El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la vulnerabilidad de algunos colectivos que no habían alcanzado la recuperación tras la crisis económica justo cuando están padeciendo el impacto de otra crisis, esta vez sanitaria por la propagación del COVID-19, circunstancia que ha agravado su situación.

El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento andaluz el Informe Anual 2019 de la Institución, entrega retrasada tras la suspensión de la actividad parlamentaria con motivo de la epidemia. En 2019 fueron 25.223 las actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Estas se reparten entre la gestión de 10.924 quejas, de las que 7.166 fueron nuevas (7.033 a instancia de parte y 133 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; la atención de 13.470 consultas, y 829 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc...). En total, fueron 49.487 personas las que requirieron en 2019 la intervención de este comisionado parlamentario.

El Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado que la radiografía del Informe Anual muestra que la vulnerabilidad económica y social continuaba amenazando a principios de año a una buena parte de los andaluces y que la recuperación estaba siendo profundamente desigual para algunas capas de población. Según ha detectado la Institución, se trata del caso de trabajadores pobres; niños y niñas que sufren pobreza infantil; personas mayores de 65 años que son sustento de muchas familias; personas migrantes, con un riesgo enorme de caer en la pobreza; familias con hijos dependientes o mujeres solas con hijos, y personas necesitadas de vivienda, debido al coste de las mismas, incluido el alquiler, un fenómeno que sufría la falta de una regulación adecuada de los pisos turísticos. De igual manera, el Informe Anual 2019 incluye análisis sobre la garantía de los derechos en la Andalucía despoblada; desigualdades que la Defensoría ha comenzado a estudiar; en las personas mayores; en el derecho a una buena administración; en los menores migrantes o en el cambio climático.

A causa del impacto de la epidemia, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que durante este primer semestre ha detectado la continuidad en la vulnerabilidad de algunas de las realidades detectadas, si bien el análisis completo de las consecuencias del COVID, con más de una veintena de actuaciones de oficio, están siendo objeto de estudio por parte del Defensor del Pueblo andaluz y formará parte de un Informe Extraordinario que entregará al Parlamento andaluz. Jesús Maeztu ha afirmado que “la COVID ha certificado la vulnerabilidad de estos grupos” que son merecedores de una especial protección, así como ha adelantado algunas lecciones que, en opinión de la Institución, está dejando esta experiencia.

En primer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la necesidad de un reforzamiento de lo público. “Ante una situación de grave desprotección, hemos acudido a lo público, que son una garantía”, ha subrayado Jesús Maeztu. En este necesario reforzamiento, Jesús Maeztu ha aludido al sistema de salud público, con medidas de protección para los sanitarios, y al sistema de educación pública, como una inversión necesaria para evitar la desigualdad y las brechas educativas. El Defensor del Pueblo andaluz ha añadido la necesidad de vivienda pública, sin descapitalizar el parque público existente, y dotándose de viviendas con suministros suficientes y en entornos no degradados provistos de infraestructuras. Asimismo, Jesús Maeztu ha resaltado la necesidad de un sistema de protección que requiere de una Administración ágil y eficiente que responda a tiempo a las solicitudes de rentas mínimas, de dependencia, de ayuda al alquiler o de atención a los inmigrantes irregulares y alojamiento de temporeros y ha incluido la necesidad de que las respuestas judiciales también sean diligentes.

En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado que otra lección de esta crisis ha sido el tratamiento a las personas mayores, para quienes ha reclamado una revisión en profundidad sobre el modelo de atención a estas personas. En concreto, Jesús Maeztu ha lamentado profundamente la situación vivida en las residencias. También ha llamado la atención sobre el reforzamiento de los servicios sociales comunitarios.

