El Defensor del Pueblo Andaluz, reunido hoy con el alcalde del Ayuntamiento de Lepe para abordar la problematica de los asentamientos, ha hecho un llamamiento al compromiso y responsabilidad de todos los agentes implicados para trabajar de manera conjunta en la solución a los asentamientos de los trabajadores temporeros en Lepe.

El Defensor pide a los ayuntamientos de la zona, a las admunistraciones regional y nacional, a los empresarios y a las entidades sociales que sumen las distintas acciones para abordar la atención de estas personas, desde la perspectiva laboral, habitacional y de integración social.

En la reunión de hoy, el Defensor ha conocido las diferentes soluciones que se están trabajando para atender la situacion actual en la que se encuentran estas personas tras el incendio ocurrido este mes de octubre.

Ha mostrado su preocupación por este asunto y ha anunciado su compromiso de trabajar con todos los agentes implicados para erradicar estos asentamientos en la zona, abogando por una ordenación de los mismos que garantice la atención de estas personas en condiciones dignas. 

Jesús Maeztu entrega la Declaración de Tarifa de los Defensores del Pueblo sobre la atención a los menores migrantes a la Comisión de Infancia del Parlamento de Andalucía

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reivindicado hoy el cumplimiento de un decálogo que reúne los principios “inexcusables” que permiten la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Andalucía, entre los que se encuentran la lucha contra la pobreza infantil, el derecho a una educación de calidad e igualitaria, el acceso a una vivienda digna o la adecuada atención a los menores vulnerables.

Jesús Maeztu ha presentado el Informe del Menor 2018 ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía del Parlamento andaluz. Este Informe recopila la actuación del Defensor del Menor en 2018, año en el que realizó un total de 4.931 actuaciones, de las cuales 2.293 se refirieron a quejas y 2.638 a consultas. Las reclamaciones más cuantiosas afectaron a cuestiones de familia, como conflictos por la guarda y custodia de los hijos o la expedición de tarjetas de familia numerosa, seguido de Educación, Vivienda y Servicios Sociales.

El Defensor del Menor ha expuesto las principales demandas de la ciudadanía y las actuaciones de la Institución en lo referente a cuestiones de menores, condensadas en un decálogo de actuaciones que serviría como una hoja de ruta para garantizar el interés superior del menor. Este decálogo recoge como principios fundamentales la lucha contra la pobreza; el acceso a una educación de calidad e igualitaria; el derecho a la salud, a una vivienda digna o a un medio ambiente sostenible; el derecho a la protección de los menores vulnerables, entre los que se incluyen los que sufren abusos y otro tipo de malos tratos o la violencia de género. Completan el decálogo la garantía de un trato adecuado a los menores migrantes; el principio de derecho a una justicia juvenil; los derechos al acceso a la cultura, el ocio y el deporte, y el derecho a la participación.

Asimismo, el Defensor del Menor de Andalucía ha entregado a los miembros de la Comisión una copia de la Declaración de Tarifa, aprobada por el conjunto de los Defensores de España el pasado 16 de octubre, en la que promueven la defensa y protección de los niños y niñas que llegan a España sin la compañía de personas adultas que los protejan.

Entre otras cuestiones, el Defensor del Menor de Andalucía también ha dado la voz de alarma sobre que el incremento de la participación de las personas menores de edad y jóvenes en los juegos de azar, representando un serio riesgo para ellos dada su situación de vulnerabilidad. El Defensor ha alertado sobre los riesgos que conlleva esta “adicción sin sustancia” que constituyen los juegos de azar y se ha sumado a las voces que advierten sobre el riesgo de perder una generación por el juego de azar al igual que antaño se perdió otra por el consumo de drogas.

Entre otras demandas, Jesús Maeztu ha planteado profundizar en la investigación del fenómeno; incrementar las medidas preventivas contra el juego de azar por adolescentes y jóvenes, con campañas de educación y sensibilización, y que un porcentaje de la recaudación de la tasa fiscal sobre el juego se destine a la financiación de políticas de prevención y tratamiento de ludopatías, así como la prohibición de la publicidad de los juegos de azar en la Comunidad Autónoma o que, en el caso de que no se aceptara dicha prohibición, alternativamente se establecieran limitaciones, al modo en que se ha realizado con otras sustancias como el alcohol y tabaco.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido una reunión de trabajo con la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo. Durante la reunión celebrada este martes en la sede de la Consejería, el Defensor del Pueblo andaluz ha informado de los principales motivos de quejas de la ciudadanía en estas disciplinas. Jesús Maeztu ha comentado la necesidad de vivienda de muchas familias andaluzas que no tienen recursos suficientes para poder satisfacerla en el mercado libre y la correlativa carencia de viviendas públicas para poder satisfacer esta demanda.

