El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha entregado hoy en el Parlamento andaluz el informe especial 'Los Equipos Psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia'.

Los Equipos Psicosociales de la Administración de Justicia en Andalucía son elementos de apoyo técnico, especializado en las disciplinas del Trabajo Social y la Psicología, que ofrecen sus criterios a los órganos judiciales encargados de resolver los asuntos judiciales con menores implicados en materia de Derecho de Familia. Su principal función es aportar información al órgano judicial sobre la idoneidad de los dos progenitores para ostentar la guarda y custodia de los hijos menores y cuál debe ser el régimen de visitas, siempre velando por el interés superior de los menores.

Jesús Maeztu ha señalado que la oportunidad de realizar el Informe Especial viene dada por la intención de profundizar en el conocimiento de estos Equipos, que han venido aumentando su presencia en los procesos judiciales y reforzando la solvencia de sus aportaciones en las decisiones que afectan a los menores y familiares interesados.

Para la realizacion de este informe, la institución ha visitado los 21 Equipos de Andalucía; ha inspeccionado las instalaciones donde los Equipos desarrollan su labor y donde se entrevista a los padres y a los menores de edad; y ha mantenido reuniones y contacto con representantes de la Judicatura, Fiscalía y con los colegios profesionales de abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

Entre las conclusiones de este Informe, el Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado el "vacío legal" sobre esta figura que, junto con otros elementos como lo es la dualidad en la dependencia de sus cometidos, "determinan que no se encuentren clarificados y definidos, ni siquiera con una mínima nitidez, los derechos y deberes que incumben a quienes se someten al estudio psico-social o las garantías para el usuario del servicio, incluida la posibilidad más elemental de reclamar contra los informes".

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo -que ha iniciado una visita para investigar la protección y conservación del espacio natural de Doñana- su preocupación por el estado del acuífero que nutre al parque y por el proyecto de extracción y almacenamiento de gas (gasoducto) en este paraje, para el que ha solicitado su “suspensión definitiva”.

La reunión del Defensor del Pueblo andaluz con esta delegación europea se produce después de que el pasado mes de marzo el titular de la institución interviniese ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para relatar las actuaciones de esta institución sobre las amenazas a este espacio natural. La Comisión de Peticiones aprobó enviar una misión para investigar el estado de Doñana, que se reúne con los propios peticionarios, administraciones y organizaciones ecologistas, entre otros.

El Defensor ha recordado a los eurodiputados que la preocupación de esta institución por los riesgos derivados de estas iniciativas han venido propiciando a lo largo de los años diversas actuaciones, amparadas en la encomienda realizada por su normativa reguladora como organismo de tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía andaluza, entre los que se encuentra el derecho a disfrutar de un medio ambiente digno y adecuado.

Así, la primera de las intervenciones está relacionada con el estado del acuífero que nutre los humedales del Parque y constituye la pieza esencial de su valor ambiental y ecológico. El Defensor tiene la firme convicción de que "es posible compatibilizar la protección del acuífero de Doñana con la satisfacción de las necesidades de los agricultores y ganaderos que viven en la zona y con el desarrollo turístico e industrial de las poblaciones próximas". 

Para alcanzar este objetivo, el Defensor ha solicitado, en primer lugar, garantizar la supervivencia del propio acuífero, adoptando para ello las medidas necesarias que eviten una sobreexplotación y, en segundo lugar, ofrecer alternativas viables que posibiliten el acceso al agua de agricultores, ganaderos y poblaciones de la zona, procurando que la misma no proceda del propio acuífero.

Para el Defensor, "lo que en ningún caso nos parece aceptable es continuar con la situación actual en la que se postergan una y otra vez las decisiones necesarias para eliminar las extracciones ilegales del acuífero en espera de unas medidas alternativas que nunca llegan a concretarse".

La segunda cuestión parte de la iniciativa de una empresa gasista, que lleva años explotando diversos yacimientos en el espacio protegido y su entorno, y proyecta la realización de un gasoducto que conectara dichas explotaciones y la construcción de las infraestructuras necesarias para utilizar los pozos existentes como lugar de almacenamiento, previa inyección, de los gases extraídos.