En tercer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la recuperación será posible si es complementada con la creación de empleo, y ha compartido la oportunidad de pasar de una economía de mercado a una economía de cuidados. Jesús Maeztu ha reclamado cambiar la tendencia y que esta atención a colectivos no se considere un gasto, sino una inversión necesaria para un nuevo modelo productivo. También ha reclamado una especial atención a la juventud tras la segunda crisis que soportan, ya que vuelven a ver mermados sus proyectos de vida o descendencia, y la oportunidad de integrar a los inmigrantes, con la regularización y la eliminación de los asentamientos entre otras medidas, entre las que ha incluido la autorización de residencia equiparándola a la de trabajo.

En cuarto lugar, aunque también en este sentido relacionada con la creación de empleo y cambio de modelo productivo, el Defensor del Pueblo andaluz ha reparado en la Andalucía despoblada u olvidada para que se aproveche la oportunidad de eliminar algunos de los problemas actuales y crear empleo gracias al turismo rural o al teletrabajo, con el objetivo de que no se abandonen a las comarcas rurales. Jesús Maeztu ha llamado la atención sobre los nuevos excluidos y ha apuntado que el confinamiento del coronavirus ha sido un ensayo general de la sociedad digital que viene para quedarse, ensanchando la brecha digital entre los preparados y los que no lo estén. También ha alertado sobre los riesgos de retrocesos en los avances conseguidos en la igualdad de género.

Por último, el Defensor ha destacado como una lección positiva del COVID la responsabilidad de mucha gente, la ayuda mutua, el compromiso horizontal, el acompañamiento, ya que donde no han llegado las administraciones, han llegado los voluntarios, en los pueblos, en los barrios, “una ola de solidaridad, de ayuda, que es un valor para una sociedad”.

Como conclusión, el Defensor del Pueblo andaluz ha augurado que esta pandemia “va a modificar nuestra visión de la vida, nuestra manera de relacionarnos y nuestras prioridades”, y por esta razón ha reclamado una actuación preferente de las administraciones públicas sobre los colectivos vulnerables. “Todos estamos bajo la misma lluvia, pero no todos tienen el mismo paraguas protector”, ha precisado Jesús Maeztu, quien ha reivindicado la urgencia de adoptar medidas para combatir la pobreza y la desigualdad, a partir de un diagnóstico preciso sobre esta realidad, ya que “gran parte de las realidades analizadas pueden deteriorarse e incluso algunos derechos corren el riesgo de retroceder” en la Andalucía del COVID.

Para Jesús Maeztu, ha llegado “el momento de rectificar, de reordenar lo que la gente experimenta como lo fundamental: salud y educación pública, vivienda digna; empleo digno; prestaciones sociales y economía de cuidados; menores; mayores y sociedad del conocimiento (digital y jóvenes)”.

El Consejo de Menores del Defensor del Menor de Andalucía e-foro se ha reunido en Antequera para contarnos sus miedos e inquietudes ante la pandemia por COVID-19 y su sensación de que se sienten más maduros después de haber vivido esta situación. Los ocho niños y niñas, de las ocho provincias andaluces, consideraron que algo tiene que cambiar y confiaron en que hayamos aprendido como sociedad.

De igual manera, el Consejo de Menores ha comenzado a preparar la cita de ENOC, evento europeo que analizará próximamente en Estocolmo el impacto de las políticas públicas en la infancia, con atención al colectivo LGTBI.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con el alcalde de Antequera, Manuel Barón. El Defensor del Pueblo andaluz reúne desde ayer y hasta el viernes en la ciudad malagueña a su Consejo de Menores del Defensor del Menor de Andalucía para escucharles de cara a un próximo evento europeo en Estocolmo donde niños, niñas y adolescentes evaluarán el impacto de las políticas públicas para la infancia, centrados en el colectivo Lgtbi.

Con el alcalde de Antequera, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la importancia del diálogo y el consenso para salir todos juntos de la pandemia del coronavirus, sin dejar a nadie atrás, sobre todo a los débiles y vulnerables, entre ellos los niños.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recuperado desde este lunes 22 de junio, la atención ciudadana presencial en su Sede, con el horario de mañana de 8.30 a 14.30 horas.

