En esta publicación de la serie Documentos hemos querido divulgar los contenidos de las jornadas sobre el Defensor del Pueblo Andaluz que se celebraron en la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de Baeza, durante el mes de Mayo de 2005.
En esta ocasión, el objeto de estas Jornadas se centró en un tema de máxima actualidad y de indudable interés y repercusión, como es el de las "Reformas Estatutarias, Derechos Sociales y Defensores del Pueblo Autonómicos".
El proceso de reforma estatutaria se plantea como un nuevo impulso en la consolidación de la organización-política que adoptamos en 1978 y, desde esa perspectiva, abre la vía para perfeccionar la articulación de todos aquellos aspectos que afecten al desarrollo de las condiciones de vida de la ciudadanía.Inicio
La presencia de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en nuestros quehaceres diarios y la construcción, apoyada en un uso adecuado de esas herramientas, de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, demanda de los poderes públicos la puesta en marcha de medidas destinadas a proteger los derechos de la ciudadanía que resultan afectados en el nuevo escenario social. Al mismo tiempo, es preciso cerrar la brecha digital que en la actualidad afecta por razones económicas, de discapacidad, localización territorial, sexo, edad a amplios sectores de la población.
La jornada organizada conjuntamente por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta tiene por objeto reflexionar y realizar propuestas sobre esta problemática que, de una u otra forma, nos afecta a todos.
Hace diez años, en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía de 1997, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, después de dedicar unos comentarios al problema que suponía el déficit de viviendas existente en nuestra Comunidad Autónoma para atender las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, se incluía y trasladaba la siguiente reflexión al órgano de representación del pueblo andaluz:
“En definitiva, y a modo de conclusión, queremos llamar la atención sobre una idea que ha de quedar clara: en Andalucía, los poderes públicos, tanto Estatales, Autonómicos, como Locales, no han sido capaces, aún, de crear, casi veinte años después de publicarse la Constitución, las condiciones para que todas y cada una de las familias andaluzas puedan disponer de un techo digno y adecuado, bajo el cual puedan desarrollar sus relaciones de convivencia familiar, disfrute de sus derechos y desarrollo, en suma, de su personalidad.
Esta situación nos lleva a realizar una reflexión final: creemos que ha llegado el momento en el que los poderes públicos tienen que definir un «standard» mínimo, un concepto de protección de la vivienda, que, en todo caso, ha de ser garantizado como derecho subjetivo para, al menos, las unidades familiares de derecho, o de hecho, que residen en nuestra Comunidad Autónoma. Ninguna familia debe quedar sin el amparo de la Administración en aras a la consecución de un techo digno en el que, ya sea con carácter provisional, siempre que la vivienda de esa naturaleza reúna todos los requisitos de adecuación y diseño que exigen las normas, ya sea facilitando, o cooperando, en el pago de alquiler, ya a través de subvenciones personales y subsidiación de intereses, ya colaborando con la rehabilitación de viviendas, o bien en la dación directa, en régimen de alquiler, o régimen de propiedad, pueda vivir dignamente dando respuesta con ello a esta demanda social básica”.
En la actualidad, esa dificultad de la ciudadanía, cuando no imposibilidad, de acceder por sus propios medios a una vivienda digna y adecuada, se ha extendido a amplios segmentos de la población.
El desencuentro entre las previsiones constitucionales (art. 47 de la Constitución) y estatutarias (art. 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía) con la realidad social, hace necesario la adaptación de medidas suficientes y proporcionales por parte de los poderes públicos destinadas a garantizar, de manera efectiva, este derecho.
La iniciativa de esta Institución de celebrar esta Jornada tiene por objeto conocer la posición de los responsables públicos, agentes privados, consumidores y usuarios, etc., en torno a cómo se puede y, a nuestro juicio, se debe asumir este reto.
Sevilla, 29 de Enero de 2009.
CONTENIDO
La incorporación al Estatuto Andaluz de un nuevo Título dedicado a “ los derechos sociales, deberes y políticas públicas” y la consideración que se otorga en el mismo al Defensor del Pueblo Andaluz como instrumento específico de garantía de estos derechos, mueve a esta Institución, para el más eficaz cumplimiento de su cometido garantista en el nuevo entorno, a intensificar su actuación a favor de aquellos sectores de personas desprotegidas y en situación de exclusión social.
En este ámbito, es una exigencia desde hace tiempo asumida, la necesidad de contar con una norma de rango legal en Andalucía que aborde desde una perspectiva integradora, como ya existe en otras Comunidades Autónomas, las distintas políticas sociales que posibilitan la mejora y prevención de la situaciones de exclusión social.
