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En esta Institución se tramita de oficio la queja arriba referenciada, en orden a la rehabilitación de varios bloques de viviendas de la Barriada “La Constancia” del municipio de Jerez de la Frontera, de una forma integral y convenida entre todas las Administraciones con competencia en materia de vivienda, a través de la declaración de esta Barriada como Área de Regeneración y Renovación Urbana, dentro del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas previstas y reguladas en el Plan Estatal de Fomento del alquiler, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, Real Decreto 233/2013, por cuanto que este Plan, ha sido prorrogado para 2017 a través del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.

En relación con la rehabilitación de bloques de viviendas de las Barriadas de La Constancia y La Asunción, declaradas como ARRU (Área de Regeneración y Renovación Urbana), solicitamos informe a la Secretaria General de Vivienda quien nos participó que dado que el Ministerio de Fomento no había comunicado cuando podría suscribirse el Convenio de colaboración con nuestra Comunidad Autónoma para la ejecución de la prórroga, no había sido posible trasladar aún la propuesta del ARRU de estas barriadas al Ministerio. Además, puesto que la prórroga del Plan Estatal sólo preveía financiación para actuaciones que concluyeran antes de diciembre de 2018, cuando se suscribiera el Convenio de colaboración, habría que ajustar la propuesta del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a esos plazos antes de proponer su financiación al Ministerio de Fomento.

Por ello, en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora se formula al citado organismo Resolución en el sentido de que cuando se firme el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Andalucía, las actuaciones que se desarrollen en el período de prórroga puedan ser financiadas y se ajuste la propuesta de ARRU para estas barriadas al plazo de conclusión de actuaciones para que obtengan la debida financiación estatal.

ANTECEDENTES

1.- Como ya conoce la problemática de la Barriada de La Constancia, viene siendo objeto de actuaciones por esta Defensoría desde hace ya largo tiempo, remitiéndonos a la queja tramitada a instancia de la Asociación de Vecinos La Fraternidad con el número 14/3930, a cuyos antecedentes obrantes en esa Secretaría nos remitimos por razones de economía.

En la actualidad, la cuestión está centrada en que hay varias Comunidades con daños estructurales graves que son las siguientes:

• Juan Belmonte: ..., ... y … .

• Manuel Lara El Jerezano: ..., ... y … .

• Martín ferrador: … .

• Manolete: ..., … , … y … (este último con resolución y proyectos aprobados en Octubre de 2008).

• Mejías Bienvenida: … .

• Lagartijo. ... (según parece con resolución y proyectos aprobados en Octubre de 2008).

Se da la circunstancia que para la rehabilitación de estos bloques no se llegaron a firmar los Convenios respectivos necesarios con las Comunidades de Propietarios para proceder a su ejecución, por lo que la Secretaría General de Vivienda se remitía en su respuesta a la Orden de convocatoria para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como única posibilidad de financiar las actuaciones sobre edificios que, sin tener convenio firmado, presentan daños estructurales graves en la Barriada de la Constancia, por lo que trasladamos a la Asociación promotora de la queja, la necesidad de que para dicha finalidad se acogieran a la Orden de 25 de julio de 2016 (BOJA de 29 de julio de 2016, nº 145, página 81), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 2016, teniendo en cuenta que se había establecido prioridad para su selección, para aquellas actuaciones de rehabilitación acogidas a la Orden de 9 de agosto de 2005, que hubieran sido solicitadas y en su día no hubieran alcanzado resolución.

No obstante ello, es posible que pudiera llevarse a cabo la rehabilitación de los citados inmuebles de una forma integral y convenida entre todas las Administraciones con competencia en materia de vivienda y es a través de la declaración de esta Barriada como Área de Regeneración y Renovación Urbana, dentro del Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas previstas y reguladas en el Plan Estatal de Fomento del alquiler, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, Real Decreto 233/2013, por cuanto que este Plan, ha sido prorrogado para 2017 a través del Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.

