Publicamos las conclusiones de la jornada que celebramos el pasado 3 de diciembre sobre "La inclusión de las personas con discapacidad como personal docente e investigador en las universidades andaluzas. Del derecho a los hechos".

CONCLUSIONES

1. Para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en el ámbito de la docencia e investigación universitaria, no es suficiente con la igualdad formal reconocida en los textos legales, siendo necesaria la adopción de medidas que aseguren la igualdad material compensando las situaciones de desigualdad y discriminación originadas por las barreras actitudinales y del entorno que siguen existiendo.

    

2. Por imperativo de los principios constitucionales y estatutarios de igualdad, la Administración Universitaria deberá establecer medidas de acción positiva que aseguren la participación plena y efectiva de estas personas en dicho ámbito, promoviendo acciones para que puedan disponer de los medios, apoyos y recursos que le garanticen la igualdad de oportunidades real y efectiva en relación con los demás miembros de la comunidad universitaria.

    

3. A tal fin, las Universidades andaluzas deberán adaptar sus Estatutos conforme a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, modificar sus normativas internas y aprobar sus normas propias que garanticen a las personas con discapacidad el ejercicio de los derechos legalmente reconocidos en este ámbito.

    

4. En el ámbito del acceso al empleo público, la cuota de reserva para este colectivo constituye la principal y más eficaz medida de acción positiva, en los términos previstos en el art. 59 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en el art. 8 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía.

    

5. Las dificultades de aplicación de estas normas en el acceso de las personas con discapacidad a puestos de personal docente e investigador, dada las singularidades de la carrera administrativa docente universitaria, exige de una adecuada planificación previa de estos recursos que necesariamente tendrán que integrarse en las ofertas de empleo público que debe realizar cada Universidad de conformidad a lo establecido en los artículos 69 y 70 del EBEP.

    

6. La complejidad de la carrera académica, que no se agota en un solo concurso público como en otras Administraciones Públicas, y la dualidad docente e investigadora que conforman el perfil de este sector de la comunidad universitaria, dificulta aún más el pleno desarrollo profesional de las personas con discapacidad, al no garantizarse en todo momento los apoyos y recursos necesarios para el dilatado proceso habilitador.

    

7. Especial trascendencia en este proceso tiene la fase de acreditación y evaluación de méritos, a través de las agencias nacional y autonómicas, que habilita para la docencia universitaria en sus diferentes ciclos y en la que no está prevista ninguna particularidad para las personas con discapacidad que pretendan acceder a esta actividad, lo que va en contra del principio de igualdad de oportunidades constitucionalmente garantizado a estas personas y perjudica su acceso a la condición de personal docente e investigador universitario (PDI). Los procesos de acreditación, además de ser accesibles para todas las personas, deben contemplar las particularidades que se derivan de la discapacidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad conforme a los principios de accesibilidad universal, no discriminación e igualdad de oportunidades.

    

8. Asimismo, dado que las personas con discapacidad están infrarrepresentadas en el colectivo profesional de PDI dentro del sistema universitario andaluz, son necesarias otras medidas de acción positiva que vayan más allá de los mandatos legales genéricos, por lo que las Universidades andaluzas, que no lo hubieran hecho, deberán adoptar como normativa propia un reglamento interno que regule el acceso y establezca los apoyos, recursos y ajustes precisos que se pondrían a disposición de las personas con discapacidad para el desempeño de la función docente e investigadora.

    

9. Las personas con discapacidad deben estar representadas en los órganos de gobierno de las Universidades andaluzas garantizando su participación plena y efectiva, por lo que se tendrán que arbitrar los mecanismos y recursos para que participen en la toma de decisiones que les afecten en igualdad de condiciones que los demás miembros de la comunidad universitaria.

    

10. Con la finalidad de que en todas las Universidades andaluzas se garantice por igual el acceso, la promoción y la permanencia del personal docente e investigador con discapacidad, se han de coordinar las normas de cada una de ellas para configurar una línea de actuación única del Sistema Universitario Andaluz en esta materia, e igualmente promover la participación de las personas con discapacidad en los organismos e instituciones que lo integran.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido este jueves, 13 de diciembre, con el alcalde de San José del Valle, Antonio González Carretero. Se trata de una visita institucional que ha permitido a la Defensoría andaluza conocer las necesidades del municipio y mantener diferentes encuentros con colectivos y entidades de la zona, quienes les han trasladado sus principales demandas.

Durante la visita, el Defensor del Pueblo Andaluz ha celebrado sendas reuniones de trabajo con los 2 centros educativos públicos de la localidad -el CEIP Ernesto Olivares y el IES Castillo de Tempul -, y con una representación de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que presta el Consistorio gaditano.

