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RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Las administraciones deben exigir ajustes razonables de accesibilidad en edificios construidos con anterioridad a diciembre de 2010.

18-12-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El pasado 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo para que todos los bloques de viviendas hicieran las obras precisas para resultar accesibles a personas con discapacidad y mayores de 70 años. Ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que dispone la obligación de realizar tales obras en los inmuebles que permitan ajustes razonables en todos los espacios y edificaciones existentes a 4 de diciembre de 2010.

Sin embargo, la realidad evidencia que aún existen innumerables edificios en los que tales ajustes y obras de adaptación no se han efectuado, con la consecuencia de que un elevado número de personas se ven imposibilitadas de salir de su domicilio por la carencia de ascensor, rampas o por no entrar su silla de ruedas en el ascensor disponible.

También se da la circunstancia de que, en muchos casos, las obras de adaptación realizadas, aunque mejoran la situación anterior, tampoco cumplen los criterios de accesibilidad universal. Según estimaciones disponibles del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas.

Uno de los obstáculos que impiden la ejecución de las obras de adaptación radica en que, según la normativa de propiedad horizontal, han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios personas con discapacidad o mayores de 70 años. Sin esta previa solicitud, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas, lo que supone una contradicción con el Texto Refundido citado inicialmente.

Por otra parte, las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los vecinos cuando su importe, descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Si excede de dichas 12 mensualidades, las obras deberían ser aprobadas por mayoría en junta de propietarios.

Hay más razones que propician esta escasez de obras de adaptación tales como la carencia de recursos económicos de muchas comunidades de propietarios, retraso de ayudas públicas, problemas de distribución o espacio en inmuebles antiguos con la añadida dificultad para obtener la necesaria licencia de obras, etcétera.

Entendemos que, ante el claro incumplimiento de la normativa expuesta y la negativa situación descrita que supone un claro menoscabo de los derechos de las personas con discapacidad, las Administraciones Públicas no deben permanecer pasivas permitiendo que este incumplimiento normativo se generalice y perpetúe sin consecuencia alguna. Es preciso, en primer lugar, realizar un esfuerzo divulgativo y de concienciación entre las comunidades de propietarios para que sepan y asuman la conveniencia, necesidad y obligación de dar cumplimiento a la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Pero de forma paralela a ello, creemos que no debe obviarse el instrumento sancionador que, a estos efectos, ha establecido la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía que, en su artículo 82 y siguientes, establece que la Administración de la Junta de Andalucía ejercerá la potestad sancionadora en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en el capítulo I del título III del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y en la misma Ley.

Se aclara que, sin perjuicio de lo anterior, en los casos de infracciones por incumplimiento de las exigencias de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones, la potestad sancionadora les corresponderá a los ayuntamientos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

En tal sentido se considera infracción grave el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación que obstaculice o limite gravemente el libre acceso y utilización de los diferentes entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, por las personas con discapacidad o la negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable incumpliendo el requerimiento administrativo a tales efectos. Constituiría una infracción muy grave el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación que impida gravemente el libre acceso y utilización de los diferentes entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, por las personas con discapacidad.

Las infracciones graves se sancionarán con multas, en su grado mínimo, de 30.001 a 60.000 euros; en su grado medio, de 60.001 a 78.000 euros; y en su grado máximo, de 78.001 a 90.000 euros y las infracciones muy graves con multas, en su grado mínimo, de 90.001 a 300.000 euros; en su grado medio, de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado máximo, de 600.001 a 1.000.000 de euros.

Cabe concluir que, en consecuencia, los Ayuntamientos juegan un importante papel a la hora de recibir y tramitar las denuncias y reclamaciones que se les hagan llegar por parte de las personas afectadas por la existencia de barreras arquitectónicas en los edificios en los que residan.

Ante la problemática expuesta y la aparente contradicción existente entre las normativas de accesibilidad y propiedad horizontal, lo cual pudiera conllevar, en última instancia, una afectación de los derechos reconocidos en los artículos 14, 47 y 49 de la Constitución Española, con objeto de evaluar posibles actuaciones posteriores ante los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma en torno a este asunto, se incoa la presente queja de oficio para conocer la valoración que, al respecto, mantiene la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Dirección General de Personas con Discapacidad.

