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Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Puerto Real a nuestra petición de que se nos indicaran las razones por las que, a pesar de las posibles dificultades de notificación aludidas, no se habían impuesto a la propiedad del inmueble en cuestión las multas coercitivas previstas por la normativa urbanística para compeler al cumplimiento de las órdenes de conservación inobservadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formuló Resolución en el sentido de que por parte del Ayuntamiento, se realizasen cuantas actuaciones fueran necesarias para que el inmueble colindante con la vivienda del reclamante pasara a encontrarse en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, de forma que cesaran los perjuicios y molestias que su abandono le venía originando.

En la respuesta municipal, en cuanto al proceso de ejecución subsidiaria de la orden de limpieza y desbroce del solar, se nos indicaba que, en el curso del procedimiento de contratación incoado, ya se habían recibido presupuestos de diversas empresas que dispondrían de un plazo de quince días para la ejecución de lo ordenado tras dicha adjudicación. Por todo ello, se estimaba que, en un plazo de un mes y medio o dos meses, podrían estar ejecutados los trabajos, pudiendo estar realizados incluso antes.

Esta contestación entendimos que suponía la plena aceptación de la Resolución formulada por esta Institución y permitía considerar que nos encontrábamos ante un problema, el mal estado del inmueble, en vías de solución por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Ayuntamiento de Granada estudiará una posible modificación de la Ordenanza reguladora que permita la utilización de la rampa de acceso al bus urbano de personas menores usuarias de sillas de ruedas especiales.

La reclamante exponía que el 13 de abril de 2019 un conductor de la empresa de transportes urbanos de la ciudad de Granada se negó a bajar la rampa del microbús al que pretendía acceder con su hijo menor, persona con discapacidad y usuario de sillas de ruedas, alegando que no se trataba de un tipo de silla que lo necesitara, negándose a ayudarle a subir (tuvieron que hacerlo otros usuarios), a pesar de que se encontraba embarazada y profiriendo, además, comentarios despectivos y machistas contra ella.

La reclamante aportaba copia de las reclamaciones que había efectuado en diversas instancias y de una noticia de prensa en la que la empresa aseguraba que estudiaría el incidente y daría respuesta en el plazo de 10 días.

En la respuesta que la empresa remitió a la afectada se indicaba que, una vez identificado el conductor, se había dado traslado al Departamento de Recursos Humanos para que iniciara un expediente informativo que derivara, si procedía, en el correspondiente expediente sancionador.

De acuerdo con ello, nos dirigimos a la citada empresa interesando que nos informara de la resolución que se adoptara en el citado expediente informativo y, en definitiva, pudiéramos conocer si se había incoado expediente sancionador por este asunto.

En la respuesta de la empresa se exponía que la decisión del conductor respecto a la no utilización de la rampa pudo ser discutible, pero difícilmente sancionable sobre la base de lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora aplicable, toda vez que solamente contemplaba la obligación de activar la rampa de acceso para personas que se desplazaran en sillas de ruedas y personas que se desplazaran con andadores, no contemplando ello para el acceso de sillas de niños dado que la flota del transporte urbano era de piso bajo y no lo requería.

Sin embargo, la afectada señalaba que se trataba de una silla especial que tenía un peso de 20 kilos y que, añadido el peso del menor, resultaba asimilable al supuesto de personas que se desplazaran en sillas de ruedas y justificaba la utilización de la rampa. Dadas estas circunstancias, interesamos que se estudiara la posibilidad de que este tipo de sillas de ruedas especiales para personas menores, pero de cierta edad y peso, tuvieran el mismo tratamiento, mediante la modificación de la Ordenanza Municipal del Transporte Urbano de Granada, que aquéllas en las que se desplazaban personas en sillas de ruedas y personas que se desplazaban con andadores y fuera utilizada la rampa de acceso.

Por otra parte, en cuanto al trato despectivo en que, según la afectada, incurrió el conductor, nuevamente interesamos que se nos informara de la resolución que se adoptara en el citado expediente informativo en fase de investigación interna y, en definitiva, pudiéramos conocer si se había incoado expediente sancionador por este asunto.

