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Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla procedió a archivar un expediente sancionador de tráfico contra la empresa titular del vehículo, que se dedicaba al arrendamiento de vehículos a largo plazo, a pesar de que, en el procedimiento, había notificado al Ayuntamiento el conductor que, en el momento de la infracción, utilizaba el vehículo.

Estudiante de Máster consigue que no se le reclame el pago de la matrícula tras la estimación de su recurso contra la denegación de beca por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Se recibió escrito de un estudiante exponiendo que, en el curso 2012/2013, inició un Master en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla con objeto de aumentar sus posibilidades de empleo.

Con objeto de poder costear tales estudios, solicitó beca al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sin embargo, en el mes de junio de 2013, y con el curso prácticamente terminado, la beca le habría sido denegada “por superar los umbrales de patrimonio”.

Tras realizar las oportunas averiguaciones, resultaría que la denegación se produce por no haber contabilizado su vivienda habitual como tal. Este hecho, fue un error producido a partir de la declaración de la renta de 2011, el cual ya se habría rectificado por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y justificado en el oportuno recurso de reposición formulado contra la resolución denegatoria de beca.

No habiéndose aún resuelto dicho recurso, en el mes de octubre de 2013 el interesado recibe notificación de  la Secretaría de la ETSI reclamándole el pago de la matrícula o, en su defecto, se procedería a anular la misma.  

Nos dirigimos al Vicerrectorado de Estudiantes solicitando se estudiasen los mecanismos que hiciesen posible paralizar la exigencia de abono de la matrícula correspondiente al curso 2012/13 hasta la resolución del recurso formulado.

En la respuesta recibida, se nos informa que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha estimado el recurso de reposición interpuesto por el interesado contra la denegación de la beca, por lo que no tendrá que abonar su matrícula del curso 2012-2013.

La Federación Andaluza de Atletismo da respuesta al entrenador de un atleta tras cambiarle la marca conseguida sin darle explicaciones.

Se recibe queja en esta Institución del preparador de un atleta en relación a la anulación de una marca registrada y su posterior cambio sin explicación alguna. Tras solicitar información ante la correspondiente Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Atletismo, no se recibe respuesta.

Admitida la queja a trámite, se solicitó el correspondiente informe a la referida Federación Deportiva, y previamente a la recepción del mismo, se nos comunica por el interesado que el asunto se ha resuelto favorablemente. Posteriormente se nos informa que se le ha dado contestación al interesado, así como que se ha reconocido la marca del atleta.

Recibido el informe interesado a la Federación Andaluza de Atletismo se nos comunica se ha procedido a la incoación de expediente informativo a la Delegación Provincial y al propio Delegado a fin de esclarecer los hechos acontecidos en el control.
Al parecer según informe del Juez Arbitro de la prueba se produjo un fallo en el arranque del sistema de cronometraje por lo que según la normativa se han de usar los tiempos manuales, por lo que se ha de dar validez a las marcas manuales de la prueba y anular los tiempos eléctricos.
Dado que el presente expediente se inició a los únicos efectos de romper el silencio de la Federación Deportiva, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

Tras nuestra intervención el Ayuntamiento de Villaverde del Río da respuesta a un ciudadano que había solicitado documentación sin obtener respuesta.

Un vecino de la localidad de Villaverde del Río, (Sevilla),  solicita a su Ayuntamiento acceso al expediente de  autorización de la romería de mayo de 2013 sin obtener respuesta.

Tras solicitar informe al Ayuntamiento a los efectos de que se dé una respuesta expresa, que hubo de reiterarse,  éste nos indica el 29 de enero que ya enviado escrito a la Asociación que preside el interesado y adjuntando dicha respuesta.

Estudiante de Master consigue activar su matrícula tras la estimación de su recurso contra la denegación de beca por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al haber quedado acreditada su situación de independencia económica.

Se recibió comunicación de una estudiante de Máster en la Universidad de Málaga exponiendo su disconformidad con la propuesta de denegación de su solicitud de beca para el curso 2012/2013, acordada por la Comisión de Selección de Becarios de esa Universidad por la “CAUSA 170: No acreditar suficientemente, a juicio de la Comisión competente, la independencia económica y/o familiar”.

La interesada formulaba una serie de alegaciones que pretendían desvirtuar la decisión de la Comisión y acreditar que constituía una unidad familiar de un miembro con independencia económica.

Entretanto la Universidad le había requerido el pago del importe de la matrícula (1.534,52 euros) y, ante la imposibilidad de proceder a dicho abono, se le había anulado la matrícula.

Ante lo expuesto, nos dirigimos a la Administración afectada, dándole traslado de la situación personal y económica de la interesada y consultarle sobre la posibilidad de paralizar la exigencia de pago y reactivar la matrícula anulada hasta que se dictase la resolución del Ministerio e, incluso, se resolviese el recurso de reposición que pudiera interponer.

En su defecto, interesábamos conocer las facilidades de pago que se le pudieran ofrecer a la interesada, así como la posible existencia de alguna bolsa de ayuda o becas propias de la Universidad, dadas las circunstancias concurrentes.

Habiendo recibido respuesta de la Universidad, la misma no satisfacía la petición de información que le formulábamos, por lo que nos dirigimos nuevamente solicitando información adicional.

Finalmente, en informe recibido a tal efecto, se nos indica que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha estimado el recurso de reposición presentado por la parte promotora de la queja, por lo que en la Secretaría del Centro ya figuraba la matrícula activa y con el expediente académico actualizado.

En cualquier caso nos hemos interesado ante la Universidad por el funcionamiento de las ayudas de emergencia, en su modalidad consistente en el aplazamiento de pago, para el caso de personas a las que se le hubiera anulado la matrícula por impago.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla procedió a archivar un expediente sancionador de tráfico contra la empresa titular del vehículo, que se dedicaba al arrendamiento de vehículos a largo plazo, a pesar de que, en el procedimiento, había notificado al Ayuntamiento la entidad que, en el momento de la infracción, utilizaba el vehículo. 

El interesado, representante de una entidad comercial dedicada al arrendamiento de vehículos a largo plazo, nos indicaba que la entidad comercial era propietaria de un vehículo al que el Ayuntamiento de Sevilla le había impuesto una sanción de tráfico por aparcamiento indebido. Cuando recibieron la notificación de la sanción comunicaron al Ayuntamiento que en el momento de la infracción el vehículo estaba arrendado a otra empresa, de la que le comunicaron los datos al Ayuntamiento, pero éste había continuado el procedimiento sancionador con la empresa titular del vehículo y no contra la empresa que, en esos momentos, hacía uso del mismo. Habían interpuesto recurso extraordinario de revisión, pero no habían obtenido respuesta alguna del Ayuntamiento de Sevilla.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, éste nos comunicó que habían procedido a revocar la sanción impuesta a la entidad que representa el reclamante acordando dar la baja y el archivo del expediente, al estimarse su recurso extraordinario de revisión. En consecuencia, al haberse estimado favorablemente la pretensión del reclamante, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La sociedad de cazadores de un municipio sevillano, ante la escalada en el clima de tensión originado como consecuencia de la lucha contra el furtivismo, acudió al Defensor del Pueblo Andaluz solicitando nuestra actuación para que las Administraciones Públicas competentes adoptaran mayores medidas de vigilancia y control para evitar situaciones de peligro para la seguridad e integridad física de las personas. Tras nuestra actuación, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla nos dijo que la Guardia Civil iba a estudiar el asunto para evaluar la implementación de medidas adicionales en materia de seguridad. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, titular de parte del coto, nos trasladó que se iban a adoptar nuevas medidas adicionales a las ya puestas en marcha para tratar de controlar la situación.

Acudió a esta Institución una sociedad de cazadores de un municipio sevillano, inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, trasladándonos que la sociedad, que tiene 270 socios aproximadamente, es titular de cuatro cotos de caza, dos de ellos ubicados sobre montes de titularidad pública (donde se practica caza mayor y menor), otro de ellos en terrenos titularidad del Ayuntamiento y el último sobre fincas particulares cedidas al efecto (en estos dos últimos cotos sólo se practica caza menor).

Pues bien, los problemas por los que han solicitado la colaboración de esta Institución, e incluso han sido atendidos personalmente para conocer con detalle la gravedad de la situación, está relacionado, al parecer, con la caza furtiva en la localidad, que ha tenido especial incidencia desde hace muchos años en la zona. La actual junta directiva de la sociedad de cazadores, elegida en el año 2004, tenía como uno de los principales retos la lucha contra la caza furtiva, adoptando todo tipo de medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa, lo que pronto llevó a sus miembros a enfrentamientos con determinadas personas, en algunos casos socios del club y en otros casos personas cercanas a aquellos, pero conocidos en la localidad como cazadores furtivos.

El enconamiento de estos enfrentamientos entre la junta directiva y aquellas personas que presuntamente ejercían la caza furtiva en los cotos llevó a una serie de acontecimientos, como el incendio de buena parte de los montes de la zona en Julio de 2004, amenazas con el rostro cubierto y con armas a los guardas forestales realizadas generalmente de noche, etc. Todo ello se denunció ante la Guardia Civil, la Consejería de Medio Ambiente y la Delegación del Gobierno, sin que se hubiera conseguido algún resultado visible o al menos se hubiera rebajado la tensión.

Más recientemente, y dentro de este clima de conflicto, habían vuelto a suceder nuevos acontecimientos que, según nos comentaban en la queja, temían que pudieran acabar en desgracia: habían aparecido pintadas injuriosas en la sede social de la sociedad y en otros lugares del pueblo, se habían producido daños en bienes del presidente de la sociedad y de otros miembros de la junta directiva, robo de enseres en la sede del club y, sobre todo, el incendio, al parecer provocado, de la propia sede del club, ardiendo un vehículo y dos remolques. Todos los hechos también habían sido debidamente denunciados, pero la dificultad y/o imposibilidad de conocer a sus autores impedía el éxito de las denuncias.

Tras dirigirnos a la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ésta nos ha comunicado que en las últimas décadas, la caza furtiva ha pasado a ser una actividad organizada que la practican auténticas “mafias”, como lo demuestra, por ejemplo, el informe sobre actividades realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) del año 2012 y, por ello, los agentes de Medio Ambiente, de la Guardia Civil, de la Policía Autonómica y de las Policías Locales realizan actuaciones conjuntas de vigilancia, disuasión e investigación al objeto de colaborar con la justicia en la lucha contra estas actividades ilícitas.

A estas actividades también se suman los responsables de los cotos, a través de los Guardas de Caza que, en el caso concreto de la sociedad de cazadores que presentó la queja, eran 6 personas contratadas para la vigilancia de la superficie pública acotada. Es decir, en la zona realizan labores de vigilancia un total de 11 agentes de Medio Ambiente, 6 guardas de coto y los agentes del SEPRONA, lo que había permitido controlar, en buena parte, la práctica de la caza furtiva, lo que había provocado que las “mafias cinegéticas” adoptaran actitudes violentas. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, había adoptado las siguientes medidas:

- Trasladar a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía toda la información sobre los hechos denunciados por la sociedad de cazadores para que realizaran las acciones que creyeran oportunas para lograr una mayor coordinación de los agentes de la autoridad.

- Diseñar fórmulas para impedir el acceso de vehículos a través de caminos forestales secundarios.

- Solicitar la realización de controles de vehículos en las carreteras de la zona.

- Mayor presencia de agentes de Medio Ambiente en las monterías y batidas organizadas por la sociedad de caza para garantizar la adecuada celebración de las mismas.

- Cesión, si así lo aceptaba la sociedad de cazadores, de casas forestales ubicadas en los terrenos de titularidad pública para su uso por los guardas de caza con la finalidad de facilitar las labores de vigilancia y custodia.

Además, por la gravedad de los hechos trasladamos también esta situación a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, que nos respondió indicando que la Guardia Civil estudiaría la situación para evaluar la implementación de medidas adicionales.

De esta información dimos traslado a la sociedad de caza para que nos remitieran las alegaciones y consideraciones que creyeran oportunas, pero transcurrido el plazo que le indicamos no recibimos respuesta de ésta, por lo que entendimos que no consideraban necesarias nuevas actuaciones por parte de esta Institución y dimos, por tanto, por concluidas nuestras actuaciones en la queja.