29-09-2020 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Por la Secretaría General de Vivienda se señalaba que el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 contemplaba un conjunto de disposiciones en materia de rehabilitación residencial, entre ellas, los programas destinados al fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva, al fomento de la rehabilitación de viviendas, así como a su adecuación funcional, que tenían por objeto la financiación de actuaciones que resultaran necesarias para subsanar sus deficiencias básicas y mejorar la accesibilidad y eficiencia energética. A continuación, se nos ofrecían datos de ejecución de los programas del Plan en lo referido a la mejora de la accesibilidad y se ofrecía información sobre las convocatorias 2019 de los programas de rehabilitación de viviendas y edificios en la Comunidad de Andalucía, actualmente en tramitación.

Se pretendía con estas convocatorias contribuir a financiar, entre otras, obras de mejora de la accesibilidad en edificios de tipología residencial colectiva promovidas por las comunidades de propietarios o en viviendas de personas físicas. La cuantía máxima de estas subvenciones se encontraba fijada en las correspondientes órdenes de convocatorias.

Por su parte, la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio acompañaba informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo donde se daba cuenta del actual marco normativo regulador del Informe de Evaluación de los Edificios que debería acreditar el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad. Se añadía que la ausencia de desarrollo por parte de la Comunidad Autónoma del contenido del Informe de Evaluación de los Edificios no excluía del cumplimiento de los requisitos básicos establecidos por la normativa de accesibilidad, ni impedía que los municipios desarrollaran procedimientos de control de su cumplimiento.

Por último, se aludía al anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía a tramitar por urgencia señalando que los extremos relativos al contenido, periodicidad o ámbito de aplicación del informe de Evaluación de los Edificios eran propios del desarrollo reglamentario de la Ley, para lo que se disponía de un plazo de seis meses desde su aprobación. La Ley obligaría a los propietarios, dentro de su deber de conservación de las edificaciones, a mantenerlas en condiciones de accesibilidad universal y ello se podría controlar por los municipios a través de sus Ordenanzas de Inspección Técnica.

Examinada la amplia documentación remitida por la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio no cabía sino valorar positivamente la misma esperando que, tanto las medidas de fomento de obras de mejora de la accesibilidad en viviendas colectivas y particulares de las que se nos daba cuenta, como la posterior aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía contribuyeran de forma decisiva a que la falta de ejecución de ajustes razonables previstos en edificios de viviendas existentes a 4 de diciembre de 2010 que recogía la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social -que dispone la obligación de realizar tales obras en los inmuebles que permitan ajustes razonables en todos los espacios y edificaciones existentes a 4 de diciembre de 2010- dejara de ser una mera propuesta y se convirtiera en una realidad para facilitar la accesibilidad en los edificios de viviendas a toda la ciudadanía y, en especial, al colectivo de personas con discapacidad.

Con ello, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Discrepan sobre la recuperación del premio de jubilación, con carácter retroactivo, para el Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

14-01-2019 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Con fecha 23 de noviembre de 2018, la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación de dicha Administración, acordó establecer un premio de jubilación para este colectivo incorporando para ello un nuevo artículo 62.bis al vigente VI Convenio Colectivo.

El origen de esta posibilidad se encuentra en el mencionado Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, firmado con todas las Organizaciones Sindicales presentes en la citada Mesa -CSIF, UGT y CCOO- y aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018, en el que, entre otras medidas, se contempla la generación de fondos adicionales para que la Administración de la Junta de Andalucía pueda incrementar la masa salarial, y que, en relación con el personal laboral, se destinará a la incorporación del premio de jubilación.

Este premio de jubilación incorporado en el nuevo artículo 62.bis del actual Convenio, resultará de aplicación desde el día de su firma; no obstante, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018, desplegará efectos retroactivos desde 13 de julio de 2018, fecha del referido Acuerdo Marco de la Mesa General de Negociación Común de la Administración de la Junta de Andalucía.