En su respuesta se exponía que, respecto a la posible modificación de la Ordenanza reguladora para que fuera posible el uso de las rampas de acceso al autobús urbano por usuarios de sillas de ruedas como la que utilizaba la hija de la reclamante, se había planteado el asunto al Ayuntamiento de Granada como administración competente.

Por otra parte, se informaba que se había impuesto al trabajador una sanción con amonestación por escrito y con la obligación de participar en un curso de reciclaje de Atención al cliente.

Así las cosas, entendimos que la empresa había sido receptiva a la reclamación de la afectada y había adoptado medidas tendentes a que no se volvieran a producir incidentes lamentables como el que, en su día, le afectó a la interesada y a su hija. Por consiguiente, pudimos dar por concluidas nuestras actuaciones estimando que nos encontrábamos ante un asunto en vías de solución.

El reclamante, actuando en nombre y representación de una Comunidad de Propietarios de la capital malagueña, solicitaba que, ante la situación de deficiente evacuación de aguas pluviales y la inundabilidad de la franja entre calle ... y la Urbanización ..., parcela ..., se efectuase una inspección y no se concedieran licencias de obras en las parcelas ..., ... y ..., hasta que no quedasen solucionados estos problemas.

Solicitado informe al Ayuntamiento de Málaga de la respuesta remitida se desprendía que, por parte municipal, se denegaba la posible concesión de licencia de obras para la parcela... del ... hasta tanto no se ejecutase el vial de conexión entre las urbanizaciones ...y ..., añadiendo que el proyecto de vial había sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, tramitándose el expediente de expropiaciones para la obtención de los terrenos necesarios para su construcción.

Así las cosas, estimando que ello conllevaba que había sido estimada la pretensión de la Comunidad de Propietarios para que no se concediera licencia de obras para la parcela ... hasta que no estuviera construido el vial en cuestión, entendimos que no resultaban precisas nuevas actuaciones por nuestra parte.

La persona reclamante exponía que el 10 de febrero de 2018 fue multada en la calle ..., número ..., y retirado su vehículo teniendo que pagar la tasa correspondiente, atribuyéndole un estacionamiento obstaculizando el paso de salida o acceso a inmuebles de vehículos en un vado señalizado.

Sin embargo, se daba la circunstancia de que, según la persona reclamante, se trataba de un vado irregular como lo acreditaba un informe de la Policía Local de fecha 24 de octubre de 2017, anterior a la fecha de la denuncia, que solicitaba la retirada de la placa de vado para evitar un uso irregular del mismo.

Por ello, había realizado varias gestiones ante el Ayuntamiento de Sevilla solicitando la anulación de la denuncia y la devolución de la tasa abonada.

En vista de lo manifestado, se admitió la queja a trámite y solicitamos informe al citado Ayuntamiento, en cuya respuesta indicaba que se había constatado que tal como Informaban los agentes de la Policía Local en el Informe de fecha 24 de Octubre de 2017, las circunstancias descritas en dicho Informe revelaban la colocación improcedente de la placa de vado en cuestión y por tanto la improcedencia tanto de la denuncia, como de la orden de retirada del vehículo.

Por tanto, se había procedido a actuar en consecuencia. Por un lado se había acordado la anulación de la sanción improcedentemente impuesta y la devolución de la sanción económica pagada por la persona reclamante en tal concepto; y por otro, se había iniciado el procedimiento de devolución de cobro indebido por la cantidad económica correspondiente a la tasa de retirada de grúa, pagada por la persona interesada.

Considerando aceptada la pretensión planteada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Dada la falta de respuesta del Ayuntamiento de Morón de la Frontera a nuestra petición de que nos indicara si era posible realizar las mejoras del callejón que demandaba el interesado y, de ser así, el plazo aproximado en que podrían acometerse las mismas; así como que, en caso contrario, pedíamos conocer las causas por las que no se estimaba procedente acceder a las peticiones formuladas para la mejora de la seguridad y accesibilidad en dicho viario, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos Resolución en el sentido de que se diera respuesta a la mayor brevedad posible y en el sentido que procediera al escrito del reclamante señalando, en el caso de estimar favorablemente la petición formulada.

