Quiere conocer qué medidas se han adoptado para solventar los problemas técnicos, así como si se baraja la posibilidad de prorrogar el plazo

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio tras tener conocimiento, tanto a través de las consultas recibidas en nuestro Servicio de atención e información a la ciudadanía, como a través de las redes sociales y, así mismo, por las numerosas noticias aparecida en la prensa de los últimos días, de los problemas técnicos sufridos en los servidores de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, que ha impedido a miles de familias matricular a sus hijos e hijas en sus respectivos centros docentes.

A pesar de que tras detectarse los problemas iniciales se procedió a triplicar la capacidad de dichos servidores, este hecho no ha evitado que se hayan seguido sucediendo los problemas de colapso en la red, de modo que en muchas ocasiones los usuarios indican estar horas intentando acceder a la matriculación on line sin poder conseguirlo. Dado que el plazo de matriculación concluye el próximo lunes día 8 de junio, las familias se encuentran desconcertadas porque finalizado dicho plazo no hayan podido formalizar las matrículas, desconcierto que comparten los propios centros docentes, algunos de los cuales han aconsejado a quienes han consultado que se acerquen al centro a formalizarla de manera presencial, que era precisamente lo que se trataba de evitar.

Teniendo en cuenta, pues, los antecedentes expuestos, los preceptos citados y nuestras consideraciones, de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, consideramos justificado iniciar un expediente de oficio con el objeto de conocer qué medidas se han adoptado para solventar los problemas técnicos citados, así como si se baraja la posibilidad de prorrogar el plazo de matriculación en el caso de que no se pudieran resolver los problemas surgidos con la celeridad que requiere la premura de dichos plazos.

Ante tantas consultas recibidas y la inminencia de la finalización del plazo, debemos contestarles y darles a conocer su respuesta con la máxima urgencia. En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite ordinario, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, interesamos de la Administración que, a la mayor urgencia posible, nos remita el informe, para el esclarecimiento de asunto en cuestión.

Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema de Naciones Unidas ‘La hora de la naturaleza’.

El futuro de las nuevas generaciones depende de que las bases de la recuperación económica se asienten en la protección ambiental y la transición ecológica. Apremia la necesidad de que los fondos destinados a incentivar la economía vayan dirigidos preferentemente a proyectos que sean ambientalmente sostenibles y especialmente a aquellos desinados a acelerar el proceso de transición energética y la puesta en marcha de medidas de lucha contra el cambio climático.

Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados, que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso (pajitas, platos, vasos, etc) a partir de julio de 2021, como ya estableció el Parlamento Europeo, además de vetar desde 2023 los microplásticos que se añaden a cosméticos y detergentes e introducir un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. España sigue siendo uno de los países de la UE que menos recauda por impuestos medioambientales, por lo que la fiscalidad verde se afianza como una de las mejores vías para desincentivar comportamientos dañinos.

La reconstrucción tras la Covid-19 debería ser una oportunidad para el medio ambiente.

La situación excepcional que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19 está afectando a toda la ciudadanía, alterando todos los aspectos de la vida cotidiana e incidiendo de forma muy directa en el funcionamiento de la Administración pública y en la normal prestación de servicios públicos, entre los que cabe incluir el servicio que prestan las Universidades, tanto públicas como privadas.

Esto ha obligado a adoptar decisiones igualmente excepcionales para posibilitar, en la medida de lo posible, la continuación en la prestación de unos servicios cuya paralización total habría conllevado perjuicios de imposible reparación para la población afectada.

El Defensor del Pueblo Andaluz es consciente de la dificultad que ha conllevado adaptar el régimen habitual de prestación de servicios universitarios a una situación tan novedosa como es la enseñanza virtual y el plus de dificultad que ha supuesto tener que hacerlo en unos plazos tan perentorios, que han imposibilitado disponer del tiempo necesario para reflexionar, evaluar o poner a prueba las alternativas posibles.

Creemos, sinceramente, que el esfuerzo realizado por todos los miembros de la comunidad universitaria, tanto a nivel español como andaluz, para pasar de un sistema de docencia presencial a un sistema basado en la enseñanza on line, ha sido muy importante y merece el reconocimiento y el elogio de esta Institución y estamos seguros que también de toda la sociedad.

Por ello, hemos iniciado una actuación de oficio con objeto de acometer este proceso de evaluación pues los motivos para ello son varios. En primer lugar porque ya se están recibiendo quejas relacionadas con esta cuestión, en unos casos por disconformidad con el procedimiento elegido, en otros casos por discrepancia con la forma de aplicar dicho procedimiento en alguna universidad o por parte de algún profesor. También se están recibiendo quejas por incidencias específicas ocurridas durante la realización de algún examen (cortes en la conexión wifi, cortes de luz, etc), que generan incertidumbre en las personas afectadas, tanto por sus consecuencias académicas, como por el desconocimiento acerca de la forma de plantearlas y resolverlas.

En segundo lugar, hemos comprobado que el asunto está tomando creciente relevancia en los medios de comunicación, como lo demuestra la publicación de diversas noticias y artículos planteando cuestiones relacionadas con estos exámenes, ya sea por las dudas que suscitan, desde una perspectiva de los derechos a la intimidad personal y familiar, los procedimientos previstos para evitar prácticas fraudulentas en la realización de los exámenes -cámaras y micrófonos activados, reconocimiento facial, proctoring, etc.-, ya sea porque se cuestionan las limitaciones de tiempo para responder a las preguntas y la imposibilidad de volver atrás en las mismas por entender que perjudicarían a los alumnos que no saben gestionar bien la ansiedad o el estrés, e impedirían disponer de un mínimo tiempo de reflexión antes de responder.

En tercer lugar, porque este sistema de examen no presencial podría perjudicar a los alumnos que carecen de las condiciones idóneas en sus viviendas para poder realizarlos adecuadamente, ya sea por sus circunstancias sociales o familiares, por la falta de medios materiales adecuados o por no disponer de un espacio donde realizar la prueba en las debidas condiciones de aislamiento y tranquilidad.

En cuarto lugar, porque no está claro cómo se van a aplicar los procedimientos de reclamación legalmente previstos para las evaluaciones universitarias a este tipo de pruebas.

En quinto lugar, porque el sistema de evaluación no presencial podría acarrear problemas para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a algún tipo de discapacidad.

En sexto lugar, porque hay dudas sobre cómo se va a evaluar globalmente al alumnado en caso de que se opte, como parece, por relativizar el valor de estos exámenes en la nota final. A este respecto, se cuestiona esta forma de evaluación en aquellas asignaturas en las que, por diversas razones, no se hayan podido realizar prácticas o trabajos on line, cuando los mismos resultasen obligados o necesarios para evaluar adecuadamente el rendimiento del alumnado durante el curso.

Además, otro motivo importante que justifica la oportunidad de esta evaluación que proponemos, hace referencia a la conveniencia de realizar un Informe Especial sobre las consecuencias que la crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha podido afectar y de qué manera, a los derechos de la ciudadanía en las principales materias y ámbitos de gestión pública (educación, salud, vivienda, políticas sociales, igualdad, empleo y colectivos vulnerables).

Nos parece oportuno insistir en que somos muy conscientes de que se trata de una situación excepcional, no querida por nadie, ni provocada por la universidad y a la que se ha tenido que dar una respuesta obligatoriamente, sin el tiempo que hubiera sido necesario para reflexionar, analizar alternativas o poner a prueba los procedimientos elegidos.

También somos conscientes de que ya se están realizando exámenes y sería muy difícil y posiblemente perjudicial cambiar ahora los criterios y procedimientos elegidos porque obligaría a repetir las pruebas o pondría en cuestión el resultado de las ya realizadas.

Por todo ello nos hemos dirigido a las nueve universidades públicas de Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide) con objeto de que nos informen sobre las cuestiones detalladas más arriba, así como para conocer las consideraciones que estimen oportunas trasladarnos para tener todos los elementos de juicio necesarios.

Se recuerda a toda la ciudadanía que, hasta nuevo aviso, seguimos sin poder prestar el servicio de acreditación personal para obtener el certificado digital.

Informamos a la ciudadania que en los Registros de Torre Triana y el de la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, sito en Pza de la Contratación, 3 sí que se está prestando este servicio aunque hay que solicitar cita previa. Teléfono de información de la Junta de Andalucía: 955 06 26 27. 

Desde la declaración del estado de alarma, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha reforzado la atención a la ciudadanía vía telemática, y ha seguido atendiendo a todos los ciudadanos que han acudido a la sede, gracias a un servicio mínimo habilitado  en horario de mañana para las situaciones de urgencia que puedan producirse, pero están suspendidas la atencion presencial y la prestación de otros servicios, entre ellos, el servicio que cumplimentaba el trámite de acreditación personal  para obtener el certificado digital.

Asimismo, le informamos de que en cuanto estemos en condiciones de reactivarlo lo comunicaremos de inmediato.

Comunicado del Defensor ante el estado de alarma por el Covid-19. De 16 de marzo de 2020

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, asiste este sábado, 30 de mayo, al acto de homenaje a las personas fallecidas en la pandemia provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Sevilla.

Como Defensor del Menor hemos abierto queja de oficio interesándonos por la continuidad de la prestación asistencial a los menores inmigrantes en los centros de protección de menores financiados con subvenciones públicas, debiendo quedar garantizadas, además de sus necesidades básicas más perentorias, la continuidad de los programas educativos de los que se estuvieran beneficiando.

También hemos mostrado nuestra preocupación por aquellos internos, sobre los que existen dudas de su edad, o que ya habrían alcanzado la mayoría de edad, y que también venían siendo atendidos con cargo a estos programas públicos de subvenciones, cuya continuidad también se ve comprometida como consecuencia de la decisión adoptada por la Junta de Andalucía, y que quedarían en una situación de precariedad si no se les ofrecen otros recursos y ayudas alternativas, lo que conllevaría verse abocados a encontrarse en la calle precisamente en una situación de confinamiento.

Los Defensores europeos han debatido sobre la coordinación necesaria y los problemas comunes que está generando en la ciudadanía la epidemia de COVD19. En esta reunión on line, impulsada por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, participaron más de 35 defensores del pueblo nacionales y regionales de toda Europa, entre ellos, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, con el fin de compartir el trabajo que están realizando para defender los derechos de las personas en esta crisis.

Los temas de discusión han sido la protección de los grupos vulnerables, el impacto sobre los sistemas de salud, la toma de decisiones democráticas, las tecnologías de seguimiento de contacto entre personas y los derechos humanos, el Estado del Bienestar y los programas de ayuda a las personas que han perdido el empleo o han cesado la actividad, la incidencia del coronavirus en las residencias de mayores y en las prisiones y la situación especial de los solicitantes de asilo.

Desde España participaron en la reunión los defensores del pueblo de Andalucía, País Vasco y Cataluña.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz ha atendido 1.827 consultas de la ciudadanía solo durante el mes de abril. Este registro supone un récord histórico de atención en cualquier mes de la Oficina de Información en los más de 35 años de existencia de esta Institución.

Este número de consultas de la ciudadanía, propiciado en gran parte por la preocupación ante los efectos de la epidemia del COVID-19, eleva a 5.629 el número de peticiones de información atendidas durante todo el año 2020. La mayoria de las consultas se atienden en el mismo día y las que nos llegan por redes o por correo electronico se resuelven en una media de 4 días, desde que se formulan hasta que se notifican.

Sobre el tipo de consultas que estamos recibiendo, destaca la situación de necesidad derivada de la perdida de empleo por laCOVID 19 y el agravamiento de la situación de muchas familias por la declaración del estado de alarma que hace que muchas personas no puedan estar recibiendo ingresos de la economía informal. En definitiva, las personas se quejan de la situación de vulnerabilidad causado por el retraso en la gestión de prestaciones como las ayudas al alquiler, la renta mínima de inserción social o las prestaciones no contributivas. Nos decía una ciudadana: No todos navegamos en el mismo barco. La mar si es igual para todos, pero depende del barco que tengas te ahogaras o podrás salir a flote.

Otra preocupación que se reitera es la falta de servicios de información ágiles para la ciudadanía en cuanto a las solicitudes de prestaciones sociales. Hay que tener en cuenta que una parte de estos solicitantes tiene dificultades en el manejo de internet o directamente no tienen acceso y resulta desesperante la falta de contestación a los teléfonos o la falta de una información particular a los interesados sobre la situación de sus expedientes. Supone una prioridad atender estas demandas y, sobre todo, garantizar el acceso a la manutención a las personas que lo están pasando peor, con mayor complejidad si la familia tiene hijos o hijas.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre los bulos intencionados que pretenden "estropear" la imagen de responsabilidad de la ciudadanía en las salidas a la calle. En una entrevista en Radio Granada, Jesús Maeztu se ha referido de esta manera a las informaciones "por parte de gente mal intencionada" que cuestionan la responsabilidad ayer de los padres y madre ante el primer día de salida de los niños a la calle y ha reclamado pedagogía para corregir cualquier anomalía porque, en general, "es positivo". "Ojo que haya gente malintencionada que tenga como objetivo estropear la salida de los niños", ha subrayado Jesús Maeztu.