Como ya significaba este Comisionado con ocasión de la queja de oficio 17/3499, promovida ante esa Secretaria General con objeto de recuperar el premio de jubilación para el personal laboral de la Administración andaluza, tras la suspensión de la convocatoria y concesión de cualquier ayuda que se derivara del concepto de acción social por el art. 31 del Decreto-Ley 1/2012 de 19 de Julio, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Publica -entre las que se incluyen los denominados premios de permanencia, fidelidad, jubilación voluntaria o cumplimiento de la edad reglamentaria para todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía, sus instituciones y entidades instrumentales- la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, da una nueva redacción al contenido del referido artículo, al disponerse en su art. 28 que la suspensión afectaría sólo a las ayudas que se deriven del concepto de acción social, exceptuadas las relativas a la atención a personas con discapacidad.

No obstante, la nueva regulación legal no afectó a la suspensión de la aplicación de los artículos 36.4 y 62 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, relativos a la jubilación anticipada, manteniéndose en el art. 27 de la Ley 3/2012 la redacción primigenia del art. 30 del Decreto-Ley 1/2012.

Y es que, si bien es cierto que en el vigente VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de esta Administración no se había previsto un premio de jubilación con carácter general para dicho personal hasta la reciente incorporación del art. 62.bis, sí se contemplaba ya un premio de jubilación para el personal que se acogiera a la jubilación anticipada a los 64 años (art. 62.1), para incentivar este tipo de jubilación, a fin de favorecer la contratación de personas desempleadas. Dicha modalidad de jubilación anticipada estuvo vigente hasta su derogación, el 31 de diciembre de 2012, por la Ley estatal 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, al tratarse de una competencia correspondiente al ámbito de la Administración del Estado.

Además, en la propia singularidad del régimen jurídico del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, aún cuando el premio de jubilación se vinculaba a la modalidad de jubilación anticipada, en la práctica este sistema previsto en el art. 62 del VI Convenio Colectivo, junto con la licencia prevista en el art. 36.4 del mismo, venían a constituir el sistema “ordinario” de acceso a la jubilación de este personal, equiparándose de este modo al resto de empleados públicos de la Junta de Andalucía en cuanto a la percepción de un premio de jubilación adaptado a las singularidades propias de este colectivo de empleados públicos.

Con la supresión de esta modalidad de jubilación, es evidente que uno de los conceptos incluidos en el premio de jubilación que se reconocía al personal laboral (diferencia entre la pensión y el salario percibido) decae por su propia naturaleza; sin embargo, el otro concepto, coincidente con el que tiene reconocido el personal funcionario (cantidad económica por año de servicio), consideramos que no debería haber sido afectado por esa supresión, toda vez que en el régimen estatutario de los empleados públicos de la Junta de Andalucía se había consolidado como un derecho de éstos, a causa del pase a la situación de jubilación, para compensar los años de servicios prestados en esa Administración pública y que, en el caso de los funcionarios, se ha mantenido, incluso, en el periodo de los más duros ajustes presupuestarios en el sector público.

En este sentido, cabe recordar que el premio de jubilación para el personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía -que fue establecido por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2003, por el que se aprueba el Acuerdo de 24 de octubre de 2003 de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General- fue igualmente suspendido en virtud de lo establecido en el, art. 31 del Decreto-Ley 1/2012. Con posterioridad, la Ley 3/2012 dio una nueva redacción al contenido del referido artículo, disponiéndose en el art. 28 de dicha Ley que la suspensión afectaría solo a las ayudas que se deriven del concepto de acción social, exceptuadas las relativas a la atención a personas con discapacidad.

A partir de dicha regulación las dudas que se suscitaron respecto al reconocimiento y abono del premio de jubilación al personal funcionario quedaron definitivamente resueltas, considerándose que a partir de la entrada en vigor de la mencionada Ley se permitía el abono del premio de jubilación, “y ello con independencia de que se hubiera producido la jubilación con anterioridad a la entrada en vigor del referido Decreto-Ley, entre la misma y la de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, o con posterioridad a la entrada en vigor de esta última”.