El Defensor ha recordado que gran parte del trazado de este proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana, y por ello, ha reclamado la suspensión definitiva del proyecto. En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado a lo ocurrido con el proyecto de almacenamiento de gas en la denominada plataforma Castor, ubicada junta a la costa noreste española, que, pese a contar con la preceptiva autorización y haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ha debido ser paralizado por el Gobierno de la Nación como consecuencia de los movimientos sísmicos producidos tras su puesta en marcha.

El Defensor ha considerado que no existen razones suficientes que puedan justificar la asunción de los riesgos que conlleva este proyecto para la preservación de este ecosistema único. "No solo el principio de precaución, sino el mero sentido común, debería llevarnos a ponderar si los riesgos asumidos con este proyecto, por pequeños que sean, se justifican con los beneficios que pretenden obtenerse del mismo", ha subrayado.

El Defensor espera y confía, que de esta visita los eurodiputados extraigan las conclusiones necesarias para promover, desde esa Comisión de Peticiones, la adopción por las instituciones europeas de las medidas necesarias para preservar los valores singulares de un ecosistema único como es el Espacio Natural de Doñana.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha hecho públicas las cifras de agresiones a médicos registradas en Andalucía en el año 2017, señalando que de las 515 contabilizadas en España, en esta Comunidad ascienden a 122 casos, frente a los 102 del año anterior. También la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que en el año 2017, realizó 164 asistencias letradas y logró 154 sentencias condenatorias frente a estas agresiones .

Ante esta situación, que es considerada por la OMC como una “lacra que afecta a la sanidad”, como Defensor del Pueblo Andaluz hemos iniciado una actuación de oficio para conocer el estado actual de esta situación y valorar la efectividad del Protocolo adoptado por el Servicio Andaluz de Salud para prevenir y corregir estas situaciones, así como las medidas e iniciativas que se puedan adoptar para ello.

Nos dirigimos a los órganos directivos competentes de la Consejería de Salud y proponemos al Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas una actuación coordinada en todas las provincias andaluzas para ofrecer soluciones a las personas afectadas

Esta Institución viene recibiendo numerosas quejas tras el cierre de las clínicas iDental en Andalucía. Coincide el relato de las quejas en que los materiales empleados en los tratamientos eran de mala calidad y se rompían las piezas con facilidad o bien que eran inadecuados para las necesidades personales (piezas de distinto tamaño). La mayoría se encuentra con los tratamientos sin terminar e incluso algunas personas ni siquiera los han comenzado, pese a haberlos abonado o encontrándose pagando la financiación solicitada. Algunas de estas personas son menores que llevan meses sin revisar su tratamiento odontológico, trasladándonos sus familiares su especial preocupación.

Un grupo de personas que están intentando organizarse en plataforma expusieron los hechos y solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz. A algunas el tratamiento inadecuado les ha provocado infecciones o daños en oídos, otras han perdido peso por no poder ni comer, para muchas se trata de un problema incluso laboral por su estética actual y todas refieren su especial vulnerabilidad al carecer de recursos económicos para hacer frente a los gastos que supone un tratamiento que les permita contar con la dentadura adecuada. Precisamente acudieron a esta clínica porque anunciaban, incluso por radio y televisión, tratamientos “sociales” adaptados a las circunstancias económicas de los pacientes. Destacan el engaño sufrido porque en ningún momento les advirtieron de que se tratase de tratamientos “low cost”, además de que tenían la impresión de que la clínica contaba con respaldo administrativo pues les dijeron que tenían una ayuda económica de la Junta de Andalucía. Con respecto a la financiación de los tratamientos explican que la clínica decidía con qué empresa firmaban el contrato de préstamo y que el dinero lo recibía directamente aquella. Además la clínica habría falseado en algunos casos los datos referentes a los ingresos familiares para que recibieran la financiación.

Aparte de las quejas recibidas, por las noticias publicadas en medios de comunicación y páginas webs hemos podido conocer el elevado número de personas que se encontrarían afectadas por tratamientos inadecuados o sin terminar. Las mismas publicaciones hacían referencia a la existencia de varios procesos judiciales en curso, así como actuaciones administrativas por parte de la Consejería de Salud y por parte de los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía. También los Colegios Profesionales estarían interviniendo iniciando expedientes informativos y activando la correspondiente denuncia penal, e incluso ofreciendo asesoramiento a los pacientes para la presentación de reclamaciones.