El Defensor ha puesto de manifiesto los casos de pérdida de la vivienda por desahucio por no poder hacer frente al alquiler de viviendas libres y por ocupaciones sin título, ya sea de viviendas públicas como de viviendas privadas propiedad de entidades financieras; también la demora en la gestión de las ayudas al alquiler de vivienda para personas con ingresos limitados, especialmente en Sevilla y Málaga y, la situación de muchos Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, que están desactualizados o no existen todavía.

De todos estos asuntos, el Defensor ha efectuado diferentes resoluciones con recomendaciones y sugerencias para atender la demanda de la ciudadanía y ha vuelto a pedir más agilidad en la gestión y resolución de las ayudas al alquiler.

Asimismo, sobre la gestión del parque público de vivienda de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz ha informado de alguna de las cuestiones que le traslada la ciudadanía, como las quejas por viviendas vacías o en estado de deterioro, además de los impagos de las cuotas de comunidad que impide hacer frente al mantenimiento de las zonas comunes de los edificios, y de los casos de conflictividad vecinal.

En materia de urbanismo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado su preocupación por la incidencia que pueda tener la aplicación del Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares para lo que ha pedido un mayor esfuerzo divulgativo y de apoyo a los municipios en la actuación planificadora y un mayor impulso de las inspecciones para la detección de infracciones en suelo no urbanizable para evitar el efecto llamada.

En cuanto a las quejas relacionadas con tráfico y transporte, el Defensor del Pueblo Andaluz trasladó a la Consejería su preocupación por las concesiones de servicios regulares de transportes públicos de viajeros por carreteras que aún no están renovadas y ha recordado la necesidad de que los nuevos vehículos estén adaptados a las personas con movilidad reducida, además de un aumento de frecuencia de los servicios que se presten.

En materia de obras públicas la mayoría de las quejas hacen referencia a las deficiencias en el mantenimiento y conservación de infraestructuras y carreteras, el deficiente mantenimiento de los arcenes, así como el deterioro de la señalización vial horizontal y vertical de carreteras autonómicas y provinciales, todo lo cual tiene incidencia en la seguridad vial.

Durante 2019, se han gestionado 324 quejas ciudadanas en materia de urbanismo, vivienda, tráfico y transportes, tramitadas en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y afectantes a competencias específicas de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ha mostrado su máxima colaboración para atender estas demandas y ha mostrado su interés en contar con la experiencia y el trabajo realizado por la Oficina del Defensor en estas materias para poder responder a las necesidades de la ciudadanía.

Los Defensores del Pueblo de España y de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, y Cataluña han firmado hoy la Declaración de Tarifa, un documento de diez puntos en el que reivindican una adecuada atención a los niños y niñas migrantes, presentado hoy en la ciudad de Tarifa, donde los defensores han donado una escultura que rinde homenaje a la solidaridad en la acogida de los vecinos del Campo de Gibraltar.

El trabajo que presentamos a continuación es el resultado de la puesta en común de las actuaciones que, respecto de la atención a menores extranjeros no acompañados, se vienen llevando a cabo desde las distintas defensorías del pueblo y que ha servido de debate para las 34 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que se celebran en Sevilla y Tarifa los 15 y 16 de octubre de 2019.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alentado hoy a la sociedad a la acogida “consciente y comprometida” de los menores extranjeros no acompañados, “frente a la amenaza de los debates que asocian a estos niños y niñas a la delincuencia, los privilegios frente a los que ya están aquí, los discursos xenófobos o la criminalización de este fenómeno, que sin duda oscurece la inmensa contribución de esta generación migrante a la sociedad”.

En la inauguración en Sevilla de las 34 Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, organizadas por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu ha señalado que al igual que el cambio climático, los movimientos masivos de personas vulnerables en búsqueda de mayores y mejores oportunidades van a continuar, y que en este fenómeno los niños y niñas “se han convertido en un nuevo actor migratorio, y va a ir a más”. “Por eso la pregunta no es si se debe acoger, sino cómo. Eso es lo urgente”.