En este sentido, conocimos por el propio Ayuntamiento de Jerez, que había propuesto a la Consejería de Fomento y Vivienda, el Área de Regeneración y Renovación Urbana de las Barriadas de La Constancia y de La Asunción de su municipio y poderse ultimar así la rehabilitación de la barriada que nos ocupa con cargo a este Programa.

Sin embargo, para que dicha propuesta pueda llevarse a cabo además de que el ámbito de actuación deberá estar delimitado territorialmente por acuerdo de la Administración competente, la Comunidad Autónoma deberá remitir al Ministerio de Fomento las propuestas de actuaciones que pretendan financiar con cargo a este programa. En las Comisiones Bilaterales de seguimiento se suscribirán, con la participación del Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el ámbito de actuación, los correspondientes acuerdos.

La propuesta de ARRU efectuada por el Ayuntamiento de Jerez, ha de ser remitida por la Consejería de Fomento y Vivienda al Ministerio de Fomento, que ha de llevar aparejado el compromiso de financiación autonómica de la misma y por ende, su inclusión al respecto en el nuevo Convenio Bilateral que para la prórroga del Plan Estatal 2013-2016 es necesario firmarse.

2.- Solicitado informe a esa Secretaría General, en fecha reciente se nos ha comunicado que,

“La propuesta técnica para el ARRU La Constancia y La Asunción presentada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera contempla la rehabilitación de 89 edificios con 596 viviendas y el realojo de 174 familias residentes en las mismas. Dicha propuesta prevé una programación temporal que abarca los ejercicios 2017,2018 y 2019.

Aunque dicha propuesta fue remitida por primera vez a esta Secretaría General de Vivienda en agosto de 2016, su viabilidad, dada la previsión de su desarrollo temporal, estaba condicionada a la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, ya que éste no contemplaba la financiación de actuaciones más allá del ejercicio 2016 y a condición de que su conclusión estuviera prevista para antes del 31 de diciembre de 2017.

(…) el referido Plan Estatal ha sido prorrogado durante un año por el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre. No obstante, hasta la fecha, el Ministerio de Fomento no ha comunicado cuando podrá suscribirse el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución de la referida prórroga. Dado que la suscripción de dicho Convenio es condición para la financiación de las actuaciones que se desarrollen en el periodo de prórroga, no ha sido posible trasladar aún la propuesta del ARRU La Constancia y La Asunción al Ministerio.

En todo caso, prórroga del Plan Estatal sólo prevé financiación para actuaciones que concluyan antes de diciembre de 2018, por lo que una vez se suscriba el mencionado Convenio de colaboración, habrá que ajustar la propuesta del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a los referidos plazos antes de proponer su financiación al Ministerio de Fomento.”.

3.- Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Jerez se nos ha hecho llegar la Propuesta de Área de Regeneración y Renovación Urbana de las barriadas de La Constancia y de La Asunción de su municipio que remitió a esa Consejería de Fomento y Vivienda, en la que se incluyen las actuaciones a llevar a cabo dentro de la misma, el resumen económico y la programación temporal, dándose la circunstancia de que la mayor parte de los bloques de viviendas de la Barriada de La Constancia, en los que la asociación de Vecinos promotora de la queja anterior afirmaba que se producían daños estructurales graves, anteriormente reseñados, están incluidos en dicha programación temporal para el año 2017, con la excepción de tres de dichos bloques para 2018 (Calle Manuel Rodríguez Manolete nº ..., Calle Manuel Lara Jerezano nº ... y Calle Juan Belmonte nº ...) y uno para 2019 (Calle Antonio Mejías Bienvenida nº ...).

4.- El Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación Urbana, aprobado mediante Resolución de la Dirección general de Arquitectura, Vivienda y suelo, del Ministerio de Fomento, de fecha 13 de octubre de 2014, en su Cláusula Novena, establece los compromisos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del mismo:

“La Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a la realización de las siguientes actuaciones:

(….)