En concreto, los centros educativos han manifestado la necesidad de disponer de un logopeda a tiempo completo para la zona, compartido entre ambos centros, para atender las necesidades educativas de parte de su alumnado, y de las deficiencias en materia de calefacción y mayor número de plazas para el comedor, que también comparten.

La directora del IES ha reclamado también ante el Defensor andaluz la urgencia de abordar la digitalización del centro, con la instalación de la fibra óptica para poder cumplir con el compromiso de la puesta en marcha del proyecto de los centros educativos andaluces “Escuelas conectadas” previsto para 2018.

En cuanto al servicio de ayuda al domicilio, Jesús Maeztu ha podido conocer la atención que prestan estas trabajadoras a familias de la localidad, complementario al servicio de Dependencia. En este sentido, el alcalde ha informado al Defensor de los retrasos que padece dicho servicio, tanto en la resolución de la ayuda como en la valoración del grado de dependencia.

El Defensor del Pueblo Andaluz y la Federación de Consumidores AL-ANDALUS, han suscrito este lunes, 10 de diciembre, un convenio de colaboración para la promoción y divulgación de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y a la mejora de la protección de sus derechos, en particular, con respecto a la prestación de servicios económicos de interés general.

Se trata de una iniciativa que viene a profundizar en la vías de colaboración que ambas instituciones iniciaron años atrás, con el fin de fortalecer los mecanismos de protección de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha inaugurado hoy una jornada sobre la inclusión de las personas con discapacidad como personal docente e investigador en las universidades andaluzas.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Defensor del Pueblo Andaluz quiere contribuir a reforzar la garantía de los derechos de este colectivo celebrando esta jornada en relación con el acceso de las personas con discapacidad a la condición de personal docente e investigador (PDI) en las Universidades públicas andaluzas, cuestión que motivó la realización de una actuación de oficio por parte de esta institución.

El Defensor del Pueblo andaluz ha aludido a los datos que figuran en el III Estudio Universidad y Discapacidad, promovido por la Fundación Universia y por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), donde el personal docente e investigador con discapacidad supone el 0,6% de estos efectivos en las Universidades públicas españolas y un 0,9% en las privadas, porcentajes muy alejados del objetivo que se fijan las leyes garantizadoras del derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad para que se alcance el porcentaje del 2% de las mismas entre los efectivos totales que se requiere en cada Administración pública.

En este contexto, ante los requerimientos del CERMI y otras organizaciones sociales, como la ONCE, a las Universidades públicas españolas para hacer efectivos los mandatos legales de inclusión laboral de personas con discapacidad en sus plantillas de personal docente e investigador, así como de los Defensores Universitarios andaluces para que se promovieran medidas que permitieran garantizar la reserva legal de plazas para personas con discapacidad en este ámbito, el Defensor del Pueblo andaluz acordó iniciar una actuación de oficio destinada a conocer la situación de las personas con discapacidad para acceder a los puestos de personal docente e investigador en las Universidades públicas de Andalucía, ha señalado Jesús Maeztu.

Tras la información facilitadapor las propias Universides públicas andaluzas, Jesús Maeztu ha expuesto que, a pesar de que los porcentajes totales de personal PDI con discapacidad en nuestras universidades mejora algo con respecto a la media a nivel nacional (el 0,87% frente al 0,6% de media estatal), "todavía no se alcanza ni siquiera el 1% de estos puestos en el total de sus plantillas que, según dichos datos ascienden a 16.033 efectivos".

"Como ponen de manifiesto estos datos -ha continuado el Defensor- los porcentajes de personas con discapacidad que acceden al ámbito profesional de la docencia e investigación en el sistema universitario andaluz son insuficientes y lejos aún del objetivo general del 2% que señalan las normas legales como óptimos para avanzar en la igualdad de oportunidades de este colectivo en dicho ámbito".

Otro dato de interés a destacar que se contiene en el III Estudio Universidad y Discapacidad, publicado en 2017, es que el porcentaje de personas con discapacidad en el colectivo PAS (personal de administración y servicios) en las universidades públicas españolas (el 1,5%), es muy superior al que se alcanza en el colectivo del PDI (0,6%), lo que es indicativo de la mayor dificultad que tienen las personas con discapacidad para acceder a puestos de mayor cualificación como son los correspondientes a la función docente e investigadora en el sistema universitario público. Proporción que se mantiene en las Universidades privadas (un 0,9% en PDI, frente al 1,6% en PAS).

"Esta desproporción de presencia de personas con discapacidad en ambos colectivos, que también observamos en los datos de las Universidades públicas andaluzas facilitados, es una consecuencia muy directa de la distinta forma de aplicar los porcentajes legales de reserva para personas con discapacidad en las ofertas públicas de empleo para el personal docente e investigador", ha considerado el Defensor del Pueblo andaluz.