No obstante, se recuerda a toda la ciudadanía que, hasta nuevo aviso, seguimos sin poder prestar el servicio de acreditación personal para obtener el certificado digital.

Junto a ello, continúa prestando el servicio de atención e información a la ciudadanía a través de otros medios tales como:

• teléfono 954 21 21 21 en horario de mañana de 8.30 a 14.30, complementado con mensaje en buzón de voz de 15 horas a 8 de la mañana siguiente que iremos respondiendo en breve
• correo electrónico (defensor@defensordelpuebloandaluz.es)
• facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz
• twitter.com/DefensorAndaluz) de la
• www.defensordelpuebloandaluz.es

Durante el estado de alarma decretado ante la pandemia del coronavirus, la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz no ha prestado la atención presencial, para evitar la propagación del virus y proteger la salud de todos, pero ha reforzado el servicio de información mediante otros recursos telemáticos para atender las demandas, además de habilitar el sistema de teletrabajo de manera que ha seguido prestando con normalidad tanto el servicio de información como la gestión ordinaria de las quejas trabajando por la ciudadanía y sus derechos.

La Institución ha recibido 948 quejas y ha atendido 2.491 consultas de los andaluces relacionadas directamente por los efectos de esta pandemia durante los casi cien días en los que ha estado decretado el Estado de Alarma a causa de la propagación del coronavirus, cifras récord como la producida en abril, mes en el que se atendió el mayor número de consultas en los 37 años de historia de la Institución.

· Jesús Maeztu enumera diez lecciones de esta crisis que pueden convertirse en líneas de actuación para una Andalucía posCOVID, como el blindaje de la sanidad, los cuidados a las personas mayores o el refuerzo de la red de protección social

· El comisionado parlamentario solicita que se haga todo lo posible para que las consecuencias no recaigan una vez más en los más vulnerables

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha informado hoy de que la Institución que dirige ha recibido 948 quejas y ha atendido 2.491 consultas de los andaluces durante los casi cien días en los que ha estado decretado el Estado de Alarma a causa de la propagación del coronavirus, cifras récord como la producida en abril, mes en el que mayor número de consultas se atendieron en los 37 años de historia de la Institución.

En su intervención ante la subcomisión de Políticas sociales y demás servicios esenciales (Comisión de Estudio sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19) celebrada en el Parlamento andaluz, Jesús Maeztu ha señalado que la prioridad desde el primer día fue prestar especial atención a muchos colectivos que habitualmente vienen solicitando la ayuda del Defensor del Pueblo Andaluz y que, con el confinamiento y la pandemia se vieron especialmente necesitados de amparo.

Maeztu ha citado los casos de las personas solicitantes de rentas mínimas por falta de ingresos; aquellas sin acceso a los suministros básicos de energía y agua; las personas mayores; los dependientes; las necesitadas de una vivienda, que reclaman los mecanismos existentes para su acceso o mantenimiento, como son las ayudas para el alquiler de vivienda; los trabajadores migrantes, con especial atención a los asentamientos de Huelva y Almería; los niños y niñas escolarizados y sus familias, especialmente los necesitados de manutención como son los beneficiarios de los programas de garantía alimentaria; los menores con alteraciones conductuales; el personal sanitario, que ha reclamado equipos adecuados y garantías de protección, y otras situaciones en las que se trabajaba y se agravaron, como los barrios que soportan continuos cortes de luz, caso de la zona norte de Granada.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que en estos tres meses se ha encontrado con personas y familias en extrema pobreza a las que la Administración no ha contestado a sus solicitudes y ayudas solicitadas de renta mínima, ayudas al alquiler o pensiones no contributivas, a quienes se han sumado los que han perdido un empleo; agravamiento de la pobreza infantil, conflictos de guarda y custodia en menores, problemas de salud mental, niños y niñas que viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a la educación en algunos casos por falta de recursos tecnológicos y personas que necesitaban cuidados, en dependencia, discapacidad o salud mental, entre ellas el colectivo de personas mayores, a quienes ha afectado de manera particular la situación vivida en las residencias.