3.-Tramitar y gestionar la financiación de los Programas de fomento del parque público de vivienda en alquiler, de fomento de la regeneración y renovación urbanas y de fomento de las ciudades sostenibles y competitivas, conforme a las siguientes pautas:

3.1 La financiación específica correspondiente al programa de fomento del parque público de viviendas en alquiler y del programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas, así como las fórmulas concretas de gestión, seguimiento, control y evaluación, se determinarán, para cada actuación, en un acuerdo suscrito por el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento correspondiente. Las anualidades con cargo al Ministerio de Fomento no podrán superar el importe de las cuantías máximas de gasto comprometidas por el Ministerio en virtud del presente Convenio para cada anualidad ni el ejercicio 2016, dentro de los límites previstos en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta. Las solicitudes de propuestas de Actuaciones, incluida toda la documentación necesaria, se deberán remitir al Ministerio de Fomento con antelación al 1 de octubre de cada año. Todas las propuestas que se reciban con posterioridad y/o incompletas, no podrán tramitarse en el año de que se trate. No obstante, si posteriormente solventan las deficiencias y la Comunidad Autónoma, de forma expresa, reitera su solicitud, podrán ser susceptibles de tramitación en el ejercicio siguiente. Las anualidades con cargo al Ministerio de Fomento no podrán superar el importe de las cuantías máximas de gasto comprometidas por el Ministerio en virtud del presente Convenio para cada anualidad ni el ejercicio 2016, dentro de los límites previstos en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta.”.

5.- Finalmente, no podemos dejar de recordar que la rehabilitación integral de las viviendas de la Barriada de La Constancia de Jerez a la que nos venimos refiriendo, viendo siendo una larga aspiración y reivindicación de sus propietarios desde hace años, y a la que esa Administración Autonómica le dio el debido respaldo con la firma de los diversos acuerdos que se suscribieron en el pasado encaminados a dicha finalidad sin que pudieran ser cumplidos en su totalidad por diversas y variadas circunstancias que conoce esa Secretaría General y que obran en el expediente de queja tramitado con anterioridad, queja 14/3960.

CONSIDERACIONES

A la vista de cuanto antecede, hemos de remitirnos al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española que conlleva no solo el disfrute de una vivienda sino que la misma ha de ser digna y adecuada, debiendo los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Por su parte, nuestro Estatuto de Autonomía dedica su artículo 25 al derecho a la vivienda en Andalucía, poniendo el mismo en relación con el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, y mandatando a los poderes públicos para que lleven a cabo la promoción pública de la vivienda. Además remite a la Ley para la regulación del acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como de las ayudas que lo faciliten.

En desarrollo de esta previsión constitucional y estatutaria, el artículo 1 de la Ley 1/2010, de 8 de Marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, modificado en su redacción por la Ley 4/2013, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, señala:

“1. La presente Ley tiene por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al amparo de lo previsto en el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas físicas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las condiciones establecidas en la misma.

2. En el marco de las citadas condiciones, la presente Ley regula un conjunto de facultades y deberes que integran este derecho, así como las actuaciones necesarias que para hacerlo efectivo corresponden a las Administraciones Públicas andaluzas y a las entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito sectorial de la vivienda

(…).”.

Por su parte el artículo 3 de la misma Ley, contempla que los edificios de viviendas se deben utilizar y conservar de tal forma que se cumplan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, establecidos por la normativa que en esta materia resulte de aplicación, especialmente por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, o normativa que los sustituya, y por las disposiciones que desarrollen a la propia Ley.

También conforme a la citada norma, la Administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, en el marco del principio de subsidiariedad, dentro de los ámbitos competenciales correspondientes determinados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y demás legislación aplicable, promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de una política de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y calidad del parque de viviendas existentes.

No podemos concluir estas referencias normativas, sin remitirnos a los principios de buena fe y confianza legítima de los ciudadanos en la actuación de la Administración que aparecen reconocidos en el artº 3, apartado 1 a) y e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que ha venido a derogar al anterior párrafo 1 del artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 enero y, según la cual:

“Art 3. Principios generales.

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.”.