Pues bien, una vez restablecida la equiparación de prestaciones y equilibrio entre los colectivos de empleados públicos de la Junta de Andalucía, en el marco de las normas y criterios que posibilitan la recuperación de los derechos del personal del sector público que habían sido suspendidos con motivo de la crisis económica, en lo que se refiere al premio de jubilación no sucede igual en cuanto al reconocimiento de este derecho al personal laboral de la Junta de Andalucía con carácter retroactivo.

Así, desde el día 31 de diciembre de 2012, fecha de derogación del sistema de jubilación anticipada a los 64 años de edad y, por tanto, del premio-incentivo establecido para ello, hasta la fecha del establecimiento del premio de jubilación para el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, 23 de noviembre de 2018, con efectos retroactivos de 13 de julio de 2018, existe un colectivo de empleados públicos de esa Administración (personal laboral) que ha visto restringidas sus expectativas y legítimos derechos por cuanto, una vez suprimida la modalidad de jubilación anticipada a la que se vinculaba el premio-incentivo de jubilación, este derecho (cantidad económica por años de servicios prestados) debería reconocerse a este personal en las mismas condiciones en que se hizo para el personal funcionario a fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el acceso de todos los empleados públicos de esa Administración al disfrute de sus derechos.

En consecuencia con lo anterior y , en aplicación de lo establecido en el art.1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, he decidido iniciar actuación de Oficio ante la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con objeto de promover la adopción de las medidas que fueran necesarias, para restituir la prestación equivalente al premio de jubilación que estaba prevista en el art. 62.1 del vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Andalucía, a aquellos empleados públicos que hayan pasado a la situación de jubilación en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2012 al 12 de julio de 2018 y que no pudieron acceder a la misma.

25-11-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

En esta Institución se ha tramitado el expediente de queja de oficio, en relación con el reconocimiento del Premio de Jubilación para el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía que hubiera pasado a dicha situación en el periodo comprendido entre 31/12/2012 a 12/07/2018.

Tras la tramitación de dicho expediente, esta Institución decidió formular a la Secretaría General para la Administración Pública, con fecha 11 de Junio de 2019, Resolución.

Con fecha 22 de julio de 2019 recibimos respuesta de esa Secretaría que, tras su valoración, consideramos que plantea discrepancia técnica en orden a la aceptación de las Recomendación formulada por esta Institución, al entender que no resulta factible que puedan acceder al premio de jubilación previsto en el art. 62.bis del vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Andalucía, el personal laboral de dicha Administración que hubiera pasado a la situación de jubilación en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2012 al 12 de julio de 2018.

En consecuencia, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones con la inclusión del expediente de queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía y al consiguiente archivo del expediente, por cuanto siendo posible una solución positiva ésta no se ha conseguido.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Promocionan la inclusión del alumnado con trastornos del espectro del autismo

12-12-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de diversos medios de comunicación social, del problema que afecta al colectivo de alumnos con necesidades educativas especiales con trastorno del espectro autista, por la ausencia de algunos centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos, de la figura denominada “maestros sombra”.

Según se indica en las mencionadas fuentes de información, el pasado 3 de octubre se firmó un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Federación de Autismo Andalucía para favorecer la atención educativa al alumnado afectado por autismo. Sin embargo, al parecer, hay centros escolares que aún no tienen la autorización para dejar entrar a este personal perteneciente a la Asociación señalada, y los menores llevan dos meses sin este apoyo.

En este sentido, los medios de comunicación recogen el temor de las familias a que esta situación pueda alargarse durante todo el primer trimestre, con los perjuicios que ello ocasiona en al alumnado.

Sobre la base de lo señalado, y en defensa de los derechos del alumnado afectado, se propone una actuación de oficio al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, a fin de clarificar la situación descrita y comprobar las actuaciones administrativas que se emprendan para solucionar el problema.

22-03-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Tras varias gestiones desde esta oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, la Administración informa que ya se ha firmado el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Deporte y la Federación Autismo Andalucía.

EI texto del Convenio incluye, entre los compromisos de Autismo Andalucía, colaborar en la atención especializada en las actuaciones que se encaminan al desarrollo en el centro y para la promoción del proceso de inclusión del alumnado con trastornos del espectro del autismo.

Con esta información consideramos procedente finalizar nuestras actuaciones en el expediente de queja.