El Defensor del Pueblo andaluz ha descrito también la situación en la que se han encontrado las personas migrantes irregulares, necesitadas de tener garantizados derechos básicos como el acceso al agua o a los alimentos en los asentamientos, así como desplazarse para trabajar en las zonas agrícolas. Maeztu ha añadido la especial atención hacia la discriminación hacia las mujeres, que suelen sufrir el peor coste en todas las crisis; el derecho a la vivienda o los nuevos marginados, aquellos sin acceso al mundo digital por carencia, educación, formación, medios o recursos.

Todos estos colectivos han tenido una queja compartida, según Maeztu: las dificultades para obtener información y comunicarse con las administraciones o con los servicios sociales, especialmente por las medidas de seguridad e higiene; los ERTES, los familiares de personas mayores en residencias, o por cada una de las medidas publicitadas y aprobadas (suspensión de la hipoteca, desplazamientos y sanciones por incumplir con el confinamiento, cortes de suministros, la tarjeta de alimentos, o los problemas de encaje del Ingreso Mínimo Vital con la renta mínima de Andalucía, etc). “Ha existido una manifiesta descoordinación en bastantes zonas de Andalucía por parte de la Administración pública hacia estas personas a quienes tiene que dar respuesta a sus necesidades básicas”, ha considerado Maeztu.

Ante este nueva realidad, y a la espera de concluir un Informe extraordinario en el que la Institución ya está trabajando, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que si no se atacan o corrigen las desigualdades que nos han hecho más vulnerables a los impactos de esta crisis, la respuesta a esta pandemia será débil. “Urge una reconstrucción, pero sobre todo urge que, en esa reconstrucción, las personas más vulnerables quepan mejor que ahora”, ha declarado.

Para conseguir estos objetivos, el Defensor del Pueblo andaluz ha enumerado diez lecciones de esta crisis sanitaria que se pueden convertir en líneas preferentes de actuación. En primer lugar, el blindaje de una sanidad pública y universal, que dote de estabilidad a las plantillas. Otra conclusión aportada por el Defensor ha sido la necesidad del cuidado de las personas mayores, que exige más recursos, más esfuerzo, otro modelo de atención y un cuidado centrado en la persona y sus necesidades. Maeztu ha añadido el refuerzo de una red de protección social que se ha demostrado débil, fallidas políticas en materia de vivienda y apoyo social, basado en muchas pequeñas ayudas de muy diverso tipo y que obliga a las familias a un peregrinaje continuo por las administraciones para obtener ayudas de manutención, alojamiento o acceso a luz y agua.

Para Jesús Maeztu, la ciudadanía requiere del cumplimiento del derecho a un buen gobierno y a una administración abierta en todas las políticas públicas, con especial urgencia en la educación y en los servicios sociales. Sobre la educación, el también Defensor del Menor de Andalucía se ha referido a la provisionalidad en las escuelas y las dudas sobre el aprendizaje virtual, para reclamar que es necesario adaptar el derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital.

El Defensor del Pueblo andaluz ha considerado también necesario definir un enfoque en la Justicia en relación a la necesidad de consolidar otras herramientas, como la mediación, como sistema alternativo para la resolución de conflictos; no perder de vista la dimensión de género que va a tener las consecuencias de esta crisis, con especial atención a la violencia de género, y la necesidad de integrar en esta transformación a la juventud. Por último, Maeztu ha reclamado el estudio de otro modelo productivo más adecuado a esta nueva realidad, con economías inclusivas y sostenibles, y la urgencia de revertir el cambio climático.