Los cuales pudieran haberse visto afectados, con los reiterados incumplimientos por parte de las Administraciones firmantes de los Acuerdos y Convenios mencionados, aún cuando del proceder de las mismas, no se deriven concretas actuaciones irregulares o contralegem.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

Recomendación.- Para que una vez se firme el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la prórroga de las actuaciones previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, dada la necesariedad de este hecho para que las actuaciones que se desarrollen en el período de prórroga puedan ser financiadas, se ajuste la propuesta de ARRU efectuada por el Ayuntamiento de Jerez para las Barriadas de la Constancia y de la Asunción al plazo de conclusión de actuaciones para que obtengan la debida financiación estatal, a saber a diciembre de 2018, tomando como punto de partida y procediendo a la inclusión de las actuaciones que prevé la propuesta aludida para los ejercicios 2017 y 2018, por cuanto que la práctica totalidad de los bloques anteriormente reseñados que, al parecer, tienen daños estructurales graves, han sido incluidos en la mencionada Programación, habiendo sido diferido solo uno de ellos para la programación de 2019.

Ver asunto soluionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El padre del interesado, gran dependiente, se encontraba residiendo, de forma privada, en una Residencia de Personas Mayores de su localidad, pero cuando se le aprobó su Programa Individual de Atención se contemplaba como recurso la atención residencial en otra Residencia de Mayores a cuya plaza concertada renunció y solicitó una revisión del Programa Individual de Atención, orientada a que se le reconociese una prestación económica vinculada al servicio, para atención residencial en la Residencia de Mayores en la que se encontraba, sin que se hubiese resuelto aún.

Por ello, en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora se formula a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla Recomendación en el sentido de que se apruebe la revisión del Programa Individual de Atención de la persona mayor dependiente a la que alude esta queja, informando al interesado, en el caso de que no sea posible la aprobación inmediata del Programa Individual de Atención, de la fecha previsible para la aprobación.

Al mismo tiempo, se formula Sugerencia para que se tome en consideración en el Programa Individual de Atención, la preferencia de permanencia en la residencia de mayores de su municipio manifestada por el interesado, bien mediante el reconocimiento del servicio de atención residencial, bien mediante la aprobación de una prestación económica vinculada al servicio.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente de queja que se tramita en esta Institución con la referencia del encabezamiento, Q 16/5522.

Una vez analizados los informes recibidos, puestos los mismos en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 28/09/2016 recibimos escrito de queja, presentado por D. ..., el cual expresaba que su padre tenía en ese momento 84 años y se encontraba residiendo en la Residencia de Personas Mayores ..., desde el mes de Junio de 2015.

Al parecer, con fecha 22/01/2016 se había aprobado Resolución por la que se reconocía al afectado la situación de Gran Dependencia (Grado III). Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, en el momento de presentación de la queja aún no se había aprobado su Programa Individual de Atención, habiendo manifestado en el trámite de elaboración del mismo su preferencia por el servicio de atención residencial o, en su defecto, de prestación vinculada al servicio.

Analizada la queja, esta Institución solicitó a esa Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en fecha 10/10/2016 la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

2. En respuesta a nuestra solicitud, el pasado 20/12/2016 recibimos informe emitido por esa Delegación Territorial, en el que se confirmaba la aprobación de la situación de Gran Dependencia en fecha 22/01/2016, y se indicaba que dicha resolución había sido notificada a los servicios sociales comunitarios para la elaboración de la propuesta de PIA con fecha 18/03/2016.

Se informaba asimismo que con fecha 02/11/2016 se había aprobado Programa Individual de Atención al afectado, que contemplaba como recurso la atención residencial en Residencia de Mayores ..., pero que el dependiente renunció a esa plaza concertada, solicitando posteriormente, con fecha 23/11/2016 una revisión del Programa Individual de Atención, orientada a que le reconociese una prestación económica vinculada al servicio, para atención residencial en residencia de mayores en … .

Se indicaba finalmente que la propuesta de revisión del Programa Individual de Atención estaba pendiente de ser aprobada, siendo difícil dar una previsión temporal debido a la gran acumulación de expedientes existente en esta fase.

