona de mayor valor ambiental de la finca. También han identificado a la empresa que realiza estas actividades, aunque no se ha podido constatar que sean los causantes de los destrozos en el canal.

No obstante, estas gestiones no han resultado fructíferas pues la finca pasa por problemas de titularidad y no se puede identificar a sus propietarios; así, por ejemplo, ante las actividades ilegales en la zona, aunque se han cerrado algunas zonas con cancelas, no todas permanecen cerradas. En cuanto al hecho concreto por el que se abrió esta actuación de oficio, la Consejería nos informó que se habían denunciado a la Guardia Civil y las mismas, además de un posible daño a la salud y medioambiental, ocasionan también perjuicios a las infraestructuras ya que canal está hecho de losas de hormigón que pueden moverse con estas actividades, originando pérdidas de agua e, incluso, su rotura.

Por ello, ante la gravedad de los hechos, personal técnico de la Delegación Territorial de Cádiz y agentes de Medio Ambiente mantuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera y de la Guardia Civil, en la que se concluyó intensificar las labores de vigilancia de los agentes de Medio Ambiente en coordinación con los de la Policía Local y Guardia Civil para evitar la repetición de estos hechos.

A la vista de esta respuesta, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Por la información publicada en prensa escrita y digital, así como escritos de queja presentados en esta Institución, hemos tenido conocimiento del descontento -por la mala organización- generalizado entre los participantes del último ejercicio práctico del proceso selectivo convocado (para cubrir 54 plazas) por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre de 2017.

Según los datos que hemos recopilado, a la que se presentaron 540 aspirantes, el ejercicio comenzó a las 8 de la mañana del sábado y terminó a las 9 de la mañana del domingo. Más de 24 horas de examen.

La maratoniana jornada de examen comenzaba con un llamamiento que se prolongó durante más de tres horas y del que se hacía cargo tan solo una mesa.

Sin perjuicio de que se había realizado un sorteo para conocer la letra del apellido que comenzaba el turno de examen, el hecho en sí de tener casi 24 horas encerrados en un gimnasio a 540 participantes, con un único servicio, sin poder salir, con la acumulación de nervios y estrés por la espera, las altas temperaturas del día, y hacer el examen (algunos, casi 24 horas después de acceder al recinto), habría podido influir, sin duda, en el estado tanto físico como psíquico de la mayoría de los participantes.

Al parecer, la prueba fue cronometrada a puerta cerrada sin que el opositor pudiera acceder a ver el cronómetro, ni a conocer el tiempo en que realizó su prueba.

Sin perjuicio de que el objetivo final de los responsables del organismo convocante fuese evitar que los aspirantes conocieran la prueba realizada (lo que, parece que al final no se consiguió) no es menos cierto que, con las medidas adoptadas (encierro durante 24 horas y en condiciones ambientales no óptimas para el desarrollo de cualquier prueba selectiva), posiblemente, haya resultado vulnerado el principio de igualdad (art. 23.2 Constitución Española) que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Lo anterior por cuanto, las condiciones en las que, por ejemplo los primeros participantes realizaron sus pruebas no fueron las mismas en las que debieron realizar las suyas aquellos opositores que las realizaron tras una espera larga y varias horas “encerrados”, y en horas de la madrugada, por ejemplo, ya que de media, cada aspirante tardó unos 10 minutos en completar el supuesto práctico.

Con objeto de conocer, y en su caso, confirmar por parte del Consorcio de si los hechos sucedidos fueron como hemos reseñado, se propone iniciar actuación de oficio, ante la Presidencia del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba.

En todo caso, esperamos que el informe nos concrete si se ha valorado el desarrollo de la prueba, los hechos denunciados por los aspirantes y medios de comunicación sobre las condiciones en las que la prueba práctica fue realizada y, en su caso, si se ha adoptado alguna medida al respecto, por ejemplo suspender y repetir la misma en condiciones óptimas, en garantías del principio de igualdad que establece el art. 23.2 CE.  

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Suspendemos nuestra actuación sobre una planta de reciclaje de neumáticos al estar en vía judicial.

08-09-2017 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, por las noticias publicadas en los medios de comunicación, que una asociación ecologista ha denunciado al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), de la Guardia Civil, y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que una empresa encargada del reciclaje de neumáticos “acumula en su planta de Aznalcóllar una importante cantidad de neumáticos fuera de uso que corren peligro de arder”. Siempre según estas noticias, la planta, con una capacidad, al parecer, de 20.000 toneladas de neumáticos al año, se abastece de agua de un pozo “cuya capacidad puede ser insuficiente en caso de incendio, según la entidad conservacionista”. La asociación ecologista sostiene que esta empresa “«está actualmente en muy mala situación, prácticamente en quiebra», en concurso de acreedores y con una deuda de más de 100 millones de euros, «debido a la crisis que sufre el sector del reciclaje de neumáticos». Además, recordó que esta empresa ingresa dinero en el momento de recibir los neumáticos porque cobra el reciclaje por adelantado, por lo que ha interpretado que, «en estas circunstancias, es posible que sea más rentable no gastar dinero en triturar y obtener liquidez cobrando el seguro de incendios»”.

A la vista de tales hechos nos hemos dirigido, en vía de colaboración y como actuación previa a una posible intervención ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al SEPRONA para obtener información acerca de la situación en la que se encuentra esta planta de reciclaje de neumáticos, así como si tienen conocimiento de la existencia de otros plantas de reciclaje de neumáticos en la provincia de Sevilla que consideren que no cumplen con las exigencias de la normativa legal en su funcionamiento.

14-12-2020 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

De las actuaciones que hemos realizado ante la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía, y tras la emisión de cinco informes por parte de dicho organismo, además de otro informe por parte del SEPRONA por vía de colaboración, hemos podido conocer que tras la intervención inspectora se incoó procedimiento sancionador con resolución de mayo de 2019, por la que se imponía a la empresa una sanción económica a la que “se añade la obligación de restauración, procediendo a la retirada de todos los residuos y su puesta a disposición de gestor autorizado, así como la limpieza del terreno, ante las manifestaciones de la interesada respecto a la imposibilidad de obtener la autorización ambiental exigible. Este extremo habrá de ser acreditado documentalmente ante esta Delegación Territorial en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución de este procedimiento sancionador”

Nos interesamos por la firmeza de la Resolución y como respuesta la Consejería no comunicó que el asunto objeto de esta queja se encuentra sub iudice, al haber interpuesto la empresa sancionada un recurso contencioso-administrativo, con pieza de medidas cautelares en la que se ha solicitado la suspensión de la resolución sancionadora y que al parecer se ha concedido por el Juzgado previa garantía.

Asimismo, se nos comunicaba que en cuando a la obligación de restaurar, también se estaba tramitando en el juzgado su posible suspensión.

Ante tal circunstancia hay que tener presente que el artículo 17.2 primer inciso de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz establece que «El Defensor del Pueblo Andaluz no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiera por persona interesada demanda o recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional».

De acuerdo con ello, dando cumplimiento a lo que dice el artículo 17.2 primer inciso de nuestra Ley reguladora, suspendimos nuestras actuaciones en este asunto.