En esta inauguración, junto al Defensor del Pueblo de España en funciones, Francisco Fernández Marugán, y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, Jesús Maeztu, ha señalado que “nos jugamos muchos” en esta acogida y que se debe entender que “no es una carga, es un beneficio a la sociedad”. “La migración de los pobres es tan antigua como la humanidad y pone a prueba nuestro sentido de la justicia; no debemos abordarlo como un problema, sino como una oportunidad para recuperar nuestra identidad”, ha señalado Jesús Maeztu, para quien los menores extranjeros tienen el “derecho a ser tratados con hospitalidad y no a rechazarlos con hostilidad”.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado “lo contradictorio de la situación, porque los mismos países que abogan por la supresión de fronteras y el libre tránsito como premisas sobre las que construir ese mundo globalizado, supuestamente mejor y más justo, son a la vez los primeros en demandar el cierre de fronteras y las restricciones al libre tránsito, cuando estas premisas se aplican, no a las mercancías, sino a las personas”.

“Sin embargo, muchos de estos países, a la hora de afrontar este fenómeno, parece como si sólo fueran capaces de vislumbrar al inmigrante que pretende participar de sus riquezas y su bienestar. O ponen el foco de atención en el importante volumen de recursos que detraen de los Sistemas de protección. Mientras, un velo les oculta al niño que demanda su amparo y protección. Quizás sea por ello que la legislación que se pretende aplicar a estos menores sea con preferencia la de extranjería y no la de protección de menores”, ha afirmado Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha concluido que “un niño nunca es un inmigrante. Un niño es una persona que por su situación tiene derecho a una especial protección y tutela de los poderes públicos. A un niño no se puede ni se debe añadir apellidos como inmigrante o refugiado. Su estatuto jurídico debe ser siempre y, en todos los casos, el de menor de edad por encima del estatuto de persona extranjera”.

El Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, ha expresado por su parte que este fenómeno no es solo español, pero dentro del país está localizado en una parte del territorio, no en la parte occidental sino más en el lado mediterráneo, y ha señalado que España ha resuelto este fenómeno “razonablemente bien”. El Defensor también ha elogiado el esfuerzo de la sensibilización por parte de las administraciones, y ha llamado a intentar comprender por qué cada año siguen llegando niños, a lo que los Defensores van a poner toda su atención.

A la inauguración han asistido, además, la Valedora del Pueblo gallego, Dolores Fernández Galiño; Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes; Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertúa; Justicia de Aragón, Ángel Dolado; Síndic de la Comunidad Valenciana en funciones, Ángel Luna; Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana y Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Echéniz, entre otras autoridades.

En el Real Alcázar de Sevilla, recepción oficial de los defensores del pueblo de España. 

La atención a personas menores de edad que, siendo nacionales de otros países o apátridas, llegan a España sin referentes familiares será el fenómeno a tratar en las 34 Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, que reúne al Defensor del Pueblo estatal y a los nueve defensores autonómicos este martes 15 de octubre en Sevilla y el miércoles 16 en el Campo de Gibraltar (Tarifa y San Roque).

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, organizador y anfitrión de las Jornadas, ha destacado que corresponde a las Defensorías del Pueblo garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones, con responsabilidad en la atención a estos menores de edad, respondan a su superior interés, primando, en todo caso, el enfoque de infancia respecto a la condición de inmigrante. El colectivo de menores extranjeros no acompañados, también conocidos como Menas, tienen unas necesidades que afectan no solo a la esfera física sino, fundamentalmente, a sus esferas psicológica y emocional, por lo que requieren de una primera acogida integral y especializada.

Este fenómeno complejo por su heterogeneidad, por la especial vulnerabilidad en la que se encuentran sus protagonistas, por la complejidad de las respuestas a las consecuencias que tiene en las personas que lo protagonizan, por el entramado de administraciones que intervienen y por las repercusiones sociales que provoca, requiere en opinión del Defensor del Pueblo andaluz de una atención integral y especializada, dadas las singulares necesidades que presentan.

La inauguración de las jornadas será el martes 15 a las 9:30 horas en el Espacio Caixaforum de Sevilla a cargo de Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo estatal en funciones; Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz y Marta Bosquet, presidenta del Parlamento andaluz.

A continuación se mostrará una recreación artística, creada por Puerto Flamenco, sobre el itinerario de los niños y niñas migrantes no acompañados, con la actuación de Esperanza Fernández.

En el primero de los paneles, sobre el Viaje en origen. Trata de seres humanos, asilo y protección internacional y moderado por Manuel Lezertúa, Ararteko del País Vasco, intervienen Kaoutar Boughlala, presidenta de Codenaf; Mila Núñez, del Servicio Inmigrantes y Refugiados de Cruz Roja; Félix Flores, jefe del Grupo de la Brigada de Extranjería de Sevilla y Mercedes Alconada, asesora jurídica de CEAR.