3. Tras trasladar el informe recibido al promotor de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, hemos recibido en fechas recientes una nueva comunicación del interesado, el cual confirma la información recibida si bien explica que la decisión de solicitar la Residencia de Mayores en ... es debida a que su padre es natural y vecino de esa localidad, tiene una edad avanzada (85 años) y se encuentra residiendo en la referida residencia desde el mes de 2015, y considera que un cambio de centro residencial le hubiera influido muy negativamente.

Por dicho motivo había solicitado la residencia de dicha localidad o en su defecto la prestación vinculada al servicio y por dicho motivo tuvieron que renunciar a la plaza aprobada en Residencia de Mayores en … .

Indicaba, finalmente, que la situación es insostenible, pues la pensión de jubilación que percibe su padre solo alcanza para pagar, aproximadamente, la mitad del coste de la plaza residencial.

A la vista de los anteriores antecedentes, le trasladamos las siguientes

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (referencia legal que debe sustituirse por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Disposición Final Cuarta de ésta última), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación de hechos que constan en el expediente, cabe destacar, desde el punto de vista formal, que se ha producido un significativo retraso en la aprobación del Programa Individual de Atención del afectado, que se ha demorado en el tiempo, sobrepasando el plazo legalmente establecido.

Igualmente, aunque en estos momentos el retraso todavía no es excesivo, se ha superado el plazo legal establecido para la revisión solicitada del Programa Individual de Atención.

En cuanto al fondo del asunto, si bien es cierto que el ámbito de asignación de la prestación de atención residencial es provincial, resulta razonable que los familiares del afectado no quieran que se produzca un cambio de centro residencial, y menos aún un desplazamiento a una aldea de otro municipio que dista casi 50 kilómetros del lugar del que es natural y en el que viene residiendo el afectado.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 16 y 19 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, en relación con los artículos 15.2 y 18.3 del mismo Decreto, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-). Asimismo los artículos 16,4 y 19,2 de este Decreto, referidos a los procedimientos de revisión, tanto del reconocimiento de la dependencia como del Programa Individual de Atención, contemplan los mismos plazos de tres meses para estos procedimientos.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que los términos y plazos establecidos en esa Ley o en otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación, se apruebe la revisión del Programa Individual de Atención de la persona mayor dependiente a la que alude esta queja, informando al interesado, en el caso de que no sea posible la aprobación inmediata del Programa Individual de Atención, de la fecha previsible para la aprobación.

SUGERENCIA para que se tome en consideración en el Programa Individual de Atención, la preferencia de permanencia en la residencia de mayores de su municipio manifestada por el interesado, bien mediante el reconocimiento del servicio de atención residencial, bien mediante la aprobación de una prestación económica vinculada al servicio.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula resolución ante el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, por la que recomienda que, a la mayor brevedad posible, se proceda al pago de las cantidades adeudadas al promotor de la presente queja, previa inclusión en la partida presupuestaria correspondiente de dotación habilitando crédito suficiente para afrontar el pago de las cantidades adeudadas y los intereses de demora así como gastos causados al interesado.

ANTECEDENTES

El interesado nos exponía en su escrito de queja que como Letrado en ejercicio del Colegio de Abogados de Sevilla mantuvo una relación profesional con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, que al no superar los 18.000 euros tenía la consideración de contrato menor.

Añadía al respecto: “...En desarrollo de la prestación contratada, ejercí la representación y defensa jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera en los procedimientos que desde este Ayuntamiento se me encomendaron. Todas las notificaciones judiciales de todos los procedimientos que defendí llegaron siempre al Registro General del Ayuntamiento, donde se me hacían llegar, generalmente en persona desplazándome a la sede de este Ayuntamiento.

Al finalizar 2011 ambas partes decidimos poner fin a la relación de servicios profesionales, por lo que el que suscribe presentó al Ayuntamiento factura detallada de los servicios prestados que fue recepcionada por el Delegado de Hacienda de Arcos de la Frontera, que le estampó el sello de la Delegación y firmó su recepción el día 18/07/2014.