La iniciativa social ha sido una parte fundamental en este proceso reivindicando y participando en la consulta promovida por la Junta de Andalucía para la adopción de un marco legal adecuado al contexto actual favorecedor de la inclusión social con el consenso de todos los sectores sociales implicados.
Tras diversas vicisitudes, los proyectos normativos en esta materia no se han plasmado aún en un texto que de cobertura y garantice los derechos sociales para aquellas personas que más lo necesiten. El debate sigue abierto, y es necesario aunar criterios y posturas que, a pesar de coyunturas económicas, permitan contar con un marco adecuado a las previsiones estatutarias en materia de garantía de derechos que asegure a los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de exclusión de Andalucía una respuesta real y efectiva a su situación de desigualdad social.
En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz siempre se ha ofrecido a la sociedad como un cauce eficaz de participación recogiendo las demandas y propuestas de la ciudadanía en orden a asegurar el disfrute efectivo de sus derechos y trasladándolas y apoyándolas, en su caso, ante los poderes públicos que deben adoptar las medidas necesarias para ello.
Con este fin, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y las organizaciones sociales mas implicadas en la lucha contra la exclusión llevan colaborando estrechamente en esta línea desde hace tiempo, lo que se ha puesto de manifiesto por el trabajo que ha venido realizando la comisión creada entre esta Institución y distintas Entidades Sociales que ha dado lugar a la elaboración de propuestas que puedan ser incluidas en este Anteproyecto de Ley a aprobar por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
En este punto se ha considerado conveniente canalizar estos trabajos en el marco de una Jornada donde, Defensor del Pueblo Andaluz e iniciativa social, podamos reflexionar sobre estas cuestiones y propuestas de forma conjunta con la Administración Andaluza.
Con esta Jornada, en definitiva, nos planteamos dos objetivos. En primer lugar, hacer un llamamiento al conjunto de las Administraciones sobre la importancia de contar con una Ley de Inclusión que venga a dar respuesta a las distintas problemáticas sociales que afectan a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad y, en segundo lugar, propiciar la elaboración de propuestas que surjan del trabajo y la reflexión de los distintos sectores participantes en la Jornada, para su posterior presentación ante la Administración y su incorporación al futuro Anteproyecto de Ley.
Finalmente, aspiramos a que se concluya con compromiso inequívoco por parte de la Administración y todos los sectores sociales, que se materialice en una Ley que suponga un claro avance y consolidación de los derechos sociales recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-defensor-a-un-clic-comunicate
La publicación es, de un lado, la recopilación de la trayectoria del Defensor del Pueblo Andaluz aprovechando el 25º aniversario de la aprobación de la Ley reguladora de la Institución. Pero también supone una reflexión sobre cuál debe ser su orientación futura tras la ratificación e impulso que le otorga la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que habrá de traducirse en nuevas líneas de actuación que permitan ofrecer a la sociedad andaluza una protección y defensa más eficaz de sus derechos y libertades.
Organizan: Red de Fiscales de Seguridad Vial de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz
Colaboran: Cajasol, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y Ayuntamiento de Málaga
Sede: Salón de Actos del CAC (Centro de Arte Contemporáneo)
C/ Alameda, s/n
La OMS, en su informe sobre situación mundial de la Seguridad Vial de 2009, nos recuerda que todos los años más de 1,2 millones de personas fallecen como consecuencia de accidentes en las vías de tránsito y otras 50 millones sufren traumatismo, calificando esta siniestralidad de epidemia, pues constituye la décima causa de muerte en todo el mundo.
Para los poderes públicos de nuestro país la política de seguridad vial destinada a prevenir los denominados accidentes de tránsito o, al menos, a minimizar sus efectos, constituye un objetivo irrenunciable a fin de garantizar el derecho fundamental a la vida y a la integridad física (art. 15 CE) y al mismo tiempo, para tutelar el derecho a la protección de la salud que el art. 43 CE reconoce para toda la ciudadanía.
Ahora bien, siendo una cuestión prioritaria en la agenda de los responsables públicos, es preciso resaltar que también lo es en la escala de preocupaciones de la sociedad. De hecho, según el Barómetro de Opinión para la Seguridad Vial en su informe 2009, el 85,2% de los españoles manifiesta estar muy preocupado o bastante preocupado por el tema. Una preocupación que se sitúa por detrás del paro, la inseguridad ciudadana y el terrorismo.
En este contexto es preciso recordar que, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Tráfico sobre accidentes de tráfico en zona urbana de España de 2008, los accidentes de tráfico con víctimas en este espacio durante el mencionado ejercicio representaron el 53 % del total de accidentes producidos en nuestro país.
Pues bien, en lo que concierne a los accidentes en los que están implicados peatones, debemos resaltar su extraordinaria gravedad puesto que, si bien representan solamente el 18 % de las colisiones o accidentes que se producen en zona urbana, sin embargo, un 38 % de las víctimas mortales son debidas a estos atropellos.
Desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la Red de Fiscales de Seguridad Vial de Andalucía, deseamos que esta Jornada nos permita reflexionar y debatir sobre las causas de esta siniestralidad y proponer medidas adecuadas para mejorar la seguridad vial de los peatones en nuestras ciudades.
La inscripción en la Jornada será gratuita, aunque si el número de solicitantes fuera superior al aforo del local donde se va a celebrar la misma, la organización llevará a cabo una selección, en la que se tendrían en cuenta aspectos tales como la titulación, la especial relación profesional del solicitante con el contenido de la Jornada, si ha enviado alguna comunicación o el orden de presentación de la solicitud. Las solicitudes de inscripción se podrán cursar mediante el formulario incluido en esta página web, a partir del día 7 de Octubre de 2010.
El plazo de inscripción es del 7 de Octubre al 10 de Noviembre de 2010 (ambos inclusive). Asímismo en esta página web se publicará, el 12 de Noviembre de 2010, la lista de admitidos, aunque la organización enviará un mensaje de correo electrónico cuando la solicitud haya sido tramitada, indicando si ha sido aceptada.
Podrán enviarse comunicaciones relacionadas con el contenido de esta Jornada hasta el 30 de Noviembre.
PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-defensor-a-un-clic-comunicate
Este trabajo, realizado por profesionales de la documentación, tiene como objetivo contribuir a la protección de los derechos de la mujer facilitando el acceso a la información que sobre este contenido se encuentra en Internet. Ofrece enlaces a páginas ordenados tanto por tipo de entidad u organismo como por materias, cuyo contenido este en lengua castellana o en otra lengua oficial de las distintas comunidades autónomas de España, pero además con la particularidad de disponer de enlaces a páginas en internet que ofrecen un contenido sustancial e interesante. Por otro lado, tienen un apartado "Otras webs de interés" mediante el cual facilita el acceso a otras páginas que aunque no cumplen las características del estudio, puede resultar útil su consulta.
En total se recogen 59 páginas principales de distintas entidades u organismos que han sido analizadas, a través de las cuales se proporcionan 258 enlaces a páginas con contenidos sustanciales ordenados por materias. Por otra parte se facilitan 94 direcciones de páginas que no han sido analizadas de entidades u organismos que son las que se recogen en el apartado "Otras webs de interés".
El libro contiene un disquete para facilitar la consulta de estas páginas que se irá actualizando en esta web.
Esta obra está constitudida por las reflexiones puestas en común, aportación intelectual de sus autores. Las ideas que se expresan han sido elaboradas por: Gabriel Cano García, José Cazorla Pérez, Cristina Cruces Roldán, Manuel Delgado Cabeza, Javier Escalera Reyes, Juan Antonio Lacomba Avellán, Isidoro Moreno Navarro y Miguel Ropero Núñez.
Desde el respeto a las posiciones libremente expresadas por sus autores, la Institución ha asumido la cuestión discutida como un auténtico reto, no sólo por la novedad o lo inhabitual del tema planteado, sino desde la mejor de las actitudes curiosas por acercarnos a un debate que, en una u otra forma, se trasluce en muchas facetas de nuestra actualidad económica, cultural, social o política. En un momento histórico donde el concepto de mundialización ha alcanzado un rango cuasi inapelable, las actitudes que reivindican o, cuando menos, recuerdan la existencia de numerosas culturas y señas de identidad merecen también su espacio y su atención.
- Entregado en el Parlamento de Andalucía el 19-08-2008
DATOS DE CONTACTO CON LOS OPERADORES (Pinche enlace al final de la página, en "Enlaces externos")
- Texto completo (pdf)
- Texto completo (imagen CD ISO)
- Presentación (pdf)
- Capítulo 1: Derecho de los usuarios de las TIC (pdf)
- Capítulo 2: Procedimientos para la defensa de los derechos de los usuarios
- Capítulo 3: Normativa relevante
- Capítulo 4: Direcciones y enlaces de interés
- Capítulo 5: Sugerencias
- Datos de contacto con los operadores
Sevilla 1, 2 y 3 de Octubre de 1997
Todos los años se reúnen el Defensor del Pueblo del Estado español y las figuras similares de las Comunidades Autónomas, en unas jornadas en las que tratan diversos temas que son objeto de ponencias y debates para mejor coordinación de sus funciones. Las duodécimas jornadas fueron organizadas por El Defensor del Pueblo Andaluz que se hizo cargo de la edición de los trabajos que se desarrollaron. Se abordaron temas como la intervención de los Defensores del Pueblo en la solución convencional de conflictos, cuestiones de extranjería, exclusión social y aspectos medioambientales relativos a residuos y vertederos.
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