Queremos conocer cómo están funcionando los "maestros sombra" en el sistema educativo

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, viene trabajando en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, en particular sobre los alumnos y alumnas que presentan condiciones de espectro autista. La Institución acoge las numerosas y variadas quejas que relatan las peticiones de familias y actores de la comunidad educativa de muchos centros docentes para dotar de las adecuadas condiciones de atención integral a este alumnado con un perfil ciertamente singular.

Igualmente, a través de las entidades implicadas con este colectivo, al igual que en varias reseñas en los medios de comunicación social, se producen peticiones para disponer en los recursos educativos y de los medios especializados que exige la atención integral a este alumnado. Entre estos recursos singularizados, se cuentan con varios niveles de atención que pueden disponerse como la escolarización en grupo ordinario con apoyos en periodos variables; escolarización en aula específica o en centro específico; escolarización combinada; o escolarización en grupo ordinario y a tiempo completo.

Desde luego, se ha consolidado la solvencia de las aulas específicas de atención en la que participan profesionales especializados y otras figuras de refuerzo. Tales dispositivos se demandan de manera muy repetida entre las familias para poder contar con este especializado apoyo en los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos.

Y dentro de estos refuerzos, podemos citar otros antecedentes, como la firma en 2018 de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Federación de Autismo Andalucía para favorecer la atención educativa al alumnado afectado por autismo (queja de oficio 18/6738). Una de las previsiones recogidas era la puesta en marcha de medidas de colaboración con el tejido asociativo para favorecer la atención educativa especializada a través de una variedad de acciones entre las que preveía la incorporación de profesionales vinculados con esas entidades que participaban en las actividades de atención en los centros y en las aulas.

Esta ayudas o refuerzos han venido a denominarse “maestros sombra", para colaborar en la atención especializada en las actuaciones que se encaminan al desarrollo en el centro y para la promoción del proceso de inclusión del alumnado con trastornos del espectro del autismo, sin que —en palabras de la administración educativa— “esta colaboración suponga, en ningún caso, una suplantación de las funciones de los profesionales docentes o no docentes al servicio de la Administración educativa”. Ciertamente, desde la firma del Convenio y su prórroga, se autorizaron por Resolución de la Dirección General competente, numerosos proyectos de colaboración en todas las provincias, previo informe favorable de las Delegaciones Territoriales.

De hecho, conocemos algunas experiencias concretas desplegadas en diversos centros, al igual que hemos recibido quejas que presentan aspectos frecuentes de discrepancia como son: la cuantía económica que deben abonar las familias del alumnado receptor de estos apoyos conveniados; y la disparidad de criterios donde se aplican estos apoyos frente a otros centros en los que no se establecen.

Tras el tiempo transcurrido y, entendemos, la acumulación de un repositorio de experiencias en estas medidas recogidas en el convenio original, parece oportuno conocer el balance y el juicio crítico que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional hubiera realizado sobre esta fórmula de colaboración.

La función protectora y garantista otorgada a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía se dirige, específicamente, ante la posibilidad de que se estén afectando los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones). Del mismo modo, pretendemos enmarcar la presente actuación en el compromiso institucional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la Educación y la Infancia.

Considerando, pues, tales antecedentes, nos encontramos ante unas situaciones que —de ser ciertas y confirmadas en los términos que se han expresado— motivarían una actuación por propia iniciativa de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz; todo ello de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz en concordancia con el artículo 24 de la Ley 4/2021, de la Infancia y la adolescencia en Andalucía, reguladora de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

Sin perjuicio de recibir las consideraciones que la Consejería considere oportunas en relación a las medidas de apoyo educativo al alumnado de espectro autista, solicitamos algunos aspectos concretos que pueden desglosarse en:

- convenios firmados desde 2018 y aquellos que, en su caso, estuvieran en vigor.

- proyectos de apoyo profesional de “maestro sombra” desarrollados al amparo de los convenios en los cursos 2022/2023 y 2023/2024.

- aulas específicas de atención la alumnado de perfil autista en los cursos 2022/2023 y 2023/2024.