Como respuesta municipal se nos remitieron Informes del Departamento de Obras y del Delegado de Obras del Ayuntamiento, que indicaban las posibles actuaciones a realizar para mejorar la accesibilidad en la vía pública donde el interesado residía, añadiendo la estimación de que se podría actuar en esta zona de la ciudad (en el sentido indicado en el informe técnico), entre los meses de septiembre y octubre.

Entendimos que ello suponía, en términos generales, la aceptación de la Recomendación formulada por esta Institución por lo que, estimando que nos encontrábamos ante una problemática de accesibilidad en vías de mejora, dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja y procedimos a su archivo, esperando que las obras anunciadas fueran ejecutadas en el plazo anunciado.

La interesada exponía lo siguiente:

«PRIMERO: Soy madre de un niño de 11 años, con parálisis cerebral que usa silla a motor para que tener mayor independencia. En la ciudad de San Fernando por desgracia hay muchas cosas inaccesibles aún para las personas con movilidad reducida. La que ahora me ocupa es: El acceso a la estación principal de RENFE la ciudad y la falta de ayuda de Atendo y el acceso al principal centro de compras y ocio de la misma: Bahía Sur. Este acceso para los peatones es el mismo: Una pasarela que va desde la Avenida Pery Junquera hacia el Centro Comercial. Y no es accesible.

Tras solicitar a Renfe con hojas de reclamaciones, así como al ayuntamiento mediante escritos formales presentados en registro, y no obtener respuesta de ninguno de ellos, me dirijo a su institución en busca de ayuda por los siguientes hechos:

En la ciudad de San Fernando, existen dos estaciones de RENFE, una antigua en la que no existen todas las paradas de trenes y otra llamada estación principal que es la estación de Bahía Sur. Esta última toma su nombre del centro comercial de referencia en toda la bahía de Cádiz llamado Centro Comercial Bahía Sur y que es además el centro de ocio y compras principal de la ciudad.

Nos encontramos con que el acceso a la estación principal es también el acceso principal para los peatones a dicho centro comercial. (las otras vías de acceso son en vehículo particular, taxi o atravesando un polígono industrial colindante con el extremo del centro comercial) Pues bien, este acceso discrimina y vulnera todos los derechos sobre accesibilidad que tienen las personas con movilidad reducida en España.

De este modo se están vulnerando dos cosas. El derecho al transporte y el derecho al ocio.

(...)

SEGUNDO: ACCESO A LA ESTACION RENFE BAHIA SUR. El acceso consiste en una pasarela que va desde la avenida de Pery Junquera hacia la estación. Curiosamente no tiene rampa de regreso en el otro extremo. Esta pasarela comienza la parte que da a Pery Junquera. Está la rampa y un ascensor.

PRIMER PROBLEMA. LA RAMPA. En el extremo de Pery Junquera, nos encontramos con que la rampa es totalmente inaccesible, tiene una pendiente y curva que unido al material que la asfalta hace que las ruedas de las sillas a motor resbalen y peligren de volcar. Es imposible que una persona que va en silla a motor pueda sola subir esa rampa, con lo cual se ve obligada a usar el ascensor. Para colmo, aunque pudiera conseguir ayuda y subirla en el otro extremo no existe rampa de regreso algo inaudito.

