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Las personas interesadas en este expediente denuncian la atención educativa recibida por su hijo, alumno con necesidades educativas especiales, en un colegio de la provincia de Cádiz, donde se encontraba escolarizado.

Durante el primer curso de infantil y desde que inició la escolarización en septiembre de 2014 en el Colegio, su tutora informó que la evolución del menor no era la adecuada y acorde a su edad, insistiendo reiteradamente en la conveniencia de que fuese valorado por el “Servicio de Atención Temprana”.

Por el contrario, el orientador del colegio, conocedor de la apreciación de su tutora y la preocupación de sus padres, opinaba que no era necesario que acudiese al “Servicio de Atención Temprana”, pues no presentaba problema de interés y en base a ello no debía ser derivado a dicho servicio.

En segundo curso de infantil, una nueva tutora destacó la escasa o nula evolución del menor, pero el orientador, continuó asegurando que el niño no presentaba ningún problema o dificultad relevantes y que no debíamos preocuparnos.

Siguiendo los consejos de su tutora y apreciando la diferente evolución del menor con respecto a otros niños de su edad, solicitaron ante el SAS su derivación al “Servicio de Atención Temprana”, lo cual no fue posible ya que, eran preceptivos los informes del orientador y del director del colegio y que antes debían ser remitidos a la Delegación de Educación para su tramitación según procedimiento establecido.

Ya en tercero de infantil, se realizó la valoración solicitada en el curso anterior.

En el SAS se dio de baja el expediente iniciado por los padres, por recomendación del orientador del Centro donde cursaba el menor, al considerar este “profesional” que no era necesario proseguir con ello.

Finalmente el menor inició, desde el ámbito sanitario, seguimiento en “Atención Temprana”, pudiendo ser atendido durante un año tan solo, hasta que cumplió seis años, edad en la que legalmente finaliza la en este servicio.

Tras varios tramites desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, también Defensor del Menor de Andalucía, se recibe informe en el que se expone que, desde que el menor fue atendido en el centro de atención infantil temprana (CAIT) se han llevado a efecto reformas en el Servicio de Atención Temprana para mejorar la atención a los niños y niñas que precisen de este recurso y, en la medida de lo posible, dichos cambios contribuirán a evitar que las vicisitudes acontecidas en este caso puedan volver a producirse.

La compareciente exponía que el 5 de marzo de 2018 fue desahuciada de la vivienda que ocupaba junto a sus dos hijas menores de edad, de 9 y 7 años.

Previamente había puesto esta circunstancia en conocimiento del Instituto Municipal de la Vivienda, que la remitió al Servicio de Emergencia del Ayuntamiento de Málaga, donde le aseguraron que no la dejarían en la calle al tiempo del lanzamiento.

El día 4 de marzo fue conducida al albergue municipal, pero dado que sus dos hijas eran menores y ello impedía que pernoctasen allí, le pidieron que se alojase en casa de algún conocido entretanto buscaban una solución, ya que no tenían pisos disponibles.

Añadía que el Área de la Mujer, a pesar de existir medida cautelar de alejamiento dictada el 2 de mayo de 2017 y en vigor, respondió a la semana del desahucio, en el sentido de informar que no había viviendas disponibles, que no podían hacer nada y que buscara un alquiler.

El resultado era que estaba viviendo provisionalmente en casa de una amiga cuyo hijo tenía una discapacidad del 99%, pero que allí no podía prolongar su estancia, ya que no había espacio. Tampoco le había sido tramitada ninguna ayuda económica, a pesar de que solo ingresaba la ayuda familiar de 480 euros y de que el padre de las niñas, cuyo paradero desconocía, no contribuía a su manutención.

Solicitamos informe al Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y al Instituto Andaluz de la Mujer (Centro Provincial de la Mujer) de Málaga. Este último nos indicó que la interesada había sido atendida por causas de violencia de género por los Departamentos de Información, en fecha 30-01-2018 y de Trabajo Social, en fechas 15-02-2018 y 20-03-2018. Actualmente se encontraba en proceso de tramitación de una ayuda económica para mujeres víctimas de violencia de género que acreditasen insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo (al amparo de la Orden de 25 de mayo de 2011. BOJA 116 de 15 de junio), dirigidas a facilitar la integración social de aquellas mujeres víctimas de violencia de género que acrediten unos ingresos que no superen el 75% del Salario Mínimo lnterprofesional y que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales tengan especiales dificultades para obtener un empleo.