En conclusión, el Defensor del Pueblo andaluz ha elevado a los parlamentarios su solicitud para una Andalucía posCOVID: que se haga todo lo posible para que las consecuencias no recaigan una vez más en los de siempre, los más vulnerables, y se lleve a cabo una redefinición de las nuevas necesidades y exigencias respecto a la solidaridad, la equidad y las brechas de la desigualdad.

En el marco de colaboración con el Defensor del Pueblo estatal en la queja de oficio abierta de oficio por esta Institución con moitvo del fallecimiento de un menor de 17 años en el centro de protección de Tierras de Oria compartimos plenamente los criterios y fundamentos de la resolución elaborada por el Defensor del Pueblo de España respecto a la necesidad de suspender la práctica de sujeciones mecánicas a las personas que se hallan bajo custodia en los Centros de Internamiento para Menores Infractores de Andalucía.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha informado hoy al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), de las actuaciones emprendidas por la Institución en estos tres meses de Estado de Alarma, que está afectando a la normalidad de miles de familias andaluzas.

El Defensor del Pueblo ha trasladado al presidente de la Junta que se ha incrementado la cantidad de personas que están reclamando que se garanticen sus derechos ante la Defensoría, en especial, los colectivos más vulnerables.

El Defensor del Pueblo ha enumerado las principales actuaciones desarrolladas por la Institución. Entre las mismas, se encuentran las personas solicitantes de rentas mínimas de inserción por falta de ingresos, aquellas sin acceso a los suministros básicos de energía y agua, las personas mayores, los dependientes, las solicitantes de ayudas para alquiler de vivienda, los trabajadores migrantes establecidos en los asentamientos de Huelva y Almería, las personas privadas de libertad en centros penitenciarios, los niños y niñas beneficiarios de programas de garantía alimentaria, los menores con alteraciones conductuales y el personal sanitario, en cuanto a la necesidad de que cuenten con los equipos y garantías de protección, entre otras cuestiones.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que se ha acordado establecer líneas de colaboración para hacer llegar al presidente de la Junta de Andalucía las preocupaciones más acuciantes de la ciudadanía.

Quiere conocer qué medidas se han adoptado para solventar los problemas técnicos, así como si se baraja la posibilidad de prorrogar el plazo

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio tras tener conocimiento, tanto a través de las consultas recibidas en nuestro Servicio de atención e información a la ciudadanía, como a través de las redes sociales y, así mismo, por las numerosas noticias aparecida en la prensa de los últimos días, de los problemas técnicos sufridos en los servidores de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, que ha impedido a miles de familias matricular a sus hijos e hijas en sus respectivos centros docentes.

A pesar de que tras detectarse los problemas iniciales se procedió a triplicar la capacidad de dichos servidores, este hecho no ha evitado que se hayan seguido sucediendo los problemas de colapso en la red, de modo que en muchas ocasiones los usuarios indican estar horas intentando acceder a la matriculación on line sin poder conseguirlo. Dado que el plazo de matriculación concluye el próximo lunes día 8 de junio, las familias se encuentran desconcertadas porque finalizado dicho plazo no hayan podido formalizar las matrículas, desconcierto que comparten los propios centros docentes, algunos de los cuales han aconsejado a quienes han consultado que se acerquen al centro a formalizarla de manera presencial, que era precisamente lo que se trataba de evitar.

Teniendo en cuenta, pues, los antecedentes expuestos, los preceptos citados y nuestras consideraciones, de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, consideramos justificado iniciar un expediente de oficio con el objeto de conocer qué medidas se han adoptado para solventar los problemas técnicos citados, así como si se baraja la posibilidad de prorrogar el plazo de matriculación en el caso de que no se pudieran resolver los problemas surgidos con la celeridad que requiere la premura de dichos plazos.

Ante tantas consultas recibidas y la inminencia de la finalización del plazo, debemos contestarles y darles a conocer su respuesta con la máxima urgencia. En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite ordinario, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, interesamos de la Administración que, a la mayor urgencia posible, nos remita el informe, para el esclarecimiento de asunto en cuestión.