SEGUNDO PROBLEMA. LOS ASCENSORES. Existen tres ascensores, uno en Pery junquera cuyo mantenimiento depende de RENFE y otros dos en el otro extremo que da al centro comercial bahía sur, cuyo mantenimiento depende uno de RENFE y el otro del centro comercial. Pues bien, estos ascensores, sobre todo los dos dependientes de RENFE están continuamente averiados, (...). El problema no termina aquí, ya que nos encontramos con la dificultad añadida de que las personas con una movilidad reducida también de sus miembros superiores no pueden acceder a los botones del ascensor para llamarlo dependiendo de que algún viandante pase por allí y sea quien se ofrezca a llamar al ascensor, pero aun así una vez dentro no puede tampoco dar a los botones para abrir y salir. Al estar el ascensor ubicado fuera de la estación y tratarse además de viajes de cercanías el personal de Atendo no ofrece ayuda y sale a ayudar a las personas a entrar en el ascensor ya que dicen no están autorizados a salir del recinto. ¡Pero el ascensor está fuera del recinto y no hay otro modo de acceder ya que la rampa no cumple con las condiciones!

(...)

TERCERO: ACCESO AL CENTRO COMERCIAL BAHIA SUR. El Centro Comercial Bahía Sur, como ya he mencionado es el centro de compras y ocio referente en la ciudad de San Fernando y en toda la bahía. El acceso al mismo es bien en vehículo propio, autobús o de modo peatonal que es como las personas con movilidad reducida que carecen de la posibilidad de vehículo propio pueden ir. Como he comentado, el acceso peatonal es a través de la misma pasarela que se usa para ir a la estación de RENFE. (existe otro paso por un polígono industrial algo ya impensable para estas personas por las barreras arquitectónicas y peligros varios que existen en un polígono industrial para ir en silla de ruedas).

(...).»

En vista de lo anterior, solicitamos al Ayuntamiento de San Fernando y a la Gerencia de Prestaciones de Accesibilidad de Renfe, que nos indicaran las actuaciones que, en su caso, tuvieran previstas para atender lo solicitado o, de no ser así, nos expusieran las razones que lo impidieran.

La Alcaldía nos remitió informes de los Servicios Técnicos municipales competentes y copia del Convenio de Colaboración suscrito con ADIF, la Dirección General de Ferrocarriles y el Parque Comercial Bahía Sur. De toda esta documentación se desprendía que, en lo referente a las competencias municipales fijadas en el convenio, no existían problemas de accesibilidad, resultando que las barreras que motivaban la queja formulada afectaban en todo caso a ADIF o RENFE.

No obstante, el Ayuntamiento reconocía la existencia de los problemas que motivaban la queja y no se desentendía de ellos por lo que, para acreditarlo, remitió diversas noticias de prensa relativas a las gestiones municipales con los responsables de la explotación, uso y mantenimiento de la pasarela de acceso al centro comercial y a la propia estación.

En la última de esas noticias de prensa se indicaba que los técnicos de Arquitectura y Obras de RENFE habían reconocido que los ascensores y las escaleras mecánicas no cumplían con la normativa de accesibilidad por lo que debían cambiarse. Se aludía a una próxima nueva reunión en la que, según la Concejala de Desarrollo Urbano, se tenía previsto fijar los plazos para ello.

Así las cosas, para saber si nos encontrábamos ante un problema en vías de solución y poder informar a la interesada, solicitamos al Ayuntamiento que nos informara si, en la reunión aludida, se determinaron los plazos para la sustitución de los ascensores y escaleras mecánicas y, de ser así, que nos indicara los plazos de ejecución.

En la respuesta que se nos remitió se indicaba que se celebraría una reunión con los representantes de RENFE, para conocer los avances realizados, y solicitar fecha de ejecución de las obras comprometidas.

Pues bien, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento solicitando que nos mantuvieran informados del resultado de la anunciada reunión.

En el último informe recibido se daba cuenta del compromiso de RENFE de proceder a la sustitución, tanto de las escaleras mecánicas como de los ascensores de la instalación, por unos nuevos adaptados y de mejores características. Se añadía que el proyecto de ejecución se concluiría en las próximas semanas, licitándose en el mes de octubre de 2019 con un presupuesto de un millón y medio de euros.

Así las cosas, cabía estimar que nos encontrábamos ante un problema, la accesibilidad a la estación de RENFE y al centro comercial, en vías de solución por lo que, esperando la pronta ejecución de las actuaciones anunciadas, dimos por concluidas nuestras actuaciones.