En el segundo panel, sobre La primera acogida y protección de los niños y niñas no acompañados y moderado por Ángel Luna, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, participan Rosa Guerrero, Fiscal Delegada de Menores de Granada; Imanol Garamendi, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Huelva; Antonio Molina, jefe de Servicio de centros de protección de menores de la delegación igualdad de Cádiz; Julián Martín, director del centro de protección de menores Tolosa Latour de Chipiona, y Asunción García, gerente de Interprode.

Tras una pausa para el almuerzo, las Jornadas se retomarán con el panel sobre la Cooperación entre los Sistemas Autonómicos en la atención a niños y niñas migrantes no acompañados que, moderado por Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz, contará con la participación de Ángel Parreño, director general de los Servicios Sociales para la Familia e Infancia del Gobierno de España; Antonia Rubio, directora General de Infancia y Conciliación de la Junta Andalucía; Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Conviviencia y Cooperacion del Gobierno Vasco; María José Bajén, jefa de Servicio de Infancia y Adolescencia del Instituto aragonés de Servicios Sociales; y Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa.

La sesión la completará el panel sobre La salida del sistema de protección que, moderado por Carmen Comas-Mata, directora de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo y miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, contará con Francisca Gutiérrez, jefa de la Oficina de Extranjería de la delegación del Gobierno en Andalucía; Carmen de la Viuda, subdirectora general de Integracion y Relaciones Insittucionales del Gobierno de España; Absaqui Imad, consejero político de la Embajada de Marruecos y Fernando Arjona, responsable territorial de Accem Andalucía.

En la clausura de esta sesión los asistentes conocerán los testimonios de dos jóvenes ex tutelados, que narrarán su experiencias.

Ya en la jornada del miércoles 16 de octubre, los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos se desplazarán al Campo de Gibraltar, en concreto, a las localidades de Tarifa, San Roque y Algeciras.

En la mañana, los defensores del pueblo visitarán recursos e instalaciones previstas para la acogida de inmigrantes en la población de San Roque (centro de Cruz Roja y el Centro de Atención Temporal para Extranjeros) y posteriormente visitarán en Algeciras un centro de protección de menores.

Por la tarde, los defensores celebrarán en la Isla de las Palomas de Tarifa un acto de homenaje a las gentes de la Comarca del Campo de Gibraltar por su acogida a los menores extranjeros no acompañados. En el acto se descubrirá una escultura donada por los defensores, autoría de Alejandro Pedrajas.

Para finalizar, en la Iglesia de Santa María de Tarifa, se celebrará un acto de entrega de reconocimientos de los defensores a la sociedad civil, instituciones y personalidades de la comarca, en la que se dará lectura a la Declaración conjunta de los Defensores del Pueblo sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados, con la cual concluirán estas 34 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.

Puedes seguir las jornadas en twitter (#GeneraciónMigrante), facebook y flickr.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, visitará junto a los vecinos la zona norte de Granada afectada por reiterados cortes de luz y planteará que se vuelva a convocar una mesa técnica con las partes afectadas para avanzar en soluciones a este problema.

Tras reunirse hoy en la sede de la Institución con una representación de vecinos de esta zona, a petición del portavoz y concejales del grupo municipal de Podemos e Izquierda Unida en el ayuntamiento granadino, Jesús Maeztu ha expresado que “sin luz no se puede vivir y es un derecho que hay que tener desde ya”, al tiempo que se ha comprometido a “dar un paso adelante” en la denuncia social de una situación en la cual la Institución lleva trabajando desde 2015, a raíz de las quejas particulares de algunos habitantes de la zona.

La situación sobre cortes de luz ha llevado a la institución, este mismo año, a iniciar una actuación de oficio pidiendo a todas las Administraciones competentes a nivel andaluz una actuación coordinada para solucionar el problema. Este expediente continúa abierto, aunque se ha recibido respuesta de todas las Administraciones explicando las actuaciones realizadas y mostrando su voluntad de seguir actuando de forma coordinada.

El Defensor del Pueblo también ha expresado su apoyo y un mensaje de ánimo al Defensor del Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, y al párroco de la iglesia de La Paz de este barrio, Mario Picazo, en el encierro que están llevando a cabo para denunciar públicamente esta situación que afecta a miles de vecinos de los barrios de la zona norte de Granada.

Jesús Maeztu ha señalado que el objetivo de la intervención de la Defensoría es garantizar los derechos de aquellas personas que residen en esta zona, cumplen con sus obligaciones legales, pagan sus recibos de luz y, pese a ello, se ven perjudicados por unos cortes de luz que le impiden hacer una vida normal.