Por otro lado, el informe municipal expresaba que se venía atendiendo a la reclamante desde el año 2013 al denunciar a su primera pareja por violencia de género. En esta fecha se le prestó una atención integral dando respuesta a lo que demandaba en ese momento.

También denunció a su última pareja por violencia de género, y acudió de nuevo al servicio correspondiente del ayuntamiento en junio de 2017, teniendo una orden de protección en vigor a la espera de juicio. La demanda en ese momento era tener una vivienda donde poder estar junto a sus hijas.

La interesada abandonó el domicilio familiar tras su separación, ocupando una vivienda de forma irregular de una entidad bancaria, habiendo recibido una notificación del Juzgado donde le comunicaban que en el plazo de un mes debería desocupar la misma.

En su atención se estableció un plan de Intervención a corto y medio plazo con el fin de conseguir la plena normalización tanto de la señora como de sus hijas. Para ello se le prestó una atención integral, tratando de conseguir la plena independencia emocional, económica, laboral y garantizando que tuviera un lugar donde poder estar.

El 6 de febrero de 2018, se elaboró un informe social sobre la situación personal y familiar de esta señora, el cual se remitió al Instituto Municipal de la Vivienda, para su inclusión en el Comité de familias en riesgo de exclusión social y con necesidad urgente de vivienda, para poder optar a la adjudicación de una vivienda protegida por esta vía extraordinaria, ya que el procedimiento ordinario era a través del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.

Se estaba a la espera de una posible adjudicación, ya que la selección era por sorteo, se le había ofrecido el Plan de ayudas al alquiler de viviendas a familias en situación o riesgo de exclusión social, aprobándose el mismo que, a fecha de elaboración del informe, la interesada no había recogido en el Instituto Municipal de la Vivienda. Dicha ayuda era por un periodo de tres años.

De todo la información anterior se deducía el asunto planteado por la interesada se encontraba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba recomendando que se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente. Así como para que se adopten las medidas necesarias en lo que se refiere a la dotación de los medios materiales y personales a la Delegación Territorial de Córdoba, con la finalidad de que se resuelvan las solicitudes de la RMISA en el plazo legalmente establecido de dos meses, a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.

En respuesta, recibimos informe indicando que una vez completo el expediente, en fecha 18/09/2018 se dictó Resolución por la que se concedió a la unidad familiar la Renta Mínima de Inserción.

A la vista de dicha información, se desprende que la Resolución formulada ha sido aceptada, procediendo al cierre del expediente.

La persona reclamante exponía que, desde hacía varios meses, venía realizando diversas gestiones y presentando escritos ante el Ayuntamiento de Estepona pidiendo que se solucionaran las irregularidades de las señalizaciones de tráfico en mal estado de conservación y deficientemente colocadas, así como por la existencia de badenes no ajustados a la normativa que los regula, en una urbanización. Sin embargo, estimaba que la respuesta municipal sobre estas cuestiones no resultaba satisfactoria y no advertía que se estuvieran impulsando actuaciones efectivas para solucionar este problema.

Solicitamos informe al citado ayuntamiento, y del contenido de su respuesta, comprensivo de las medidas adoptadas y proyecto aportado para la regularización de la situación viaria y calmado del tráfico en el sector de la urbanización que nos ocupa, dimos cuenta a la persona reclamante con objeto de que, en caso de estimarlo conveniente, pudiera formular alegaciones o consideraciones acerca de su contenido.

Así lo hizo, exponiendo que no estaba de acuerdo del todo por falta de la documentación del proyecto, para saber que conclusión iban a tomar en la modificación de los badenes y el badén de la entrada ilegal, tampoco mostraban el tiempo de ejecución que había para empezar dicha modificación. Indicaba también que con este asunto llevaban desde principio de 2017 sin tener ningún tipo de respuesta, dejando pasar el tiempo sin hacer nada por ninguna de las dos partes, ni Ayuntamiento ni la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), por lo que le interesaba saber fecha o, al menos, cuando tenían intención de comenzarla.

A tenor de ello y con objeto de poder dar por concluida nuestra intervención en este asunto por estimar que se encontraba en vías de solución, interesamos al ayuntamiento que nos mantuviera informados de la fecha prevista para el comienzo de las actuaciones y obras que permitirían regularizar la situación de la señalización viaria y calmado del tráfico en la zona.