Dicha factura cumple los requisitos del artículo 72 de Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre [a) Número y, en su caso, serie; b) Nombre y apellido o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor; c) Órgano que celebra el contrato, con identificación de su dirección y del número de identificación fiscal; d) Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya destinado; e) Precio del contrato; f) Lugar y fecha de su emisión; y g) Firma del funcionario que acredite la recepción], por lo que hace las veces de documento contractual según el apartado 1 del meritado artículo 72 del reglamento referido.

Dicha factura ha sido debidamente declarada a la Agencia Tributaria en mi declaración de impuestos del ejercicio 2014, si bien, al estar el que suscribe desde ese año acogido al criterio de caja, no ha tenido que ingresar de momento el impuesto sobre el valor añadido (IVA) correspondiente a la misma.

Pese a que han transcurrido más de dos años desde que presenté dicha factura, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, y éste tiene constancia fehaciente de todos los servicios prestados dado que todas las notificaciones judiciales han llegado siempre a éste y al que suscribe como Letrado siempre se las ha hecho llegar el ayuntamiento una vez tenían entrada en el Registro General y no los órganos jurisdiccionales, el Ayuntamiento no ha hecho ninguna acción para abonarme la factura por los servicios prestados, pese a que han transcurrido más de dos años, plazo muy superior al de treinta días establecido para el pago por el artículo 216.4 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pese a que en este plazo he tenido reuniones y contactos con las dos Corporaciones Locales que se han sucedido desde julio de 2014 en las que se comprometieron a abonar los servicios prestados (siendo la cuantía de los procedimientos representados y defendidos por este Letrado superior a los ocho millones de euros, con sentencias favorables al Ayuntamiento en la mayoría de los casos y condena en costas en varios de ellos).”

II.- Por nuestra parte, tras admitir a trámite la queja, solicitamos del Ayuntamiento el informe previsto en el articulo 18.1, de la Ley 9/1983, de de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.

En su respuesta por la Administración Municipal concernida se nos indicaba:

“Que consultados los datos obrantes en estas dependencias a mi cargo, referentes a D.(...), resulta:

PRIMERO.- En la contabilidad municipal del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera figuran diversas facturas de D. (...) de los ejercicios 2008 al 2011 en concepto de “Honorarios por Servicios Profesionales de Representación y Defensa Jurídica”.

SEGUNDO.- La última factura que consta en la contabilidad fue la nº AF 1/2011 de fecha 10-01-2011, de importe 17.700,00 euros; que fue abonada el 30-05-2012 mediante préstamo ICO del Plan de Pago a Proveedores del RDL 4/2012.

TERCERO.- En el Plan de Pago a Proveedores del RDL 8/2013 D. (...) no presentó ninguna factura.

CUARTO.- En la actualidad, en la contabilidad municipal no figura ninguna factura de D. (...) pendiente de contabilizar ni de pagar.

Es cuanto tengo el honor de informar, como Interventor Accidental de Fondos nombrado por Decreto de Alcaldía nº 254/13 de 09-08-2013.”

III.- Ante la palmaria controversia de planteamientos de las partes, decidimos dar traslado de la información recibida del Ayuntamiento, al interesado en la queja, Letrado en ejercicio, que opta por la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz en la reclamación sobre el pago de sus honorarios.

El mismo nos exponía en la fase de alegaciones sus argumentos jurídicos conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre respecto a lo que consideraba el cumplimiento de sus obligaciones, relativas a presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados, ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad administrativa encargada de la tramitación.

Igualmente manifestaba el interesado haber cumplimentado las obligaciones pertinentes conforme a la normativa Reguladora de Haciendas Locales vigente y a las Previsiones de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento.

Añadiendo el Letrado reclamante que por su parte había acreditado documentalmente ante el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera la realización de los trabajos -de hecho conocidos por éste dado que todas las notificaciones judiciales llegaban al Ayuntamiento que los trasladaba a su vez al Letrado- y, además, mediante las facturas que se acompañaron con el escrito de queja, que según el informe del Interventor accidental del Ayuntamiento no aparecen contabilizadas ni pendientes de pagar, sin explicar el motivo, lo que denota un grave incumplimiento de sus obligaciones por el Ayuntamiento, según el reclamante.