Por último, Jesús Maeztu ha señalado que de la información trasladada por la Administración Universitaria se pone de manifiesto que, "mientras que estas Universidades vienen cumpliendo en su totalidad la reserva de puestos para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público para personal de administración y servicios, no ocurre así para el personal docente e investigador". "Esta discordancia entre las previsiones legales y su aplicación práctica respecto al acceso de personas con discapacidad a los puestos de PDI en la Administración Universitaria, hace necesario la adopción de medidas de acción positiva para poder pasar del derecho formal reconocido a estas personas al derecho real que permita hacerlo efectivo y que, como ustedes saben, constituyen el objetivo que nos hemos propuesto con esta Jornada", ha concluido.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, acompañado por la Alcaldesa de Ronda, ha entregado este jueves, 29 de noviembre, en Ronda, los premios de los ganadores de la undécima edición del concurso "Así veo mis derechos", que convoca cada año la Institución Andaluza entre los centros escolares para la promoción y defensa de los niños y niñas y adolescentes.

Un total de 226 dibujos y 65 vídeos han participado en esta nueva edición, resultando ganadores:

- El dibujo sobre el derecho a la igualdad de la alumna de 5º de Primaria, María Serrato Martínez, del colegio de Educación Infantil y Primaria Tierno Galván en Castellar de la Frontera (Cádiz).

-  El vídeo sobre el derecho a la protección del  IES LA Algaida, en Río San Pedro (Cádiz) que han realizado los alumnos y alumnas de 2º y 4º de Secundaria.

- Accésit al dibujo sobre el derecho a la igualdad de Nayara Velandia Ruz, alumna de 6º de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Colón de Linares (Jaén)

- Accésit al vídeo sobre el derecho al amor del IES Inmaculada Vieira en Sevilla (Sevilla)

El jurado de la XI edición del Premio del Menor de Andalucía ha fallado los premios en la modalidad de dibujo y vídeo respectivamente, del concurso “Así veo mis derechos” que convoca anualmente el Defensor del Menor de Andalucía para la promoción y defensa de los derechos de los menores.

El dibujo ganador de esta edición ha correspondido a la representación del derecho a la igualdad que ha dibujado la alumna de 5º de Primaria, María Serrato Martínez, del colegio de Educación Infantil y Primaria Tierno Galván en Castellar de la Frontera (Cádiz).

El vídeo ganador ha recaído en el IES LA Algaida, en Río San Pedro (Cádiz), por la representación del derecho a la protección que han realizado los alumnos y alumnas de 2º y 4º de Secundaria.

Además, el jurado ha fallado a favor de conceder dos accésit en ambas modalidades, ante la calidad de los trabajos presentados y la alta participación, con 291 trabajos presentados en total.

Así, el accésit por el dibujo ha sido para Nayara Velandia Ruz, alumna de 6º de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Colón de Linares (Jaén), por su representación del derecho a la igualdad. Y en la modalidad de vídeo ha sido para los alumnos de 3º de Secundaria del IES Inmaculada Vieira en Sevilla (Sevilla) por su recreación del derecho al amor.

Esta nueva edición del Premio del Menor concluyó el pasado 20 de noviembre, con motivo del Dïa Internacional del Niño y se entregan los premios este jueves, 29 de noviembre en Ronda.

Un año más, la convocatoria de este concurso, que anualmente celebra el Defensor del Menor para que los niños y niñas conozcan sus derechos, los defiendan y los difundan, ha contado con una importante participación por parte de los centros educativos andaluces. En concreto, se han presentado 226 dibujos y 65 videos, batiendo el récord de ediciones anteriores. Todos ellos, para reivindicar sus derechos a la educación y el juego, a la igualdad, a la salud, a una identidad, a la protección, a la educación, etc.

La iniciativa se enmarca en las acciones que el Defensor del Menor de Andalucía viene desarrollando para promocionar los derechos de las personas menores de edad en nuestra Comunidad Autónoma. En este caso, como viene siendo habitual, con la participación e implicación directa del profesorado y alumnado de los centros escolares andaluces, la colaboración de Save the Children y Unicef y la participación del Consejo de Menores del Defensor del Menor de Andalucía, así como de las entidades que conforman el jurado.

Un total de 3.512 centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Andalucía han sido invitados a participar en esta convocatoria: 310 centros en Almería; 514, en Cádiz; 369 en Córdoba; 428, en Granada; 230, en Huelva; 320, en Jaén; 601, en Málaga; y 740, en Sevilla.