Se nos remitió respuesta de la que se desprendía que se estaban realizando los trámites y actuaciones procedentes para regularizar la situación de la señalización viaria y calmado del tráfico en la Unidad de Ejecución … . Las obras debían comenzar en el plazo de dos meses y tenían un plazo de ejecución de un mes desde el inicio de los trabajos.

De acuerdo con ello, entendimos que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución y, consecuentemente, no resultaban necesarias nuevas actuaciones por parte de esta Institución.

Con motivo de paralización de expediente de disciplina urbanística y denegación de acceso al mismo, solicitamos informe al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, quien expresaba, en lo que se refería al expediente sancionador ..., que no era posible la adopción de acciones disciplinarias de carácter sancionador al haberse producido la prescripción de la infracción y se explicaban las razones por las que no se estimó procedente acceder a la personación en el expediente del reclamante en su calidad de representante de la sociedad … .

En relación con ello, no cabía sino recordar al Ayuntamiento el contenido del artículo 20 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, notoriamente inobservado en este caso, que establece que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

En cuanto al expediente ... se nos indicó que, dado que no había vencido el plazo para el ejercicio de la potestad de restauración de la legalidad urbanística, se iba a proseguir con su tramitación. De acuerdo con ello, esperando que fuera impulsado con la debida diligencia, interesamos que se nos mantuviera informados de la resolución que se adoptara, así como de las posibles posteriores actuaciones municipales tendentes a su ejecución.

Tras esta petición de informe formulada al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, se nos remitió respuesta dando cuenta de las actuaciones efectuadas en el procedimiento de restauración del orden jurídico perturbado añadiendo que, ante el incumplimiento de la resolución municipal por parte de la propiedad del inmueble, se había impuesto la primera multa coercitiva.

De acuerdo con ello, cabía advertir que, por parte municipal, se estaban adoptando las medidas pertinentes para la ejecución de la resolución dictada para conseguir que quedara restaurada la legalidad urbanística en este asunto. En este proceso, con carácter previo a la posible ejecución subsidiaria por parte municipal de lo ordenado, se pueden imponer hasta doce multas coercitivas. Por tanto, nos encontrábamos ante un proceso dilatado y de cierta complejidad administrativa cuyo permanente seguimiento resultaba innecesario por parte de esta Institución al haber asumido el ayuntamiento sus competencias al respecto.

En consecuencia, suspendimos nuestras actuaciones sin perjuicio de interesar al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera que prosiga en los plazos establecidos el proceso de imposición de multas coercitivas o que, en su caso, acuda al procedimiento de ejecución subsidiaria, con objeto de conseguir finalmente que quede restaurada la legalidad urbanística en este asunto.

La interesada exponía que pertenecía al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género. Desde el Instituto de la Mujer de Almería, les ofrecieron hacer un curso de "Auxiliar de Almacenaje".

La trabajadora social les dijo que el 75% del importe de la beca sería ingresado en su número de cuenta a las dos semanas de empezar el curso, el cual comenzó el 16 de Junio, y el 25% restante se pagaba con el fin del curso, el 16 de Agosto de 2018, lo cual no se había producido.

Nos dirigimos al Centro Provincial de la Mujer en Almería, del Instituto Andaluz de la Mujer, desde nos confirmaron que en la resolución de concesión se exponía que el primer pago del 75% se realizaría a la firma de la misma, y por otro lado, el 25% se abonaría a la finalización de la acción formativa.

No obstante, se nos indicaba que para poder efectuar dicho abono se necesitaría el certificado de la entidad que había impartido el curso, en el que se certificara que la persona interesada había asistido a la totalidad de las horas que comprendía el mismo y que dicho plazo de entrega era de tres meses siguientes a la finalización efectiva de la acción formativa.

Trasladada dicha información a la persona reclamante, nos comunicó que a fecha 9 de octubre de 2018, seguía sin recibir el 25% de la beca.

En consecuencia, al objeto de poder continuar con nuestra investigación y esclarecer así las circunstancias que parecían concurrir en el presente caso, volvimos a dirigirnos al centro provincial solicitando nos informara si ya había recibido dicho certificado y, en este caso, si se había abonado el importe de 1000 euros correspondiente al 25% restante de la beca.

En la respuesta enviada se recogía que el expediente se completó con certificado de finalización de la acción formativa denominada “Actividades Auxiliares de Almacén”, habiendo superado completamente (con evaluación positiva de 8,2) la formación asociada. El 6 de noviembre de 2018 se fiscalizó de conformidad la propuesta de Documento “O”, por valor de 1000 euros, comunicando el Servicio de Gestión Económica que se formalizó efectivamente el pago en la cuenta designada por la persona interesada al efecto el 8 de noviembre de 2018.

Puesto que de lo anterior se desprendía que el asunto se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En su escrito de queja, el interesado nos relataba que bajo su vivienda existía un gimnasio que le provocaba diversas molestias, sobre todo ruidos, pues su actividad era desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, “ruidos que se transmiten por una pared de dicho local hasta la pared de mi salón. He denunciado esta actividad a la oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada y aparentemente llevan funcionando sin permiso desde el año 2001 año en el que solicitaron el permiso de apertura condicionada a la entrega de varios documentos, que en 17 años no han presentado. Pese a todo siguen ejerciendo dicha actividad y yo tengo que tomar ansiolíticos diariamente”.

De la documentación que nos remitió el interesado existía una notificación de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se le notificaba el inicio del procedimiento sancionador contra el gimnasio denunciado, en la que se hacía mención a que el gimnasio en cuestión no presentó en su momento, en el año 2001, diversa documentación técnica acreditativa del cumplimiento de requisitos relativos a, entre otras materias, protección contra la contaminación acústica.

Sin embargo y siempre según lo que indicaba el interesado, seguía sufriendo el problema, lo que sería indicativo, en principio, del incumplimiento por parte de esta actividad de la normativa sobre protección contra el ruido, lo que debía mover al Ayuntamiento a adoptar las medidas provisionales adecuadas en tanto no se legalizara completamente la actividad.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos informó, en en síntesis, que se había comprobado que el gimnasio denunciado tenía calificación ambiental favorable condicionada, aunque en ningún momento había cumplido con el condicionado de la autorización, teniendo prohibido el desarrollo de la actividad hasta que no diera cumplimiento a dicho condicionado. Por ello, el Ayuntamiento había iniciado expediente de restauración del orden ambiental y, en este sentido, constaba un informe que indicaba lo siguiente: “Una vez se acredite la conclusión del plazo en el expediente de restauración se procederá, en su caso, suspendiendo el ejercicio de la actividad hasta tanto se acredite su adecuación a la normativa de aplicación y a las condiciones en las que se le concedió la licencia”.

Tras dar traslado de esta información al interesado para que nos remitiera sus alegaciones, pudimos conocer que el gimnasio que generaba ruidos había suspendido su actividad y estaba ejecutando una serie de obras y/o medidas correctoras para ajustar su actividad a la normativa sobre protección contra la contaminación acústica. Por ello, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por cuanto el Ayuntamiento de Granada estaba ejerciendo sus competencias en esta cuestión concreta, aunque indicamos a éste, en el momento de comunicarle el archivo de nuestras actuaciones, que “antes de la puesta en marcha nuevamente del gimnasio de referencia, se proceda por los técnicos municipales a realizar una comprobación exhaustiva del cumplimiento de la normativa de actividades, de la normativa de calificación ambiental y, sobre todo, de la normativa de protección contra la contaminación acústica”.

Tras nuestra intervención, el Ayuntamiento de Santa Fe procede a cambiar la ubicación de unos contenedores de basura que provocaban diversas molestias a los integrantes de la unidad familiar, al estar en la fachada de su vivienda.

En su escrito de queja, la interesada denunciaba que llevaba 20 años reclamando el cambio de ubicación de unos contenedores de residuos sólidos urbanos que se encontraban en una calle del municipio granadino de Santa Fe, debajo de los dormitorios de su vivienda, lo que les generaba, a la familia, diversas molestias: “olores insoportables, sobre todo en los meses de calor y los ruidos que a partir de la madrugada estamos padeciendo (…). El ayuntamiento este último verano hizo un intento de cambio, pero ante el rechazo del resto de usuarios, aún sigo teniendo el contenedor, que hace función de tres”.

Tras dirigirnos al citado ayuntamiento, antes de recibir su respuesta se puso en contacto con la Institución la propia interesada para comunicarnos que ya se había producido el cambio de ubicación de los contenedores objeto de su queja, motivo por el cual dimos por concluidas nuestras actuaciones.