Por cuanto antecede, y teniendo por instruidas las actuaciones integrantes del expediente de queja, deseamos realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Régimen jurídico básico en materia de efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece al respecto de la ejecución y pago de los contratos del sector público, en su artículo 216.4, lo siguiente:

«4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 222.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.»

Igualmente cabe tener en cuenta, y traer a colación en relación con el cumplimiento de los contratos en el Sector Público y sobre la recepción de la prestación, lo establecido en el art. 222.4 del referido Texto Refundido mencionado:

«4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 235, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.»

Siendo las anteriores las prescripciones legales básicas afectantes a obligaciones de la Administración, la obligación del contratista -para demandar el pago- consiste fundamentalmente en acreditar el cumplimiento de su obligación contractual, lo que deberá realizar mediante la presentación de algunos de los documentos que señala el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (y modificaciones posteriores) por el que se aprobó el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación; así, la factura por la prestación de servicios o entrega de bienes, y factura simplificada en casos de menor cuantía, o rectificación.

Lo anterior queda acreditado sobradamente en las presentes actuaciones por el reclamante, que hizo entrega de factura detallada de los servicios prestados que fue recepcionada por el Delegado de Hacienda de Arcos de la Frontera, que le estampó el sello de Registro de la Delegación y firmó su recepción el día 18/07/2014.

Ello, en línea con lo que establece la Disposición Adicional trigésimo tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que indica: «1. El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma».

En la materia concreta que nos ocupa (cumplimentación de la obligación de presentar facturas), hay que tener en cuenta además -de forma específica- que, conforme a lo que se estableció por el Ayuntamiento en las Bases de Ejecución del Presupuesto sobre el procedimiento general para la tramitación de gastos, para cada ejercicio:

“Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán a la oficina gestora al objeto de que sean conformadas por el Funcionario competente, debiendo señalar el nombre del firmante, con el visto bueno del Concejal Delegado de Área. Este acto implica que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con lo acordado.

Una vez conformadas serán remitidas a la Intervención de Fondos a efectos de su fiscalización y contabilización, que las someterá a aprobación del órgano competente y trasladará a la Tesorería para su abono. En el caso del Patronato, se trasladará al Presidente para la ordenación de su pago cuando proceda”.

Tal procedimiento es el que se ha seguido por el Letrado reclamante ante la Administración local concernida y el que se ha incumplido por el staff económico -administrativo municipal en el presente caso.

Segunda.- La exigencia de la presentación de la factura como acreditación del cumplimiento de su obligación contractual en el caso de la presente queja.

De conformidad con lo actuado y la documentación que obra en el expediente aportada por las partes, el Letrado contratante presentó al cobro la factura recepcionada en el Registro de la Delegación competente, relativa a los servicios prestados (minuta de honorarios) conforme exige la normativa presupuestaria local, lo que habría efectuado en la fecha indicada anteriormente, con información sobre la cuenta bancaria en la que efectuar el pago, y en acreditación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La falta de pago de las cantidades presentadas al cobro y el transcurso del plazo de treinta días establecido en la normativa básica de contratos del sector público, anteriormente citada, motivó que el Letrado de referencia, formulara la reclamación que refiere el articulo 217 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

«Artículo 217. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.»

Sin que, al parecer, la Administración contratante (Intervención Municipal de Fondos) acierte a dictar una resolución frente a tal reclamación, incumpliendo la propia Administración la Instrucción local sobre Ejecución del Presupuesto.

En nuestra opinión, se han producido y generado unos daños y perjuicios al no pagar la factura presentada y registrada en plazo, razón por la que consideramos que hay una responsabilidad contractual por incumplimiento de las normas generales aplicables en la materia al Sector Público.

Por cuanto antecede, en ejercicio de las facultades y atribuciones que me confiere el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN en el sentido de que a la mayor brevedad posible se proceda al pago de las cantidades adeudadas al promotor de la presente queja, previa inclusión en la partida presupuestaria correspondiente de dotación habilitando crédito suficiente para afrontar el pago de las cantidades adeudadas y los intereses de demora así como gastos causados al interesado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz