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Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, la Consejería de Justicia e Interior instala una rampa móvil que permite el acceso a la sede judicial de Lucena para personas con movilidad reducida.

Se dirigió a esta Institución el Coordinador de una plataforma compuesta por varias asociaciones y entidades (asociaciones de personas con discapacidad, asociaciones de vecinos, culturales, consumidores y usuarios y ONG) del municipio cordobés de Lucena denunciando el incumplimiento de la normativa de accesibilidad del edificio que alberga la sede judicial de Lucena, situada en la C/ San Pedro, número 43, de dicha población. Añadía en la misma que, tratándose de un edificio que acoge servicios de primera necesidad como los Juzgados de Primera Instancia, Juzgado de Guardia, Registro Civil y otros servicios, resulta muy grave que carezca de vado de acceso peatonal en el acerado, ni sea posible el acceso de personas usuarias de sillas de ruedas al inmueble por carecer de rampa o de otro elemento de ayuda técnica. Siempre según este coordinador, el edificio dispone de dos plantas, resultando que la planta baja tiene dos niveles salvados con ayuda técnica, pero que no se ha dispuesto de ningún elemento que permita el acceso de personas usuarias de sillas de ruedas a la primera planta, ni tampoco dispone de aseos adaptados en ninguna de dichas plantas.

Con tal motivo, la plataforma que representa formuló reclamación al Consejo General de Poder Judicial, que emitió respuesta indicando que la competencia sobre el asunto correspondía a la Consejería competente de la Junta de Andalucía. El reclamante concluía su escrito expresando que, a su juicio, esta situación supone la vulneración de derechos elementales de las personas con problemas de movilidad e impide el acceso a un derecho y servicio tan básico como la Justicia, y señalaba textualmente que “un hecho tan elemental como casarse, dar de alta un hijo, presentar una denuncia, asistir a una subasta pública o a la celebración de un juicio, entre otros, se hace imposible siendo usuario de silla de ruedas de forma autónoma e independiente como garantizan desde los Derechos Humanos hasta la Ordenanza Municipal pasando por el resto de las legislaciones autonómica, estatales o europeas”.

Tras dirigirnos a la Consejería de Justicia e Interior, finalmente hemos conocido las medidas adoptadas para salvar los problemas de accesibilidad que, en la actualidad, presenta la sede judicial de Lucena: para solventar el problema del desnivel, a mediados de Diciembre de 2013 se había instalado una rampa móvil de material antideslizante para acceder a la sede judicial desde el acerado público, que se utiliza a demanda de los usuarios que lo requieran. Añadían que cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan, existe el proyecto de construir un nuevo Palacio de Justicia en esa localidad, que contemplará la eliminación de todas las barreras arquitectónicas.

De acuerdo con ello y aunque no sea la solución más deseable por su carácter no permanente y colocarse a demanda del usuario, lo cierto es que permite solventar la accesibilidad a este inmueble público. Ante las objeciones técnicas que se aducen para instalar una rampa permanente y el hecho de que se tiene previsto, cuando las posibilidad presupuestarias lo permitan, construir una nueva sede judicial, en principio, no consideramos procedentes nuevas gestiones en la tramitación de este expediente de queja al haberse estimado, siquiera sea parcialmente, lo demandado por la Plataforma reclamante.

El Defensor del Pueblo Andaluz recibe información sobre la fecha aproximada de finalización de las obras de mejora y acondicionamiento de la carretera A-2003, de Jerez de la Frontera a San José del Valle, que inciden en la seguridad de los usuarios.

El interesado nos daba cuenta en su escrito de queja de que las obras que venían realizándose en la A-2003, que une Jerez de la Frontera con San José del Valle, estaban eternizándose en el tiempo, por lo que nos pedía “ante la notable incompetencia de las autoridades encargadas de la finalización de las obras que duran ya varios años, a que vele por la seguridad de miles de andaluces que a diario deben transitarla. Y para ello obre lo que esté en su poder para persuadir a los responsables a poner fin a esta agonía”.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda, ésta nos comunicó las razones que habían motivado la actual situación de la carretera. En síntesis, falta de disponibilidad presupuestaria que obligaron, en su día, a la paralización de las obras, y la posterior solicitud del contratista de resolución del contrato. No obstante, se añadía que ya se había redactado y aprobado el Proyecto de Terminación de las Obras y que estaba prevista su licitación y contratación durante el primer semestre del presente año 2014, siendo su plazo de ejecución de 15 meses. También nos daban cuenta de las medidas complementarias de mantenimiento y de mejora de la seguridad vial que habían adoptado, como la eliminación de escalones laterales, fresado y reperfilado del firme, reposición y ampliación de los elementos de balizamiento y señalización horizontal y vertical o la adecuación de las limitaciones de velocidad a las condiciones del firme.

De acuerdo con ello, se deduce que, durante el próximo año 2015, se habrán podido culminar las obras de esta carretera y cesarán los problemas que han motivado la presentación de la queja. Así las cosas, aunque debe lamentarse el retraso producido y que aún deba esperarse al próximo año 2015 para ello, cabe estimar que nos encontramos ante un problema en vías de solución y, en principio, dar por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz ante la falta de respuesta a una denuncia de una asociación protectora de animales, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha abierto dos expedientes sancionadores a los Ayuntamientos de Tocina y Alcolea del Río por presuntas irregularidades en las autorizaciones de concentración de animales en romerías populares y eventos deportivos.

La queja la presentó el representante de una asociación protectora de animales, con sede en el municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas, trasladándonos que en Julio de 2013 presentó en el registro de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, pero dirigidos a la, entonces, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, escritos en los que exponía las circunstancias por las que, a su juicio, los Ayuntamientos de los municipios sevillanos de Tocina y Alcolea del Río habían podido cometer una irregularidad administrativa al haber omitido un trámite normativo en la autorización para la celebración de una romería el día 5 de Mayo de 2013 y para una demostración equina (en el caso de Tocina) y de otras concentraciones de animales (en el caso de Alcolea del Río). Dichos escritos, según nos aseguraba el promotor de la queja, no habían sido respondidos ni habían tenido ninguna información sobre las actuaciones que se hubieran seguido por la citada Consejería.

En este sentido, la asociación protectora de animales solicitó por escrito en el Ayuntamiento de Tocina el acceso al expediente de autorización de los eventos citados, a lo que obtuvieron como respuesta que “este Ayuntamiento no ha tramitado ningún expediente para tal evento, solamente se ha limitado a colaborar con las entidades organizadoras”. De esta forma, consideraba la asociación promotora de la queja que se habían incumplido los trámites procedimentales exigidos en la normativa vigente, y en los escritos que presentaron el 4 de Julio de 2013 hacían mención a la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, y al Decreto 165/2003, de ahí que solicitaran a la Consejería competente en la materia que se investigaran los hechos y se iniciara, si fuera procedente, expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Tocina.

Ello no obstante, según hemos podido comprobar, en la actualidad la normativa que regula la cuestión objeto de esta queja es, fundamentalmente, el Decreto 65/2012, de 13 de Marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales, cuyo artículo 32 establece en su apartado 1 que la celebración de concentración de animales requerirá la previa comunicación a la Consejería con competencias en materia de ganadería, a través de sus Delegaciones Provinciales, al menos 15 días naturales antes de su celebración, si bien, cuando las circunstancias epidemiológicas lo aconsejen y así se determine mediante Orden de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de ganadería, se podrán establecer autorizaciones previas a la celebración de concentraciones de animales. Asimismo, el apartado 2 del citado artículo 32 contempla que las concentraciones de animales deberán cumplir los condicionados sanitarios y de bienestar animal establecidos por la persona titular de la Consejería con competencias en materia de ganadería.

Asimismo, tuvimos en cuenta la Instrucción de 2 de Mayo de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera sobre el condicionado sanitario mínimo de las concentraciones de animales en Andalucía para Romerías, que establece en su artículo tercero número 1 que al objeto de la celebración de concentraciones ganaderas, deberá cumplirse el procedimiento regulado en el artículo 32 del Decreto 65/2012, de 13 de Marzo, realizando comunicación a la Delegación Territorial correspondiente, al menos 15 días naturales antes de su celebración.

Por ello, admitimos a trámite la queja a los efectos de que se valorara por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural si la situación denunciada por la asociación -afectante al Ayuntamiento de Tocina y al de Alcolea del Río- podría representar alguna irregularidad administrativa y, en tal caso, si habría de dar lugar a la incoación de expediente sancionador alguno, tal y como pedía expresamente en los escritos presentados el día 4 de Julio de 2013.

Dimos por concluidas nuestras actuaciones cuando la citada Consejería, mediante escrito de la Viceconsejería, nos comunicó que estudiada la denuncia, se habían incoado sendos expedientes sancionadores a los Ayuntamientos de las localidades citadas y que, en aquellos momentos, se encontraba tramitando la correspondiente Delegación Territorial de Sevilla.