Nos ha llamado particularmente la atención la actuación del Colegio de Dentistas de Cádiz que ha coordinado una actuación ante sus colegiados con el fin de que puedan ofrecer sus servicios profesionales realizando a los pacientes afectados informes de exámenes buco-dentales que respalden documentalmente sus reclamaciones ante las correspondientes instancias. Por lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se considera oportuno desarrollar una actuación de oficio con objeto de conocer las actuaciones que estén desarrollando las Administraciones y organismos competentes, así como para promover la búsqueda de soluciones.

En concreto nos dirigiremos a los órganos directivos competentes de la Consejería de Salud, solicitando información sobre las actuaciones desarrolladas tanto por la inspección sanitaria como por los Servicios de Consumo. Asimismo, consideramos oportuno plantear al Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas una actuación coordinada en todas las provincias andaluzas para ofrecer soluciones a las personas afectadas.

Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.

Jesús Maeztu afirma que, si estamos saliendo de la crisis, "es el momento de fijar la mirada en la atención de los niños y las niñas e incrementar la financiación en las políticas de protección social"

El Defensor del Menor en funciones, Jesús Maeztu, ha señalado hoy que ya ha remitido una carta a sus homólogos nacional y autonómicos en la que promueve una reunión entre la Administración del Estado y las distintas Comunidades Autónomas "que permita avanzar en el estudio de medidas que faciliten una distribución solidaria, ordenada y equitativa de menores extranjeros no acompañados", ante el colapso que están sufriendo los centros de menores andaluces.

El Defensor del Menor de Andalucía, en su primera comparecencia ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía del Parlamento andaluz, ha señalado que el incremento constante de entrada de estas personas ha puesto al límite los recursos residenciales que tiene la Comunidad Autónoma habilitados para atenderlos, a pesar de los esfuerzos por incrementar los mencionados recursos. "Ello ha supuesto la saturación de los centros de protección, especialmente aquellos de titularidad pública que desarrollan el programa de primera acogida, propiciando, a pesar de los esfuerzos de la Administración y de la pericia de los profesionales que trabajan en los recursos, la existencia de carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores", ha añadido Jesús Maeztu.

El Defensor del Menor de Andalucía ha reclamado a la Administración andaluza “un importante esfuerzo de planificación que permita dar cobertura” a la continua llegada de menores inmigrantes. El Defensor ha anotado que la llegada de menores inmigrantes desde el pasado verano es una realidad que se asemeja a la situación previa a 2005, con una "afluencia masiva" de pateras.

Entre los deberes que deben acometer las administraciones e instituciones, el Defensor del Menor ha expuesto que, por su parte, celebró una jornada en Málaga junto a Save the Children sobre cómo evitar la desprotección de los llamados menas; está impulsando un nuevo protocolo que mejore la determinación de la edad de estos menores, y hace unos días se trasladó personalmente a la provincia de Cádiz (Jerez, Tarifa y Algeciras) para visitar algunos centros de menores y las instalaciones habilitadas de emergencia en las que se acogen a las personas migrantes, donde mantuvo entrevistas con representantes de la Fiscalía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de instituciones dedicadas a la ayuda humanitaria, de los Servicios de Protección de Menores de Andalucía y con algunos menores de edad.

De otro lado, el Defensor del Menor de Andalucía ha rendido cuenta de la gestión de la institución en 2016 y en 2017. Jesús Maeztu, ha comentado que en 2016 el número de quejas (1.872) superó hasta en un 79% las recibidas en 2015, y en 2017 se volvió a números más habituales, con 1.467 quejas. Las materias que recibieron mayor número de reclamaciones fueron Educación; asuntos de Familia o relacionados con el Sistema de Protección; la necesidad de Vivienda o los Servicios Sociales. En cuanto a las consultas, la vía telefónica siguió siendo el medio favorito de la ciudadanía para hacer llegar los cuestiones relacionadas con los menores (el 63%), con especial uso del Teléfono del Menor (900 506 113) que tiene a disposición esta institución. Las mujeres formularon el 58,71% de las quejas referidas a niños y niñas y el 64% de las consultas.

El Defensor ha alertado sobre la posible irreversibilidad de los derechos perdidos y sobre el incremento de la desigualdad, así como ha advertido de que “las restricciones presupuestarias, o la falta de coordinación o de una gestión adecuada, impiden o dificultan el acceso a algunos derechos, de los que algunos afectan a la infancia y a la adolescencia”.

“Si realmente estamos saliendo de la crisis, como señalan los datos macroeconómicos, es el momento de fijar la mirada en la atención de los niños y las niñas e incrementar la financiación en las políticas de protección social. Es el momento de pasar del papel donde están recogidos esos derechos a su real y efectiva implantación, mediante un compromiso presupuestario firme y duradero”, ha reivindicado.

En cuanto al análisis por derechos, el Defensor del Menor de Andalucía ha reclamado a los poderes públicos el deber de proporcionar una educación de valores, e inclusiva, “porque la educación derriba barreras y es el principal ariete contra el muro de la desigualdad social”. Jesús Maeztru se ha centrado en el acoso escolar, que motivó un estudio de la institución en el que propuso 26 medidas, dirigidas principalmente a la Administración educativa andaluza.

En el ámbito del derecho a la salud, siguen siendo reiterativas las quejas de la ciudadanía por la ausencia de pediatras en centros de salud y consultorios, así como en la atención especializada también se reciben quejas por déficit de profesionales. También el Defensor del Menor ha aludido al Informe Especial sobre la dignidad de personas en el proceso de la muerte, en el que constató el déficit de profesionales para atender a menores en este proceso terminal, más agudo en los entornos rurales.

Entre otros derechos, el Defensor del Menor de Andalucía destacó los efectos que producen en las personas menores de edad la pérdida de su vivienda como consecuencia de los desahucios, “en los últimos tiempos incrementados por los impagos de las rentas de alquiler, en parte como consecuencia de un alza de los precios provocados por el auge de los apartamentos turísticos”. También hizo hincapié en las denuncias por malos tratos, principalmente a manos de sus progenitores, así como el trabajo prioritario con las víctimas de violencia de género.

El Defensor del Menor también ha dedicado un espacio al consumo de alcohol entre los jóvenes, que motivó un estudio más profundo en 2016. “Nos preocupa que cada año siga incrementándose el número de adolescentes que empiezan a ingerir alcohol y a edades cada vez más tempranas”, dijo Jesús Maeztu. El Defensor del Menor ha reclamado a los ayuntamientos una mayor vigilancia y control sobre los espacios; alternativas de ocio para los menores y los jóvenes, y una reforma de la normativa que regula la publicidad, ya que a su juicio la legislación vigente en Andalucía es una de las más permisivas en lo que se refiere a la publicidad de bebidas alcohólicas en lugares públicos.

El Defensor del Menor de Andalucía se ha desplazado este lunes a la provincia de Cádiz para tener una toma de contacto directo con la situación de los menores inmigrantes que están llegando en numerosas pateras en las últimas semanas y mantener un encuentro con los diferentes agentes: el Sistema de Protección de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos receptores, las ONGs, las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía, etc.

Tras la jornada a diferentes enclaves en Tarifa, Jerez y Algeciras, Jesús Maeztu ha recordado que estamos hablando de "la obligación de los estados de proteger los derechos de estos menores, recogidos en todos los ordenamientos jurídicos" y ha reiterado la necesidad de que "todos nos responsabilicemos y articulemos un sistema de acogida ordenado y equitativo, con recursos suficientes y con un reparto solidario entre comunidades".

Para el Defensor del Menor el número incesante de inmigrantes, entre los que cada vez hay "más menores y de más corta edad" es un fenómeno que va a continuar creciendo. "Estamos en otra dimensión de la inmigración. Esto va a seguir y ello, teniendo en cuenta la cifra de llegada de estas personas que se ha duplicado y triplicado en los últimos dos años".

Por ello ha insistido en que hace falta una dotación de recursos materiales, humanos y económicos suficientes de las instancias estatales y comunitarias. "Es una política de Estado y de la UE. No puede recaer solo en las comunidades que actuamos como receptoras por ser puerta de entrada o de destino prioritario".

En concreto, Jesús Maeztu ha visitado los pabellones deportivos de Jerez y Tarifa además del Centro de protección de Menores de Jerez "Manuel de Falla". Y ha mantenido reuniones de trabajo con los diferentes dispositivos y sus responsables, entre ellos, la Fiscalía de Menores y Extranjería de Algeciras, Cruz Roja, Policía Nacional y con el alcalde de Tarifa.

Con ello, ha podido conocer mejor cómo está siendo esta primera acogida, así como el itinerario que recorren los menores migrantes no acompañados tras su llegada a la costa andaluza -atención in situ, activación del protocolo de atención a los Menas, determinación de la edad-, etc.

Tras esta visita, la Oficina del Defensor del Menor está elaborando un informe que enviará en los próximos días al Defensor del Estado y a todas las Defensorías Autonómicas para que respecto del Ministerio competente y los gobiernos regionales correspondientes "podamos sentarnos a celebrar la deseada articulación de este flujo migratorio y la consiguiente solidaridad entre las comunidades autónomas".

- Organiza un Seminario de debate con la FAMP, en el que han participado las entidades financieras, asociaciones de consumidores y Tercer Sector

- Alerta sobre la situación en la que se encuentra la población afectada por la exclusión financiera, ya sea por circunstancias personales, ya sea por el lugar donde residen.

- El Defensor alerta sobre la situación de las personas mayores, las personas en situación de precariedad económica y las personas con alguna discapacidad que tienen dificultades de acceso o coste a estos servicios financieros

El Defensor del Pueblo Andaluz ha celebrado este martes una jornada de reflexión sobre la situación en la que se encuentra la población afectada por la exclusión financiera, ya sea por circunstancias personales, ya sea por el lugar donde residen.

Para el Defensor andaluz, la población más afectada son las personas mayores, las personas que se encuentran en situación de precariedad económica, las que residen en pequeños núcleos rurales donde se ha producido el cierre de sucursales o las que tienen algún tipo de discapacidad para el acceso a estos servicios financieros.

Jesús Maeztu ha recordado que los servicios financieros se encuentran incluidos entre los servicios económicos considerados de interés general por la incidencia que tienen en la vida cotidiana de las personas y por ser una herramienta necesaria para el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Es el caso del requisito de una cuenta corriente para percibir determinadas prestaciones públicas o cobrar una nómina, o la necesidad de disponer de una tarjeta de crédito para hacer uso de muchos servicios que ofrece internet, entre otros.

Es por ello que ha pedido a los agentes implicados un mayor esfuerzo en la búsqueda de soluciones y medidas para evitar que alguna persona o colectivo se pueda ver privado o limitado en el uso de estos servicios financieros básicos.

Es el caso de la situación de exclusión en la que se encuentran las personas que residen en núcleos rurales afectados por el progresivo cierre de oficinas bancarias. O la situación de las personas mayores que carecen de habilidades para el uso telemático para acceder a los servicios financieros.

También las personas con discapacidad por la falta de accesibilidad de algunas sucursales y cajeros o la situación de personas con escasos recursos económicos que no pueden asumir el coste derivado por la prestación de estos servicios.

Una preocupación que ya motivó el año pasado una queja de oficio por parte de la Institución alertando de esta situación y proponiendo algunas soluciones tanto a las entidades financieras como también a los Ayuntamientos y Diputaciones.

La celebración ahora de este Seminario refuerza esta iniciativa. El Defensor ha valorado como muy positivo y muy participativo este debate abierto, donde se han analizado las causas de la exclusión y se han formulado diversas propuestas y alternativas  que pueden ayudar a solucionar estas situaciones y favorecer la inclusión financiera de todas las personas.

Al seminario han asistido una treintena de participantes, entre ellos, las entidades financieras BBVA, Caixa, Cajamar, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Jaén, Cajasur y Santander; responsables de la FAMP, de la Diputación, la Mancomunidad de municipios de la Alpujarra, Ayuntamiento de Benaoján y de la Dirección General de Consumo, en el ámbito de la Administración, y asociaciones de consumidores y sociales (Facua, Al Andalus, Adica, Cáritas, FOAM y Cermi).